En el marco de la escalada de la guerra en Medio Oriente, la Corte Suprema de Justicia dispuso la elevación a juicio oral de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, entre otros, irán al banquillo de los acusados. Este juicio es reclamado por la DAIA, con el apoyo de la embajada de Israel.
El gobierno argentino y el de Irán firmaron, en 2013, un acuerdo para llevar a cabo la indagatoria de los acusados por el atentado a la AMIA en el país persa, en lo que sería el primer paso para su procesamiento. El acuerdo fue ratificado por el Congreso argentino, pero no así por el de Irán. El memorándum estipulaba que Irán se comprometía a que los acusados del atentado declararían ante el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y las indagatorias se realizarían en Teherán, con la veeduría de una Comisión de la Verdad, integrada por cinco juristas internacionales. Como no fue ratificado por el parlamento iraní, el acuerdo nunca entró en vigencia. Sin embargo, fue denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman, en el marco de la ruptura de los K con “Jaime” Stiuso, mandamás de la vieja SIDE.
La Corte Suprema se apoyó en la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó sin efecto los sobreseimientos de los acusados y exhortó a que se avance a la etapa de juicio. Consideran que el aval parlamentario del acuerdo no despeja la posibilidad de que se hubiera cometido un delito precedente, en referencia a un acuerdo espurio para garantizar la impunidad de los iraníes imputados. Sin embargo, la base de la denuncia de Nisman -que afirmaba que se habían dado de baja las cédulas rojas que ordenaban su detención internacional- fue desmentida por el mismísimo titular de Interpol.
Los magistrados confirmados para realizar el juicio serán Javier Ríos, Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu. Los dos últimos, sindicados como alineados con el macrismo, formaron parte del tribunal que dictó la condena a Cristina Fernández en la causa Vialidad. La recusación de la exmandataria fue denegada.
La causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán data de enero de 2015, cuando Nisman presentó, unos días antes de morir, la denuncia en la que aseveraba que con la firma del memorándum se buscaba encubrir a los acusados por el atentado a la AMIA. El Tribunal Oral Criminal 8 absolvió a todos los acusados, luego que Interpol aclarara que el Memorándum no produjo ningún cambio y que no favoreció a los acusados de ningún modo. Luego de pasar por diferentes instancias, en mayo de 2016, la Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, cerraron la causa. En 2017, el fallecido juez Claudio Bonadío ordenó la detención de Cristina Fernández por una denuncia por traición a la patria, que no se hizo efectiva por los fueros de la exmandataria. En 2021, el Tribunal Oral Federal N° 8 sobreseyó a todos los imputados por inexistencia de delito, sentencia apelada por la DAIA y por familiares víctimas del atentado a la AMIA. Casación revocó ese sobreseimiento y Corte Suprema dispuso que siguiera su curso la elevación a juicio oral.
El Memorándum de Entendimiento se convirtió en una instancia más de la larga trama de encubrimiento sobre la causa AMIA. La investigación del atentado -impune, todavía, 30 años más tarde- fue manipulada por los servicios del imperialismo en función de su política internacional. La acusación contra Irán se basa en información secreta, aportada por la CIA y el MOSSAD. El gobierno persa y todas las organizaciones afines a la teocracia gobernante desmintieron su participación en el atentado. Por otro lado, nunca se avanzó en la identificación de la ´conexión local´, es decir, del aparato ligado a la policía y los servicios de inteligencia que colaboraron con la planificación, la logística y el encubrimiento del atentado.
CFK y su gobierno firmaron el memorando en el marco del pacto sellado por Barack Obama con Irán, en torno al control de su desarrollo atómico a cambio del alivio de las sanciones vigentes. Ese acuerdo fue apoyado por la Unión Europea, que mantenía varios acuerdos comerciales vigentes con el régimen de los ayatollahs. El gobierno argentino vio en estos acuerdos una posibilidad de avanzar en la acusación contra los funcionarios iraníes, inspirado en el antecedente del juicio por el atentado de Lockerbie, contra una aeronave norteamericana, ocurrido en territorio inglés en 1988. Dos ciudadanos libios fueron acusados por el ataque, pero el régimen de Ghadaffi, en ese entonces, se negó a entregarlos a la justicia norteamericana y, al cabo de años de negociaciones y sanciones, se acordó en llevarlos a Países Bajos, considerado “territorio neutral”. La firma del memorándum, sin embargo, produjo un cimbronazo en la fiscalía, AMIA y en la SIDE, donde se temía que salieran a la luz los enjuagues y elucubraciones de Nisman-Stiuso. Nisman murió poco antes de presentar su denuncia ante el Congreso, en una audiencia patrocinada por el macrismo.
Los acuerdos de Obama fueron desautorizados por Trump durante su primera presidencia y su sucesor, Joe Biden, mantuvo la misma tesitura. El juicio oral contra CFK y los demás acusados se celebrará en el marco de un nuevo periodo trumpista, de nuevas guerras y masacres en Medio Oriente, de la alianza estratégica de Milei con el imperialismo y el sionismo y de la reorganización del aparato de inteligencia y militar bajo el ala del Pentágono.
Del atentado a esta parte, todo el régimen político ha colaborado en sustentar el encubrimiento.
Lucas Giannetti
11/12/2024
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