Los índices económicos revelan la catástrofe social. La economía cerró 2020 con una caída del PBI de -4,1% (-22%, aproximadamente, si se mide en dólares), la tasa más baja de la serie histórica iniciada en 1996, con un desempleo promedio de 13,5%, el índice más alto del país. La serie comenzó en 2012. Más de 8 millones de personas fueron desplazadas al trabajo remoto y la expansión de ocupaciones que usan aplicaciones y plataformas. Miles de empresas han cerrado, con millones de puestos de trabajo destruidos, alrededor de 11 millones de trabajadores fuera de servicio y más de 10 millones con contratos de trabajo suspendidos o con reducción de horas de trabajo.
Con la pandemia ya cerraron más de 700 mil empresas; otras están técnicamente en quiebra, además del cierre de algunas grandes empresas, como Ford y Sony. Además, al desempleo abierto de más de 14 millones de personas, se suma el desempleo “oculto” del 10%. Si se consideraran estos 8,4 millones de personas, sumadas a las “desanimadas”, la tasa de paro estaría entre el 20% y el 25%, más de 25 millones de personas. 3,8 millones de personas ya no tienen un trabajo formal; el contingente de trabajadores sin contrato laboral aumentó un 10,8%, un millón de personas; el número de autónomos creció en 1,5 millones, más de 23 millones; casi el 40% tiene empleo informal, 32 millones de personas en condiciones de empleo precarias, sin mencionar a 600.000 presos y casi 300.000 víctimas de prisión preventiva, coercitiva y no procesal, en su mayoría jóvenes, negros, pobres y sin antecedentes penales.
En este asombroso marco social, el Senado aprobó, en primera vuelta, el PEC (Propuesta de Emenda Constitucional 186), que determinó que la ayuda de emergencia no era más que unos miserables 250 reales. La "oposición" se posicionó defendiendo ampliar el "techo de gasto", sin cuestionar su mantenimiento.
El PEC 186 es el resultado de la unificación del “PEC de emergencia” y el “PEC del pacto federativo”, que crea nuevas reglas fiscales para limitar el gasto público, nuevos “detonantes” de recortes, además de los existentes en el EC 95. Estos gatillos prevén situaciones en las que se prohibiría la creación de nuevos gastos, la contratación de personal, la reposición de salarios por inflación y la promoción de funcionarios públicos.
El PEC 186 será la norma fiscal más estricta en los próximos años. La pandemia agrava esta situación, aumentando la pobreza, el hambre, el desempleo y el subempleo. El gobierno de Bolsonaro se negó a extender el decreto catastrófico hasta 2021, poniendo fin al "presupuesto de guerra". Se ha eliminado la creación de una nueva Ayuda de Emergencia, mediante la promulgación de un nuevo “estado de calamidad” y la creación de créditos extraordinarios, o un PEC que excluía los gastos contra Covid-19 de las reglas tributarias, algo removida.
Brasil empeoró en todos los indicadores del Covid-19: número de casos, defunciones, incidencia de síndrome respiratorio agudo severo, alta positividad en las pruebas y en las tasas de ocupación hospitalaria. A principios de marzo, había doce estados con más del 80% de sus UCI (unidades de cuidados intensivos) ocupadas. En una semana, la cifra saltó a 19. En veinte capitales la tasa supera el 80%, mientras que en otras cinco supera el 70%. En el fin de semana cuando las muertes batieron un nuevo récord y el sistema de salud colapsó en nuevos estados, el presidente instó a la población a desconocer las medidas de protección.
Para el mes de marzo, se esperaba recibir 16,7 millones de dosis del inmunizador Oxford / AstraZeneca (cuatro millones importados del Serum Institute of India y 12,9 millones producidos en Fiocruz) y otros 18,1 millones de CoronaVac. En el caso de la vacuna Oxford, la cantidad importada de India se diluirá finalmente entre abril y junio. La Fiocruz, a su vez, solo podrá aportar 3,8 millones. El trasfondo es el retraso en la recepción de la materia prima, que proviene de China. La consecuencia es que, de los 17 millones de dosis que prometió el Ministro de Salud, faltarán 13,1 millones.
Ante el escenario del desastre, Bolsonaro volvió a llevar una máscara en público; Su Ministerio de Salud abandonó las provocaciones negacionistas sobre las “vachinas” y llamó al país asiático pidiendo ayuda. El secretario ejecutivo de la cartera, Elcio Franco, envió una carta a la embajada china solicitando 30 millones de dosis del inmunizador de Sinopharm, aún este semestre. En el Congreso, los presidentes del Senado y de la Cámara, Rodrigo Pacheco y Arthur Lira, aliados de Bolsonaro y electos con su intervención directa, exigieron a Pazuello (Ministro de Salud) informar en 24 horas sobre el calendario de vacunación, antes de que Brasil comenzara a recolectar cadáveres en las calles.
En la Cámara, la mayoría de los dirigentes del partido decidió votar por el PEC Emergencial sin pasar por ninguna comisión, considerando toda la presión para vincular el beneficio a los mecanismos de ajuste fiscal. Los senadores aprobaron la MP 1.026 (medida provisoria), que flexibiliza las reglas para la compra de cualquier bien o servicio utilizado en vacunación; MP no necesita licitar para la contratación de servicios de logística, publicidad y tecnologías de la información. En el caso de la compra de vacunas, el MP permite a los gerentes aceptar cualquier requerimiento de las empresas farmacéuticas, incluidas las cláusulas de confidencialidad.
El Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual afirmó: “Brasil es completamente rehén de las demandas de la industria farmacéutica privada, que está aprovechando la situación para imponer sus condiciones y concentrar aún más poder. Así, este MP no es más que la constancia de la subordinación del Estado brasileño a los intereses corporativos de unas pocas empresas transnacionales. También abre lagunas que benefician a empresas alineadas y aliadas con el gobierno en la prestación de servicios nacionales para la distribución y difusión de vacunas”.
El MP también autoriza la compra de vacunas no registradas. El Estado prescinde de la prevención científica, precisamente cuando recorta los recursos discrecionales para ciencia y tecnología, que se desplomaron de R $ 8,7 mil millones en 2014 a R $ 2,7 mil millones en 2021. En Capes, el presupuesto cayó de 7,7 mil millones en 2015 a R $ 2,9 mil millones en 2021. El CNPq (Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el CONICET de Brasil) tendrá solo R $ 22 millones en 2021, además de una reducción del 10% en las becas de investigación.
Se espera que los estados y municipios avancen en sus propias negociaciones de inmunización. El gobernador de Piauí, Wellington Dias (PT), anunció que los estados quieren comprar 50 millones de dosis de Sputnik V. El alcalde Artur Lira sugirió la creación de un fondo para esta compra. El sector privado podrá comprar estas vacunas, siempre que sean autorizadas por Anvisa y donadas al SUS (Sistema Único de Salud) mientras dure la vacunación de los grupos prioritarios. Cuando termine esta etapa, el sector privado podrá comprar, distribuir y administrar vacunas. La “fura-fila” (o “vacuna VIP”, como se le llama en Argentina) está legalmente establecida. Todas las entidades estatales, incluida la Unión, podrán asumir la responsabilidad civil por eventos adversos posteriores a la vacunación, según lo requieran las grandes empresas farmacéuticas.
En medio de esto, el ministro del STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, decidió anular las decisiones procesales tomadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la “Operación Lava Jato”. Si no sufre condenas en segundo grado para las elecciones de 2022, podría postularse para presidente de la República. El ministro, anticipándose a la sentencia del STF sobre la sospecha del ex juez Sérgio Moro, falló por la incompetencia del Juzgado XIII de Curitiba en relación a los procesos y sentencias relacionados con Lula de la Operación Lava Jato, decretando así la nulidad de sus condenas y sentencias. Las denuncias y procesos fueron trasladados al Tribunal Federal de Distrito. Tal decisión le devuelve a Lula sus derechos políticos, dejándolo fuera de la ley de “antecedentes limpios”.
Si se vota la sospecha de Moro, además de la nulidad de los juicios en los que fue condenado Lula, también se anularán las pruebas recogidas por Lava Jato. De lo contrario, el juez federal decidirá si utilizar o no las pruebas obtenidas por la Operación Lava Jato. Fachin consideró que el Juzgado XIII de Curitiba "no era el juzgado competente para juzgar y juzgar a Luiz Inácio Lula da Silva", porque contradecía el principio del "juez natural": el juzgado al que se remite un caso está relacionado con el lugar de los delitos investigados. Sin embargo, al comienzo de Lava Jato, una decisión de la Corte Suprema permitió que los casos de corrupción en Petrobras fueran juzgados en Curitiba.
En junio de 2019, The Intercept reveló información sobre la actuación del ex juez Sérgio Moro, ministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro, y del fiscal federal Deltan Dallagnol, de la “Operación Lava Jato”: juez y fiscales actuaron de manera conjunta en el proceso de la operación y especialmente la de Lula. Esto es grave e ilegal. La “imparcialidad” del juez resultó ser completamente parcial, con objetivos políticos, económicos y aún peores.
El juez incluso dirigió la búsqueda de pruebas de la acusación y apartar de la investigación a otros sospechosos, como Aécio Neves y el PSDB; para investigar a los contratistas y no a los bancos, para evitar la adjudicación de Eduardo Cunha, autor del juicio político de 2016 contra Dilma Rousseff, quien llevaría a Michel Temer, beneficiario del golpe, a el lodazal. Las revelaciones demostraron que la “Operación Lava Jato” fue una maniobra legal para encubrir a personas corruptas y corruptoras, presentándose bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Comandado desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ), tenía como objetivo desmantelar (lo que queda de) la estatal Petrobras, y abrir, a “precio de banano” (el precio de las acciones de Petrobras se desplomó en las Bolsas de Valores) el mercado petrolero y la exploración de los recursos naturales de Brasil. En otras palabras, que el beneficiario final sería el gran capital imperialista financiero.
Moro solo abandonó el gobierno cuando ya era evidente que Bolsonaro no lo designaría para la Corte Suprema (el tema se planteó - negativamente - durante la escandalosa intervención de Bolsonaro en la Policía Federal de Río de Janeiro, que motivó a Moro a dejar el gabinete). El juicio de Lula fue, independientemente de su culpabilidad total o parcial, una farsa y se llevó a cabo de manera ilegal, irregular y corrupta. Sin embargo, para deshacerse de Lula, el estado burgués brasileño se vio obligado a abrir una pequeña ventana que, si se abría de par en par, revelaría el mar de corrupción que involucra a todos los gobiernos y a toda la comunidad empresarial brasileña.
El juez del DF (por sorteo) que de quedarse con el caso puede dictar otro juicio de Lula, con resultados obviamente inciertos. Si la anulación de las condenas de Lula refleja un debilitamiento del gobierno de Bolsonaro, presentar la maniobra con la que el STF pretende deshacerse del lastre de Moro, evitando que “contagie” al STF (que lo ha cubierto durante años) como una “conquista democrática” del pueblo brasileño, como hizo la inmensa mayoría de la izquierda, es un engaño único, entre otras cosas porque no quedó nada de las menguadas movilizaciones por la libertad y despenalización de Lula.
Lo que hay que caracterizar es que la crisis del gobierno de Bolsonaro afectó a todo el régimen político del país, incluido el sacrosanto Poder Judicial; que esta crisis apenas comienza y agrava aún más la enorme polarización política que impera, en circunstancias en las que la ola derechista impulsada por la elección de Bolsonaro se está enfriando en todos los ámbitos, incluido (y sobre todo) el internacional, por la monumentalidad crisis económica y desastrosas consecuencias de la pandemia. Es decir, una crisis múltiple que crea condiciones para transformar la resistencia a las políticas reaccionarias, en curso en varios escenarios de lucha (Petrobras, Banco do Brasil, educación, ciencia, salud, Correo) en intervención política contra el régimen patronal / privatista – imperialista, hacia una política de salvación nacional basada en el gobierno independiente de los trabajadores.
Contra esta perspectiva se movieron Lula y la dirección del PT, inmediatamente después de que se conoció la rehabilitación política de Lula. ¿“Fuera Bolsonaro”? No, ahora es “Lula 2022 (de hecho, 2023)”. En la primera rueda de prensa del ya prácticamente proclamado candidato, Lula evocó la “unión del capital y el trabajo” (y, por supuesto, también de los militares) en los 14 años de los “gobiernos del PT”, saludando a los grandes empresarios, a momentos en los que incluso sus portavoces más moderados (como algún columnista de Folha de S. Paulo) claman abiertamente por una “revuelta contra Bolsonaro”, o en los que la misma Rede Globo, hija y madre de todos los golpes de Estado brasileños (principalmente militares), lo trata simplemente sinvergüenza.
La “izquierda” se llenó de emoción por el “discurso de estadista” de quienes declararon, en esta rueda de prensa: “Veo mucha gente hablando en un frente amplio, con PCdoB, PT, PSOL, PSB. Este es un frente de izquierda, no hay nada amplio. Lo venimos haciendo desde 1989. Frente Amplio es si tenemos la capacidad de hablar con otras fuerzas que no están en el espectro de la izquierda”. Lula llamó abiertamente a un gobierno de gran capital con cobertura izquierdista, donde la influencia de los trabajadores se limitaría a la lucha por algunas migajas, continuando con la política de romper la columna vertebral de sus conquistas y organizaciones.
Las grandes empresas, por supuesto, ven con escepticismo y hostilidad el regreso a una política de conciliación de clases y concesiones a los trabajadores, dada la magnitud y profundidad de la crisis global y brasileña. No hay duda de que jugará varias cartas a la vez: exigir garantías de una política abiertamente reaccionaria del PT, utilizar la perspectiva electoral lejana para romper las luchas actuales, y al mismo tiempo preparar otras alternativas, entre ellas preservar la militarización del régimen político. (un terreno en el que, muy probablemente, Lula también preparará su abanico de ofertas).
Sin muchas precauciones, la “izquierda”, en el PT y fuera de él, se dirige a un frente político-electoral en torno a Lula. La diputada Fernanda Melchionna, del PSOL, ya ha anunciado: "Es una victoria democrática que Lula haya restablecido sus derechos políticos. Ahora Lula puede tener el campo libre para actuar. Es una condición fundamental para que se ponga a prueba la capacidad de todos los sectores de oposición para organizar el enfrentamiento contra la tragedia bolsonarista, el PSOL sabrá votar para derrotar a Bolsonaro”.
Guilherme Boulos también ha acogido con satisfacción la perspectiva de una "unidad de izquierda" en torno a Lula, con poca consideración por el hecho de que Lula ya se ha declarado que está arruinando esa "unidad". La izquierda de clase, donde quiera que ella milite (sindicatos, partidos, juventud, movimientos sociales) debe superar estas presiones y oponer al contubernio en marcha, la unificación de luchas, la huelga general, bajo la bandera de “Fora Bolsonaro Ya”, y una perspectiva política de independencia de clase.
Osvaldo Coggiola
11/03/2021
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