Es bueno recordar que los estados nacionales (no solo los estados ricos) ya habían contraído una gigantesca deuda pública para tratar de sortear los efectos de la crisis capitalista de 2008. Según Marques y Nakatani (2013, p. 4) todos los países del mundo tenían una deuda de 22,165 billones de dólares en 2005 y en 2011 esa suma llegó a 41,059 billones de dólares (2). Con la intervención para tratar de contener los efectos de la crisis, los estados nacionales crearon una deuda de casi 19 billones de dólares para intentar contener las pérdidas en el mercado de capitales del mundo, que fueron de 30 billones de dólares en 2008.
En un principio, se pensó que sería algo que beneficiaría a toda la población. Sin embargo, cuando se usaron las ayudas de emergencia en cada país, una gran parte se destinó a apoyar a grandes empresas y bancos, que ya estaban sintiendo los efectos de la crisis derivada de la crisis capitalista de 2008. Este intento de contener los efectos de la pandemia siempre termina revelando el carácter de clase del Estado y el destino de la mayor parte del dinero público para los agentes privados.
Es bueno recordar que el drama resultante de la pandemia no es solo el resultado de los diversos gobiernos negacionistas que no prestaron la debida atención al abordaje de la pandemia, sino sobre todo por el desmantelamiento de los derechos sociales y la privatización de los servicios, ocurrida en todos los países, especialmente en los países que habían experimentado el estado de bienestar. Es decir, el desmantelamiento de los servicios públicos, impulsado por décadas de neoliberalismo y continuos ajustes fiscales, terminó siendo el gran facilitador para que Covid-19 haya llegado a dos millones y medio de muertes en todo el mundo. Debemos recordar que se llevó a cabo el desmantelamiento y privatización de servicios para que estos estados pudieran priorizar el pago de sus deudas públicas. Cuanto más se pagaban las deudas, más subían las deudas y cada vez más se exigía un nuevo ajuste fiscal y una nueva etapa de privatización de lo que quedaba de empresas estatales.
Sin embargo, en este gran endeudamiento de los estados, lo que tenemos es el sector financiero privado liberando un enorme volumen de préstamos para estos estados para combatir los efectos de la pandemia, salvando a los grandes grupos empresariales de cada país, en particular. Este volumen de dinero que están tomando los estados ricos representa un gran negocio para estos bancos o tenedores de bonos del gobierno, ya que luego estos bancos son acreditados para quedarse con parte de los impuestos que pagan los contribuyentes en cada país a través del servicio de estas deudas. Este volumen de recursos no se está orientando a fortalecer los servicios públicos en cada país a través de licitaciones públicas, restablecimiento de carreras y replanteamiento de los servicios públicos. Por el contrario, lo que hemos visto es el proceso de profundización de la privatización de los servicios públicos que aún quedan para seguir pagando las deudas. La política de ajuste fiscal no es nada nuevo en la economía brasileña. Poco después de la introducción de los distintos planes de estabilización (Plan Cruzado, febrero de 1986, Plan Bresser de abril de 1987, Plan Verano, Plan Collor, Plan Collor II), que antecedió al Plan Real, el ajuste fiscal ya estaba presente. Sin embargo, con la implantación del Plan Real, tuvimos el Fondo de Estabilización Fiscal, que en esencia era un fondo para contener el gasto social y asegurar el pago de la deuda pública, agravado por la política de altos intereses para asegurar la estabilidad monetaria.
En este marco, la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) tuvo como objetivo imponer un control sobre el gasto de la Unión, Estados, Distrito Federal y municipios, ofreciendo la idea de gasto transparente. Sin embargo, el límite al gasto social se impuso sin ningún límite al gasto financiero en el servicio de la deuda en las tres esferas del sector público. Curiosamente, la LRF surge poco después de que el gobierno federal lanzara el PROER (Programa de Fomento de la Reestructuración y Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional) que salvó a la banca privada y el PROES (Programa de Incentivo para Reducir el Sector Público Estatal en la Banca) que preparó al estado bancos a privatizar.
La transferencia permanente de dinero público a los grandes capitalistas dio un gran paso con la Enmienda Constitucional 95, que congeló el gasto social durante 20 años. Esto reafirma la prioridad del dinero público para el servicio de la deuda pública, lo que garantiza a los banqueros una gran rentabilidad, ya que son los principales compradores de bonos del Estado. El desmantelamiento de los servicios públicos es parte de una política mundial propuesta por el Banco Mundial que ha facilitado el agravamiento de la barbarie social.
Al mismo tiempo, el mismo Estado que propone el exterminio de servicios públicos en los tres ámbitos, ha liberado el 80% de los recursos del BNDES (Banco de Desarrollo) para que el sector privado privatice las restantes empresas estatales. Más grave que eso, tuvimos la independencia del Banco Central que le dio a los bancos el control de la política monetaria. Antes de eso, ya teníamos una Ley que permitía al Gobierno Federal comprar bonos bancarios malos por un monto de hasta R $ 1 billón, colocando a los banqueros por encima de todo. La propuesta actual de contrarreforma administrativa sería el tiro final en la destrucción del Estado en un momento en el que está endeudado por tratar de mitigar los efectos de la crisis capitalista amplificada por la pandemia. De esta manera, tenemos la afirmación acelerada del estado gestor de la barbarie, mientras parte de la izquierda se aleja del tema de la deuda pública, tratando de simpatizar con el sistema de deuda para tener un poco más de votos en las próximas elecciones. Dentro de eso, termina abandonando las banderas históricas de los trabajadores vía degradación programática y a su vez perdiendo incluso votos en las elecciones.
José Menezes Gomes
08/03/2021
NOTAS
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