En las Consejerías de Vivienda, desde el inicio de la pandemia, trabajan en más de 150 casos con riesgo de desalojo, algunos en casas colectivas que reúnen a decenas de familias, con dos a tres hijos promedio. Es decir, casos que implican riesgo de quedar en la calle para más de 300 niños y niñas. Esta situación se agrava dado que en los hoteles e incluso en los alquileres formales no se aceptan a familias con hijas por ser más difíciles de desalojar.
Pero este fenómeno, producto de un régimen social agotado, no tiene nada de novedoso: ya hace 7 años, cuando M recién estaba naciendo, un informe elaborado por la Asesoría General Tutelar porteña y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), revelaba que uno de cada cinco menores de 4 años vivía en condiciones sumamente precarias en la ciudad capital.
Según el Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado por organizaciones sociales, la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires y la Auditoría General porteña, ya en abril de 2019 vivían en esa condición 7.251 personas, de las cuales 871 eran niños y adolescentes y 40 mujeres embarazadas. Cifras cinco veces mayores a las informadas oficialmente por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Del total de las personas registradas sin hogar, 5.412 dormían en la calle, 1.340 en establecimientos con convenios estatales y 641 en los paradores del Gobierno porteño que son sólo para hombres o mujeres, mientras hay pocos para familias. 2.314 de los encuestados afirmó no poder acceder al exiguo subsidio habitacional del Gobierno porteño por diversos problemas administrativos y trabas burocráticas, 1.188 personas afirmaron haber tenido problemas de salud en los últimos dos años, 532 informaron algún tipo de discapacidad y 1.577 afirmaron haber sido víctimas de algún hecho de violencia en los últimos dos años. La Casa de Cultura y Oficios "Miguel Bru" y la organización "Ciudad Sin Techo" recogieron testimonios de violencia institucional entre las personas que fueron encuestadas. "Nos contaron que la Policía de la Ciudad venía a intimidarlos para que se fueran y algunas veces les rompieron pertenencias" (Télam, 17/3). Nada nuevo bajo el sol si recordamos las denuncias sobre la UCEP, organismo creado por Mauricio Macri cuando era Jefe de Gobierno porteño, cuya misión era “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión”. Los métodos “persuasivos” a las personas que vivían en la calle por parte de los agentes de la UCEP se desarrollaban entre las 23 y las 6 de la madrugada, cuando la gente dormía y consistía en el desalojo bajo amenazas y agresiones para luego tirar sus pertenencias a un camión compactador y a las personas del otro lado de la General Paz.
Esta situación crítica, que tiene su mayor epicentro en la zona sur de la ciudad, aumentó significativamente durante el último año por la gestión capitalista de la pandemia que recortó las ayudas sociales como el IFE -ya de por sí escasas desde un principio-, por la inflación que impactó en el precio de los alimentos y el costo de vida general, por la acumulación y concentración de riquezas y por la anulación del DNU que prohíbe los desalojos y congela los alquileres. La Ciudad de Buenos Aires se está convirtiendo en una bomba de tiempo (https://politicaobrera.com/politicas/4189-ciudad-de-buenos-aires-aumentan-la-pobreza-y-la-indigencia) al calor de la especulación inmobiliaria y de un presupuesto asignado a vivienda que viene en picada durante los últimos cuatro años – el monto dispuesto para 2021 disminuye un 17% en relación con el año anterior, mientras que el presupuesto destinado a personas que viven en la calle no contempla ningún aumento pese al incremento observado de esta situación.
Como también quedó expuesto en el caso de M, vivir en la calle arrasa con todos los derechos, no sólo el habitacional, ya que esta realidad va unida al cercenamiento del derecho a la educación, a la alimentación, a la salud así como a una infancia segura y feliz (https://politicaobrera.com/politicas/4242-berni-vs-frederic-un-espectaculo-para-ocultar-la-ineptitud-del-gobierno-y-la-movilizacion-de-los-familiares-de-maia-y-de-los-vecinos). Se impone la organización por medio de Asambleas de un plan de lucha para imponer un pliego por vivienda, trabajo y salud para el conjunto de la clase obrera que acabe con la enorme y creciente crisis habitacional y con la desprotección en la que quedan inmersos nuestros hijos. Se impone la lucha por un mundo libre de todo mal, opresión y violencia en el cual las infancias puedan desarrollarse plenamente.
Ana Belinco
22/03/2021
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