La represión avanza en la ciudad de Buenos Aires

Esta semana el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, hizo declaraciones públicas anunciando la elevación a la legislatura de distintos proyectos de su autoría. Una de ellas apunta a producir modificaciones al ya más que represivo código contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el texto original fue redactado por baluartes del "progresismo" ilustrado, como el actual juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, y fue luego aprobado por los legisladores del Ibarrismo, Telermanismo, radicales, socialistas y los partidos que hoy integran hoy el PRO, mostrando que, cuando se trata de reprimir, no hay fisuras sino apenas matices entre ellos.
Indudablemente la única variante del PRO es la de profundizar aún más la política represiva, en una ciudad con altísimo desempleo, 3.500 pibes sin posibilidad de acceder al preescolar y donde los hospitales no tienen insumos ni para suturar una herida. Aplicando la receta kirchnerista, esa que busca aplicar toda la represión necesaria, con todo el consenso posible, el gobierno de la ciudad utiliza como aliados a los multimedios que garantizan encuestas virtuales que favorecen sus iniciativas.
Las modificaciones que pretende aprobar el macrismo incorporan figuras como el "merodeo", a pedido de sus sabuesos de la Metropolitana, legalizando más detenciones arbitrarias en la ciudad, que se sumarán a las que se producen por averiguación de antecedentes y las faltas que ya existen en el código contravencional.
El proyecto también avanza en la criminalización de la protesta social, agravando las conductas típicas del artículo 78 del código contravencional, no ya con el objetivo de erradicar o disciplinar las protestas callejeras -limitando el derecho a manifestarse o de libre expresión- sino para tener la potestad de perseguir a militantes de las organizaciones sociales y políticas no afines a su gobierno cubran su rostro en movilizaciones para evitar su identificación.
En el ámbito de la represión de tipo "preventivo", Macri quiere "orden y progreso" en su jurisdicción, sin dejar de garantizar a sus perros guardianes la jugosa caja que recaudan con el "peaje" a quienes mal sobreviven trabajando en la vía pública, como los cuidacoches o "trapitos".
También insistirá el PRO, ante el parlamento de la ciudad, para que se apruebe el uso de las pistolas Taser, las picanas portátiles adquiridas por el GCBA, para brindar así más herramientas legales a la Metropolitana que le permitan legalizar la tortura en sus dependencias.
En definitiva, cuando los números no cierran, cuando la situación social se agrava y crece la protesta, la receta de los administradores del estado es siempre la misma: Profundizar y ampliar sus herramientas represivas.

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