No puede desconocerse que el aumento del 16,9 por ciento para los jubilados anunciado por la presidenta Cristina Fernández la semana pasada es una mejora sustancial para millones de personas. Al mismo tiempo, es necesario recalcar que, no sólo estaba estipulado por ley y se anticipó el anuncio de una medida que regirá a partir de septiembre que ya estaba prevista, sino que se da en medio de un debate donde, tanto la derecha que siendo gobierno recortó las jubilaciones como organizaciones sindicales como la CTA vienen exigiendo el cumplimiento del 82 % móvil. Una medida que el gobierno tilda de inviable en pos de garantizar “la sustentabilidad económica”. Entretanto, la Mesa de Enlace insiste y se resquebraja por la eliminación/segmentación de las retenciones, otra de las entradas de dinero centrales para el Estado.
“Nosotros necesitamos que quienes propongan cosas digan también cómo se hacen y que tengamos sustentabilidad en la economía, porque la insustentabilidad en la economía termina finalmente dándoles poca sustentabilidad a los sistemas políticos y democráticos”. Esta fue la forma en que respondió Cristina Fernández a quienes reclaman el 82 % móvil. ¿Cómo no darle la razón a la presidenta cuando algunos de los que encabezan este reclamo son personajes como Patricia Bullrich, quien como ministra de trabajo redujo un 13 por cientos los salarios de estatales y jubilados en 2001? ¿O como Cobos, que dijo que el dinero no sabe de dónde sale, pero que la prioridad son los niños y los abuelos? ¿O cómo Alfonso Prat Gay, un ex JP Morgan? Ahora bien, lo que pasó por alto Cristina Fernández es que desde otros espacios sí se plantearon una batería de medidas para garantizar de dónde sacar el dinero para el 82 % y que, efectivamente, el aumento de las jubilaciones y de las asignaciones familiares por hijo son erosionados por la inflación, a tal punto que los haberes medios jubilatorios de 2010, con el nivel de precios actual, se encuentran un 26,2% por debajo de los del 2001, en tanto que los haberes mínimos se encuentran un 22,5% por encima(según trabajos del Instituto de Formación de la CTA).
¿Por qué se continúa postergando una reforma impositiva, que modifique el actual sistema regresivo y que no recaiga en los sectores populares a través del IVA? ¿Por qué no se gravan las transacciones financieras? ¿Por qué no se destinan los millones de dólares que se pagarán al Club de París por la deuda para garantizar el 82% móvil? ¿Por qué las empresas no tributan como corresponde? ¿Acaso no hay superávit?
Economistas como Claudio Katz, integrante de Economistas de Izquierda(EDI), o Claudio Lozano desde la CTA, por citar sólo a algunos, han planteado de dónde tendría que salir el dinero para afrontar el 82 por ciento móvil. Según un trabajo del Instituto de Formación de la CTA, lo primero que debe verse es “el superávit de la ANSES, que estaba presupuestado para el 2010 en $15.480 millones”. En segundo lugar, se deben reponer las contribuciones patronales. “En 1993 las contribuciones pagadas por los empleadores se redujeron del 33% de la nómina salarial al 17% para la industria y al 21% para el comercio y los servicios. Así, luego de más de 15 años de aquellas medidas y con una modificación sustantiva del tipo de cambio sostenido por más de 8 años, la industria sigue pagando un nivel de contribuciones que es casi la mitad de la que pagaba en aquel año; mientras el comercio y los servicios pagan un nivel de contribuciones que es un 36% inferior a aquel entonces. Restituir las contribuciones patronales supone incrementar los niveles de recaudación por este concepto en un 94% en la industria y en un 57% en el comercio y los servicios. De esta manera se podría ampliar rápidamente la recaudación por contribuciones y liberar recursos tributarios de ANSES en más de $16.800 millones. Hacer esto posible supone obviamente una regulación pública eficaz que en cada sector particular evite la esperada respuesta que en materia de precios pudieran intentar plantear las firmas con mayor poder de mercado”.
Frente a los intentos de las patronales del sector agropecuario de eliminar las retenciones a todos los productos menos la soja (con la casi fractura que implicó en la Mesa de Enlace con la Federación Agraria y que los monopolios mediáticos y los propios dirigentes quisieron ocultar), el gobierno nacional responde que “son recursos necesarios para garantizar el pago de las jubilaciones, la asignación, etc.” Con un discurso oportunista y progresista, enfrentan los reclamos de la derecha (que busca nuevamente engordar su riqueza en un contexto de suba de precios de los principales commodities) sin dar respuesta a justos e históricos reclamos de los sectores populares. ¿Por qué no se grava a las empresas mineras? ¿Por qué se siguen desembolsando millonarios subsidios para las empresas amigas?
Mientras se da una respuesta parcial e insuficiente a algunas demandas populares, se mantienen los beneficios para un conjunto de empresarios ligados al gobierno (una fracción de los empresarios nucleados en la UIA, una fracción del sector financiero, empresas mineras, empresas vinculadas a la energía). En el mientras tanto, los aumentos salariales, la suba en las jubilaciones y las asignaciones –que serán desde septiembre- son carcomidos día a día por el aumento de la inflación (que según estudios privados podría alcanzar un 30 por ciento). Algo que podría ser evitado con medidas de gobierno, aplicando controles de precios; por el contrario, la respuesta de la presidente, en el mismo discurso en donde anunció la suba de las jubilación, fue pedirle a la CGT y a la CTA “mucha responsabilidad” al sentarse en el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil convocado para esta semana para discutir el salario mínimo, que actualmente se encuentra en 1500 pesos.
Prensa de Frente
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