Necesitamos asambleas en todos los lugares de trabajo.
En un hecho inédito, el gobierno nacional se ha lanzado a una mayor ofensiva contra los trabajadores del Estado. En esta oportunidad pretende implementar el denominado “examen de idoneidad” a 40 mil trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, y sujeta la continuidad laboral a su aprobación. ¡Tenemos que rechazarlo!
Esta iniciativa, que para no perder la costumbre cuenta con el auspicio y la promoción de la UPCN del burócrata sindical Andrés Rodríguez, tiene un carácter absolutamente ilegal porque el convenio colectivo la establece para el caso de los nuevos ingresos, no -como es la intención- para aplicarlos a quienes ya se encuentran trabajando en el Estado de manera precarizada.
El ministro Sturzenegger -encargado de este mamarracho- tiene dicho ya que la superación del examen no garantiza la continuidad en los puestos de trabajo. ¿Entonces cuál es el propósito? El gobierno vulnera las normas que obligan al empleador a garantizar la estabilidad laboral, y asimismo no prevé que la evaluación sirva para ofrecer un avance en la carrera administrativa con impacto en el salario. En otras palabras, así como en su oportunidad lo hizo Macri, Milei se vale de la extendidísima precarización laboral prohijada durante las gestiones del gobierno kirchnerista para ir a fondo en el ajuste.
La mala fe de Milei y Sturzenegger es manifiesta. El actual régimen de carrera administrativa ya contempla evaluaciones al personal que desempeña sus tareas en el Estado, a la vez que las sucesivas contrataciones año a año ofician de evaluación de hecho. Este examen trucho -establecido el 5 de diciembre- no ofrece siquiera condiciones para que las y los compañeros puedan abocarse a estudiar: su único objetivo es, sencillamente, volcar a miles de trabajadores a una instancia compulsiva durante el mismo mes de diciembre y preparar las condiciones para efectuar otros miles de despidos masivos.
Además, no se garantiza una instancia de control previo ni posevaluación. Tampoco están contempladas las veedurías gremiales que establece el convenio para el régimen de ingreso a la planta permanente. ¡Nadie más que el gobierno va a contar con información acerca de los resultados de la prueba! Viniendo de una gestión que no tiene empacho en decir que los jubilados le ganaron por 20 puntos a la inflación (Caputo, 5/11) es previsible que los resultados sean manipulados por un Poder Ejecutivo que se jacta públicamente de haber echado a 55 mil empleados públicos.
En el marco de una fuerte campaña de estigmatización del empleo público, la evaluación persigue la intención de diseminar terror en los lugares de trabajo por la perspectiva de despidos masivos. Pero también tiene el propósito de desalentar una presión por el salario en un gremio donde su caída parce no tener fondo: desde noviembre de 2023 el deterioro salarial alcanza 30%, y el acumulado con los salarios promedios de hace una década alcanza el 50%.
La cuota de responsabilidad de Andrés Rodríguez es inapelable. UPCN, que ahora empuja el carro de este peligroso e ilegal examen, ha sentenciado a los trabajadores con ridículas sumas paritarias de 2% y 1% y fue -junto con la cúpula de la CGT- la promotora de la reforma laboral regresiva consagrada en la Ley Bases, que en el ámbito del Estado terminó con estabilidad laboral.
El próximo jueves 12 tendrá lugar una acción del sindicato ATE de la Seccional Capital frente a las puertas del Ministerio de Desregulación de Sturzenegger, tomada de manera tardía, inconsulta y desprovista de un plan de lucha. Aun con esos límites llamamos a las y los trabajadores del Estado a realizar asambleas en todos los lugares de trabajo y a movilizar con todo en defensa de nuestros puestos de trabajo y en la perspectiva de ponernos de pie frente al agravamiento de nuestras condiciones de vida, reclamando la planta permanente y una recuperación de nuestros salarios.
Eduardo Viceiro
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