El turno del marxismo liberal

Jorge Altamira acaba de publicar una nota en la que critica el artículo publicado por Gabriel Solano recientemente en Infobae, “La soberanía alimentaria le queda grande al kirchnerismo”. Altamira acusa a Solano por un supuesto desbarranque teórico y político hacia el desarrollismo. El pecado de Solano que llevaría a semejante afirmación consistiría en que el texto de marras señala que la causa del empobrecimiento se originaría en el hecho de que “los alimentos se encuentran dolarizados y los salarios pesificados”.
Esto, según el denunciante, repetiría “las tesis de los desarrollistas hace sesenta años, cuando iniciaron el ciclo de devaluar el peso y poner retenciones a las exportaciones agrarias. Denunciaban el ‘modelo exportador’ porque encarecía lo que llamaban ‘bienes-salario’, es decir, los alimentos y, como consecuencia, los salarios. Era necesario, sostenían, para la industrialización de Argentina, desdoblar el salario local del salario internacional”.
Se trata de un contrasentido. Solano denuncia el golpe a los salarios que representa la devaluación de la moneda (“pesificación” del salario). Altamira equipara a Solano con los promotores de las devaluaciones con retención a las exportaciones.
Según Altamira la pobreza no se origina en el sistema de precios sino en las contradicciones del capital y sobre todo en la crisis capitalista. Pero en una sociedad capitalista una de las formas en que se expresan las crisis es a través de cambios y oscilaciones bruscas y violentas de los precios. Un derrumbe de precios puede ser la forma en que se expresa un crack bursátil, puede llevar a las quiebras de empresas o el ingreso a una depresión. Los oscilaciones en los precios es la forma en que se abre paso tortuosamente la ley de valor y la distribución del trabajo social en el marco de la anarquía capitalista en la que no se establece una asignación previa de recursos.
Pero, agreguemos también que, a través de los cambios de precios, se abre paso, asimismo, la transgresión a la ley del valor, a la que apela el capitalismo para neutralizar su crisis. Asistimos así a la tentativa por parte de la burguesía de superar los límites insalvables de su régimen social. Aunque esta tentativa concluya siendo infructuosa y prisionera de sus contradicciones irreprimibles e insalvables, eso no desmiente el hecho que esto genera tremendas consecuencias económicas para todas las clases sociales y en especial para los trabajadores. La alteración de los precios relativos apelando a medidas despóticas del Estado es moneda corriente y una vía frecuente a través de la cual se producen transferencias de ingresos de la clase obrera y los explotados en favor de la clase capitalista y de una fracción de esta última en detrimento de otra.
El congelamiento de los salarios o su retraso respecto a la inflación es un intento por depreciar el salario y empujarlo por debajo de su valor y de esa forma contrarrestar la declinación de la tasa de beneficio, que está en las raíces del impasse y la bancarrota capitalista que enfrentamos. El hecho de que los salarios y las jubilaciones cubran apenas una parte de la canasta familiar señala que la clase capitalista obtiene no solo beneficios sino superbeneficios para tratar de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. La reducción de los costos laborales y en ese terreno la reforma laboral y jubilatoria han pasado a ser un objetivo estratégico para la burguesía a nivel mundial. Crisis capitalista y oscilaciones bruscas de los precios relativos son dos caras de la misma moneda.
Esto vale también a la hora de los tarifazos, los impuestazos y, agreguemos, las devaluaciones. Es casi un clásico que los grandes planes de ajuste -y eso lo sabemos muy bien en América Latina y en Argentina- arranquen con devaluaciones que van de la mano de otras medidas brutales de austeridad.
Uno de los objetivos de la devaluación es depreciar los costos laborales (“pesificar los salarios”, como dice Solano) en tanto los precios se dolarizan, por lo pronto de aquellos bienes destinados o vinculados con la exportación. Estos ajustazos son una fuente de privaciones y penurias inauditas de las masas y por lo tanto de empobrecimiento (como bien destaca Solano en su nota). Más aun, estos mazazos tienen la capacidad de acelerar la pauperización a una velocidad inusitada.

¿Viva la dolarización?

Frente a cualquier ajuste y devaluación debemos defender el poder adquisitivo de los salarios y reclamar su actualización de acuerdo al costo de vida. Pero ese hecho no nos puede llevar a convalidar la dolarización de los precios internos, como si fuera un hecho irreversible y automático frente al cual hay que encogerse de hombros. ¿Por qué los precios locales tienen que estar alineados con los internacionales? Siempre hemos planteado que los precios internos debían estar determinados por el costo de producción. ¿Acaso no es lo que reclamamos para el precio de los combustibles o de las tarifas de los servicios? Quienes reclaman su dolarización son las empresas del sistema energético. Esa estructura de precios relativos es arbitraria e, incluso, violenta la ley del valor en beneficio de petroleras y privatizadas.
Lo mismo vale para la producción agraria donde la cadena de valor está copada por el gran capital, desde los proveedores de semilla, agroquímicos y demás insumos hasta la grandes cerealeras que comercializan el producto pasando por los pool de siembra y la gran propiedad terrateniente. El precio interno de los alimentos debería reflejar el promedio del tiempo trabajo socialmente necesario para producirlos. Y no el precio internacional.
El precio internacional de los alimentos incorpora la renta agraria, o sea, la determinación de precios por las tierras menos productivos del mercado. Esta determinación genera una ganancia extraordinaria para los propietarios de las tierras más productivas (en este caso, el capital agrario nacional). Para Altamira, denunciar que los salarios devaluados de los trabajadores argentinos “bancan” el pago de esta ganancia extraordinaria sería “pasarse al desarrollismo”.
Para Altamira la estructura de precios relativos viene dada, es inalterable y, por lo tanto, sería inútil e irrelevante forzar su cambio. Sería como luchar contra molinos de viento, una acción quijotesca. El denunciante, bajo esta óptica, probablemente sin advertirlo -al menos eso esperamos-, termina adoptando como propias las premisas del neoliberalismo, que reivindica la liberación de precios y la dolarización de tarifas y de bienes y servicios, que normalmente figuran en las agendas que promueve el FMI y el gran capital. Estamos ante un deslizamiento del “crítico” a una suerte de marxismo liberal.

Cómo se defiende el salario

Una consigna clave, irrenunciable y estratégica, por supuesto, es que el salario cubra la canasta familiar pero esa canasta de bienes y servicios, convengamos, varía según cada país. De modo tal que su traducción en términos de dólares no sería uniforme en el planeta. Señalar esto es una verdad de Perogrullo por lo que nos sentimos eximidos de extendernos en los comentarios. Lo que hay que medir no es el salario nominal sino su poder adquisitivo, o sea, el salario real.
Como ya ha pasado a ser costumbre, estamos en presencia de un bandazo más de Altamira, quien salta de un punto de vista o una tesis a la contraria, borra con el codo lo que escribió con la mano con total desparpajo. Recordemos que en una polémica reciente, el grupo de Altamira denunciaba a Solano y al Partido Obrero por “antiestatista” por despreciar la intervención del Estado y el rol progresivo que está llamado a tener en diferentes escenarios. Su entusiasmo “estatista” llegó al extremo de reivindicar la intervención de las fuerzas armadas en la distribución de alimentos y la acción coercitiva del Estado en ese plano. Hemos dado en su momento una respuesta pormenorizada de nuestros críticos y puesto de relieve la grosera tergiversación que hacen de nuestros planteos y la pérdida de brújula marxista de los suyos.
Sin embargo, ahora, sorpresivamente, con este giro liberal, resulta que el Estado debería declararse impotente para intervenir en la estructura de precios. Estamos ante una resurrección de Von Mises y Milton Friedman y los Chicago boys, que llaman a que el Estado se abstenga de interferir en la actividad privada, y que se debe dar rienda suelta a las leyes de mercado. De todos modos, hay que convenir, que los liberales no van tan lejos como Altamira pues alientan fervientemente el rescate del Estado para auxiliar al capital cuando se encuentra en aprietos o al borde de una quiebra o inclusive, sin llegar a ese extremo, cuando alientan la colocación de aranceles y ajustes en los tipo de cambio en el marco de la guerra comercial y monetaria que se ha exacerbado a niveles brutales. Lejos de rendirse ante una competencia libre, interfieren como nunca en los precios en la lucha descarnada con sus rivales.

Estado obrero y política de precios

Otra mala costumbre de Altamira que viene siendo moneda corriente es que omite las citas y cuando lo hace las mutila. En el artículo con el que polemiza, Solano plantea lo que debería hacer el Estado obrero, cuestión que, sin embargo, es obviada olímpicamente por el denunciante. El planteo desarrollado en el artículo de Solano es integral: “un plan de reorganización social integral, que incluya la nacionalización del comercio exterior, de la gran propiedad agraria y de sus procesos de industrialización”. Es decir un proceso de transformación social anticapitalista, que plantea la expropiación de la propiedad agraria y de la gran industria. En contra de esta posición, históricamente defendida por el Partido Obrero, Altamira se desliza no solo al liberalismo agrario sino al reformismo, al plantear exclusivamente una política referida al aumento de salarios. Los socialistas no solo tenemos un planteo referido al reparto de la riqueza social, sino que planteamos una transformación social que incrementa dicha riqueza. En el caso argentino eso requiere fomentar un proceso de industrialización, algo que la burguesía nacional, nacida en las entrañas de las inversiones imperialistas y de la propia capitalización de la renta agraria en la industria, no ha podido llevar adelante.
Es cierto que la burguesía industrial ha pretendido históricamente capturar y apropiarse de la renta agraria -y como parte de ello ha tratado de darle un fundamento y alcance teórico a sus aspiraciones a través de las tesis acuñadas por Prebisch y el desarrollismo. El mecanismo tradicional es apelar a devaluaciones y retenciones al campo. Es obvio que esto implica una transferencia de ingresos del capital agrario al capital industrial. Tampoco se nos puede escapar que el abaratamiento de los alimentos que sobrevendría como resultado del desdoblamiento de los precios locales de los internacionales constituiría un subsidio a la burguesía industrial y no una mejora de las condiciones de vida de las masas. No habría un cambio en el poder adquisitivo de los salarios.
Hay que decir, sin embargo, que esta transferencia de ingresos en favor de la burguesía industrial siempre fue limitada. Tomando por ejemplo el kirchnerismo, las retenciones no impidieron el desarrollo a fondo de la sojización y las ganancias récord de los sojeros. El gobierno de Perón terminó utilizando el Iapi (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado en 1946 y disuelto en 1955) para subsidiar al agro. Y ninguno de ellos le tocó un pelo a la estructura agraria. Por otro lado, la burguesía nacional fue incapaz de desarrollar una industrialización, inclusive teniendo en su favor esa transferencia de ingresos y los torniquetes contra el salario que aplicaron sin excepción todos los gobiernos pretendidamente “desarrollistas”.
Pero ese hecho no implica que un Estado obrero (que es a lo que hace referencia Solano y que Altamira oculta) deba privarse de utilizar algunos de esos instrumentos que, con los trabajadores en el poder, cambia su contenido social y sus beneficiaros. Estos recursos constituyen una palanca muchas veces necesaria a la que deben apelar los trabajadores para encarar un desarrollo de las fuerzas productivas y una transformación social. Importa señalar que esta transformación incluiría una revolución en el campo, poniendo fin al “modelo sojero”, que va de la mano de los desmontes, la expulsión de la población campesina y la destrucción del ambiente y dando pie a una diversificación de la producción y una explotación racional del suelo. La renta agraria sería apropiada por el Estado a través de la nacionalización del comercio exterior y la expropiación del capital en toda la cadena de valor. Pero en lugar de ser utilizada para el pago de la deuda externa o subsidiar a la clase capitalista, permitiría financiar un plan de industrialización y pone en pie una infraestructura a la altura de las necesidades. Lo mismo puede extenderse a las rentas petroleras y de otros recursos naturales.
Viene al caso sacar a flote los debates en la URSS acerca de la industrialización que enfrentó a la oposición de izquierda con la línea que prevalecía en la dirección del partido bolchevique. El joven Estado soviético debía crear un fondo para la inversión y el mismo solo podría provenir de la apropiación de una parte de los ingresos del campo. Esto fue conocido como la “ley de acumulación socialista”, término acuñado por Preobrazhenski, uno de los principales referentes de la oposición de izquierda liderada por Trotsky. Preobrazhenski descartaba como impracticable el principio de “intercambio equivalentes” y abogaba “por una política de precios dirigida conscientemente hacia la explotación de la economía privada en todas sus formas” (Preobrazhenski, Nueva Economía). En otras palabras, alterar la estructura de precios, cuestión que a Altamira le resulta una quimera. Por supuesto, como bien dice Solano, uno de sus efectos obviamente beneficiosos sería el abaratamiento de los alimentos. Y eso traería aparejado un aumento del salario real. En cambio la receta de Altamira es que los precios internos se alineen con los precios internacionales, o sea, que los alimentos continúen siendo caros e incluso más caros que sus niveles actuales lo que deberían ser compensados con aumentos de salarios equivalentes. El denunciante parece no advertir que si se hiciese caso a sus recomendaciones toda la renta seguiría alimentando al sector agrario, impidiendo que importantes recursos puedan ser redireccionados a la inversión, cuestionando las posibilidades de un desarrollo industrial. Poco serio. Está claro que esto termina en un disparate lo cual no nos debe sorprender pues también ha pasado a ser costumbre la ligereza y la liviandad con las cuales el denunciante viene haciendo sus críticas y aseveraciones.
Esta nueva voltereta, que lo ubica en el campo del marxismo liberal nos habla del despiste político y teórico no de los denunciados sino del denunciante. Pero, ¡atención! esta voltereta no será la última: cada uno de estos giros es exhibido como señal de plasticidad cuando no pasa del rango de una dialéctica trucha.

Pablo Heller