En el Presupuesto 2024, el gobierno le asignó a la protección de bosques apenas el 7,3% de los que estipula la ley. Lo anterior forma parte de la orientación de ajuste que dictamina el Fondo Monetario, y, a su vez, es una carta de impunidad al agronegocio y a los especuladores inmobiliarios para que sigan desforestando a su antojo.
Recordemos que la Ley de Bosques Nativos, aprobada en 2007, establece que la partida destinada a la conservación debe representar el 0,3% del Presupuesto Nacional. Ateniéndose a la normativa, el proyecto de Presupuesto 2024 debería otorgar $203 mil millones para tal fin, sin embargo, solo designará $15 mil millones. Dicho monto equivale a solo $300 pesos anuales por cada hectárea de bosque que tiene el país.
El desfinanciamiento en la materia no es novedad, dado que en los últimos diez años el presupuesto dirigido a la conservación de bosques nunca superó el 10,3% de lo que corresponde. Aquí se combinan la orientación de ajuste de los gobiernos junto con la señal política a favor de darle carta blanca a la tala indiscriminada de árboles.
Sucede que, según datos de la organización Global Forest Watch, en 2022 (último dato disponible) la Argentina perdió 232 mil hectáreas de su cobertura arbórea. Y, desde el 2001, se perdió el 17%. Detrás del desmonte se hallan el capital agrícola ganadero y los desarrolladores inmobiliarios, responsables también provocar los incendios forestales que conmueven al país.
Los sucesivos gobiernos defienden esos negocios, a costa del ambiente y las poblaciones. En ese sentido, la Ley de Bosques Nativos desde el inicio fue letra muerta. A tal punto, que, en 2008, a un año de su sanción, hubo desforestación récord, con la pérdida de 593.000 hectáreas. A su vez, las provincias fueron actualizando el ordenamiento territorial de bosques nativos (calificando, por ejemplo, zonas que son de alto valor de conservación como si fueran de bajo) sin ningún tipo de control.
Esta política de depredación degrada el suelo, produce desertificación, agrava el riesgo de que se produzcan incendios e inundaciones, destruye la biodiversidad y atenta contra la regulación climática y la generación de oxígeno. Ni hablar de la expulsión constante de las comunidades originarias para extender la frontera agrícola o realizar un emprendimiento inmobiliario sobre sus tierras.
Como vemos, Sergio Massa, que prometió en el debate presidencial “cuidar la casa común”, envía al Congreso un presupuesto donde lo único que se compromete a cuidar es el bolsillo de los capitalistas que arrasan los bosques nativos. Queda en mano de la organización independiente del movimiento socio ambiental detener esta avanzada y luchar por una reforestación de los territorios.
Sofía Hart
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