Se trata de la provincia de Entre Ríos. Su gobernador, el peronista Gustavo Bordet, es un defensor de las fumigaciones cerca de las escuelas. Gestiona un esquema productivo que, para satisfacer los intereses de un puñado de capitalistas, se cobra la vida de adultos y niños año a año.
“Se abre una etapa nueva en la Argentina a partir del 27 de octubre y el 10 de diciembre cuando asuma Alberto la presidencia”. La frase la pronunció Gustavo Bordet, luego del debate presidencial del domingo pasado. El gobernador entrerriano se esperanza con un futuro gobierno de los Férnandez. Habla como si ni él ni el resto de los gobernadores peronistas, hubieran tenido algo que ver con esa etapa de la Argentina que quiere dejar atrás. Un período que hundió a casi 16 millones de personas en la pobreza.
Pero la realidad es otra y hay que decirla claramente. Si Macri y sus planes de ajuste ordenados por el FMI pudieron llegar hasta acá, fue porque hubo quiénes se lo permitieron. Muchos de ellos hoy forman parte del Frente de Todos. Ese es el caso de Bordet.
A fines de 2017, el mandatario entrerriano fue uno de los firmantes del Pacto Fiscal, que sirvió de base para votar la reforma jubilatoria. Días más tarde, vía sus legisladores Mayda Cresto y Juan José Bahillo, daba su aval para votar ese saqueo al bolsillo de los jubilados.
Entre Ríos, tierra de agrotóxicos y cáncer
Entre Ríos es una región donde el agropower pisa fuerte. Cruzada por grandes extensiones de tierra, propiedad de terratenientes que hacen lobby con los gobiernos de turno para maximizar sus ganancias. Todo a costa de la salud de la población.
El gobernador, que asumió su cargo en 2015, desde un principio tomó partido. Entre el agropower y la salud de la población, Bordet eligió a los dueños de la tierra.
En los últimos dos años ha sido el garante de una de las actividades más dañinas para la salud del conjunto de la población. Por medio de diversos decretos garantizó que los productores rurales pudieran fumigar cerca de las escuelas en las zonas rurales.
En diciembre de 2018 y en agosto de este año emitió dos decretos destinados a ese objetivo. Los mismos iban en contra de resoluciones judiciales que prohibían las fumigaciones terrestres a menos de 1.000 metros, y las aéreas a menos de 3.000, de todas las escuelas rurales de la provincia.
La norma firmada por Bordet ponía el límite en 100 metros terrestres y 500 aéreos bastaba. Para que más.
Esta decisión gubernamental fue pedida a gritos por las patronales agrupadas en la Mesa de Enlace entrerriana. En ese reclamo tuvieron el apoyo de las fuerzas políticas tradicionales. No hubo “grieta” a la hora de avalar las fumigaciones cerca de las escuelas.
En abril de este año, el presidente Macri visitó la provincia y calificó la decisión judicial como “irresponsable”. Pocos meses después, a fines de julio, el que visitó el territorio entrerriano fue Alberto Fernández, ya convertido en candidato presidencial. Consultado por uno de los fallos judiciales limitando la fumigación, lo definió como "era loable, pero desmedido”. Las patronales locales festejaron.
Lo cierto es que las resoluciones judiciales fueron producto de años de reclamos de organizaciones ambientalistas y vecinos de la zona. Son sectores que vienen denunciando las letales consecuencias de la fumigación con agrotóxicos como el glifosato.
El glifosato contamina el agua, el suelo y mata a adultos y niños. La Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) denunció que el 80 % de las escuelas fueron fumigadas entre 4 y 8 veces por año. Las consecuencias dan escalofríos. Según, un revelamiento del medio Entre Ríos 24, en febrero del 2018, el 55% de los niños y adultos internados en el Hospital Garrahan y el Hospital Italiano por casos de cáncer o malformaciones, son entrerrianos.
Según los datos publicados por el Instituto Provincial del Cáncer (IPC), en 2017, Entre Ríos ocupó el segundo lugar en fallecimientos de hombres por cáncer, con 140 casos cada 100.000 habitantes. La media nacional fue, en ese mismo año, de 118.
La denuncia por la enorme cantidad de casos de cáncer se hace manifiesta en muchas ciudades. Así, en Gualeguaychú donde se registran 717 muertes por año de cáncer, casi tres veces más que la media nacional, ubicada en 260 casos por año. En San Salvador, conocida como la capital nacional del arroz, algunas denuncian hablan de cerca de la mitad de la población padeciendo algún tipo de cáncer.
Antes de ser gobernador, Bordet fue intendente de Concordia entre 2007 y 2015. Durante su gestión surgieron una serie de denuncias que indicaban que la central hidroeléctrica de Salto Grande volcaba PCB -un producto químico altamente contaminante- en el Río Uruguay. Así lo dictaminó un laboratorio de análisis industriales, llamado Cromaquim, luego de que surgieran sospechas por la alta cantidad de casos de cáncer registrados en Concordia.
La denuncia, publicada por varios medios provinciales, fue desmentida por la gestión de la misma represa. Sin embargo, un par de años después se conoció la información de la muerte de, por lo menos, 21 personas producto del cáncer. Esas muertes, ocurridas
2002 y 2008, eran resultado de la contaminación con asbesto y PCB en el lugar de trabajo de los trabajadores.
En ese entonces, los denunciantes llegaron hasta Bordet. ¿Qué hizo el entonces intendente? Nada. O, mejor dicho, eligió estar del lado de las ganancias capitalistas y no defender el derecho a la vida de la población.
Amigos del agropower
La defensa de las ganancias de la patria sojera y el agropower ha sido una marca registrada de Cambiemos. Que su ministro de agricultura sea Luis Miguel Etchevehere, un ex presidente de la Sociedad Rural y terrateniente de Entre Ríos, lo demuestra.
Pero Bordet también ha demostrado ser un defensor a rajatabla de los mismos intereses. En la misma sintonía hay que ubicar a Alberto Fernández. Basta un solo dato, las patronales del campo estuvieron entre los sectores que más festejaron y ganaron con el dólar “razonable” a $ 60.
Celeste Vazquez
Miércoles 16 de octubre | 23:29
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