lunes, 30 de diciembre de 2024

¿’Nueva’ derecha latinoamericana?


No es sólo “pensamiento” lo que de derecha escurre desde sus iglesias añejas o recientes. No es sólo “pensamiento” de derecha lo que supura el conservadurismo de algunas sectas moralistas que reglamentan conductas sociales para defender negocios familiares. No son sólo “ideas” de derecha lo que, algunos títeres disfrazados de “políticos”, exhiben con sus artes domadoras reformistas para venderse como mercancía reaccionaria contra los cambios históricos impulsados por las organizaciones de las bases. La derecha vive una crisis intelectual y eso las lleva a la acción violenta, intervención, secuestro arrebato a punta de sangre y postergación para los pueblos. El atole ideológico de la derecha no es un cuadrilátero democrático donde se enfrentan deportivamente “opiniones distintas”. Ellos se arman hasta los dientes.
 Entre Bolsonaro, Milei, Boluarte, Lacalle, Peña, Bukele… y todos sus adláteres, se configura una nómina de derechistas, santiguados incluso por la extrema derecha española, que impúdicamente celebraron un encuentro en Madrid, con miras puestas en el negocio de las elecciones europeas. Así y todo, las nóminas con los apellidos son insuficientes para explicar la dimensión de la amenaza que implica la desnutrición intelectual de la derecha y sus instintos mercantiles violentos como etapa tóxica en que se encuentra el capitalismo, con sus crisis y contradicciones internas, con sus desesperaciones y odios, con sus ambiciones y codicias. Por ejemplo, algunos líderes de izquierdas, que no dejan de defender al capitalismo, advierten para su país (y acaso para toda la región) que la derecha se organiza para convertirnos en territorio consagrado al saqueo de recursos naturales o “materia prima”, con salarios aplastados y mínima expresión, con Estados achicados dedicados recaudar impuestos y orquestar represión actualizada tecnológicamente. 
 Mientras las izquierdas no logran consolidar una corriente de unidad las derechas están rentabilizando todas las formas del repudio y queja sociales. Cada palabra que articulan, en forma de campaña política o ideario “justiciero”, es una emboscada ideológica fabricada por expertos en manipulación de “malestares”. Usan en su favor las penurias sociales (de las que son realmente causantes históricos y beneficiarios mercachifles) para disfrazarse de Mesías del cambio, de “lo nuevo” y de la “salida democrática”. Contratan propagandistas de la anti política se presentan como inmaculados en el mercado de los votos (síndrome de Estocolmo electoral) como salvadores de sus propias víctimas. Guerra ideológica que disfraza de clamor popular el ideario de los verdugos. En el corazón de tal asalto una escalada neonazifascista. Inteligencia paupérrima. 
 Pero todo eso nada tiene de nuevo porque es una muy añeja tradición perversa de la democracia burguesa. Se victimizan para exorcizar sus canalladas contra los pueblos. Y por colmo, suele funcionarles bien gracias a una desmemoria lábil de raíz mediática apuntalada con entretenimiento y fútbol. Entre otras jugarretas mercantilizadas, también. No es una calamidad que sorprenda por su novedad, ni una sorpresiva maldición trágica del destino causada por fuerzas extraterrestres. Es el capitalismo que ensaya todo género de argucias para desorganizar a la clase trabajadora, deprimirla en todas sus fuerzas transformadoras y desfigurar las tesis históricas emancipadoras, convirtiéndolas en espasmos libertarios y eructos de falsa rebeldía tramposa. 
 Su negocio es lucrar con el escepticismo, y la decepción, aprovechando la desigualdad bochornosa que abofetea con sueldos miserables y jornadas laborales esclavistas. Infraestructuras abandonadas, fallas de energía eléctrica, abastecimiento irregular del agua, educación maltratada, salud lenta y cara… Mientras, la derecha secuestra la economía y se enriquece hasta la obscenidad, y se ofrece como el único futuro posible, con poder de dinero como única respuesta razonable. Imponen la idea de que ellos pueden “limpiar” la política y que todo concepto de pueblo organizado es sinónimo de fracaso. Que el mejor plan es confiar en los empresarios, porque sólo así hay posibilidades de riqueza y bienestar que algún día escurrirán hacia abajo. Los paladines de la corrupción burguesa se ofrecen como personas impolutas apasionadas por la honradez. 
 Tienen por ejes semánticos los dolores sociales más hondos que ellos mismos han propinado a los pueblos. No tienen vergüenza en denunciar la inflación, que es unos de sus grandes negocios. No les ruboriza hablar de la pobreza fabricada por ellos mismos para enriquecerse. No les tiembla el pulso para desplegar su política con banderas de antipolítica contra la corrupción, que ellos mismos han permitido en la democracia falaz de sus sectas privilegiadas. Dicen amar a los pueblos, a la patria y a la República, mientras desgarran sus vestiduras empresariales con palabrerío dogmático y fanático. Sueñan con seducir a la juventud con disfraces de rebeldía, secretamente diseñados para que los jefes no se asusten. El plan es blandir el malestar social con engaños demagógicos para legitimar sus placeres de represión contra sus votantes.
 Mientras, algunas “izquierdas”, que no le tocan un pelo al capitalismo, no trabajan por la unidad del proletariado, tal como lo recomendó Marx en el último renglón del Manifiesto. Eso podría frenarse inmediatamente si las fuerzas sociales emancipadoras se unieran para modificar y controlar toda instancia jurídico-política de los procesos electorales. Arrebatarle a la burguesía los controles tramposos que ha ideado contra la voluntad democrática de los pueblos. Y no contentarse con eso. Revisar hasta el tuétano la propiedad privada. La guerra ideológica burguesa no es otra cosa que el despliegue de ataques para garantizarse dominio eterno en la relación capital-trabajo. 
 Nada nuevo. Y por eso más irritante. En el circo electoral pagado por las oligarquías, brillan hoy peleles entrenados para atraer adeptos, o adictos, a la cultura del show, con cualquier payasada efectista: cortes de pelo o ausencia de ellos; vociferaciones o susurros; altanerias o palabrerío a destajo… como si eso fuese garantía de ideas claras o de consensos verificados. Circo con muchas pistas, operando en simultáneo sobre la confusión y con “fake news”, cada día más espectaculares, publicitadas a destajo con todos los altavoces monopólicos disfrazados como medios de comunicación que son, en realidad, armas de guerra ideológica. La libertad de mercado disfrazada como libertad de expresión. Con odio e ignorancia pueden ganar elecciones. La mentira de unos cuantos como verdad de todos. Eso no es poco peligro.

 Fernando Buen Abad Domínguez, filósofo, semiólogo y científico mexicano (CDMX 1956) Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Máster en Filosofía Política. Doctor en Filosofía. Es Rector Internacional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones y Fundador del Proyecto Universidad de la Filosofía.

Milei, el litio y la guerra imperialista


A mediado de 2024, el gobierno de Milei firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos que marcó un punto de inflexión en la cooperación bilateral. Entre otros aspectos se refería a la explotación y el destino de los recursos minerales críticos, incluido el litio. Por medio de este acuerdo, EEUU se propone encadenar la producción y comercialización de los minerales críticos y en particular del litio y sus derivados. China, con fuertes inversiones en el país, es el principal mercado hacia donde Argentina destina la producción litífera, mientras el mercado de Estados Unidos, ocupa el segundo lugar, con el 12 % de las exportaciones. 
 La producción minera de Argentina ha sido incluida en los beneficios de la ley norteamericana IRA, sigla en inglés de una norma que concede subsidios a la compra de automóviles eléctricos fabricados con minerales extraídos y/o procesados en países con los que EEUU tiene acuerdos comerciales o aquellos que incluya expresamente. La inclusión ha sido gestionada, según el canciller Werthein, por la gigante Rio Tinto, que acaba de concretar fuertes inversiones en la explotación litífera en Argentina 
 El litio está considerado mundialmente como un mineral estratégico en función de la denominada transición energética. Pero tiene múltiples usos. Uno de ellos es la fabricación de agua pesada destinada al funcionamiento de reactores nucleares.
 Desde hace década y con distintos gobiernos, investigadores atómicos de renombre mundial han trabajado en diversos proyectos en Buenos Aires y Bariloche. Uno de ellos, que los medios en general ocultan, es la producción de Litio 6 y Litio 7, un insumo para reactores nucleares de fusión e incluso en la producción de armamentos termonucleares.El litio-6 es necesario para producir tritio, un elemento raro, que puede ser crucial para el futuro de la energía nuclear. Alimentaría una nueva generación de reactores de fusión, incluido el ambicioso proyecto ITER, de Francia, pero del cual participan varias decenas de países, entre ellas las principales potencias nucleares. 
 A su vez, el tritio, es un elemento clave para la construcción de armas nucleares como la bomba de hidrógeno. Corea del Norte ha reconocido ensayos de pruebas nucleares utilizando una Bomba H 
 Desde el punto de vista económico financiero, el isótopo 6 del litio es mucho más valioso que el carbonato de litio, que se procesa en Argentina para luego ser exportado. El carbonato, utilizado en las baterías de los vehículos eléctricos, vale unos US$ 11 el kilogramo; la misma cantidad de litio-6 alcanza decenas de miles de dólares. 
 En su último discurso en cadena, Milei destacó que la Argentina va a transformarse en una potencia nuclear de la mano de las inversiones privadas. Confirmó que va a proseguir e incluso profundizar su política de vaciamiento de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) y sus institutos dependientes como es el caso del Balseiro, que ya ha provocado la renuncia y emigración de importantes científicos. 
 En el marco de interesar la llegada de inversores se conoció el anuncio dirigido a la venta del 49 % de la participación estatal en Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa generadora de energía eléctrica que opera tres centrales nucleares del país y es además una de las empresas involucradas en el proyecto del litio-6. En ese contexto, el presidente de la firma, Alberto Lamagna, asistió a la reunión anual del exclusivo Grupo de Viena, que reúne a empresas líderes como Westinghouse, AtkinsRealis (Candu Energy), Électricité de France, Korea Hydro and Nuclear Power, GE Hitachi Nuclear Energy, Rosatom (participó por videoconferencia), Cameco, Orano, Urenco, NuScale Power, Rolls Royce SMR y Teollisuuden Voima Oyj.
 El evento reúne todos los años al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, con un selecto grupo de compañías de la industria nuclear mundial. La apertura al ingreso de capitales privados en la generadora estatal Nucleoeléctrica Argentina ya despertó el interés de dos grandes empresas líderes en la industria nuclear global que manifestaron que la Argentina es un potencial socio, según pudo reconstruir EconoJournal.
 En paralelo, investigadores de la CNEA están buscando desarrollar un método para la separación de litio 7 y litio 6. Este metal se encuentra en la naturaleza en sus isótopos más estables. El 92 % del litio que se encuentra en la naturaleza es litio 7, mientras que el restante 8 % es litio 6. 
 El litio 7 es un insumo clave en la industria nuclear mundial y con potencial exportador y posee un valor económico mucho mayor que el carbonato de litio grado batería. En el mundo, el litio 7 es utilizado centralmente para la limpieza del circuito primario en las centrales nucleares, ya sea tanto en reactores de agua pesada (como las centrales argentinas) como de agua liviana. 
 Por el lado del litio 6, su gran potencial económico está ligado al desarrollo de las centrales de fusión nuclear, una tecnología todavía lejana en lo comercial. No obstante, Zysler, investigador superior del Conicet destacó que puede ser utilizado también como insumo para la fabricación de detectores de neutrones. 
 El litio 7 y el litio 6 no tienen una demanda relevante en términos de cantidades, pero, como se ha dicho, su valor económico supera ampliamente al del carbonato de litio. 
 El precio spot internacional de referencia del carbonato de litio es de US$ 70 por kilo. En cambio, según Zysler, “si hablamos de hidróxido de litio con un 99,95 % de litio 7 está en aproximadamente 10.000 dólares por kilo, mientras que el litio 6 llega a 90.000 dólares el kilo”.
 La industria de generación nucleoeléctrica demanda mundialmente algo más de una tonelada de litio 7 por año, según la Asociación Nuclear Mundial. La demanda crecerá en función de cómo evolucione la industria nuclear. Por ejemplo, el desarrollo de reactores nucleares modulares podría tener un impacto significativo en la demanda del insumo. 
 Otro aspecto que agrega valor económico es la posibilidad de exportación. Rusia y China son los únicos países que separan litio 7 y litio 6, siendo Rusia el único exportador del insumo. 
 Al igual que con los hidrocarburos, Estados Unidos y Europa y en el marco de la guerra internacional que tiende a extenderse y profundizarse, están buscando reducir su dependencia de los combustibles e insumos nucleares rusos, lo que abre la posibilidad a nuevos proveedores. “Estados Unidos después de la Guerra Fría utilizó a Rusia como proveedor. Hoy se está dando cuenta que tampoco le sirve y tiene una necesidad importante”, dijo Zysler. 
 El hecho de que Rusia sea el único proveedor mundial de litio 7 está vinculado con el método de obtención. El proceso más conocido y difundido de separación de los isótopos del litio utiliza mercurio como insumo. EEUU y otros países dejaron de producirlo luego de accidentes catastróficos. 
 Frente a este escenario de conjunto, la política que EEUU promueve para América Latina, resumida por la Ex Generala Laura Richardzon en todas sus alocuciones, sea en el Congreso de EEUU, en los medios y en los países que visitaba insistiendo en acusar a Rusia y China de ser las principales amenazas para la región y que Latinoamérica era relevante para Washington entre otras cosas, “por todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, el 60 % del litio está en Argentina, Bolivia, Chile, necesario para la tecnología actual….” Y que por todo ello “Tenemos mucho que hacer, esta región importa, tiene que ver mucho con nuestra seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”. 
 La política de Milei empalma con estos intereses, pero a la vez tiene que lidiar con los intereses de China que en los últimos años se han dedicado a invertir, gestionar y producir el litio, el mineral clave para las baterías eléctricas (es el mayor productor mundial) y de las energías renovables que permitirá almacenar eficientemente el combustible del futuro.
 De acuerdo a los estudios de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), es la nación que más ha invertido en el triángulo del litio, integrado por Argentina, Bolivia y Chile, con unos 4.300 millones de dólares. Rusia lo está haciendo en Bolivia. 
 A pesar de estar tercero a nivel mundial en producción del oro blanco (litio) detrás de Australia y Chile, China es el mayor importador de litio de Sudamérica para abastecer a su industria de autos eléctricos. 
 La situación internacional y la guerra mundial que está en desarrollo preanuncia nuevos y grandes choques de intereses por el dominio o la influencia sobre países, y sus recursos, entre ellos, el litio. 

 Daniel Blanco 
 29/12/2024

domingo, 29 de diciembre de 2024

Una nueva escalada en la guerra del gobierno contra los jubilados


A partir de marzo próximo el gobierno elimina el derecho a jubilarse a través de una moratoria. De esta manera, la cantidad de nuevas jubilaciones se reducirá en un 90%. Este porcentaje se debe a que año tras año venía aumentado la cantidad de trabajadores que acceden a la jubilación mediante una moratoria debido a que, año tras año, aumenta la cantidad de trabajadores que no tienen aportes previsionales por el avance de la precarización laboral y el empleo en negro. 
 La moratoria les permitía a los trabajadores que no llegan a los 30 años de aportes previsionales pagar los aportes que les faltan descontándolos directamente del haber percibido hasta completar la deuda. 
 Al no prorrogarse la actual moratoria, el 90 % de los trabajadores y trabajadoras que cumplan 65 años a partir de marzo solo podrán acceder a la PUAM (Prestación Universal al Adulto Mayor) que consiste en el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez, al margen de los años efectivamente aportados, y sólo si demuestran encontrarse en situación de vulnerabilidad social. 
 El valor de la PUAM en diciembre es de $ 277.679 -$ 207.679 más los $ 70.000 del bono- mientras que el haber mínimo está -con el bono- en $326.000. 
 De esta manera, en lugar de los 60 años, para las mujeres que no tienen los 30 años de aportes representa un alargue de la edad jubilatoria, con el agravante de que accederían a un beneficio menor (80% del haber mínimo) y solo si integran un hogar vulnerable (Clarín 26/12).
 Así, el gobierno consolida la conversión del derecho jubilatorio -y su constitución como salario diferido- en un ingreso de indigencia que no cubre ni las necesidades básicas.
 El achatamiento de las jubilaciones universalizando el haber mínimo es algo a lo que han contribuido los gobiernos de todos los colores a través de fórmulas de movilidad estáticas, desenganchadas tanto de la inflación como de los salarios en actividad. Los liberticidas van un paso más allá, universalizando ya no el haber mínimo sino el PUAM qué es una miseria un 20 % menor y que ni siquiera puede percibirse junto con una pensión.
 Este plan sistemático contra los jubilados contó con el paso previo de la reforma Laboral -responsabilidad también del Congreso, el Poder Judicial y los sindicatos- que legaliza el trabajo en negro al permitir la contratación sin relación de dependencia, en algunos casos, y al eliminar las multas por trabajo sin registrar, en todos los otros. 
 La precarización laboral fue avanzando en los gobiernos anteriores debido a que los sindicatos no hicieron nada para que se cumpliera el derecho laboral, pero aquello que era reconocido como una anomalía ahora es ley, y con la universalización potencial del trabajo en negro, la universalización del PUAM es una amenaza cierta. 
 Milei, que le bajó a la burguesía el impuesto a los bienes personales a costa de los jubilados, piensa seguir cimentando su gobierno eliminándoles derechos, recortándoles haberes para seguir metiendo mano en los fondos de garantía del ANSES para pagar la deuda externa. 
 El haber jubilatorio- como salario diferido que es- debe estar atado a los salarios en actividad y estos deben cubrir la canasta familiar. Así como la reforma laboral y el ataque a los jubilados forma parte de la misma maquinaria sádica, a la lucha por el salario y la jubilación le corresponde un planteo de conjunto, independiente de la burocracia sindical y de la oposición patronal que sólo ofrece migajas. 

 Aldana González 
 29/12/2024

Biasi, Solano y Belliboni adhieren al amparo colectivo del Cels contra el protocolo antipiquetes de Bullrich


El amparo busca que se declare la nulidad, por inconstitucional, de ésta herramienta represiva. 

 El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) presentó una acción de amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Seguridad con el objeto de que se declare la nulidad absoluta de la resolución N° 943/2023 que crea el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” por considerarla violatoria de derechos consagrados en la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos a la que los dirigentes nacionales del Partido Obrero y el Polo Obrero se suman.
 En la presentación realizada se expresa “La resolución N°943/2023 emitida por el Ministerio de Seguridad establece un protocolo que restringe el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho de reunión, de petición y de libertad de expresión, sin respetar los límites constitucionales e invadiendo facultades propias del Congreso” . Estamos hablando de un instrumento represivo que, según el monitoreo realizado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, se utilizó para reprimir 41 manifestaciones en distintos puntos del país de las que resultaron heridas 1.146 personas y 161 detenidas. 
 Es decir, esta resolución ilegal e inconstitucional ha afectado derechos democráticos de miles de personas desde su entrada en vigencia. Y entre los afectados se encuentran jubilados, estudiantes, trabajadores desocupados del movimiento piquetero y de sindicatos que en éste período se han movilizado frente al brutal ajuste y la avanzada contra conquistas históricas del gobierno de Milei y sus cómplices del peronismo y el radicalismo. Y la diputada nacional por el PO-FITU Vanina Biasi, el legislador porteño también del PO-FITU Gabriel Solano y el dirigente nacional del Polo Obrero Eduardo Belliboni estuvieron presentes y, por lo tanto, fueron víctimas directas de los brutales operativos represivos respaldados por la norma cuya anulación se demanda.
 Si bien se valieron de ésta herramienta represiva para apalear, gasear y detener a cualquiera que participe de convocatorias de lucha, incluídos jubilados y niños, tenía como destinatario especial al movimiento piquetero. Se estrenó el 20 de diciembre del año pasado, a pocos días de asumido el gobierno, para reprimir a quienes convocaron y participaron de la movilización conmemorativa del Argentinazo y contra los integrantes de organizaciones piqueteras la represión se combinó con una campaña extorsiva y amenazante de pérdida de conquistas. 
 No terminó ahí, la Justicia adicta al poder recogió el guante y llevó adelante una persecución contra el movimiento piquetero sin precedentes, que incluyó cientos de allanamientos a comedores populares que siguen en la actualidad y una causa contra el Polo Obrero que va a pasar a la historia como un montaje político/judicial con el objetivo de disciplinar y destruir a quienes no tranzaron con ningún gobierno capitalista y con ello, el objetivo mayor de golpear al sector de la clase obrera que ha sido la vanguardia de lucha y organización en las últimas décadas en el país.
 Sin depositar expectativas en la Justicia burguesa, que desde sus bajas a las altas esferas históricamente avaló los peores ataques a los derechos e intereses del pueblo trabajador, la adhesión al amparo colectivo del Cels contra el protocolo represivo tiene lugar a partir de la necesidad de agotar todos los mecanismos en la defensa de las libertades democráticas. Encaramos ésta lucha mediante la acción directa pero no regalamos el terreno legal, ni el parlamentario que desde las bancas conquistadas llevamos a éste ámbito también la denuncia sobre la avanzada represiva. Con la convicción que solo la clase obrera, en las calles y con la huelga general, podrá derrotar definitivamente a Milei, sus cómplices de la oposición y sus mandantes de la burguesía.

 Olga Aguirre

Más allá del relato del gobierno, siguen cayendo la actividad económica y el consumo popular

Aumenta la primarización. 

 El gobierno celebra un supuesto “repunte” de la actividad económica, cuando lo cierto es que las cifras siguen indicando una caída. Entre octubre 2023 y octubre 2024, la misma retrocedió 0,7% según el Indec, y lo hizo más abruptamente en los rubros industria manufactura, construcción y comercio, que concentran el grueso de los puestos de trabajo. 
 Hubo crecimiento interanual en áreas vinculadas al extractivismo, a la “timba” financiera y a la especulación inmobiliaria. La actividad en el agro aumentó 2,3% (respecto a un 2023 azotado por la sequía), la minería 7,4%, la intermediación financiera 1,8% y, las actividades inmobiliarias, 0,5%. Medidas profundamente antipopulares adoptadas por Milei, como la megadevaluaición inicial, el carry trade y la desregulación del precio de los alquileres, estuvieron detrás de estas subas, de las cuales solo se beneficiaron un puñado de capitalistas. A su vez, no redundaron en más empleo, ya que se trata de rubros que requieren poca mano de obra.
 Cayeron sí la construcción (-14,5%), la industria manufacturera (-2,3%) y el comercio (-2,1%). Aquí el gobierno también intervino para que eso ocurriera, paralizando la obra pública, con políticas aperturistas (atraso cambiario inclusive), aplicando tarifazos y golpeando el poder adquisitivo de la población, lo cual repercute en el consumo. Este último no mejora: los datos oficiales muestran que, en octubre, las ventas en el supermercado se desplomaron 17,8% en términos interanuales. Sucede que el salario, a diferencia de la versión que intenta instalar el gobierno, continúa perdiendo: entre octubre 2023 y octubre 2024, la variación salarial fue del 172,1%, mientras que la inflación en el mismo período escaló 193%. 
 Así las cosas, la gestión de Milei apunta a destruir el tejido industrial del país y avanzar en una mayor primarización económica, agravando la dependencia nacional. Sin ir más lejos, entre el tercer trimestre 2023 y el tercer trimestre de este año, la incidencia de la agricultura y la ganadería en el PBI avanzó 0,58 p.p.; y, la de la minería, 0,24 p.p. En contraste, la participación de la industria manufacturera en el PBI disminuyó 1 p.p. El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos al cual aspira el presidente sin dudas profundizaría la subordinación semicolonial de Argentina, en favor del imperialismo yanqui. 
 A pesar de esta orientación recesiva, la clase capitalista no le retira su apoyo al gobierno porque valora la ofensiva antiobrera que este encarna. Incluso, las patronales utilizan la caída de la actividad como pretexto para redoblar los ataques contra los trabajadores, mediante despidos, paritarias a la baja y flexibilización laboral. Es necesario, entonces, organizar la lucha para defender incondicionalmente los puestos de trabajo, el salario y los convenios. 

 Sofía Hart

Una solicitada con cientos de firmas contra la persecución al Polo Obrero y el movimiento piquetero


Entre ellos Adolfo Pérez Esquivel, Elia Espen, miembros y dirigentes de organizaciones de derechos humanos, sindicales, intelectuales, artistas, diputados nacionales, legisladores, organizaciones piqueteras, estudiantiles, etc. 

 Una solicitada con cientos de firmas contra la persecución al movimiento piquetero y la elevación de juicio de militantes y dirigentes del Polo Obrero fue publicada en la edición impresa de Página 12 del domingo 29 de diciembre. 
 El texto, que reproducimos abajo, expresa el rechazo al fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó el procesamiento de los compañeros a pesar de todas las arbitrariedades de la instrucción de la causa, que prueban que se trata de una persecución política a los luchadores promovida por el gobierno. 
 También repudia el intento de elevación a juicio por parte del juez Sebastián Casanello, quien -a diferencia de cómo actúa la Justicia en todas las causas que investigan hechos de corrupción que involucran a políticos patronales o empresarios- busca cerrar la etapa de instrucción en tiempo récord. Para ello continúa rechazando la presentación de pruebas y testigos por parte de la defensa, perpetrando los atropellos a las garantías procesales y el derecho a defensa. 
 Además, incluye el importante señalamiento de que se trata de un intento del gobierno de Milei y Bullrich de imponer una sentencia que sirva de ejemplo para amedrentar a los luchadores y al movimiento popular. Es un ataque al derecho a la organización y a manifestarse. No lo vamos a permitir.

 Abajo la persecución contra el movimiento piquetero 
Rechazamos la elevación a juicio de militantes y dirigentes del Polo Obrero

 Los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo a resolución de la Cámara Federal de Apelaciones confirmando los procesamientos a militantes y dirigentes del Polo Obrero y también a la decisión del juez de cerrar la instrucción para que la causa sea elevada a juicio. Ambos hechos son de extrema gravedad para las libertades democráticas y el derecho a la protesta. 
 La Cámara avala los atropellos del derecho a defensa presentes en la instrucción y agrega en la calificación amenazas coactivas y extorsión, buscando presentar la movilización piquetera como resultado de un apriete contra quienes cobraban planes sociales, cuando en realidad, era un canal de expresión de los reclamos de los barrios. Es un libreto a la medida de Patricia Bullrich, para avanzar en amedrentar a quienes se organizan y se movilizan por los reclamos populares. 
 Por eso, de producirse una condena sentaría un precedente gravísimo para la libertad de organización y movilización en el país. Los argumentos de la Cámara el gobierno los extiende a todas las organizaciones sociales y más ampliamente, también contra las huelgas, los bloqueos sindicales y las medidas de fuerza en general. 
 Llamamos a rechazar los procesamientos y la elevación a juicio, y a defender el derecho a la organización, la protesta y las libertades públicas amenazadas por el gobierno y el poder judicial.

 Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la paz), Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo), Diego Morales (CELS), Carlos Lordkipanidse (Encuentro militante Cachito Fukman), María del Carmen Verdú (Correpi), Roberto Félix Cipriano García (Comisión Provincial por la Memoria), Julio Piumato (Sec. Gral. UEJN), Hugo “Cachorro” Godoy (Sec. Gral. CTA Autónoma), Sonia Alesso (Sec. Gral. de CTERA), Alejandro Crespo (Sec. Gral. SUTNA), Rodolfo Aguiar (Sec. Gral. de ATE), Ileana Celotto ( Sec. Gral. AGD UBA), Norman Briski (actor y director), Mirta Busnelli (Actrices Argentinas), Carlos Belloso (actor), Iván Moschner (actor), Vanina Biasi (Diputada Nacional – PO FITU), Myriam Bregman (PTS – FIT U), Mónica Schlottauer (Diputada Nacional IS – FITU), Cele Fierro (Legisladora CABA MST – FIT U), Paula Penacca (Diputada Nacional, Unión por la Patria), Esteban Paulón (DIputado Nacional, PS),Victoria Montenegro (Legisladora CABA, UxP), Matías Barroetaveña (Legislador CABA, UxP), Gabriel Solano (Legislador CABA PO FIT U), Nicolás del Caño (Diputado Nacional PTS – FIT U), Alejandro Vilca (Diputado Nacional PTS – FIT U), Christian Castillo (Diputado Nacional PTS – FIT U), Alejandro Bercovich (periodista), Nicolás Caropresi (MTE), Nacho Levy (La garganta poderosa), Juan Carlos Alderete (CCC), Adriana Meyer (periodista), Cyntia García (periodista), Agustín Lecchi (Sec. Gral. SIPREBA), Ezequiel Rodríguez (Organización Social William Cooke), Daniela Calarco (MTR Votamos Luchar por el Cambio Social), Carla Gaudensi (Sec. Gral. Fatpren), Ricardo Manetti (Decano FFyL UBA), Ana Arias (Decana FSoc UBA) Maristella Svampa (Investigadora CONICET), Lucas Rubinich (FSoc, UBA), Junta Ejecutiva FUA, Albertina Vidal (Presidenta FULP), Isabel González Puente (Presidenta CeFyL), Tatiana Fernández Martí (consejera directiva Filosofía y Letras UBA), , Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), Claudio Lozano (Instrumento electoral para la Unidad Popular), Romina Del Plá (PO – FITU), Néstor Pitrola (PO-FITU), Lucía Klug (Diputada PBA, Patria Grande), Juan Marino (Diputado UxP), Juan Manuel Pedrini (Diputado Nacional UxP) Alejandro Bodart (MST), Daniel Yofra (Sec. Gral. Federación de Aceiteros), Roberto “Beto” Pianelli (Sec. Gral. AGTSyP), Alejandro Amor (Sec. Adjunto SUTECBA), Hugo Russo (Sec. Gral. AJB), Carlos de Feo (Sec. Gral. CONADU), Francisca Staiti (Sec. Gral. CONADUH), Rubén “Pollo” Sobrero, (Sec. Gral. UF Oeste), Laura Azcurra (Actrices Argentinas), Andrés Mangone (Director de teatro), Hernán “Cabra” de Vega y Germán “Pecho” Anzoátegui (Las Manos de Filippi), Eduardo Graziadei (Cadena Perpetua), Julieta Laso (Cantante), Patricia Barone (Cantante), Javier González (músico), Candelaria Botto (Periodista El destape), Nahuel Prado (Periodista), Alejandra Aristegui (Actrices Argentinas), Alcira Daroqui (Carrera de Sociología UBA), Graciela Morgade (Vicedecana Ffyl), Federico Penelas (Depto de Filosofía UBA), Flavia Terigi (Rectora UNGS), Germán Pinazo (Vicerrector UNGS), (Eduardo Rinesi (Profesor UNGS), Hernán Camarero (Historiador), Enrique Carpintero (Director Editorial Topia), Mariana Scayola (Sec. Gral. Ademys), Claudia Korol (Referente del Movimiento de mujeres), María Elena Naddeo (Asamblea permanente por los derechos humanos), Susana Rearte (Red Socialista por los derechos humanos), Ismael Jalil (Abogado de Derechos Humanos), Tilda Rabi (Federación de entidades Argentino-Palestina), Laura Cano (Diputada PBA FIT-U), Gabriela Suppicich (Diputa Provincial Neuquén PO – FIT U), Santiago Vasconcelos (Diputado Provincial Chubut PO – FIT U), Alejandro Lipcovich (Sec. Gral. JI ATE Garrahan), Ingrid Urrutia (Sec. Gral. ATE INCAA) María José Cano (CTA Autónoma), Marco Pozzi (Sec. Gral. del Soear -Aceiteros Rosario), Enrique Gandolfo (CTA Bahía Blanca), Francisco Garrido (Sec. Gral. ADUNC Neuquén) Gustavo Teres (Sec. Gral. CTAA Autónoma), Rubén Sacchi (Sec. Gremial del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional), Marcelo Langieri (Fsoc. UBA), Alberto Santillán (padre de Darío Santillán), Santiago Adano (Músico), Nono Nahuel (Movimiento Evita), Lucía Cavallero (Ni Una Menos), Verónica Gago (Ni Una Menos) Daniela Sánchez Capalbo (Presidenta CEA), Florencia Sarmiento (Presidenta CECYT UNSAM), Pablo Alabarces (Profesor Fsoc. UBA), Claudio Katz (Investigador y Docente UBA), Juan Carlos Capurro (CAJ, FIDH), Éric Toussaint (CADTM), Angélica Lagunas (Sec. Gral. ATEN Capital), Franco Boczkowski (Sec. Gral. UEPC Córdoba), Lorena Almirón (ATE Rosario), Elizabeth Gómez Alcorta (Profesora Derecho UBA), Alejandro Wall (Periodista), Victorio Pirillo (Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López), Matías Tomasello (CD de FOETRA por la minoría), Florencia Saracho (CD de FOETRA por la minoría), Sebastián Rodríguez (Sec. Gral. CI Morvillo), César Folonier (Coordinador de Pueblo Libres), Juan Tomás Coronel (Frente de la Resistencia), Sandra Vila (MTR MTL Rebelde), y siguen firmas.

sábado, 28 de diciembre de 2024

El negocio del ajuste en el Pami y las consecuencias en la salud


El gobierno condena a los jubilados y beneficia a la salud privada.

 El gobierno nacional viene haciendo estragos en el Pami, con el recorte de medicamentos y cobertura sanitaria de millones de jubilados y el cierre de servicios y prestaciones de la salud pública. Un reciente informe denuncia la eliminación de la cobertura al 100% en 22 medicamentos incluidos en la lista de “esenciales” de la Organización Mundial de la Salud y el peligro que esto representa en el crecimiento de la mortalidad en los adultos mayores. 
 El dato se desprende de un informe realizado por el médico Oscar Alfredo Atienza y refleja el impacto negativo de las medidas de ajuste del gobierno nacional sobre el Pami, no solo en el recorte de la cobertura al 100% de decenas de medicamentos fundamentales, sino también en las trabas para acceder a los distintos descuentos, que redundan en un menor acceso a los medicamentos y en un crecimiento de las proyecciones de mortalidad asociada a las patologías no tratadas. 
 Según Atienza esta situación acarrea otras consecuencias en la salud de los adultos mayores, vinculadas a la aparición de enfermedades relacionadas a la ansiedad y el estrés. 
 Entre sus proyecciones, Atienza señala que “En enfermedades de tipo crónicas, que son las que tienen las personas de más de 60 años como hipertensión arterial, la mortalidad puede llegar a ser de 3 a 5 veces mayor. La diabetes tipo 2, podemos tener una mortalidad superior al 70%. En enfermedades tipo cardiovasculares, como por ejemplo, infartos, accidentes cerebros vascular, vamos a tener entre un 50 y un 80% de aumento de mortalidad. En el Epoc vamos a tener una mortalidad que va a superar el 50% a 5 años. En enfermedades reumáticas y artritis podemos llegar a tener una mortalidad hasta un 30% mayor. En las neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, podemos tener una mortalidad que supere el 50%. Las dilipemias como colesterol, triglicerio, una mortalidad que aumenta más del 50%. Depresión y ansiedad entre 50 y 70%”. En enfermedades renaigurónicas, una mortalidad que pueda alcanzar al 100%”. Un panorama desolador. 
 El recorte del Estado en la salud de los jubilados se conmina con el crecimiento del negocio privado, cuya facturación total interanual en medicamentos aumentó un 275,2%, holgadamente por arriba de la inflación para el mismo periodo. 
 Esto no solamente se explica por el flujo de medicamentos vendidos sino, particularmente, por los sucesivos aumentos de precios, en el marco de un sector totalmente liberalizado y donde se imponen precios superiores a los que se pagan en el exterior. 
 Por otra parte, el gobierno de La Libertad Avanza viene alentando el negocio de los prestadores privados de la salud, contra la cobertura propia del Estado. Esto quedó de manifiesto en un informe publicado por El Destape, donde señalan que el Pami multiplicó en un 600% el presupuesto destinado a los prestadores privados, al tiempo que viene cerrando servicios y coberturas públicas, con ajuste y despidos en el Hospital Posadas y en otros lugares, como el Hospital Español. 
 El medio informa que el Pami ya lleva incorporados en el año a 14 nuevos prestadores “alternativos”, los cuales son más caros que los efectos propios que el gobierno viene vaciando. Uno de estos último es el Policlínico Pami I, de cuyo presupuesto de $11.762 millones solo se utilizó poco más de la mitad. 
 La política de Javier Milei en materia sanitaria implica un negocio para un puñado de capitalistas a costa del deterioro de la salud de millones de jubilados. La orientación de este gobierno es contraria a las necesidades de la población y representa un riesgo para la vida de los adultos mayores. Más razones para luchar por la expulsión de Milei y de todos sus socios, para así garantizar el acceso a los medicamentos y la cobertura sanitaria para la población. 

 Marcelo Mache

El nieto 138 y la lucha contra el gobierno defensor de genocidas


Hay que seguir peleando contra la impunidad y por la apertura de los archivos de la dictadura. 

 El hecho coincide con la lucha que están librando los trabajadores de la Secretaría de DD.HH. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 138. Se trata del hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, ambos militantes de Montoneros y desaparecidos en 1976. El hecho coincide con la lucha que los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos están librando contra el gobierno de Milei en defensa de los puestos de trabajo y los sitios de memoria. 
 Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, señaló en una conferencia de prensa realizada en la ex Esma que “(Marta y Juan) fueron vistos en el centro clandestino de detención Esma, donde probablemente se haya producido el nacimiento del nieto 138. Se tienen contabilizados más de 30 nacimientos en este centro clandestino. Pensaban llamar Soledad o Manuel al bebé que esperaban”. 
 La aparición del nieto es una bocanada de aire fresco para la lucha en defensa de los derechos democráticos. Sobre todo cuando en Argentina gobierna un elenco de negacionistas del terrorismo de Estado y de fanáticos de Videla y Massera. Milei y Villarruel han demostrado en varias oportunidades su simpatía con los milicos terroristas; la vice solía visitar a Videla a la cárcel. 
 En este contexto, trabajadores de la Secretaría de DD.HH. realizarán un abrazo simbólico en la ex Esma este viernes a las 17:00 horas, en una jornada convocada por organismos de derechos humanos y sindicatos estatales. Allí, bajo la última dictadura, funcionó el principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio, donde fueron secuestradas, asesinadas y desaparecidas aproximadamente 5.000 personas entre 1973 y 1983. 
 Los trabajadores denuncian que hubo despidos, la rebaja salarial de miles de trabajadores de planta y la amenaza de no renovación de contratos –más de 600 empleados. El gobierno se apresta a eliminar programas y cerrar los sitios de memoria. Todo esto está en línea no solo con su política de ajuste para achicar el déficit fiscal en beneficio de los capitalistas sino también con su orientación prodictadura. Bajo Milei, a la vez que se desarrolla esta política reaccionaria, se sostiene la impunidad sobre los represores. Este 2024, la Justicia produjo solo 14 sentencias vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Es el número más bajo de los últimos 10 años.
 Asimismo, el gobierno nacional disolvió organismos encargados de analizar los archivos de las Fuerzas Armadas, ordenó al Ministerio de Seguridad no entregar archivos de sus integrantes a los organismos que investigan la apropiación de menores y dispuso la suspensión del pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado. 
 Según el Cels y Memoria Abierta, el Ejecutivo desfinanció los más de 800 lugares que durante la última dictadura funcionaron como centros de tortura, detención y desaparición, y echó a la mitad de la planta de trabajadores de los ocho sitios que dependen de la Secretaría de DD.HH. A la vez, frenó las obras de infraestructura, las excavaciones arqueológicas y las tareas de conservación de lugares que son prueba judicial, y puso en venta terrenos en los que funcionaron centros clandestinos (ElDiarioAr, 27/12). 
 Hay que seguir peleando contra la impunidad y por la apertura de los archivos de la dictadura que todos los gobiernos mantuvieron bajo llaves para saber qué pasó con los niños robados por los milicos. 

 Prensa Obrera

Casación condena a Arakaki a 3 años de prisión efectiva


En fallo dividido se resolvió bajar la pena originalmente impuesta de 3 años y 4 meses a 3 años, pero de cumplimiento efectivo. 

 Tras ocho años de tramitación, que incluyeron dos apelaciones admitidas ante la Cámara Federal de Casación Penal por parte de la defensa, el 26 de diciembre la Sala 1 de dicha instancia -integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques- resolvió, en un fallo dividido, reducir la condena impuesta en dos oportunidades por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 (a cargo de Javier Feliciano Ríos) de 3 años y 4 meses de prisión a 3 años a César Arakaki por los supuestos delitos de lesiones e intimidación pública, ya que se declaró prescripto el tercero por el cual fue condenado, a saber, atentado contra la autoridad. También en fallo dividido, Casación resolvió sobre la modalidad en que debe cumplirse la pena, quedando en minoría Mahíques sobre la ejecución condicional, imponiéndose el cumplimiento efectivo de la condena a 3 años de prisión. El fallo será apelado por la defensa ante la Corte Suprema de Justicia. 
 En un comunicado el Partido Obrero señaló que “la insistencia en condenar a Arakaki por el delito de daños tiene el propósito de justificar una pena de cumplimiento efectivo, más aun cuando el delito de resistencia a la autoridad ya se encuentra prescripto. Los dos jueces que votaron por mantener la pena de cumplimiento efectivo, a pesar de que la condena es solo por 3 años, invocan como razón que Arakaki lesionó un policía siendo que el propio policía Escobar lo niega. Esta aberración jurídica, que contradice el sentido común, pone en evidencia que estamos ante una condena de naturaleza enteramente política. Es lo que admite uno de los jueces, Diego Barroetaveña, cuando afirma que la pena de prisión efectiva se debe a que la movilización ‘impactó de manera nociva en la regular marcha del gobierno de ese entonces’. Siguiendo esta lógica Arakaki sería el responsable del fracaso del gobierno de Macri y por eso debe ir a la cárcel”. 
 Se llega a esta instancia tras un proceso que se caracterizó por las arbitrariedades, donde la condena y la ratificación de la misma por parte del Tribunal no tiene sustento probatorio: resulta que la supuesta víctima, un efectivo de la policía, retiró la acusación que llevaba adelante mediante una querella ante la evidencia presentada en las audiencias de que sus lesiones no fueron provocadas por compañero Arakaki. En el caso de la imputación del delito de “intimidación pública” resulta aún más forzado pues no se pudo comprobar durante el juicio que su accionar, en circunstancia de movilizaciones masivas, haya podido generar miedo a la población y una afectación a la tranquilidad pública. Lo que se busca en realidad es sentar un precedente contra el movimiento popular. 
 Las masivas movilizaciones contra la reforma previsional de Macri constituyeron una reacción popular ante la comprensión de que pretendía consagrar un monumental robo contra las jubilaciones. Esta reacción provocó la suspensión del tratamiento legislativo de la reforma por las movilizaciones que, con el transcurso de las horas, lejos de cesar, se acrecentaban para rechazar otro saqueo a los jubilados. 
 La tranquilidad pública, en realidad, estaba siendo gravemente afectada por la feroz represión que se desataba contra las columnas de manifestantes. Esta causa significó una respuesta a esa gran movilización en defensa de millones de jubilados. Que haya sobrevivido estos años bajo los gobiernos de Macri y de los Fernández se explica por su funcionalidad política contra el pueblo trabajador movilizado. Con Milei en el gobierno, la amenaza latente de una condena ejemplificadora pretende ser concretada. Esta condena es una afrenta contra toda la clase obrera que lucha y se organiza y, por lo tanto, no puede pasar.

 Olga Aguirre

"El protagonista de 2025 tiene que ser el pueblo movilizado contra Milei" / Vanina Biasi

viernes, 27 de diciembre de 2024

Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 138 - Conferencia de prensa

Milei vs Macri: pelea de buitres


El primer año de gestión liberticida se caracterizó por la tentativa recurrente a implantar un gobierno de poder personal. Lo que logró, en cambio, ha sido un régimen de complicidades recíprocas, que ha astillado al Congreso, a los partidos parlamentarios y al Poder Judicial. El aspirante a fascista libertario pretende ahora salvar sus carencias políticas, navegando las elecciones de medio término de 2025, mediante extorsiones a las camarillas que regentean partido en extinción y varias violencias legales. 
 En una entrevista a la revista Forbes, Milei ha hecho referencia a su propósito de conseguir una mayoría parlamentaria, que sirva para dar una ‘seguridad jurídica’ a los fondos internacionales que guardan en sus carteras los títulos de la voluminosa deuda externa de Argentina. En la misma línea, apunta a formar una mayoría en la Corte, por un lado, con jueces, como Ariel Lijo, que ha dejado prescribir a los ladrones de guante blanco que Milei ha convertido en funcionarios, o como García Mansilla, dispuesto a barrer con los derechos civiles de las mujeres y de las llamadas diversidades. La pasión liberticida del libertario es típica del fascista. En esta línea ha puesto el aparato del estado y de los servicios de espionaje a la tarea del fagocitarse a Macri, al PRO, a gran parte de la UCR, incluso a varios peronistas y diversos gobernadores. El plan ‘motosierra’ electoral ha empezado a cotizarse en los mercados de capitales, que han incorporado a las elecciones del año por comenzar en el índice de cotizaciones.
 Las intimaciones de Milei a Macri han comenzado a resquebrajar al PRO, en especial porque muchos macristas enfrentan denuncias de evasión de dinero, expuestas por el aparato de espías libertarios, que ahora necesitan la protección de Milei, su compinche Santiago Caputo, la peregrina de los servicios, Patricia Bullrich, y el tendal de jueces ‘republicanos’ que deciden en los expedientes. La “madre de todas las batallas” se libra en el distrito porteño (“la vidriera del país) – el bastión degradado del macrismo. Los ‘tibios’ de ambos bandos aconsejan llegar a un acuerdo a como sea, porque si la pelea deja abundantes heridos en la calle, tanto Milei como Macri corren el riesgo de perder, a manos de una alianza entre Rodríguez Larreta, Lousteau y Santoro, el K disidente. La última encuesta de la consultora Aresco enciende luces rojas: registra un 7% de intención de voto al PRO en el caso de que vayan en solitario y a la LLA mantendría un módico 11% sobre el peronismo. 
 Fuera de la Ciudad, las cosas no lucen mejores. El camaleónico Luis Juez, presidente del bloque de Senadores del PRO, se declaró dispuesto a integrar las listas de LLA en Córdoba. “Es hora de ponerse del mismo lado. El que conduce es uno solo y ahora es Javier Milei. Yo me pongo a disposición, sin hacer cálculos y sin pedir nada (??).” Los que también se mostraron proclives a una unificar listas nacionales y negociar cargos provinciales y municipales, son el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, del riñón macrista y el chubutense, Ignacio “Nacho” Torres. Bullrich vaticinó que, si Milei no gana las elecciones, podría pasar a integrar el club del helicóptero”. Ni más ni menos. Pero el macrismo no piensa soltar CABA. Macri reprocha a Milei el incumplimiento de promesas previas, como entregarle la Hidrovía y la AFA. 
 Todo esto no termina de ser un culebrón, porque el fondo económico y social de la pelea inquieta. Luis Caputo pretende atravesar 2025 con un dólar ultra barato, para poder comprar con el superávit fiscal en pesos, los 22 mil millones de dólares de deuda externa que vencen el año que viene. Esta política podría llevar a la quiebra a media burguesía industrial, incluida aquella que integra la cadena del agro negocio, que enfrenta precios internacionales en retroceso. Arcelor Mittal, la dueña de Acindar, no sólo cierra las puertas en Villa Constitución; acaba de hacer lo mismo en Brasil. El “capitalismo emprendedor” está escaso de batería. 

 Lucas Giannetti 
 26/12/2024

jueves, 26 de diciembre de 2024

Milei-Villarruel: una guerra de carpetazos


Recientes acontecimientos plantean que la crisis entre Milei y Villarruel ha llegado a un punto definitivo de no retorno. Luego de que el presidente planteara la invalidez de la sesión del Senado que votó la expulsión de Eduardo Kueider -presidida por su vice-, Villarruel criticó a Bullrich por la red social X por el secuestro del gendarme argentino en Venezuela, deslizando que habría sido un error habilitar su ingreso a ese país. El gendarme está acusado por el gobierno de Maduro de realizar tareas de espionaje encomendadas por el gobierno argentino, las cuales Villarruel no niega. 
 A esto le siguió una catarata de críticas contra la vice encabezadas por Patricia Bullrich, que según los diarios habría tenido la venia del presidente y del ejército de trolls que trabaja en las redes sociales para el gobierno mileísta. Acusaron a Villarruel de apoyar a Maduro contra Milei. La crisis con el gendarme plantea una división en el gobierno sobre el rol de las Fuerzas Armadas, aunque en todos los casos en estricto alineamiento con la guerra de la OTAN. La vice, no obstante, decidió recular y borró sus posteos en X. 
 Según los diarios, Milei opina que desde hace un tiempo Villarruel se vale de sus frecuentes viajes fuera del país para armar una crisis y boicotear a su gobierno. En el episodio Kueider estaba en juego un voto para los liberticidas, de la mano de un senador que ingresó en la boleta de UxP.
 En el todavía nonato gobierno de Milei, Villarruel, una defensora de genocidas de la última dictadura militar, perfilaba para ocupar el ministerio de Seguridad y Defensa, pero desde aquel entonces entre la camarilla libertaria sospechaban de un armado político paralelo de Villarruel, tejido con el macrismo y sectores del PJ, incluso con el norte puesto en voltear a Milei. Desde ese momento comenzó un pleito político para aislar a la vice y confinarla al Senado. Villarruel encabeza el reclamo para que las Fuerzas Armadas tengan “garantías” judiciales en la intervención en tareas internas del país, quitando al Poder Judicial la potestad de intervenir en ellas, que solo deberían ser ajusticiadas por un “Fuero Militar”. Apoyó a los senadores para que votaran los indignantes “dietazos”. Desde el peronismo “no kirchnerista”, como Berni y Moreno, ya han coqueteado con la vice destacando su pasión por defender a la “patria”, mientras que el papa Bergoglio la recibió con honores en el Vaticano y la llamó a “no bajar los brazos”. Villaruel tiene lazos directos con Santiago Olivera, el diocesano de las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad. 
 La crisis desnudó otro elemento importante de la diáspora política que caracteriza al gabinete mileísta. Por X, un vocero pesado oficial del gobierno, “el gordo Dan”, insinuó que tendrían dos “carpetazos” contra Villarruel. La vice respondió que estaba ansiosa por saber “en qué hacen inteligencia sobre mí y mi familia”, reconociendo la existencia de estas tareas de espionaje y su alcance. Desde el gobierno denuncian que Villarruel ya tenía su propio espionaje montado, de la mano de Jorge “El Potro” Domínguez, asesor de la vice en el Senado. En 2019, Domínguez desembarcó en la AFI en la Dirección Operacional de Contrainteligencia y fue acusado de hacer espionaje ilegal en causas como en la de Santiago Maldonado y en el intento de golpe en Bolivia.

 Emiliano Fabris 
 23/12/2024

Regalo de Navidad: los liberticidas despilfarran 200 millones de dólares para contener una corrida cambiaria


En medio de una guerra comercial y monetaria internacional. 

 Los ‘mercados’ viven al acecho de una corrida cambiaria, lo contrario de la narrativa libertaria. Cuando en julio pasado la llamada salida de capitales llevó el dólar paralelo a 1500 pesos, el ‘mesadinerista’ Caputo y Javier Milei, el enemigo del Estado y del Banco Central, iniciaron una cadena de ventas de dólares, que se estima, al momento presente, en 20.000 millones; aumentaron también la tasa de interés para incentivar el ingreso de divisas y ordenaron un blanqueo de capitales gratuito y sin supervisiones. Despilfarraron, con el propósito de dar vuelta la corrida cambiaria, el saldo favorable de las cuentas exteriores de Argentina y una porción adicional del stock de las reservas internacionales que se encuentran en rojo, porque son superadas por las deudas pendientes; incrementaron, asimismo, la deuda flotante internacional. Con un patrimonio negativo que supera los 70.000 millones de dólares y reservas en efectivo y títulos de la deuda externa negativas, por unos 6.000 millones de dólares, el Banco Central de la R. A. está quebrado. Hace unas semanas, el Banco Central de Uruguay fue recapitalizado por el Estado en 20.000 millones de dólares; el equivalente de Argentina necesitaría cuatro veces ese monto. En resumen, los genios de la economía que supimos conseguir gastan cada dólar que entra en la compra de pesos de quienes quieren llevarse la plata afuera y en la compra de bonos de la deuda externa para alentar la suba de su cotización. Dado este drenaje de reservas, tanto el FMI como ciertos bancos internacionales estiman inconveniente financiar con un préstamo la recomposición del stock de divisas, que podría ser malversado en un abrir y cerrar de ojos, como ocurrió con el préstamo que el FMI otorgó a Macri, en tandas, a lo largo de 2018. 
 La novedad es que cuando creían haber alcanzado su objetivo, e incluso empatar la cotización del dólar paralelo con el oficial, bastó que el Banco Central redujera mínimamente la tasa de interés, para que la cotización del dólar subiera durante varias jornadas consecutivas. Santiago Caputo, el sobrino conocido como “el mago del Kremlin”, ordenó de inmediato vomitar 200 millones de dólares para contener otra corrida. Dada su conocida afición al histrionismo, Javier Milei ordenó que el dólar baje todavía más, prometiendo reducir la devaluación mensual del peso del 2 al 1 %, lo cual, con una inflación que la duplica, significa revalorizar más el peso frente al dólar.
 Todo lo detallado es significativo, por un conjunto de razones. Las autoridades monetarias están obligadas a bajar la tasa de interés cuando abunda el ingreso de dinero del exterior, para que no se convierta en un costo ocioso para los bancos. Es lo que explica que estos reclamen la posibilidad de prestar directamente en dólares incluso a empresas cuyos ingresos son en pesos, corriendo el riesgo de que una devaluación desbarate la capacidad de pago de la deuda contraída. El histriónico quiere más, ante la desgracia, y propone que los precios corrientes se designen en dólares y pesos. Sin reservas positivas abundantes en el Banco Central, esta 'competencia de monedas' en los supermercados, o en los colectivos, pretende que el consumidor final se convierta en el árbitro del mercado de cambios. Esto, cuando en Estados Unidos, el país emisor del dólar, se desarrolla una división entre quienes, como Trump, quieren devaluar la moneda y aquellos, como la Reserva Federal, que plantea lo contrario. Lo cierto es lo que sigue: en la actualidad, una devaluación del peso golpearía el mercado de bonos en pesos del Tesoro de Argentina, mientras que una continua apreciación noquearía a la industria local, que debería reconvertirse en importadora. 
 Las contradicciones del planteo deflacionario del oficialismo quedan de manifiesto en el contexto internacional. La Bolsa de Sao Paulo ha impuesto al gobierno de Brasil una devaluación enorme, del 25 % en pocas semanas, a pesar de que Brasil tiene reservas por 350.000 millones de dólares y de que gastó 8.000 millones para contener la caída del real. Desde un punto de vista estrictamente económico, la corrida ha sido una respuesta a la reducción de la tasa de interés que reclama el gobierno brasileño para financiar a la industria. Pero para la Bolsa, la principal preocupación es la deuda pública de Brasil, que supera en, en reales y dólares, el 150 % del PBI. Los intereses de esta deuda y la necesidad de su refinanciación dominan a la economía brasileña, junto a la expansión territorial y productiva del agronegocio. Además, el real sufre el impacto de los cambios monetarios en Estados Unidos, al igual que China y el conjunto de los llamados países emergentes, que es la apreciación de la tasa de interés real bancaria, en Estados Unidos, como consecuencia de su abrumadora deuda pública, de 35 billones de dólares, que crecerá como consecuencia de la política prometida por Tump y Musk de reducir violentamente la tasa de interés a las ganancias empresariales –del 25 al 15 por ciento- y, por supuesto, del aumento sideral de los gastos militares, con independencia de las declaraciones de Trump de ‘pacificar’ Ucrania y Medio Oriente. Es un desarrollo de conjunto que deberá revalorizar el dólar, mediante la afluencia de capitales a Estados Unidos, de corto plazo, antes de hundirlo, ante la amenaza creciente de un default. Las crisis industriales en Europa y la crisis industrial e hipotecaria en China, servirán por un tiempo para revalorizar la divisa norteamericana. 

 La forma del fascismo 

El discurso deflacionario de Milei tiene un objetivo muy preciso, con independencia de la viabilidad del planteo. El paquete de la deflación incluye una reforma fiscal, previsional y laboral con la premisa de que el equilibrio de la economía depende de la deflación de costos. (Seguramente, una reforma educativa también, en la línea de lo votado en el Senado de Estados Unidos, a favor de una enseñanza anticomunista, que exalte ‘los valores de la libertad’). Los liberticidas tienen en carpeta una poda del impuesto a las ganancias y a los patrimonios, pero por sobre todo del IVA, que con una tasa uniforme más alta se desdoblará en nacional, de un lado, y provincial, del otro. La baja del impuesto directo a las rentas de capital sería compensada por un gravamen único al consumo: el IVA, 21 nacional y 5% para las provincias y, en consecuencia, la eliminación de la coparticipación federal. El problema es que esta ‘reforma’ requiere una mayoría parlamentaria y una reforma parcial de la Constitución. En cuanto a la reforma previsional, la edad de retiro sería llevada a 70 años... o más, en tanto el financiamiento jubilatorio quedaría confinado a los trabajadores, que podría optar por un sistema privado de seguro. La reforma laboral ofrecería “la opción” de los contratos individuales, acompañados de algún señuelo que estimule. En compañía de una súperdeflación inviable, en el presente contexto internacional, se plantea una guerra de clase en gran escala bajo la consigna de la “libertad”. Es la gran oferta de Milei a las patronales, para que aporten a una reforma electoral que les dé, en exclusiva, el monopolio de financiar a sus candidatos. Como se justificó el contratista Calcaterra, del macrismo, en el juicio de los Cuadernos, la coima que pagó al kirchnerismo habría sido solamente “una contribución de campaña”. Elon Musk puso 200 millones de dólares, oficialmente, para elegir a Donald Trump, que ningún libertario calificó como “una propuesta indecente”.
 La “economía”, como se ve, es lucha de clases. El rescate a los tenedores de deuda viene acompañado de la poda a jubilados y el cercenamiento de los derechos de los explotados. 
 2025 no debuta como un oasis de estabilidad, sino como un escenario de grandes confrontaciones (incluso guerras), crisis políticas (de alcance internacional) y lucha de clases. La responsabilidad de los luchadores es ofrecer a las masas un programa y viabilizarlo, en primer lugar, mediante la agitación. 

 Jorge Altamira 
 23/12/2024

Uberización: la otra cara de la pulverización salarial y del aumento del empleo informal


El número de conductores activos en la plataforma Uber creció en un 47% durante 2024. 

 La plataforma digital de taxis y remises, DiDi, dio a conocer que entre octubre de 2023 y el mismo mes de 2024 el número de conductores activos en la plataforma creció en un 47%. Esta constituye la muestra más cabal del incremento de la informalidad y la pulverización salarial en el empleo registrado, lo que promueve la uberización.
 En primer lugar, sucede que la pulverización salarial afecta a millones de trabajadores, muchos de los cuales deciden sobre explotarse aún más trabajando horas extras porque su salario bajo convenio no les alcanza para sobrevivir. Tal es así que la pobreza entre los trabajadores ocupados, durante el primer semestre del año, pasó del 18,1% al 27,8% con respecto al semestre anterior, según un estudio privado. 
 Esto es lo que en general explica la mayor parte del incremento de choferes en DiDi: “El 74% de los conductores que eligen manejar con DiDi lo hacen como un hobby o a tiempo parcial/part time, como una forma de generar ganancias adicionales y flexibles”, sostienen desde la plataforma. Vale destacar que todas estas aplicaciones se valen de contrataciones sumamente precarias, sin baño ni atención sanitaria, donde no rige ningún tipo de derecho laboral y donde la super explotación de los choferes es la base del servicio.
 Las políticas de ajuste y recesión del gobierno nacional y de empobrecimiento de la población favorece la proliferación del empleo informal, algo de lo que se valen las patronales para abaratar los costos de la fuerza de trabajo a costa de las condiciones de trabajo y los salarios de los trabajadores, y hace que cada vez más trabajadores se vean en la situación de tener que recurrir a este tipo de empleos precarizados, lo que a su vez presiona sobre los salarios formales. 
 Se estima que la cantidad de personas desocupadas en el segundo trimestre de 2024 fue de 1,7 millones, lo que supone un aumento de 300 mil personas en comparación con el mismo período de 2023. Mientras tanto, los empleados registrados cayeron del 21% al 20,8% durante el primer trimestre del año con respecto al primer trimestre del año anterior. En paralelo, el porcentaje de asalariados informales aumentó del 42% al 43% en el último año, lo que equivale a 132.000 personas, y los trabajadores por cuenta propia se incrementaron del 10,3% al 10,5% (frente al 9,8% de julio-septiembre de 2023). 
 En el caso de las mujeres la situación es aún peor, puesto que son las que acceden a los trabajos más precarizados y peores pagos, y además recae sobre sus espaldas las cargas de familia. Tal es así que seis de cada diez mujeres afirman haberse registrado en DiDi para mejorar sus ingresos y el 64% afirma que son la principal fuente de ingresos en el hogar. A su vez, el 75,5% de las mujeres que se conectan a la plataforma son madres y se sabe que el 83,5% son las responsables de las tareas de cuidado en su hogar.
 Esta es una radiografía del derrumbe del mercado laboral, donde la uberización es la regla. La reforma laboral incluida en la Ley Bases apunta a generalizar esta situación, arremetiendo contra todos los derechos adquiridos, tendiéndole una herramienta a las patronales para impulsar una mayor sobreexplotación. Hay que luchar por empleo genuino y defender los salarios y las condiciones de trabajo. 

 Camila García

Un experto en “eliminar zurdos” dio una charla en Tucumán


Fue en el marco de un evento organizado por el staff de La Derecha Diario, medio de comunicación que forma parte del aparato de propaganda del gobierno nacional. 

 Un experto en “eliminar zurdos” dio una charla en Tucumán este sábado en el marco de un evento organizado por el staff de La Derecha Diario, medio de comunicación que forma parte del aparato de propaganda del gobierno de Javier Milei. Se trata de Roberto Félix Álvarez, buchón del Batallón 601 del Ejército bajo la última dictadura militar. 
 “Batalla cultural desde los medios y cómo combatir a los zurdos” fue el título que los organizadores del encuentro colocaron a la exposición en la que Álvarez intervino. En 1978 este personaje fue contratado por el Ejército como “agente de reuniones”, eufemismo utilizado para describir a quienes oficiaban como informantes de los milicos. 
 Álvarez ha sido uno de los 127 agentes que operaron en la provincia que gobernó con mano de hierro Antonio Domingo Bussi, de quien Milei fue asesor estatal en los 90 y cuyo hijo, Ricardo, fue el candidato libertario a gobernador en Tucumán. 
 El Batallón de Inteligencia 601 fue una unidad de inteligencia del Ejército Argentino creada en 1968, cuya actividad adquirió mayor relevancia bajo la dictadura genocida de Videla. Tenía bajo su control a otros organismos de espionaje, y organizaba la actividad de grupos de tareas y el funcionamiento de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. 
 También realizó operaciones en el exterior, por ejemplo asistiendo a terceros en Honduras y Guatemala para entrenar a los Contras nicaragüenses, grupos que fueron financiados por la CIA para derrotar la revolución sandinista. 
 Con el correr de los años ha ido saliendo a la luz que funcionarios de gobiernos “democráticos” o personajes importantes de la política argentina integraron esa célula de espionaje castrense. Por ejemplo, Gerardo Martínez, capo de la Uocra y pieza clave en el engranaje de contención social armado por el gobierno libertario y la CGT, lo hizo.
 En las filas del mileísmo hay varios fanáticos y nostálgicos de la dictadura. La vicepresidenta Victoria Villarruel, que está en plena guerra faccional contra Milei, es quizás el máximo exponente de ello. El presidente, en el debate presidencial del año pasado, llegó a reproducir el discurso negacionista del terrorismo de Estado utilizando los argumentos del genocida Emilio Massera. 
 Los trabajadores tenemos que terminar con esta lacra. 

 Nazareno Suozzi

Milei licita la Hidrovía a medida de la continuidad del saqueo, el contrabando y el narcotráfico


La licitación favorece a la empresa que estuvo los 30 años de la concesión de la ruta fluvial. 
 Milei no dejó presentarse a la empresa china. 

Mientras Patricia Bullrich pretende mostrarse como la abanderada de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno del cual forma parte está a punto de restituirle la concesión de la Hidrovía a la empresa belga Jan de Nul, responsable de haber convertido el río Paraná en una ruta privilegiada para la exportación de cocaína a Europa. 
 Resulta que Milei impulsó una licitación para volver a concesionar las tareas de dragado y balizamiento de la Hidrovía del Paraná, por donde circula el 80% del comercio exterior argentino. La subasta está hecha a la medida de la multinacional Jan de Nul, la cual tuvo a su cargo esa función desde 1995 hasta 2021. Entre otros requisitos restrictivos, se prohíbe la participación de empresas estatales, dejando por fuera automáticamente a la compañía dragadora china, Shanghai Dredging Un experto en “eliminar zurdos” dio una charla en TucumánCo. Un gesto del gobierno para congraciarse con Estados Unidos, que busca limitar la injerencia del gigante asiático en América Latina. 
 De este modo, la ruta fluvial volvería a manos de quienes hicieron de ella un emblema del contrabando de granos y tráfico de drogas. Esto, sin contar que los directores de Jan de Nul, los hermanos Pieter y Dirk, tienen antecedentes de condenas judiciales por coimas en su país. Como vemos, el gobierno que se rasga las vestiduras contra la corrupción, les devuelve el negocio de la Hidrovía a aquellos que la transformaron en un “colador”. 
 Bullrich pretende hacernos creer que está combatiendo el narcotráfico cuando Gendarmería asesina a un pasador de hojas de coca, o cuando encarcela a una pasajero por tener talco en su equipaje; o bien, cuando ella misma hace la pantomima de inaugurar una cárcel en Santa Fe que aún no está habilitada. Sin embargo, exponentes internacionales del crimen organizado como la mafia calabresa (N’drangheta), el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital de Brasil, hace décadas vienen utilizando la Hidrovía para trasladar cocaína desde los países productores (Colombia, Perú y Bolivia) hacia Europa y, sobre eso, la ministra no dice nada. Sucede que ningún gobierno capitalista está dispuesto a alterar un negocio de esa magnitud: según los datos de la ONU, por la cuenca del Plata circulan entre 20 mil y 60 mil millones de dólares en cocaína por año. 
 La “contaminación” de contenedores con droga no sería posible sin complicidades en el puerto de origen. Esta práctica se ve favorecida por el esquema de puertos privados emplazados en la ribera del Paraná, muchos de los cuales pertenecen a los monopolios cerealeros que dominan el complejo agroexportador, como Cargill, Cofco y Dreyfus. Jan de Nul, en tanto consorcio encargado de señalizar la vía navegable y cobrar peaje durante casi treinta años, también forma parte de la trama de complicidades alrededor de esta actividad ilícita. Además de haber dado vía libre al permanente contrabando y subfacturación de exportaciones agrícolas, en desmedro de las arcas del Estado. 
 Por otra parte, la empresa belga, ahora favorecida por Milei, es responsable de la emergencia hídrica que azota a la ciudad entrerriana de Victoria. Fruto del dragado excesivo del Río Paraná para la navegación, se fueron depositando sedimentos en el nacimiento de los arroyos afluentes, impidiendo que el agua ingrese a los humedales, y, en este caso, obstruyendo la boca que abastece de agua a la planta potabilizadora de la ciudad. Así las cosas, el control privado de la Hidrovía significa ganancias siderales para los pulpos granarios y los narcos, y penurias para el pueblo. 
 Es necesario poner fin a este esquema de saqueo y narcocriminalidad por medio de la nacionalización bajo control obrero de la Hidrovía del Paraná, de los puertos, de la flota mercante y del comercio exterior en su conjunto.

 Sofía Hart

El estatismo de Milei para que las paritarias queden atrás de la inflación


El gobierno ancló los salarios para beneficiar a los capitalistas y sus negocios.

 El gobierno nacional, que acaba de cumplir un año de mandato, se ufana de una supuesta recomposición salarial, sobre la base de una medición unilateral de los salarios y su equivalente actual en dólares, sin embargo el puntapié inicial de la política de Javier Milei ha sido un fuerte ajuste contra los trabajadores, con una devaluación y disparada inflacionaria inicial y luego una política de anclaje de las paritarias para deprimir los salarios y beneficiar a los capitalistas. 
 Según datos recompilados por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, considerando el periodo anual de noviembre del 2023 a igual mes del 2024, tenemos que ante un inflación promedio (IPC) del 166% los gremios más numerosos obtuvieron paritarias por debajo de la misma, implicando un ajuste en los ingresos de los trabajadores.
 Esta depresión salarial ha sido una política de Estado para el gobierno de Javier Milei e incluso también para quienes posan de opositores como el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Esto se expresa en que mientras la paritaria estatal nacional retrocedió 19,7% respeto de la inflación, los estatales bonaerenses tuvieron un retroceso de 15,3%. No hay brecha en materia de ajuste contra los trabajadores. 
 Entre los que perdieron con la inflación tenemos a los trabajadores de la Construcción (-5,3%), en un año con desplome de la obra pública y caída de la inversión y con un piso salarial de los más bajos del país, por lo cual el ajuste refuerza una política de ingresos de pobreza. Lo mismo ocurre con los trabajadores de Comercio, con una caída salarial de 8%. Ambos gremios son una referencia de precarización y fraude laboral, utilizados por las patronales para vulnerar convenios y derechos de los trabajadores, con pisos salariales extremadamente bajos. 
 Otros gremios que perdieron con la inflación son Sanidad (-3%.), Textiles (-11,4%), trabajadoras de casas particulares (-20,3%), Prensa (-21,7%) y judiciales nacionales (-23,7%). 
 Para el caso de los gremios que le “empataron” a la inflación, como Camioneros, Smata y UOM, entre otros, se trata de una verdad a medias, debido a que la mayor parte de estos gremios comenzaron la primer parte del año perdiendo contra la inflación y el actual “emparejamiento” es solo un efecto circunstancial ante mediciones interanuales perdidosas. 
 Un caso ilustrativo de esta política antiobrera es el desplome del poder adquisitivo real del salario mínimo, que cayó un 30,1% respecto al IPC, con la complicidad de una burocracia sindical que dejo hacer y deshacer al gobierno, desde donde se impuso una pauta ajustadora. 
 A esto cabe agregarle el congelamiento de los ingresos de más de un millón de trabajadores precarizados de los programas sociales, a los cuales el gobierno nacional sometió a un ajuste de hambre, sumado al vaciamiento de los comedores populares.
 De conjunto tenemos una política deliberada del gobierno nacional e intervenir en la economía –contra el discurso “liberal”- con el propósito de anclar y someter los salarios a una pérdida de su poder adquisitivo, junto con una economía inflacionaria y recesiva, que de conjunto están liquidando las condiciones de vida de los trabajadores. 
 El gobierno ancló y ajustó los salarios mientras habilitó subas indiscriminadas en todos los rubros, al punto que la mayoría de los bienes se pagan más caro en Argentina que en el exterior: una política que solo favorece a los capitalistas, a los cuales además les otorgó garantías excepcionales con la reforma laboral, para despedir y precarizar trabajadores. 
 El de Milei es un gobierno antiobrero y de ajuste contra la población. La tarea de los trabajadores para este 2025 que se viene es sacarse de encima a esta lacra hambreadora y abrir paso a las reivindicaciones y el programa de la clase obrera. 

 Marcelo Mache

domingo, 22 de diciembre de 2024

¿Somos menos pobres?


Un informe del Ministerio de Capital Humano aseguró que en el tercer trimestre del año la pobreza cayó hasta 38,9%. 

 Un informe del Ministerio de Capital Humano aseguró que en el tercer trimestre del año la pobreza cayó hasta 38,9%, lo que fue atribuido a la desaceleración de la inflación y al refuerzo de algunos programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Asimismo, establece que la indigencia se ubicó durante este período en 8,6%, después de haber registrado 20,2% en el primer trimestre y 16% en el segundo. 
 La fórmula utilizada para medir dichos índices tiene como base el IPC de los artículos que conforman la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Es que el rubro Alimentos manifiesta una tendencia de precios por debajo de la inflación general, después de haber tenido aumentos siderales a fin del año pasado y en un cuadro de caída en el consumo. Esto quiere decir que la canasta de pobreza subestima el peso de los tarifazos, boletazos y naftazos, además de que deja afuera los gastos de vivienda y por eso no registra los fuertes incrementos en los alquileres; son justamente los rubros que más aumentaron en la era Milei. Entonces, ¿somos menos pobres o bajó la pobreza? 
 Más allá de los números, hay una realidad y es que el trabajador promedio argentino no ve aliviado su bolsillo. Esto sucede porque, si bien los rubros que se contabilizan dentro de la canasta de pobreza variaron por debajo de la inflación, hay una cantidad de costos que son elementales y básicos para la vida como un hogar, como luz agua, sin lo cual nadie vive, que no son contabilizados en la fórmula. 
 Entre noviembre 2023 y noviembre 2024, la inflación en el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles casi duplicó el índice general, alcanzando 276,4%. Un resultado de los incrementos autorizados por el gobierno al servicio del enriquecimiento de un puñado de capitalistas del sector hidrocarburífero, de la medicina privada, del negocio inmobiliario y de las telecomunicaciones, en perjuicio de las mayorías.
 Esto explica que el descenso de la inflación que festeja el gobierno no haya aliviado en absoluto el bolsillo popular. Por el contrario, generó que las familias trabajadoras tuvieran que privarse de consumir productos de primera necesidad, lo que hizo que disminuyera la inflación en el rubro Alimentos. Solo en el mes de octubre las ventas de los productos de la canasta básica -alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza- registraron una baja inédita del 22,3% medida en unidades, la cual supera incluso a la de marzo de 2021, registrada en plena pandemia. 
 Este es el motivo por el cual el poder adquisitivo del salario no se ha recuperado del shock inflacionario posterior a la megadevaluación de diciembre 2023, fruto de los aumentos salariales a la baja y la extensión del trabajo informal, donde la remuneración es menor. Tal es así, que la pobreza entre los trabajadores ocupados pasó del 18,1% al 27,8% con respecto al semestre anterior, según un estudio privado.
 Sin embargo, Milei reivindicó en cadena nacional que su gobierno habría procedido a una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, señalando que el promedio de los salarios formales (Ripte) se encontraría alrededor de los 1.100 dólares, duplicando su valor nominal en moneda extranjera respecto a noviembre del 2023, en un país con inflación en dólares, que es más caro que Europa o Estados Unidos, y donde se paga el “agua” más cara de América Latina. Toda la política del gobierno se sostiene sobre la base de la licuación salarial, con salarios pisados que se encuentran devaluados en relación al costo de vida. 
 Por lo demás, el gobierno dice que el incremento en la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron el factor de recomposición de los ingresos de los más pobres que explica el descenso de la indigencia, algo supuestamente impulsado por la eliminación de las “organizaciones intermediarias”. En realidad, es más lo que se ahorró el gobierno con la licuación del Potenciar Trabajo y los miles y miles de beneficiarios que fueron dados de baja. Con este discurso justifican el desabastecimiento a los comedores populares y la persecución a las organizaciones piqueteras, de los cuales depende el plato de comida de miles de niños en los barrios, una asistencia fundamental que no se cuantifica en los índices de pobreza. 
 Vale también desenmascarar la mentira del gobierno, que llegó a afirmar que la suma de la AUH y la Prestación Alimentar alcanzó bajo su mandato el 99% de la CBA, cuando un grupo familiar con dos hijos cubre solo el 60% de la misma. El único objetivo del gobierno es terminar con la organización de los más pobres que luchan contra su política de hambre.
 La gestión libertaria no hace más que falsear la realidad para intentar sostener que todos los golpes que le dan a la población tienen algún resultado. El único resultado es que en el transcurso de un año ha hundido en la pobreza y en la indigencia a amplios sectores de la población para beneficiar a un puñado de capitalistas, y, como si fuera poco, promete profundizar la motosierra y las reformas antiobreras, agravando la masacre social. Esto da la pauta de que el año que viene va ser incluso peor para los trabajadores y sus condiciones de vida, la única forma de evitarlo es terminando con el gobierno y su plan de miseria. Se tiene que ir. 

 Camila García

Afip: sigue en marcha la ofensiva del gobierno


Necesitamos una respuesta contundente.

 Los anuncios del vocero Adorni en octubre planteando el despido de 3.155 trabajadores y la disolución de la Afip para crear el Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) desataron una etapa de asambleas, paros progresivos que incluyeron la convocatoria a importantes movilizaciones y el anuncio de un paro general de 24 horas para el 30 de octubre -que fue suspendido por una conciliación obligatoria dictada por el gobierno. 
 Ante semejante demostración de fuerza, la decisión de dictar la conciliación obligatoria tuvo el objetivo de obturar el plan de lucha que se venía desarrollando con una enorme participación, apoyo y empuje de la base del gremio. Por ese motivo, los plazos de la “conciliación” se fueron estirando con prórrogas y sucesivas reuniones que ocuparon prácticamente todo el mes de noviembre, enfriando la situación y logrando estirar la implementación de las medidas anunciadas por Adorni. 
 La postura del gobierno era y sigue siendo avanzar con un ajuste para quebrar conquistas históricas de los trabajadores de la Afip, como la estabilidad laboral, el poder adquisitivo de los salarios que han perdido por lo menos un 50% el último año, y la reducción del fondo de jerarquización, atado a una recaudación que también viene en baja producto de la recesión. Otra novedad de importancia fue la remoción de la anterior administradora, Misrahi, quien fuera desplazada por el designado Juan Pazo, quien apenas asumió anunció una reducción de su Fondo de Jerarquización en un 80%, una condición que le impuso Milei y una señal de que viene por un recorte del Fondo para el conjunto del personal.
 Las conducciones de los sindicatos (Aefip y Supara), en instancias de negociación, se opusieron a los despidos y al avance sobre el convenio vigente, aunque sin lograr ningún tipo de compromiso de parte de la patronal. Los trabajadores de Arca salieron de la conciliación obligatoria desmovilizados y sin un plan de lucha, a pesar de que el gobierno envió telegramas de despidos a 14 trabajadores contratados, avanzó con 1.500 jubilaciones forzadas y ratificó en todas las audiencias que continuará su plan de ajuste. Las direcciones gremiales de Aefip y Supara solo mantienen un“ estado de alerta” y prometen acciones inmediatas en caso de producirse alguna medida en contra de los trabajadores. 
 En estos momentos, frente a los días de festejos por las fiestas y las vacaciones, hay una tensa calma que antecede el huracán, que tiene un plazo estipulado por el decreto para la reestructuración del Arca que vence el 22 de enero.
 Mientras el gobierno transita una crisis política por el control de los negocios y la sensible información que se maneja en la Arca (Caputo vs Caputo), y siguen los planes para implementar la motosierra que avalan ambas facciones, las direcciones sindicales se autoconvencen de que sería mejor “no hacer olas” y por lo tanto no preparan el terreno de una lucha inevitable. Supara, alineado incondicional a la CGT, y Aefip, al el “sector” de Pablo Moyano -que renunció a su cargo pero sin plantear alternativa alguna-, hacen propia esa línea derrotista frente a las posibilidades de enfrentar los ataques en curso y por venir, y se dedican a negociar con el gobierno. 
 Por todo eso, es fundamental impulsar desde cada lugar de trabajo una amplia deliberación, reuniones y asambleas para que los trabajadores de Aduana, DGI y Seguridad Social mantengamos la estrategia de actuar conjuntamente para poner en marcha un plan de lucha progresivo. Por ningún despido. Defensa de la estabilidad laboral y el Convenio Colectivo de Trabajo. Recomposición salarial y actualización por inflación. Como ya se demostró, golpear unidos y con un solo puño es la única forma de frenar la embestida del gobierno. Por una Asamblea general de Aefip y Supara que muestre unidad y una guardia bien alta para la lucha. 
 Este viernes 20 de diciembre, a 23 años de las jornadas de lucha del 2001, ante el abandono de cualquier lucha contra este gobierno antiobrero por parte de las centrales sindicales, un conjunto de organizaciones combativas, piqueteras y de izquierda se movilizará desde las 16:00 horas en Plaza de Mayo. Allí estarán también los sectores más conscientes y luchadores de la exAfip. 

 Prensa Obrera