Actualmente el país norafricano se encuentra dividido en una multitud de facciones políticas, siendo las principales, por un lado, la del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), con sede en Trípoli, reconocido por la ONU y apoyado por países como Turquía e Italia y por el otro la ubicada en el este del país, alrededor de la ciudad de Tobruk con un fuerte peso de las fuerzas armadas al mando del “señor de la guerra” Jalifa Haftar, este bando es apoyado por países como Francia, Rusia y Egipto. El parlamento nacional se encuentra dividido en estos dos sectores, los que se niegan recíprocamente cualquier legitimidad.
El nuevo Poder Ejecutivo que busca superar este fraccionamiento, hasta que tengan lugar nuevas elecciones en diciembre del 2021, está constituido por un consejo presidencial de 3 miembros en representación de las tres regiones históricas del país (Tripolitania, Fezzán y Cirenaica) encabezado por Mohamed El-Menfi a lo que se suma un primer ministro, cargo para el que fue electo Abdulhamid Dbeibah. La elección de este gobierno provisorio fue realizada por el “Foro de Diálogo Político Libio”, un espacio organizado por la ONU luego del frágil alto al fuego de agosto suscripto por las facciones intervinientes en la guerra civil. La fragilidad de la situación es tal que Turquía y Rusia mantienen miles de mercenarios en el país. Los 74 delegados participantes del Foro fueron electos a dedo, pretendidamente, con la idea de representar a los principales actores políticos y sociales, así como a representantes tribales para que toda la población libia tenga voz.
Sin embargo, la realidad del Foro difiere respecto a este objetivo. Se encuentra copado por personeros de los bandos enfrentados en la guerra civil, la mayor parte de los cuales, fueron parte del régimen político del difunto Muamar Gadafi, depuesto en 2011, incluso miembros del parlamento votados hace una década. La mayor parte de ellos cosecha un profundo rechazo por parte de la población libia, que los ve como los responsables del desastre nacional. Más aún, se trata de actores que se vienen beneficiando tanto política como económicamente del actual fraccionamiento y que buscarán, antes que nada, garantizar sus propios intereses y espacios de poder.
Los 74 delegados debieron votar listas que fueron organizadas sin una base programática común, sino que han sido armadas buscando representar a los distintos intereses en pugna sin superar sus contradicciones, cuando no de manera meramente oportunista. La lista ganadora encabezada por El-Menfi y Dbeibah derrotó sorpresivamente a la que era la favorita, encabezada por Fathi Basagha, el poderoso ministro de interior del gobierno de Trípoli y por Aguilah Saleh, la cabeza del parlamento con sede en Tobruk, es decir una lista de frente entre las principales fracciones enfrentadas. Diversos analistas coinciden en señalar que la derrota de esta lista respondió, antes que nada, a la presión de los rivales internos tanto de Basagha como de Saleh en sus regiones de influencia, que mandataron a los delegados del Foro para votar a otra lista. Se busca, mediante estas disputas sectarias asegurar el interés de cada fracción particular.
El gobierno de “unidad nacional” de El-Menfi y Dbeibah (un empresario que amasó su fortuna de la mano de negociados ilegales con Gadafi) no tiene una base de apoyo fuerte en el país, pero se encuentra recostado en las autoridades de Trípoli, en particular en los islamistas Hermanos Musulmanes, y en Turquía.
A la dispersión de poderes que persiste en el país y a los intereses particulares que cada fracción buscará preservar, se le suman otros aspectos que suponen un campo minado para el gobierno de “unidad nacional”. El control sobre el ejército, por ejemplo, difícilmente será entregado por Haftar, quien, habida cuenta de la derrota de Saleh (un rival suyo en Tobruk), ha visto su posición relativamente fortalecida. Otro aspecto que será un eje de disputas es el juicio respecto de los crímenes de guerra cometidos desde que imperaba el régimen de Gadafi a esta parte.
A pesar de todo, el elemento determinante que puede hacer detonar la pretendida unidad (o transformarla en una mera pantalla) son los intereses del imperialismo y de los países que se han involucrado en el conflicto libio. Turquía necesita asegurarse un gobierno afín que pueda ejercer la soberanía sobre todo el territorio libio, con el objetivo de defender el acuerdo de delimitación de la frontera marítima firmado con Trípoli, de lo que depende su acceso a cuantiosas reservas petroleras. Egipto, por su parte, rechazaría de plano la existencia en sus fronteras de un gobierno pro turco y con presencia de los Hermanos Musulmanes, Rusia también busca que de este proceso no salga fortalecida Turquía con quien mantiene enfrentamientos en distintos puntos del globo. Las potencias europeas como Francia o Italia buscan asegurar sus inversiones petroleras, anudadas con una u otra facción en disputa.
Estos son los intereses que se buscan preservar a través de la precaria estructura organizada por la ONU y no la soberanía nacional de Libia y las necesidades y reivindicaciones de las masas trabajadoras. Ya sea que la tentativa “unitaria” llegue a conformar un gobierno único, o fracase, se trata de un proceso político dominado por el imperialismo y sus socios locales con lo que la expoliación de Libia continuará. Una intervención popular decidida, aparece como el camino para garantizar una Libia unificada, sobre la base de la expulsión del imperialismo y de las elites locales responsables de la catástrofe en la que se encuentra el país.
Leandro Morgan
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