Las imágenes de los incendios que devoraron miles de hectáreas de la Patagonia conmovieron al país, pero también sintetizaron buena parte de la situación política.
Un gobierno nacional incapaz de hacer frente a las llamas, porque el ajuste virtualmente disolvió las áreas del Estado dedicadas al manejo del fuego -y esto luego de un 2020 en que ardieron más de un millón de hectáreas en todo el país. El Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié quedó nuevamente en evidencia como lo que es: un taparrabos de la orientación oficial. Algo similar quedó plasmado respecto del Ministerio de Mujeres en las masivas movilizaciones del 8 de marzo, cuando escalan los femicidios y la bronca popular.
La oposición desplegó una campaña fascista de criminalización acusando a los pueblos mapuche y tehuelche como responsables por los incendios, cuando los vecinos de la Comarca Andina señalan hacia la desinversión en el tendido eléctrico y a los intereses de terratenientes en la ejecución de proyectos inmobiliarios en la zona (en la provincia de los Lewis y Benetton). Es interesante, ya que esta respuesta represiva borra toda la demagogia con la que batieron el parche los macristas tras las brutales represiones de Gildo Insfrán en Formosa -un régimen que tiene precisamente a los pueblos originarios como blanco de ataques. El gobernador chubutense Mariano Arcioni se sumó a esta campaña represiva, para capear la indignación popular ante el abandono estatal a los miles de damnificados, y por supuesto autoencubrirse sea por la obsolescencia de las redes de electricidad o por cobijar intereses económicos en la explotación de la región.
Ya que mencionamos a Insfrán, valga recordar que Alberto Fernández volvió a darle un espaldarazo… ¡en un acto oficial contra la violencia de género! Todo un retrato de la antítesis que separa el rumbo del gobierno con los reclamos de las mujeres. La represión y el ajuste son parte basal de todo el régimen de opresión y violencias contra las mujeres y las diversidades sexuales. La masividad de las movilizaciones en todo el país en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es por eso la muestra de la vitalidad de un movimiento que choca contra el Estado, en contraste con la negativa de las organizaciones tributarias del gobierno a ganar la calle.
La desidia estatal y su responsabilidad en los femicidios ha sido parte del discurso con que el Frente de Todos busca justificar su proyecto de reforma de la Justicia, pero es un fraude. Estos choques son parte del enfrentamiento entre dos bloques políticos capitalistas, ambos partícipes de la corrupción de Estado, que disputan sus posiciones en el aparato judicial en función de preservar su propia impunidad -y la del sistema en su conjunto. Por eso la eyección de la ministra Marcela Losardo y el sostenido copamiento kirchnerista de los altos puestos de gobierno no traerá aparejado ninguna hoja de ruta de defensa de las libertades democráticas, sino solo una mayor presión por escapar del cerco judicial de la camarilla que rodea a la vicepresidenta. Como con el 8M, la lucha contra la impunidad y la represión el próximo 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, será tarea de la izquierda y las organizaciones combativas independientes.
Hay una explicación nada circunstancial para ello. Durante las últimas cuatro décadas todos los que se alternaron en el poder se empecinaron en rescatar la fraudulenta hipoteca que dejó la dictadura. Cada uno pagó y dejó una deuda mayor a la recibida, lo cual derivó en reiteradas quiebras del país. El régimen de saqueo y empobrecimiento de las masas trabajadoras Argentina tiene sus raíces en esta perpetuidad de la sumisión al capital financiero internacional.
Hoy lo vemos en el hecho de que toda la política del Frente de Todos apunta a allanar un acuerdo con el FMI. Es cierto que la profundidad de la crisis social ha llevado al gobierno a buscar pilotear la situación postergando su firma para después de las elecciones, con la esperanza de que los altos precios de la soja y los fondos extra que recibiría del Fondo (Derechos Especiales de Giro) le permitan pagar los vencimientos de deuda del año y evitar el default. Pero la ecuación no cierra, como revela el hecho de que las reservas del Banco Central sigan en rojo a pesar del superávit comercial: los dólares se consumen precisamente en los pagos de intereses y el sostenimiento de la precaria pax cambiaria.
Tal vez el mejor ejemplo de los problemas que enfrenta la apuesta del gobierno sea la cuestión del aumento de las tarifas de los servicios públicos. La próxima semana comenzará con las audiencias para fijar los tarifazos en el gas, cuya magnitud ha desatado discrepancia pública entre el ala que comanda Marín Guzmán y el kirchnerista Federico Bernal del Enargas. Esto por el impacto que tendrá en una ya insoportable dinámica inflacionaria. Pero el planteo K de morigerar los aumentos sin tocar el régimen de beneficios extraordinarios a las petroleras implica que ello se cubra con mayores subsidios, pero la caja no alcanza: solo podrían ser cubiertos con más deuda o con emisión monetaria que acicatearía la inflación. Es una frazada corta que saca a relucir que el ajuste continuará su marcha incluso si se patea el acuerdo con el Fondo para después de las elecciones, y por supuesto será mayor luego.
Un aspecto sensible de toda esta situación es la crisis sanitaria, con un sistema de salud indefenso ante una segunda ola de coronavirus y una vacunación que avanza a paso de tortuga. La oposición de Juntos por el Cambio busca sacar provecho de esto, máxime después del escándalo del vacunatorio VIP, pero su planteo de privatizar las dosis y «que pague el que pueda» derivaría en un régimen de privilegios al cuadrado, ya que la lógica de mercado haría que la demanda suba el precio de las vacunas, redondeando un negocio perfecto a costa de la salud de la población. Por lo demás, las críticas a la fracasada la estrategia sanitaria del gobierno nacional apenas puede disimular el desastre montado por Larreta en el Luna Park hacinando a miles de adultos mayores. La grieta no cuenta en lo que hace al vaciamiento de la salud.
Con todo, el temor oficial tiene sus motivos. El Frente de Lucha Piquetero viene protagonizando acciones cada vez más masivas, precisamente porque se plantea como un canal para los reclamos populares contra este régimen de hambre. Por eso el gobierno y la burocracia nucleada en torno a la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular, suerte de sindicato de la precarización laboral) anunciaron la creación de un «registro piquetero» para regimentar a las organizaciones de desocupados y barriales. Ello a cambio de nada, porque ni siquiera se concedió la prometida obra social. Este chaleco de fuerza será sometido, de todas maneras, al cuadro que resulte de la lucha de clases.
A ello se suma la situación de la docencia, que en numerosas provincias ha rechazado las ofertas salariales miserables de los gobernadores y la burocracia sindical, y votado nuevas acciones de lucha. Estos conflictos muestran que el pacto social que se busca instaurar tendrá que enfrentar también el hartazgo de los trabajadores, que desde hace años arrastran una pérdida significativa de su poder adquisitivo y no cesan de engrosar las filas de pobreza pesar de contar con sueldos en blanco. La movilización popular en Chubut contra la megaminería o la masividad del 8M son otros indicios del campo de acción que se abre para la izquierda revolucionaria, contra el nacionalismo fondomonetarista que gobierno y la oposición patronal derechista, por una salida de la clase obrera.
Buen domingo.
Iván Hirsch, editor de Prensa Obrera.
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