La publicación de los datos del Indec sobre el mes de septiembre mostró que la inflación fue del 5,9%, una cifra que si bien no sorprendió a nadie no deja de ser enormemente significativa. Más aún, la llamada inflación núcleo (que descuenta las variaciones de precios estacionales o episódicas, por lo que refleja mejor la tendencia) se ubicó por encima con un 6,4%, augurando que el costo de vida seguirá subiendo.
Las proyecciones del FMI dan que el 2019 cerrará con un 57,3% de aumentos de precios, el nivel más alto desde los años siguientes a la hiperinflación que marcó el final del gobierno de Alfonsín y los primeros tiempos del de Menem. Antes de conocerse estos datos del último mes, los salarios del sector privado promediaban una caída del 22% durante el mandato de Macri, con desplomes mayores al 30% en rubros como textiles, calzado o prensa (El Ciudadano, 22/9). Es decir que los trabajadores habrán perdido entre alrededor de un cuarto y un tercio de su poder adquisitivo.
Hay otros dos agravantes de la situación. El dólar contado con liqui superó los $71, y subía también la cotización del blue. Esta continuidad de la devaluación del peso echa leña al fuego del otro aspecto potencialmente explosivo, que es el descongelamiento de las tarifas de servicios y de los precios de los combustibles. En el caso del gas los aumentos fueron pateados para enero de 2020 y las empresas reclaman por un atraso del 66%, mientras que los combustibles pujan por nuevas subas del 20% hacia el fin del congelamiento que rige hasta noviembre. En base a ello, las consultoras prevén una inflación cercana al 40% para el año que viene.
Macri, para excusarse de su rotundo fracaso, declaró que Argentina sería como un alcohólico, que cae recurrentemente en la inflación. Al margen del burdo intento de lavar su responsabilidad, merece la pena señalar lo tramposo de la presentación, porque el descalabro inflacionario no afecta por igual a toda la Argentina, sino que constituye una confiscación de los salarios y los ingresos de las familias trabajadoras, al mismo tiempo que es un salvoconducto para preservar las ganancias de los empresarios –no solo los supermercadistas que remarcan precios, sino también los tarifazos de las privatizadas de servicios que impactan de lleno en la cadena de valor. Una muestra palpable es el derrumbe del consumo, que de enero a septiembre acumula un derrumbe cercano al 10%.
Esa forma de presentar la cuestión de la carestía coincide con una de las cuestiones centrales que subyace al “pacto social” que se encuentra tejiendo Alberto Fernández, ya que el mismo parte de la concepción de que para controlar los precios es necesario poner un tope a las paritarias. En efecto, Matías Kulfas, uno de los asesores económicos de peso en el entorno fernandista, aseguró ante empresarios textiles que la experiencia macrista demostraba que no alcanza con política monetaria, sino que será necesario trabajar en “una primera etapa con expectativas (de inflación) a la baja” en base a las cuales fijar “pautas para gestionar aumentos salariales” (Ámbito Financiero, 17/10).
Pero las remarcaciones de productos, que siguen su curso (hay estimaciones que calculan que en octubre la inflación no bajará del 5%), son la confesión de que el pacto para congelar precios y salarios, caballito de batalla del Frente de Todos, se prepara con un mazazo previo contra los trabajadores. La centralidad que asigna Alberto Fernández a las exportaciones –con el fin de juntar los dólares para pagar la deuda- anticipa nuevas devaluaciones, que agrandarán el golpe. A su vez, el casi presidente electo viene de prometer a la Mesa de Enlace del campo que les otorgará “tres años de estabilidad para que el sector cuente con un escenario de certidumbre fiscal” (ídem), cuando afirma que logrará un superávit fiscal. Si no sube la recaudación, entonces lo que va a crecer es el ajuste del gasto público.
El pacto social se revela cada vez más como la cobertura de una ofensiva contra los trabajadores, sobre la base de maniatar al movimiento obrero. En esa línea se escuchaba ayer en el Coloquio de IDEA, la conferencia empresaria más importante, que los grandes capitalistas acuerdan con ese pacto, pero sobre la base de las reformas laboral, jubilatoria e impositiva. La clase obrera debe tomar nota, porque solo logrará recomponer los salarios y derrotar la embestida patronal si interviene en la situación, con su movilización y reivindicaciones propias. La campaña del Frente de Izquierda-Unidad combina la pelea por ganar a los trabajadores a la acción, rompiendo la tregua con que la burocracia sindical deja pasar los mazazos del fin del macrismo, con un programa de salida a la crisis para que la paguen los capitalistas.
Iván Hirsch
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