El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Seguridad con el objeto de que se declare la nulidad absoluta de la resolución N° 943/2023 que crea el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” por considerarla violatoria de derechos consagrados en la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos a la que los dirigentes nacionales del Partido Obrero y el Polo Obrero se suman.
En la presentación realizada se expresa “La resolución N°943/2023 emitida por el Ministerio de Seguridad establece un protocolo que restringe el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de reunión, de petición y de libertad de expresión, sin respetar los límites constitucionales e invadiendo facultades propias del Congreso” . Estamos hablando de un instrumento represivo que, según el monitoreo realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, se utilizó para reprimir 41 manifestaciones en distintos puntos del país de las que resultaron heridas 1.146 personas y 161 detenidas.
Es decir, esta resolución ilegal e inconstitucional ha afectado derechos democráticos de miles de personas desde su entrada en vigencia. Y entre los afectados se encuentran jubilados, estudiantes, trabajadores desocupados del movimiento piquetero y de sindicatos que en éste período se han movilizado frente al brutal ajuste y la avanzada contra conquistas históricas del gobierno de Milei y sus cómplices del peronismo y el radicalismo. Y la diputada nacional por el PO-FITU Vanina Biasi, el legislador porteño también del PO-FITU Gabriel Solano y el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo Belliboni estuvieron presentes y, por lo tanto, fueron víctimas directas de los brutales operativos represivos respaldados por la norma cuya anulación se demanda.
Si bien se valieron de ésta herramienta represiva para apalear, gasear y detener a cualquiera que participe de convocatorias de lucha, incluídos jubilados y niños, tenía como destinatario especial al movimiento piquetero. Se estrenó el 20 de diciembre del año pasado, a pocos días de asumido el gobierno, para reprimir a quienes convocaron y participaron de la movilización conmemorativa del Argentinazo y contra los integrantes de organizaciones piqueteras la represión se combinó con una campaña extorsiva y amenazante de pérdida de conquistas.
No terminó ahí, la Justicia adicta al poder recogió el guante y llevó adelante una persecución contra el movimiento piquetero sin precedentes, que incluyó cientos de allanamientos a comedores populares que siguen en la actualidad y una causa contra el Polo Obrero que va a pasar a la historia como un montaje político/judicial con el objetivo de disciplinar y destruir a quienes no tranzaron con ningún gobierno capitalista y con ello, el objetivo mayor de golpear al sector de la clase obrera que ha sido la vanguardia de lucha y organización en las últimas décadas en el país.
Sin depositar expectativas en la Justicia burguesa, que desde sus bajas a las altas esferas históricamente avaló los peores ataques a los derechos e intereses del pueblo trabajador, la adhesión al amparo colectivo del Cels contra el protocolo represivo tiene lugar a partir de la necesidad de agotar todos los mecanismos en la defensa de las libertades democráticas. Encaramos ésta lucha mediante la acción directa pero no regalamos el terreno legal, ni el parlamentario que desde las bancas conquistadas llevamos a éste ámbito también la denuncia sobre la avanzada represiva. Con la convicción que solo la clase obrera, en las calles y con la huelga general, podrá derrotar definitivamente a Milei, sus cómplices de la oposición y sus mandantes de la burguesía.
Olga Aguirre
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