No obstante, más allá del hecho en sí, las consecuencias políticas de este episodio no se hicieron esperar: Bullrich ha aprovechado la ocasión para dotar de impulso a toda una serie de iniciativas reaccionarias, como un nuevo cercenamiento de las libertades democráticas y reformas que agravan penas y la situación de aquellos que se encuentren cursando procesos penales. Este programa político, de todas formas, no es de su autoría. La ministra replica las políticas vertidas en EE.UU. durante los años 70’ y 80’ que tenían como función la liquidación de las “mafias italianas” establecidas en New York. Ante ese problema, es que nace la figura del futuro alcalde -Rudolph Giulian- quien, desde la fiscalía,implementó lo que luego llamaron “tolerancia cero” que literalmente trata de sancionar cualquier conducta, por leve que sea, para mantener la sociedad “ordenada”. Entre tantas consecuencias negativas, toda la prepotencia policial se destinó a razzias indiscriminadas contra todos los inmigrantes del estado neoyorkino.
Bajo el rótulo de ley antimafia, se pretende modificar el delito de asociación ilícita que contiene el Código Penal. El mismo sindica que quienes mancomunen esfuerzos de manera estable en el tiempo y con un objetivo ilícito, serán susceptibles de ser penados por penas que actualmente van de tres a 10 años de prisión. En este delito, penalmente, se pueden discriminar dos tipos de responsabilidades: la del organizador, cuya pena es mayor; y la de los simples miembros, con castigos de menor gravedad. En la reforma, que tiene trámite parlamentario actualmente ya que fue aprobada por Diputados, se pretende agravar las penas y equiparar al organizador de la asociación con todos los miembros de ésta. El proyecto establece “hacer extensiva la condena en las mismas condiciones y proporción a todas las personas identificadas como parte de la organización criminal, independientemente de que no hayan tenido participación en el hecho criminal que se les imputa”. Esto significa que una persona puede no haber participado de varios hechos, pero de probarse algún tipo de relación con la asociación... se lo juzgaría a mismo título que al organizador.
Otro punto de la norma es que aplicaría un severo régimen penitenciario, desde la prisión preventiva y durante el curso de la eventual condena. Explícitamente determina: albergue en establecimiento de máxima seguridad, restricción de visitas, aislamiento e incomunicación y requisas semanales.
Asimismo, es que a nivel nacional también se quiere legislar la causal de reiterancia para la procedencia de la prisión preventiva. Los textos legales “clásicos” tratan al peligro en la fuga y el entorpecimiento probatorio como los únicos elementos para privar de su libertad a alguien sin que haya una condena. Con esta figura, se agregaría un aspecto más que reforzaría ya la arbitrariedad de los fiscales y jueces, ya que el mero hecho de que alguien tenga causas penales -independientemente de la evidencia que lo compromet- es argumento suficiente para ser privado de su libertad “por las dudas”. Actualmente, las comisarías y todos los establecimientos de detención temporarios están abarrotados de gente. Con esta reforma lo único que va a suceder es profundizar las condiciones de detención y destinar todos los recursos a la investigación de delincuentes comunes, que nada tienen que ver con el crimen organizado.
Este cúmulo de iniciativas intenta mostrar músculo de un gobierno en continua crisis. Esta agenda derechista se enmarca en toda la tendencia represiva de Milei, que además de la represión en los hechos plantea una regresión en términos de libertades democráticas al estilo Pinochet.
Por otra parte, esta agenda se cuela en particular con lo sucedido en la última semana con el tratamiento de “ficha limpia”. Sucede que el pacto entre el gobierno y el kirchnerismo, en función de la conformación de la Corte Suprema y de la polarización que pretende con CFK, la sesión cayó de mutuo acuerdo. La resultante política de la misma ha sido una fractura con el PRO, que denunció este pacto y amenaza con romper los vasos comunicantes con el gobierno libertario. La maniobra política de Bullrich debe ser leída en esos términos: el gobierno pretende fagocitar todas las vertientes derechistas aprovechándose de impotencia política.
Nos oponemos a toda esta perspectiva reaccionaria. Es necesario señalar este programa regimentador que es legislado para consagrar un golpe de Estado contra las libertades y los derechos que la clase obrera ha conquistado en virtud de tenaces luchas.
Agustín Fernández
04/12/2024
No hay comentarios:
Publicar un comentario