En 15 días, Jujuy pasó de 9 casos aislados por coronavirus a 105, y a confirmar de manera tardía la circulación comunitaria en la provincia.
El brote se inició por el contagio de dos policías de alto rango que participaron del operativo “fronteras seguras” en La Quiaca, junto a funcionarios del gobierno, a principios de junio. Estos oficiales circularon sin restricciones ni cuidados. Cuando fueron detectados, Morales tuvo que decretar el regreso a la fase 1 y, ahora, extenderla hasta el 5 de julio ante la multiplicación de casos.
El 90% de los contagiados son policías, personal de la salud que tuvo contacto con ellos y familiares de estos. Se ha puesto en cuarentena a más de 200 policías y la cifra sigue creciendo. En varios lugares se han producido reclamos y suspensión de actividades por parte de efectivos rasos y la oficialidad, exigiendo testeos masivos. Recién ahora Morales dispuso la realización de testeos rápidos a la totalidad del personal policial y de salud.
Descomposición policial y encubrimiento
Los contagios policiales se habrían producido por el cruce de los dos comisarios a Villazón -Bolivia- para contrabandear doscientos kilos de hojas de coca. Así lo reconoció, tardíamente, el gobierno de Morales, que finalmente presentó una denuncia penal contra ambos policías, luego de encubrirlos durante una semana. La policía jujeña ha quedado en la picota, sumando el reguero de contagios a la represión contra los reclamos del pueblo trabajador y de cometer decenas de atropellos en el marco de la cuarentena.
Para tratar de contener la crisis política, el gobierno anunció un bono para la policía y el personal de salud, con recursos de la provincia (el bono nacional sigue sin aparecer). También anunció el pase a planta, limitado, de un sector de trabajadores en salud. Por otro lado, ha habilitado una línea de créditos con período de gracia y a tasa 0 para pymes y comercios.
También ha reforzado la asistencia alimentaria en comedores barriales, aunque restringido a aquellos manejados por punteros oficialistas. Ahora pedirá que el gobierno nacional siga cubriendo la IFE para los 160 mil jujeños que podrían dejar de cobrarla en julio.
Todo el lastre echado es, de todos modos, absolutamente insuficiente. Esto ha abierto la deliberación del resto de los estatales, que no han recibido aumento alguno durante todo el año, aun cuando el presupuesto 2020 preveía un aumento del 34%. Para colmo, la docencia jujeña fue enviada a retomar el dictado en las aulas sin mínimas condiciones de bioseguridad, de lo cual Morales ha debido retroceder por este brote.
Un sector relegado del PJ, en alianza con una parte del aparato policial, ha intentado terciar, exigiendo la renuncia del ministro de Seguridad. La izquierda, en particular el PTS, observa esta crisis desde una posición conservadora - caracteriza un reforzamiento de la política represiva del gobierno y del aparato policial, cuando la realidad es que el gobierno de Morales está a la defensiva y agota aceleradamente sus recursos políticos y económicos.
Por protocolos y comités obreros y vecinales
Por la red de contactos se activaron protocolos en el ingenio Ledesma, la cooperativa del tabaco de Perico y las minas de El Aguilar y Pirquitas. También en barrios de la capital y del interior. Pero en vez de realizar tests masivos y reforzar el sistema de salud, el gobierno ha reforzado su discurso sobre la responsabilidad individual en los contagios para deslindar responsabilidades.
Es necesario reclamar el testeo masivo y los recursos necesarios para que las familias trabajadoras tengan los recursos necesarios para sobrellevar la cuarentena. Se debe triplicar el presupuesto de salud y colocarlo bajo control de los trabajadores del área. Establecer protocolos en cada lugar de trabajo y en las barriadas a través comités obreros y de trabajadores, electos y revocables, ante los límites insalvables de los comités elegidos a dedo por el gobierno provincial y los intendentes.
Ante esta nueva evidencia de la descomposición de la policía jujeña, es necesario el desmantelamiento de su cúpula y la reorganización de la fuerza colocándola bajo control de las organizaciones obreras y de derechos humanos. La tropa baja debe elaborar y controlar su propio protocolo de bioseguridad.
El gobierno y el estado han quedado expuestos en su incapacidad garantizar la seguridad y la salud de las familias trabajadoras jujeñas. Los trabajadores debemos tomar el asunto en nuestras manos.
Iñaki Aldasoro
30/06/2020
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