Andrés Edgardo Vázquez, quien fue colocado por Javier Milei para presidir la Dirección General Impositiva (DGI), adquirió tres departamentos en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares a través de firmas offshore y no los declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA). Esto se ha hecho público con la publicación de un trabajo de investigación en el diario La Nación. El gobierno libertario, al igual que los gobiernos que lo precedieron, está lleno de evasores porque ejerce el poder para la clase social que empobrece al país con el saqueo y una constante fuga de capitales.
Las offshore utilizadas por Vázquez tienen sede en las Islas Vírgenes Británicas y en Panamá. Una sociedad instalada en la primera (Galanthus Capital) es controlante de otras dos compañías (Alcorta Corp y Pompeya Group) que se encuentran en la segunda, las cuales, a su vez, se usaron para comprar los inmuebles. Luego de vender el inmueble más pequeño, el funcionario mantuvo la titularidad sobre dos propiedades (una ubicada en Miami y otra en Florida). Hace 12 años que Vázquez tiene participación accionaria en las empresas que forman parte de este oscuro entramado.
Vázquez no declaró las sociedades ni los inmuebles ante la OA. En su última declaración jurada (2023) indicó ser titular de tres cuentas bancarias en Estados Unidos con depósitos por un total inferior a 3.000 dólares y de varias propiedades en Argentina. No se sabe si esto fue declarado ante el fisco argentino, ya que esa información se halla bajo secreto fiscal. También declaró tres sociedades en Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA. En contraste, las dos propiedades situadas en Estados Unidos y mencionadas anteriormente suman un valor cercano a 1.700.000 millones de dólares.
Vázquez también fue accionista, junto a su familia, de la empresa fantasma Panchy Ventures Limited. En 2011, fue denunciado por no informar ante el fisco argentino que controlaba junto a su hermana, Silvia Mónica Vázquez, una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao. Desde allí envió 442.113 dólares a una cuenta radicada en el BNP Paribas de Luxemburgo. Fue sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo, el candidato de Milei para la Corte Suprema, “no obtuvo respuestas” de parte de los países implicados. La UIF (Unidad de Información Financiera), por otro lado, recibió en 2005 alertas sobre él desde una unidad antilavado extranjera, pero también fue sobreseído años más tarde.
Vázquez es funcionario de la Afip (rebautizada Arca por el gobierno libertario) desde 1990. Se desempeñó, asimismo, en el área de inteligencia fiscal del organismo. Gracias a ello ha cultivado lazos con personajes como Jaime Stiuso y Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner). Cobró cierta relevancia en 2009, en medio de los choques entre el gobierno K y Clarín, cuando el oficialismo dispuso la inspección de la empresa de Héctor Magnetto a través de la Afip. Ricardo Echegaray, administrador del organismo en ese entonces, intentó desentenderse del operativo reclamando el despido de Vázquez, quien logró sobrevivir por orden del gobierno de CFK. Desde la Casa Rosada le indicaron que Vázquez “era el hombre de Larcher y Stiuso en la Afip”. Bajo el macrismo fue enviado al área aduanera del puerto La Plata.
Los funcionarios como Vázquez tienen la obligación de presentar ante la OA una declaración jurada que muestre qué bienes inmuebles-muebles y participaciones accionarias poseen. No hacerlo es motivo de delito y puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Pero en Argentina reina la impunidad generalizada para los burgueses, los ricos y los políticos que defienden el status quo capitalista. Al frente del Arca se encuentra Juan Pazo, mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió el manejo de un fondo de inversión. Pazo fue noticia recientemente por no haber declarado el lujoso departamento que tiene en Miami y tras ser señalado poseedor de seis sociedades offshore en Panamá. Milei, como se ve, colocó a evasores al frente de los organismos vinculados a la recaudación fiscal e impositiva.
Incluso los Milei han hecho movidas a lo Vázquez para la compraventa de departamentos de lujo en Miami. El presidente libertario avala todo esto; ha dicho hasta el cansancio que los fugadores son héroes y ha impulsado un blanqueo de capitales (votado por todos los bloques políticos capitalistas) que permitió a evasores y delincuentes legalizar su dinero y obtener un perdón fiscal inédito. Muchos de estos personajes, metidos hasta los tuétanos en toda clase de negocios turbios, hacen demagogia con la “ficha limpia”; es el caso de Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, a quien también le acaban de encontrar propiedades no declaradas en Miami. Lo de Kueider fue solo un botón de muestra. Con estos elementos gobiernan los que, a la par, impulsan causas judiciales truchas a quienes se organizan para luchar contra la pobreza.
La corrupción de los políticos tradicionales refleja la naturaleza parasitaria y antiobrera de la clase social a la que responden: la burguesía, que domina la estructura económica del país. Los capitalistas argentinos tienen casi un PBI entero en cuentas radicadas en el exterior; la contracara de esto es el aumento inusitado de la pobreza, que envuelve casi a la mitad de la población. El problema de Argentina es el parasitismo de su clase dirigente, se vio cuando quedó en el podio de los países involucrados en la investigación de los Panamá Papers, en la cual aparecieron sociedades offshore de Magnetto, Alfredo Coto (cadena de supermercados Coto), Eduardo Eurnekián (Aeropuertos Argentina 2000), los hermanos Mastellone (dueños de La Serenísima), Claudio Belocopitt (capo de Swiss Medical), Alejandro Roemmers (empresario farmacéutico), entre otros.
Solo los trabajadores en el poder pueden terminar con esto.
Nazareno Suozzi
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