La moratoria les permitía a los trabajadores que no llegan a los 30 años de aportes previsionales pagar los aportes que les faltan descontándolos directamente del haber percibido hasta completar la deuda.
Al no prorrogarse la actual moratoria, el 90 % de los trabajadores y trabajadoras que cumplan 65 años a partir de marzo solo podrán acceder a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) que consiste en el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y sólo si demuestran encontrarse en situación de vulnerabilidad social.
El valor de la PUAM en diciembre es de $ 277.679 -$ 207.679 más los $ 70.000 del bono- mientras que el haber mínimo está -con el bono- en $326.000.
De esta manera, en lugar de los 60 años, para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes representa un alargue de la edad jubilatoria, con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y solo si integran un hogar vulnerable (Clarín 26/12).
Así, el gobierno consolida la conversión del derecho jubilatorio -y su constitución como salario diferido- en un ingreso de indigencia que no cubre ni las necesidades básicas.
El achatamiento de las jubilaciones universalizando el haber mínimo es algo a lo que han contribuido los gobiernos de todos los colores a través de fórmulas de movilidad estáticas, desenganchadas tanto de la inflación como de los salarios en actividad. Los liberticidas van un paso más allá, universalizando ya no el haber mínimo sino el PUAM qué es una miseria un 20 % menor y que ni siquiera puede percibirse junto con una pensión.
Este plan sistemático contra los jubilados contó con el paso previo de la reforma Laboral -responsabilidad también del Congreso, el Poder Judicial y los sindicatos- que legaliza el trabajo en negro al permitir la contratación sin relación de dependencia, en algunos casos, y al eliminar las multas por trabajo sin registrar, en todos los otros.
La precarización laboral fue avanzando en los gobiernos anteriores debido a que los sindicatos no hicieron nada para que se cumpliera el derecho laboral, pero aquello que era reconocido como una anomalía ahora es ley, y con la universalización potencial del trabajo en negro, la universalización del PUAM es una amenaza cierta.
Milei, que le bajó a la burguesía el impuesto a los bienes personales a costa de los jubilados, piensa seguir cimentando su gobierno eliminándoles derechos, recortándoles haberes para seguir metiendo mano en los fondos de garantía del ANSES para pagar la deuda externa.
El haber jubilatorio- como salario diferido que es- debe estar atado a los salarios en actividad y estos deben cubrir la canasta familiar. Así como la reforma laboral y el ataque a los jubilados forma parte de la misma maquinaria sádica, a la lucha por el salario y la jubilación le corresponde un planteo de conjunto, independiente de la burocracia sindical y de la oposición patronal que sólo ofrece migajas.
Aldana González
29/12/2024
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