El miércoles 3 fue el día más sangriento en la represión del ejército y la policía contra las manifestaciones antigolpistas en Myanmar, la ex Birmania, territorio ubicado en el Sudeste Asiático. Se estima que 38 personas fueron asesinadas en distintas ciudades del país esa jornada. Los efectivos usaron balas de plomo contra la multitud desarmada y varias de las víctimas tienen balazos en la cabeza. Además, cargaron contra el personal médico que intentaba asistir a los heridos.
En la ciudad de Myingyan, un manifestante testimonió: «no nos rociaron con cañones de agua, [no hubo] advertencia para dispersarnos, simplemente dispararon sus armas» (BBC, 4/3).
La carnicería de las fuerzas golpistas ya se cobró la vida de más de 50 personas. Este viernes un joven fue asesinado por la represión, durante un bloqueo.
Las fuerzas armadas depusieron a comienzos de febrero a Aung San Suu Kyi (premio nobel de la paz de 1991), de la Liga Nacional por la Democracia (LND), argumentando la existencia de un supuesto fraude en las elecciones de noviembre pasado. La LND había llegado al poder en 2015, tras un proceso de transición iniciado por los militares en 2008, poco después de un levantamiento popular que también fue brutalmente reprimido. El ejército, que gobernaba desde hacía décadas, posibilitó elecciones, pero reformó la Constitución para asegurarse casi un tercio de las bancas y ministerios claves del futuro gobierno “democrático”.
A lo largo de la gestión de Aung San Suu Kyi, que hoy permanece detenida, al igual que otras 1500 personas, el gobierno y los militares impulsaron de común acuerdo una preeminencia de la religión budista (mayoritaria en el país) y combatieron a las etnias que luchan por su autodeterminación. Los “civiles” del gobierno ampararon incluso los crímenes atroces del ejército contra los rohingya, minoría musulmán.
Pero los vínculos se deterioraron con el reciente proceso electoral (noviembre 2020), en que el partido vinculado al sector castrense (Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo) quedó en minoría y denunció fraude.
Los militares controlan directamente más de un tercio de la economía a través de grandes consorcios claves. De dichas compañías los mandos militares reciben fuertes beneficios y han acomodado en esas empresas y subsidiarias a familiares y testaferros. Reflejando ese peso económico y, lógicamente, el militar, la Constitución del Estado les garantiza una representación automática directa. De 440 representantes de la cámara baja, 110 son nominados por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa, y de los 224 senadores de la cámara alta, 56 representantes son personal de las Fuerzas Armadas designados por el Comandante en Jefe. Es decir: el 25% de los escaños en el parlamento no son electos, sino digitados por las jefaturas militares. También los militares nominan al ministro de Defensa y de Interior y otras medidas similares (encargados de la proclamación del estado de sitio, etc.). Se trata de una “democracia disciplinada” como se define en la misma Constitución.
Hay importantes sectores burgueses que quieren no solo “democratizar” la Constitución “disciplinada” quitando o disminuyendo la representación militar, sino también avanzar en la desregulación de los complejos estatales-militares.
Si bien se trata de choques entre camarillas burguesas que suelen ponerse de acuerdo para, por ejemplo, llevar adelante el genocidio contra los rohingya, la lucha contra el golpe es esencial para enfrentar los avances en materia represiva y defender las libertades democráticas.
La respuesta al golpe ha sido masiva. Además de las manifestaciones, se desarrolla un “movimiento de desobediencia civil”, que partió de los trabajadores de la salud y se fue extendiendo a otros sectores de la administración pública, como los maestros y los aeronáuticos. Decenas de ingenieros que trabajaban en compañías ligadas a las fuerzas armadas presentaron sus renuncias. Incluso más de 600 policías dejaron sus puestos y se unieron al movimiento (The Irrawaddy, 5/3).
Dentro de este gran proceso sobresalen tres organizaciones. El Comité Representante del Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), integrado por diputados de la LND electos en noviembre pasado, busca ser reconocido como gobierno legítimo. Según el sitio Frontier Myanmar (4/3), numerosos municipios están formando estructuras de gobierno paralelas alineadas con este comité. El representante de Myanmar en la ONU, Kyaw Moe Tun, pidió en una reunión del organismo que se reconozca a este sector como gobierno en funciones.
Por otro lado, están el Comité de Huelga General (GSC, por sus iniciales en inglés) y el Comité de Huelga General de Nacionalidades (GSCN). Este último plantea una “democracia federal” en que las distintas etnias estén representadas igualitariamente en el gobierno.
Disputa geopolítica
Myanmar es también un terreno importante de disputa geopolítica, codiciado por sus recursos naturales (oro, cobre, rubíes, etc.) y el opio, del que es el segundo productor mundial, solo por detrás de Afganistán. Políticos, empresarios y militares están metidos en este lucrativo negocio.
China es el principal socio comercial y la mayor influencia extranjera en el país. Ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo de un corredor económico que combina puertos y rutas ferroviarias, y que le permitirá a Beijing un acceso más cómodo al Océano Indico (Foreign Policy, 4/2). Además, patrocina una mesa de negociaciones entre los militares y los grupos insurgentes que responden a las diferentes etnias. Mantuvo también buenas relaciones con el gobierno de Suu Kyi. Beijing no condenó el golpe, y junto a Rusia, bloqueó una resolución crítica en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Otro de los países que no condenó el golpe es la India. Esta tiene sus propios intereses. Impulsa el proyecto de tránsito multimodal de Kaladan, que incluye una ruta marítima entre Calcuta y el puerto de Sittwe, en el estado de Rakhine (Irrawaddy, 23/2). Dicho puerto debía estar listo para este año. Para su funcionamiento resulta clave mantener a raya a la población y las milicias rohingya, que operan en la provincia mencionada. India y China, fuertemente enfrentados, se disputan la influencia sobre Myanmar.
Estados Unidos, por su parte, acaba de imponer algunas restricciones a las exportaciones de la ex Birmania, en respuesta al golpe militar. Y bloqueó el intento de los militares de retirar fondos por 1000 millones de dólares de un banco de la Reserva Federal en Nueva York.
Lo que a Estados Unidos menos le preocupa, por supuesto, son las víctimas de la represión militar. Lo que hace tiempo busca el imperialismo yanqui es incidir en el país. A tales efectos, ha querido en el pasado presentarse ante el sector castrense como un contrapeso para que reduzca su dependencia de Beijing. Los militares de Myanmar son conscientes de este problema y en algunas ocasiones han deslizado críticas solapadas al gigante asiático (por ejemplo, al acusarlo de apañar a las milicias insurgentes –ídem, 20/2), pero nunca patearon el tablero.
En este sentido, las “sanciones” norteamericanas deben ser leídas como un mecanismo de presión hacia los militares para que reduzcan sus lazos con el régimen de Xi Jinping.
La clase trabajadora y la juventud son la vanguardia de la lucha contra la dictadura y los únicos capaces de derrotarla. Sería necesario avanzar hacia la huelga general con marchas y apelando a que la base militar se escinda. Organizar todo tipo de comités obreros y populares para impulsar esta resistencia. Se trata no solo de tirar abajo al gobierno militar, sino de imponer los más profundos derechos democráticos y de organización y reclamar por los problemas que aquejan a las masas. Se trata de imponer la gestión y el control de los trabajadores sobre los complejos económicos estatales y toda la economía. El PBI por habitante de Myanmar es uno de los más bajos del mundo: está en el puesto 164 sobre 194 medidos. La pobreza extrema supera el 33%.
Myanmar se ha sumado a los levantamientos populares que la crisis capitalista ha provocado en el mundo.
Gustavo Montenegro
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