Los capitalistas ponen sus condiciones al pacto social de Alberto Fernández
El Coloquio anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) es uno de los mejores termómetros de los planes de los capitalistas que dominan la economía del país. Con la presencia de 1.000 ejecutivos de las compañías que representan a la mayor parte del PBI argentino, en el foro que se realiza en Mar del Plata se pueden apreciar algunos aspectos importantes que los empresarios pondrán sobre la mesa del pacto social, el cual ya es visto con buenos ojos por los hombres de negocios.
Si por un lado es cierto que -como titula Página 12- los tiempos de euforia quedaron atrás, también lo es que, lejos de una hostilidad, todas las expectativas estaban centradas en los voceros del Frente de Todos que fueran a concurrir. En este sentido es para tener en cuenta que los únicos enviados de Alberto Fernández fueron exponentes de la burocracia sindical. “Los convoco a los empresarios y les digo que los trabajadores vamos a aportar”, afirmó Héctor Daer, líder de la CGT (Página 12, 17/10). Cando un periodista preguntó a Antonio Caló qué es lo que aportarían, el burócrata metalúrgico contestó: “La tranquilidad, ¿te parece poco?... Más acompañamiento del que dio el movimiento obrero a este gobierno no lo tuvo nadie… Fuimos los que más colaboramos”; cuando le pidieron más precisión hacia el futuro, agregó que “si hay que reformular algunos convenios atrasados, los vamos a reformular” (A24, 17/10), empatizando con el reclamo de reforma laboral.
Resulta que lo concreto es que los capitalistas están de acuerdo con el pacto social siempre y cuando sea el lugar para “discutir sobre los marcos impositivos, laborales y previsionales”, en palabras del presidente de IDEA, Gastón Remy (La Nación, 17/10). Mientras hablan de la necesidad de generar consensos, la encuesta que una consultora presenta en este foro todos los años refleja que el 47% de los empresarios planea despedir trabajadores en el 2020 mientras que el 0% aumentará su planta significativamente, y que el 49% pronostica una caída en los salarios reales.
Quien mayor concreción dio a estos planteos fue Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre (la empresa de mayor capitalización del país), quien se regocijó de la Ley de Economía del Conocimiento que el gobierno acaba de reglamentar. La norma -una segunda prórroga de la Ley de Software sancionada con Néstor Kirchner- otorga beneficios impositivos por la próxima década a empresas de software, informática, biotecnología, entre otras, que serán exentas de IVA y de Ganancias, y reducirán el “costo laboral” mediante menores contribuciones patronales (desfinanciando las obras sociales y las cajas jubilatorias). Galperín presentó esta combinación de reforma impositiva y laboral como la panacea, porque beneficia más a los que más ganan, por lo cual sería un estímulo si se aplicara a otras ramas de la economía.
La Asociación de Bancos de Argentina, que nuclea a los popes de los bancos extranjeros en el país, difundió un documento en el que insta al nuevo gobierno a trabajar desde el 28 de octubre en la reestructuración de la deuda. El problema, según afirma, no sería de insolvencia ante los altos niveles de endeudamiento, sino el déficit fiscal. A la par de este reclamo abierto por un nuevo ajuste del gasto público, advirtieron a Fernández que para desarmar la bomba de las Leliqs deberá ofrecer otras garantías a la banca, empezando por “resolver el problema de la deuda con el FMI y los bonistas privados”, porque si no “aumenta el precio del dólar y la inflación”, es decir que amenazan con una nueva corrida si no ven aseguradas sus ganancias. De hecho, el CEO de HSBC detalló que los especuladores sacan sus ganancias del país, y que hoy hay “u$s 250.000 millones fuera del sistema financiero, poco más del 50% del PBI” (Infobae, 17/10).
Por último, valga la mención a una voz disonante en el Coloquio, de parte de alguien que no puede ser sospechado de poca benevolencia con los capitalistas, como Dante Sica. El ministro de Producción de Macri criticó la idea del pacto social argumentando que afecta al gobierno porque “hay empresas que están aumentando los precios para hacer un colchón” mientras que otras “están despidiendo o reorganizando” (El Cronista, 18/10). En efecto, así es como se allana el camino del pacto social que patrocina Alberto Fernández, tomado por los empresarios como la oportunidad de avanzar en su ofensiva contra los convenios colectivos y los salarios. La clase obrera tendrá la última palabra.
Iván Hirsch
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