Con un sistema impositivo donde los que menos ganan más pagan y los grandes empresarios tienen record en evasión fiscal, los liberales agitan el latiguillo de la asfixia fiscal. Las insinuaciones del Frente de Todos y un plan impositivo a favor de las mayorías.
Cada vez que insinúan algún tipo de modificación impositiva la derecha liberal retoma sus clásicos latiguillos sobre un empresariado asfixiado por el pago de impuestos, así lo expresa un artículo de Infobae, “Presión tributaria extrema, las empresas destinan más que el total de lo que ganan para pagar todos sus impuestos.
En esta ocasión consideran los datos aportados por el Banco Mundial que construye una serie de indicadores, para el caso, “la tasa tributaria total” comparada con las utilidades comerciales. O sea, el total de impuestos netos (una vez descontadas las deducciones impositivas) respecto del total de utilidades o ganancias de las empresas, que según Doing Business, un sitio del Banco Mundial, “las ganancias comerciales son básicamente los beneficios netos antes del devengo de los impuestos y contribuciones”.
En esta estadística Argentina se ubica en los primeros puestos con un 106%, o sea, el total de impuestos netos que pagan las empresas equivaldría a un poco más del total de sus ganancias.
Otros países de la región muestran valores por debajo como es Bolivia (83,7%), Brasil (65,1%), Chile (34%) o los Estados Unidos (43,8%) y los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) registran un promedio de 40,2%.
Con estas comparativas el argumento liberal intenta ubicar al país dentro de un infierno para el capital privado que se ve permanente obligado a financiar a una burocracia de Estado ineficiente en el terreno nacional, provincial y municipal junto con la asistencia social a los más necesitados. ¿Pero esto es realmente así? Veamos.
Un país de oportunidades para los grandes empresarios
En la “tasa tributaria total” que calcula el Banco Mundial para el caso de Argentina tienen un peso significativo las retenciones o impuestos que se aplican a las exportaciones del campo, lo cual se puede corroborar en la baja del 137,6% en 2015 a 106% en 2018. Esto fue el resultado de la reducción de las retenciones a la soja y la eliminación al maíz, el trigo y la minería que implementó el gobierno en 2016.
De esta manera, el indicador ya tiene un sesgo que realza el peso impositivo sobre uno de los sectores exportadores que más ganancias obtiene en un país sujeto a devaluaciones permanentes.
Si analizamos la recaudación impositiva en Argentina respecto de la riqueza anual generada por los trabajadores (PBI) es del 30,3 % y se ubica por debajo de la registrada por los países miembros de la OCDE que en promedio alcanzan un 34,2%.
Este dato no es menor, puesto que la administración Cambiemos hizo todo lo posible por ingresar como miembro de este selecto grupo de países, donde el capital financiero y las multinacionales que dominan al mundo, logran patrones comunes en materia impositiva, de inversiones y laborales, entre otros. Pese a las concesiones al gran capital, Argentina sigue afuera de la OCDE.
Siguiendo las comparaciones, en Argentina el total de impuestos pagados como porcentaje de los ingresos y ganancias de las empresas, es menos de la mitad respecto del promedio de la OCDE, 5,3% y 11,3% respectivamente.
A su vez, el país en materia de impuestos a las corporaciones se ubica en los mismos niveles que el promedio de los países miembros de la OCDE con un 9 % del PBI. Estos datos indican que el gran empresariado de origen local o extranjero más que asfixia, goza de importantes ventajas impositivas.
Volviendo a los datos del Banco Mundial otra estadística que brinda su sitio web es el porcentaje de “impuestos sobre las utilidades” que las empresas pagan en Argentina es del 3,9%, aunque estas cifras efectivas contrastan con la alícuota del 30% fijada por Ley para el impuesto a las ganancias; mientras en el promedio OCDE es de 15% o más aún como en Brasil (22,4%), en Chile (26,2%) o en Estados Unidos (27,9%).
Pero no sólo, las grandes empresas en Argentina pagan apenas monedas en impuestos sobre sus ganancias; si no que son campeones de la evasión impositiva. Según un informe del Tax Justice Network, en 2016 las grandes empresas evadieron en el impuesto a las ganancias nada menos que el equivalente a un 4,4% del PBI, una cifra que supera los 21.000 millones de dólares. Una cifra que hoy equivale a más de catorce veces todo el presupuesto destinado a la asistencia social por parte del Estado nacional que asciende a tan solo 86.385 millones de pesos. Esta actitud de los grandes empresarios, no cuenta dentro de los valores éticos liberales, puesto que la libertad que pregonan admite todo tipo de práctica.
Pagan más los que menos tienen
La contracara de las facilidades a las grandes empresas tiene como resultado un esquema impositivo, a partir del cual, los que menos ingresos reciben más pagan respecto de quienes tienen los mayores ingresos.
Esto se observa en la estructura impositiva Argentina donde el grueso del financiamiento del Estado nacional proviene del IVA (31%), un impuesto con tasas del 21% aplicado a la mayoría de los bienes y servicios que consumen las mayorías; seguido del impuesto a las ganancias (22%) que pagan en proporción cada vez más los trabajadores (“cuarta categoría”) en relación a los empresarios; los aportes a la Seguridad Social (21%), donde los patrones aportan 9 % y los trabajadores 12%; Derechos de exportación (“retenciones”) por 9 %; Combustibles total (3%); y los impuestos que gravan la riqueza, Bienes personales, apenas representan 1% de la recaudación tributaria total, según el informe de la recaudación del mes de agosto del ministerio de Hacienda, siendo que la tendencia se ha mostrado prácticamente inalterada en los últimos años.
Por otra parte, según un reciente trabajo publicado por la Universidad Nacional de San Martín, “Los impuestos a la riqueza en Argentina en perspectiva comparada”, Argentina acompaña las tendencias mundiales donde los países vienen reduciendo sistemáticamente los impuestos a las corporaciones y a los más ricos. Y “concluye que “la situación actual de la imposición a la riqueza en Argentina, va en la línea de lograr que paguen menos los que más tienen… le da muerte lenta al impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y se reduce a su mínima expresión el impuesto a los Bienes Personales, transfiriendo recursos a los superricos.”
Durante el gobierno de Cambiemos se profundizaron las medidas impositivas a favor de los más ricos y las grandes empresas, con la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta este año; la reducción de las alícuotas de bienes personales que las dejaron en apenas 0,25% por bienes declarados que superen en hasta $3 millones el mínimo a partir del cual se declara el impuesto, de 0,50% si los bienes personales superan los $3 millones hasta $18 millones y de 0,75% en adelante.
Pero también los grandes empresarios recibieron una reducción del impuesto a las ganancias a 30% (en 2020 baja a 25%) y con el Consenso Fiscal 2017 en la mayoría de las provincias recibieron fuertes reducciones en las alícuotas de ingresos brutos. Solo el cambio parcial en las retenciones -que venían a la baja- producto de las exigencias del FMI para contar con recursos para pagar la deuda, generó un pequeño contrapunto dentro de una tendencia más general a beneficiar al gran capital y a sus dueños.
Que la crisis la paguen los que la generaron
Los empresarios en Argentina lejos están de una asfixia impositiva como agitan los liberales, pero también de toda amenaza impositiva de un futuro gobierno del Frente de Todos. Su candidato presidencial, Alberto Fernández, insinuó vagas modificaciones en el impuesto a los bienes personales como parte de las necesidades fiscales para pagar la deuda, ya sea bajo un modelo portugués o uruguayo, una forma de presentar más popularmente la cara ingrata del ajuste fiscal que exige el pago de la deuda bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional.
En momentos de crisis económica una salida a favor de las mayorías implica desconocer el acuerdo de ajuste fiscal fijado por el gobierno nacional y los gobernadores con el FMI, y plantearse el no pago de la deuda pública, una deuda que es impagable y exige hacerlo con el hambre del pueblo trabajador como ya muestra el caso de Ecuador.
A la vez, adoptar un curso de este estilo implica pelear por una agenda de prioridades en los salarios, las jubilaciones y planes sociales actualizados según la inflación, la puesta en pie de un plan de obras públicas bajo control de trabajadores, financiado con impuestos progresivos a los más ricos, la anulación definitiva del IVA al conjunto de los bienes y servicios de consumo popular (no solo sólo a los 14 productos alimenticios como dispuso el decreto presidencial 567/19 con fecha de caducidad al 31 de diciembre 2019), la restitución de los aportes patronales previos al recorte de Menem-Cavallo, entre otras medidas que apunten a que la crisis la paguen quienes la generaron, los grandes empresarios, banqueros y terratenientes.
Gastón Remy
Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.
Domingo 13 de octubre | 15:24
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