Fue un proyectil de Gendarmería lo que perforó el pecho de Fernando, y lo dejó tirado en la zona de la isla, un gran lecho de río entre el paso del Bermejo y el puesto 28 de Gendarmería. En la brutal represión de las fuerzas federales, en la madrugada del miércoles, decenas de trabajadores fueron heridos de gravedad, uno de ellos debió ser trasladado y lucha por su vida.
El asesinato de Fernando a manos de la Gendarmería Nacional produjo una pueblada de los vecinos de Aguas Blancas, como primera reacción contra el accionar criminal de las fuerzas federales que, además, retuvieron durante horas su cuerpo. De inmediato los bagayeros montaron un corte sobre Ruta 50 que bloqueó el acceso a la ciudad de Orán. Para aplacar la reacción popular, la orden sobre las fuerzas federales fue desatar una razia sobre los barrios de Aguas Blancas. Con palos, piedras y chapas como escudos, todo el pueblo hizo retroceder a la Gendarmería que a las 22:30 del miércoles, bajo una tormenta torrencial, ya había agotado su cargamento de municiones. Los trabajadores habían logrado recuperar el cuerpo de Fernando, quién fue velado por su familia entre una multitud de vecinos, en una vivienda de palos, lonas, maderas y piso de tierra en la que, hasta el martes, convivían 12 personas.
El jueves el entierro de Fernando fue acompañado por una caravana multitudinaria de vecinos de Aguas Blancas y de Orán, para acompañar a la familia y exigir que se condene a los responsables del asesinato. A pesar de los esfuerzos de Sáenz, el intendente de Orán y el Interventor de Aguas Blancas, de justificar el asesinato, en nombre de combatir el narcotráfico, el pueblo del departamento sabe que no es así. El bagayeo en Orán alimenta a un flujo comercial objetivo, que abastece a todas las provincias del norte incluida La Rioja. Representa un mecanismo extremadamente precario de sustento de familias enteras con consecuencias trágicas para los trabajadores que más de una vez ponen en riesgo su vida para cruzar la frontera. El cuadro de miseria social y pobreza, los despidos y la destrucción de los puestos de trabajo en toda la región, sostenido por Romero, Urtubey y profundizado con Sáenz y Milei, arroja a miles de familias a sobrevivir en estas condiciones y en el peor de los casos, las arroja a las garras de los grupos narco.
El negocio del narcotráfico opera en el norte provincial y ha crecido a los ojos de todos los gobiernos. En 2022 según declaraciones de Sergio Berni, en el AMBA, el flujo económico del narcotráfico era de entre 3 y 4 millones de dólares por día. En Salta ese negocio se ha inficionado en las fuerzas de seguridad, el poder político y la justicia desde hace años. Los narcos no acusan recibo del Plan Güemes, en cambio, fueron beneficiados por Milei con el blanqueo de capitales y la reserva de identidad de los blanqueadores. El Plan Güemes viene a regimentar a los trabajadores más explotados y empobrecidos y a liberar las zonas para el reguero de los negocios más descompuestos de este régimen como la trata y el narcotráfico.
La pueblada en Aguas Blancas y el inmenso repudio popular que produjo el asesinato de Fernando Gómez, sin embargo, hizo retroceder al Gobierno. Sáenz y Bullrich saben que aún no han reunido las condiciones para imponerse a fondo en la regimentación popular y están tratando de darse tiempo. La frontera que se está forjando ahora es de sangre, entre los explotados y el régimen político que avala el hambre y los negocios del narcotráfico; esa frontera se desarrolla sobre la base de la experiencia de los propios trabajadores. El plan Güemes tendrá nuevos episodios de crisis; los responsables son políticos, tienen nombre y apellido.
Justicia por Fernando Gómez, abajo la militarización de la frontera.
Violeta Gil
20/12/2024
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