18 de marzo, con los trabajadores desocupados a Plaza de Mayo

La movilización convocada para mañana, jueves 18, por un extenso abanico de organizaciones piqueteras, se destaca por varias razones. La convocatoria supera las fronteras reivindicativas y políticas -muchas veces confusas- que suelen separar a los diferentes agrupamientos y frentes de lucha. No tiene por destino la secretaría de Acción Social sino Plaza de Mayo, o sea que apunta al poder político. La reivindicación central de la marcha es el aumento del salario mínimo, a cuyo monto se encuentran asociados los planes que perciben los desocupados. La “canasta de pobreza” ha llegado a los 58.000 pesos en febrero, mientras que la línea de indigencia está en los 24.500. El plan “Potenciar Trabajo” no llega a la mitad de ese ingreso –los planes sociales del gobierno “nacional y popular”, por lo tanto, no le aseguran a los desocupados la posibilidad de alimentarse. Sin embargo, exigen “contraprestación”. Más allá de su monto de miseria, los subsidios oficiales apenas llegan a la cuarta parte de la población desocupada, y a una proporción mucho menor de aquellos que se ocupan en changas y empleos parciales. 

 Catástrofe social 

La manifestación tiene lugar en un escenario de catástrofe social y sanitaria. La cuestión es la pandemia y el posicionamiento del capitalismo contra la inmensa mayoría de la sociedad.. El gobierno ha dado por clausurada la etapa de la asistencia social – un subsidio magro – tres pagos de IFE para nueve 9 millones de personas. Hoy, la masa precarizada que ha sido privada de ese sustento enfrenta una “segunda ola” del virus, cuyo ensañamiento se observa en Chile, Paraguay y Brasil. Los funcionarios, mientras tanto, miran hacia “el equilibrio fiscal”, o sea, aumentos de tarifas y servicios completamente injustificados, y congelamientos salariales y jubilatorios que se suman al despojo que han sufrido en los últimos años. La camarilla de los vacunatorios ´estratégicos´ para funcionarios y punteros, se ha mostrado incapaz de asegurar la provisión y distribución de vacunas, pero convocan a alumnos y docentes a una presencialidad que se bate en retirada en todo el mundo. 

 La estatización de las organizaciones sociales 

La defensa de las patronales y de la burocracia estatal viene acompañada de una política de estrangulamiento de sindicatos y organizaciones sociales, por medio de una burocracia servil. El gobierno ha proscripto por segundo año consecutivo las elecciones sindicales en los lugares de trabajo. La misma línea ha adoptado frente a las organizaciones de compañeros sin trabajo desde hace tiempo. Ahora ha dado otro paso al crear el Ratepsb – el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica. Al frente de esta política está el mismo ministro de Trabajo, que impone convenios laborales a la baja. Asistimos a la intención abierta de estatizar a las organizaciones de desocupados, o sea, a proscribir a aquellas que se rebelen contra esta imposición prepotente del Estado. El Movimiento Evita, la CCC y la UTEP ya agarraron viaje con el proyecto, para percibir la correspondiente intermediación. El proyecto habla de “institucionalizar” el reclamo social, es decir sacarlo de la calle sin la menor intención de satisfacer los reclamos más elementales de los compañeros sin trabajo. El oficialismo ha adelantado que el paso siguiente es integrar a las burocracias institucionalizadas en el Consejo del Salario, al lado de sus pares, las burocracias de la CTA y la CGT, para entenderse con las patronales industriales, agrarias y financieras. 

 En este contexto, llamamos a sumar a la convocatoria de mañana, no solamente para apoyar las reivindicaciones de la marcha. También lo hacemos para denunciar la estatización de las organizaciones sociales y lo que es su contrapartida: la proscripción de las organizaciones que, con esta movilización, defienden su independencia política. Los reiterados reconocimientos del ministro Arroyo a las organizaciones “que luchan contra la pobreza en los mismos barrios” toma la única forma concreta posible – la integración al Estado de unas, y la proscripción de las otras. La estatización tiene un contenido social definido, que es el de oficializar la precarización laboral por medio de Unidades Ejecutoras de Producción, convocadas a trabajar en obras públicas barriales a cambio de las remuneraciones de miseria que denunciamos más arriba. Inobjetable para el FMI es este abaratamiento fabuloso del gasto público a expensas de la clase obrera. 

 La lucha reivindicativa por mejoras sustanciales de la situación de los trabajadores desocupados se ha convertido en una lucha política, por la misma lógica de toda lucha de clases. Esto concierne a todo el movimiento obrero, porque la estatización afecta al conjunto de la clase. Queda planteada una agenda estratégica para todos los trabajadores. 

 Desbordar mañana la Plaza de Mayo animará todavía más la lucha contra la presencialidad y la paritaria a la baja de los docentes; la lucha del personal de salud; en fin, del conjunto de las masas. Cambiará la falsa grieta que inventaron los políticos patronales para desviar la atención del pueblo de sus verdaderos intereses, por una grieta real entre explotadores y explotados. 

 Marcelo Ramal 

 17/03/2021