martes, 31 de octubre de 2017
Ofensiva contras las jubilaciones, los convenios colectivos y tarifazos: la hoja de ruta de Macri
Aunque Macri llamó en su discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK) a que cada sector debe “ceder un poco” para la instrumentación de sus reformas, se pretende que los trabajadores y jubilados carguen enteramente con la mochila del ajuste.
En el terreno jubilatorio, por ejemplo, Macri insistió en que el sistema actual no es sustentable. “El presidente llamó a un debate ‘honesto’ sobre las jubilaciones, el cual, de ser así, debería colocar en el banquillo a los empresarios evasores y al propio Estado, que redujo los aportes patronales y que acaparó los fondos del Anses para pagar deuda y subsidiar a grupos capitalistas. En vez de ello, Macri prevé ‘recalcular’ hacia abajo la movilidad jubilatoria, para despojar a los jubilados de 100.000 millones de pesos. Y luego, aumentar la edad del retiro”, señaló Marcelo Ramal.
La modificación de la Ley de Movilidad que prepara el gobierno para ahorrar esa suma de dinero se inspira en recomendaciones del FMI y la OCDE y ata las jubilaciones a la evolución de la inflación trimestral, eliminando de la fórmula actual el componente de la recaudación.
“Ajustar las jubilaciones por la inflación significa que serán congeladas en su poder adquisitivo actual de miseria”, analizó el legislador porteño electo Gabriel Solano. La jubilación mínima, que abarca a la mayoría de los pasivos, está ahora en $7.246, menos de un tercio de la canasta familiar. El proyecto oficial buscaría aplicar el mismo rasero para la Asignación Universal por Hijo y otras prestaciones sociales, según Clarín (30/10).
Pero Macri volvió también a la carga contra los “activos”, en línea con el plan de reforma laboral “sector por sector” que tiene por modelos las modificaciones en los convenios de petroleros y Atilra y que avanzan en una flexibilización laboral.
Macri llamó a “nuevas formas de contratación”, un eufemismo que refiere a modalidades más precarias de trabajo. En Atilra, por ejemplo, el convenio que se firma en el día de hoy establece un aumento del período de prueba a seis meses.
Y, sobre todo, exigió a las provincias que adhieran a la reforma de la ley de ART, que instituye las comisiones médicas y obliga a los trabajadores a agotar esa instancia antes de cualquier reclamo. Se quejó en este punto del “exceso de litigiosidad laboral”, un planteo totalmente falso dado que la cantidad de accidentes laborales es muy superior a la cantidad de trabajadores que recurren a la justicia.
Macri dirigió también sus dardos contra los trabajadores judiciales, por su régimen de licencias, y cuestionó el aumento de la planta docente en las universidades, soslayando que estas se sostienen sobre la base del trabajo precario y ad honorem de decenas de miles de docentes.
“El previsional y el laboral son los dos rubros clave de las reformas” en marcha, resume un columnista de Clarín (30/10).
Doble vara
Para los capitalistas, en cambio, Macri usó otra vara. Anunció su intención de reducir la carga tributaria. Esto ya se ha traducido en el envío del presupuesto 2018 a la legislatura bonaerense, que contempla una rebaja en la alícuota de Ingresos Brutos. Va en línea con la rebaja de retenciones a las exportaciones de soja y la eliminación de las retenciones en trigo, maíz y girasol.
Clarín completa el plan en marcha: “eliminación de los aportes patronales para los salarios menores a $10.000; la deducción de parte del Impuesto al Cheque de Ganancias; la reducción de la alícuota de este último tributo del 35% a 25% para las empresas que reinviertan sus utilidades”.
“Proyectan bajar el Impuesto a las Ganancias a las empresas mientras perpetúan Ganancias en los salarios”, denunció Néstor Pitrola.
La contracara de los beneficios impositivos al capital son los tarifazos contra la población trabajadora: a razón de cincuenta centavos mensuales habrá un aumento sostenido en el tren y en el colectivo y se contemplan aumentos en la luz y el gas del 35% en diciembre y del 40% en 2018.
Unidos contra los trabajadores
Para ungir este plan procapitalista y rabiosamente antiobrero, Macri se rodeó de los gobernadores (incluyendo a Alicia Kirchner), referentes patronales (Magnetto, Luis Etchevehere de la Sociedad Rural), miembros de la Corte Suprema, y de exponentes de la burocracia sindical (Héctor Daer, Omar Viviani, Carlos Acuña, Antonio Caló, entre otros). Como guiño a estos últimos, Macri dijo que hay “demasiados” gremios, una línea que apunta a la eliminación de los sindicatos con simple inscripción como favor al “unicato”. Es que la burocracia resulta clave para hacer pasar los cambios en materia laboral. En el mismo sentido, pretende asociarla en un proceso de concentración de las obras sociales. El “triunvirato piquetero” protestó frente al CCK pero sólo porque el gobierno no les dio lugar en este contubernio ajustador.
“El discurso de Mauricio Macri en el CCK fue la enunciación de un verdadero plan de guerra contra los trabajadores y jubilados de la Argentina. Aunque fue presentado como una cruzada anticorrupción, el plan consiste en lo opuesto: o sea, en la preservación de los superbeneficios y privilegios del capital financiero, los monopolios energéticos e industriales y la burocracia sindical a expensas de la mayoría trabajadora”, subrayó Ramal.
Rechacemos este ataque. Por una amplia deliberación en los lugares de trabajo y de estudio.
El gobierno prepara un ataque brutal a los jubilados
Reducción de haberes y aumento de la edad jubilatoria
El discurso de Macri y los trascendidos que publica el vocero oficial Clarín muestran que se avecina un ataque brutal a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados
Respecto de la reforma” que el gobierno de Cambiemos pretende implementar e imponernos, hasta ahora solo se hablaba de la extensión de la edad para jubilarse, que se llevaría a 70 años para los hombres y 65 para las mujeres que, de imponerse, constituiría un ataque importante contra los trabajadores. Pero el “paquete” contempla otros ataques a los jubilados actuales y futuros.
Menor actualización
Según Clarín del 29/10, el gobierno se propone modificar la fórmula que ahora se utiliza para el cálculo de la movilidad establecida por la Ley 26.417 y reemplazarla por otra que le permita ahorrar $100.000 millones en el próximo año solamente en el pago de haberes, cumpliendo con lo pedido de rebajar los “gastos sociales” por el FMI y otros organismos financieros (idem Clarín).
El plan del gobierno es actualizar por inflación, lo cual supone que en los haberes miserables que cobra la inmensa mayoría de los jubilados no habrá jamás una mejora en términos reales, es decir en cuanto a la cantidad de bienes que pueden adquirir.
Esto, en el caso más benévolo de que los índices oficiales de inflación reflejan el aumento real de los precios. Caso contrario, las magras jubilaciones actuales tendrán un deterioro progresivo.
Quieren liquidar el Fondo de Garantía
El interventor del Anses, Emilio Basavilbaso, estimó que durante el año 2018, el FGS (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) deberá destinar a la “reparación histórica” la totalidad de la rentabilidad anual y destinar u$s77 millones adicionales (El Destape 2/10). Y agregó que, en el 2019, la “reparación histórica” exigiría una suma equivalente a su$6.039 millones. Como los fondos provenientes del blanqueo destinados a la “reparación” se agotarían entre 2017 y 2018, el FGS debería cubrir esa suma.
La rentabilidad del FGS, los intereses y dividendos que rinden sus inversiones, proporcionarían cerca de u$s 2900 millones. Es decir que, en el 2019, el FGS debería vender activos por u$s 3100 millones (El Destape).
Y al año siguiente el mismo proceso con cifras mayores aún y así sucesivamente, con lo que el FGS sería rápidamente desfinanciado poniendo en peligro la sustentabilidad del sistema y el propio pago en tiempo y forma de los haberes de jubilados y pensionados.
Este proceso de liquidación de activos ya comenzó con la venta de acciones de Petrobras al grupo Mindlin y Lewis (amigos de Macri) y de Solvay Indupa a…Odebrecht. En ambos casos con precios muy inferiores a los de mercado que significaron una pérdida multimillonaria para Anses y un negocio redondo para los adquirentes de esas acciones (ambas operaciones están denunciadas como una estafa en la justicia).
Y el paquete se completa con la intención de modificar el cálculo para determinar el primer haber que cobra el nuevo jubilado y podarlo en 20 puntos, lo que llevaría a que las futuras jubilaciones sean mucho más miserables que las actuales. Y obligarían a los trabajadores a tener que “optar” por continuar trabajando o condenarse a sobrevivir penosamente luego de haber trabajado (y tributado toda la vida).
No pasarán
Este ataque, reclamado por las patronales reunidas en la convención de Idea (y la laboral, educativa, tributaria) cuentan con la complicidad de la burocracia colaboracionista de las centrales sindicales.
El rechazo a esta barbarie tiene que unir a trabajadores en actividad y jubilados en una gran lucha si no queremos ser víctimas de una degradación brutal de nuestras condiciones de vida.
Mario Diamonte
El discurso de Macri y los trascendidos que publica el vocero oficial Clarín muestran que se avecina un ataque brutal a los trabajadores, a los jubilados y a los pensionados
Respecto de la reforma” que el gobierno de Cambiemos pretende implementar e imponernos, hasta ahora solo se hablaba de la extensión de la edad para jubilarse, que se llevaría a 70 años para los hombres y 65 para las mujeres que, de imponerse, constituiría un ataque importante contra los trabajadores. Pero el “paquete” contempla otros ataques a los jubilados actuales y futuros.
Menor actualización
Según Clarín del 29/10, el gobierno se propone modificar la fórmula que ahora se utiliza para el cálculo de la movilidad establecida por la Ley 26.417 y reemplazarla por otra que le permita ahorrar $100.000 millones en el próximo año solamente en el pago de haberes, cumpliendo con lo pedido de rebajar los “gastos sociales” por el FMI y otros organismos financieros (idem Clarín).
El plan del gobierno es actualizar por inflación, lo cual supone que en los haberes miserables que cobra la inmensa mayoría de los jubilados no habrá jamás una mejora en términos reales, es decir en cuanto a la cantidad de bienes que pueden adquirir.
Esto, en el caso más benévolo de que los índices oficiales de inflación reflejan el aumento real de los precios. Caso contrario, las magras jubilaciones actuales tendrán un deterioro progresivo.
Quieren liquidar el Fondo de Garantía
El interventor del Anses, Emilio Basavilbaso, estimó que durante el año 2018, el FGS (Fondo de Garantía y Sustentabilidad) deberá destinar a la “reparación histórica” la totalidad de la rentabilidad anual y destinar u$s77 millones adicionales (El Destape 2/10). Y agregó que, en el 2019, la “reparación histórica” exigiría una suma equivalente a su$6.039 millones. Como los fondos provenientes del blanqueo destinados a la “reparación” se agotarían entre 2017 y 2018, el FGS debería cubrir esa suma.
La rentabilidad del FGS, los intereses y dividendos que rinden sus inversiones, proporcionarían cerca de u$s 2900 millones. Es decir que, en el 2019, el FGS debería vender activos por u$s 3100 millones (El Destape).
Y al año siguiente el mismo proceso con cifras mayores aún y así sucesivamente, con lo que el FGS sería rápidamente desfinanciado poniendo en peligro la sustentabilidad del sistema y el propio pago en tiempo y forma de los haberes de jubilados y pensionados.
Este proceso de liquidación de activos ya comenzó con la venta de acciones de Petrobras al grupo Mindlin y Lewis (amigos de Macri) y de Solvay Indupa a…Odebrecht. En ambos casos con precios muy inferiores a los de mercado que significaron una pérdida multimillonaria para Anses y un negocio redondo para los adquirentes de esas acciones (ambas operaciones están denunciadas como una estafa en la justicia).
Y el paquete se completa con la intención de modificar el cálculo para determinar el primer haber que cobra el nuevo jubilado y podarlo en 20 puntos, lo que llevaría a que las futuras jubilaciones sean mucho más miserables que las actuales. Y obligarían a los trabajadores a tener que “optar” por continuar trabajando o condenarse a sobrevivir penosamente luego de haber trabajado (y tributado toda la vida).
No pasarán
Este ataque, reclamado por las patronales reunidas en la convención de Idea (y la laboral, educativa, tributaria) cuentan con la complicidad de la burocracia colaboracionista de las centrales sindicales.
El rechazo a esta barbarie tiene que unir a trabajadores en actividad y jubilados en una gran lucha si no queremos ser víctimas de una degradación brutal de nuestras condiciones de vida.
Mario Diamonte
La mujer como sujeto empoderado del capitalismo
El manual de la mina copada publicado por Clarin ha generado un sinfín de rechazos. De tan cotidiano, apesta a obviedad un requerimiento que siempre es más sutil: el de amoldarse. La pedantería del tono suena como un llamamiento al orden ¡Formen, mano al frente, fir! Una orden, que como todo lo construido por la comunicación liberal, se disfraza de crema chantillí para manosear nuestro sentido común.
No subestimemos lo que sucede. Clarín es productor y termómetro de discursos hegemónicos. Muestra de ello es el repertorio de Magda Tagtachian, progenitora inmaculada de adiestramientos como El manual de la mina copada, entre otros muchos. Echar un ojo a sus artículos es resumir a modo de rompecabezas el ideario de Self Made Women que sustenta el sueño liberal de una sociedad que cree que la desigualdad es correlativa a la meritocrácia. Que hay pobres porque quieren ser pobres. Que hay ricos portadores de toda la buena onda que necesita un mundo lleno de paz y amor. Que individualmente se puede triunfar si nos esmeramos en aplastar cabezas mientras ascendemos con un manto de luz al cielo. El gran triunfo de este discurso tiene que ver con hacer de la excepción la regla. De esta tela de araña no escapa ni el feminismo, y con esto debemos ser claras. La mujer en su singularidad inmanente, en su todo eterno, en su esencia universal ¡No existe! Las mujeres, como todos los seres humanos, nos debemos a un contexto social, a una historia, a un territorio. No somos reductibles a una fórmula ni para la plenitud, ni para el socialismo, ni para las expectativas de las instituciones (sociales, económicas, políticas, etc.). Y el feminismo, como lo anota Julieta Paredes, no es más ni menos que la lucha y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en cualquier etapa de la historia que se haya rebelado ante el patriarcado que la oprime.
Dada la composición sociohistórica del movimiento de mujeres, es insano instalar "feministómetros". Sin embargo, no todo socialismo es feminista ni todo feminismo es socialista. Tagtachian es completamente coherente con el lugar que ocupa al interpelar a las mujeres. Es firme en hacer parecer a la excepción como un sueño de hadas en el que todas participamos como bailarinas en puntas de pie como en una caja de música. El problema está en darnos cuenta que la muñeca sólo baila cuando abren la caja. En la serie El Cuento De La Criada se torna brutalmente explícita la función de la caja de sonido: la excepcionalidad convenientemente generalizada se desatiende de dar explicaciones sobre fenómenos complejos. En su reduccionismo individualista subyace su eficacia. ¿Eficaz ante qué? El sujeto mujer debe ser disputado, o adiestrado, o mercantilizado, o liberado.
Si Tagtachian se para en el primer caso, María Riot se para en el segundo. En su particular entendimiento del trabajo sexual la caja de música todo el tiempo nos remite a la bailarina girando sobre la punta de su pie. Y no es que María Riot sea menos feminista que ninguna, simplemente aporta coherentemente desde su postura: una mujer con ciertos privilegios de clase decide por cuenta propia (¡!) ingresar al mundo de la prostitución. Viaja a Europa, trabaja en la industria porno y vuelve a modo de Candi a presentarnos, con su experiencia individual de nueva emprendedora, todos los beneficios de la prostitución por elección. Pero, como sabemos, la prostitución es un fenómeno masificado en el que intervienen los poderes más rancios de la sociedad y la compulsión del mercado a insertar a los sectores más vulnerables en los oficios más degradantes: eso explica las corrientes migratorias de mujeres en condiciones de terrible conmoción social (por pobreza o conflicto armado) que se movilizan de país a país. En la República Dominicana la prostitución es el segundo rubro en el PIB y el Gobierno es el gestor de la trata. A Chile llegan contingentes de jóvenes colombianas a riesgo de ser "desaparecidas" por sus contrabandistas. Algo similar ocurre con las prostitutas paraguayas.
Entendamos que las trabajadoras sexuales merecen todas las garantías sociales que debe garantizar un estado de bienestar, pero en esta propuesta falta algo crucial: insertar a las mujeres de la trata, y el cómo reviste las entrañas de una discusión necesaria.
Así, excluir del fenómeno prostibulario la compulsión del mercado capitalista y la conjunción con las demandas del patriarcado genocida, deja a la bailarina girando en un lugar muy estable. La bailarina de María Riot se para en el punto de equilibrio de la mano invisible en condiciones sociales “deseables”; nos propone un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, en el que su ejemplo personal como Self Made Women funciona a la perfección. En la cara te dice el cuerpo de las mujeres es mercancía –obvio, echando mano del verso de la voluntad individual, como quien adjudica a los pobres la pobreza por una cuestión de v o l u n t a d-.
Al respecto, quienes creemos, posta, que es necesario un feminismo para la liberación, debemos empezar a no subestimar el entorno en que nos encontramos. Vivimos en una sociedad capitalista que nos vende el mérito individual para ratificar el desgarramiento de nuestros vínculos comunitarios. Es importante el músculo social que estamos ejercitando. Pero debemos estar atentas, porque de buenas intenciones está empedrado el camino a la total aceptación del sistema capitalista.
No soy copada
No soy mercancía
No soy excepcional: soy en el somos.
Diana Carolina Alfonso
Ningún apoyo al ajuste
Lo que dejaron las elecciones
A pesar de los festejos de la clase dominante, a pesar de la algarabía que quieren instalar el gobierno de los monopolios y las corporaciones periodísticas al servicio del engaño a los trabajadores, la realidad es muy diferente a la que nos quieren mostrar.
Mientras el oficialismo en todas sus formas cacarea una victoria en todo el país, el análisis minucioso del sufragio nos muestra la verdadera cara de las elecciones: el rechazo de la mayoría del pueblo a las políticas del gobierno.
La Alianza Cambiemos obtuvo, a nivel nacional, el 30.68% de los votos respecto del padrón electoral, el 39% de los votos totales. Sólo contando los votos afirmativos, sin tener en cuenta aquellos que SÍ votaron pero lo hicieron en blanco o anularon su voto, llega al 41%, quedando siempre como primera minoría. Respecto del Balotaje de 2015, el macrismo perdió 2.742.248 votos.
La realidad indica
- que el 70% del padrón NO APOYÓ al gobierno
- que de los que sí votaron, el 60% VOTÓ EN CONTRA DEL OFICIALISMO Y EL AJUSTE
- que casi 3 millones de sufragantes que eligieron a Macri para presidente en 2015, dos años después DECIDIERON NO VOLVER VOTARLO
LAS CIFRAS DEJAN BIEN CLARO QUE EL “APLASTANTE” TRIUNFO QUE QUIEREN HACER VER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TAN APEGADOS AL OFICIALISMO EN SU MAYORÍA, NO ES TAL
Más que un apoyo al macrismo, las elecciones parecen demostrar el repudio al ajuste y a las políticas oficiales.
A pesar de ello, el artilugio del instrumento electoral burgués le permite al oficialismo sumar 20 diputados y 9 senadores, consolidándose como primera minoría en el Congreso nacional. Esa “realidad institucional” se contradice con la realidad social y no puede generar otra cosa que tensión y crisis.
Otro dato significativo que surge de la jornada del domingo 22, es la tremenda crisis que vive el peronismo y la debacle del kirchnerismo y de su líder, CFK, que perdió en la provincia de Buenos Aires a manos de un Cambiemos encabezado por el impresentable Esteban Bullrich. Más allá de la fidelidad que aún mantiene el grupo duro del cristinismo, es evidente la ex presidenta recoge más rechazo que adhesiones, y hasta parece difícil que pueda liderar sin cuestionamientos una eventual reunificación del peronismo.
Mientras tanto el FIT, que ha lavado su discurso y sus políticas en función de “quedar bien con el electorado” e intentar así sumar votos, constituyéndose en la pata izquierda del sistema, ha repetido, más o menos, su elección del 2015. No ha retrocedido, pero no pudo crecer. Y en la cámara de diputados seguirá con 4 legisladores, una representación insignificante que no le hace ni cosquillas a los dueños del poder económico.
El sistema burgués es una trampa para los trabajadores, y su sistema electoral es parte de ella. Pero si algo surge de las votaciones, es una aproximación del verdadero apoyo popular hacia las políticas de los gobiernos de turno, aunque eso después se tergiverse con la retórica del engaño y el manejo de las cifras. Por ejemplo, los porcentajes de las listas que se presentan a las elecciones se miden desde los que emiten un voto “positivo” (es decir, se pronuncian por una de las listas que compiten), ignorando olímpicamente no sólo a los que deciden no ir a votar, sino también a los que concurren a las urnas pero votan en blanco o anulan su voto. Las elecciones burguesas constituyen una fachada para engañar a las mayorías asalariadas que es necesario desenmascarar. Lamentablemente, no lo hacen las organizaciones de izquierda que priorizan la lucha electoral por encima de la revolucionaria y se acomodan en el discurso de las organizaciones del sistema: claro, si denunciaran la verdad, su porcentaje de sufragios también descendería dramáticamente.
Los revolucionarios debemos apoyarnos siempre en la realidad y denunciar las mentiras y atropellos de las corporaciones y su sistema, no acomodarnos en él amparados en mezquinos intereses sectarios. Debemos denunciar el engaño del gobierno, que parado en el clima triunfalista surgido de una ficción que ha creado junto con los medios de comunicación, intentará avanzar en la destrucción de los derechos de los trabajadores, y ya está aceitando la maquinaria de un ajuste aún mayor, con nuevos tarifazos, quita de subsidios, flexibilización laboral, destrucción de convenios y suba de la edad jubilatoria. Allí se encontrará con la resistencia real de los asalariados a sus políticas, a pesar del “relato” y de la traición de la podrida burocracia sindical. Y en el horizonte se encuentra una crisis de monumentales dimensiones, bajo la espada de Damocles de un endeudamiento brutal que tendrá consecuencias nefastas para nuestro pueblo.
Nuestra tarea será estar preparados para ello y bregar para organizar a la clase para las luchas que se avecinan.
Gustavo Robles
A pesar de los festejos de la clase dominante, a pesar de la algarabía que quieren instalar el gobierno de los monopolios y las corporaciones periodísticas al servicio del engaño a los trabajadores, la realidad es muy diferente a la que nos quieren mostrar.
Mientras el oficialismo en todas sus formas cacarea una victoria en todo el país, el análisis minucioso del sufragio nos muestra la verdadera cara de las elecciones: el rechazo de la mayoría del pueblo a las políticas del gobierno.
La Alianza Cambiemos obtuvo, a nivel nacional, el 30.68% de los votos respecto del padrón electoral, el 39% de los votos totales. Sólo contando los votos afirmativos, sin tener en cuenta aquellos que SÍ votaron pero lo hicieron en blanco o anularon su voto, llega al 41%, quedando siempre como primera minoría. Respecto del Balotaje de 2015, el macrismo perdió 2.742.248 votos.
La realidad indica
- que el 70% del padrón NO APOYÓ al gobierno
- que de los que sí votaron, el 60% VOTÓ EN CONTRA DEL OFICIALISMO Y EL AJUSTE
- que casi 3 millones de sufragantes que eligieron a Macri para presidente en 2015, dos años después DECIDIERON NO VOLVER VOTARLO
LAS CIFRAS DEJAN BIEN CLARO QUE EL “APLASTANTE” TRIUNFO QUE QUIEREN HACER VER LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TAN APEGADOS AL OFICIALISMO EN SU MAYORÍA, NO ES TAL
Más que un apoyo al macrismo, las elecciones parecen demostrar el repudio al ajuste y a las políticas oficiales.
A pesar de ello, el artilugio del instrumento electoral burgués le permite al oficialismo sumar 20 diputados y 9 senadores, consolidándose como primera minoría en el Congreso nacional. Esa “realidad institucional” se contradice con la realidad social y no puede generar otra cosa que tensión y crisis.
Otro dato significativo que surge de la jornada del domingo 22, es la tremenda crisis que vive el peronismo y la debacle del kirchnerismo y de su líder, CFK, que perdió en la provincia de Buenos Aires a manos de un Cambiemos encabezado por el impresentable Esteban Bullrich. Más allá de la fidelidad que aún mantiene el grupo duro del cristinismo, es evidente la ex presidenta recoge más rechazo que adhesiones, y hasta parece difícil que pueda liderar sin cuestionamientos una eventual reunificación del peronismo.
Mientras tanto el FIT, que ha lavado su discurso y sus políticas en función de “quedar bien con el electorado” e intentar así sumar votos, constituyéndose en la pata izquierda del sistema, ha repetido, más o menos, su elección del 2015. No ha retrocedido, pero no pudo crecer. Y en la cámara de diputados seguirá con 4 legisladores, una representación insignificante que no le hace ni cosquillas a los dueños del poder económico.
El sistema burgués es una trampa para los trabajadores, y su sistema electoral es parte de ella. Pero si algo surge de las votaciones, es una aproximación del verdadero apoyo popular hacia las políticas de los gobiernos de turno, aunque eso después se tergiverse con la retórica del engaño y el manejo de las cifras. Por ejemplo, los porcentajes de las listas que se presentan a las elecciones se miden desde los que emiten un voto “positivo” (es decir, se pronuncian por una de las listas que compiten), ignorando olímpicamente no sólo a los que deciden no ir a votar, sino también a los que concurren a las urnas pero votan en blanco o anulan su voto. Las elecciones burguesas constituyen una fachada para engañar a las mayorías asalariadas que es necesario desenmascarar. Lamentablemente, no lo hacen las organizaciones de izquierda que priorizan la lucha electoral por encima de la revolucionaria y se acomodan en el discurso de las organizaciones del sistema: claro, si denunciaran la verdad, su porcentaje de sufragios también descendería dramáticamente.
Los revolucionarios debemos apoyarnos siempre en la realidad y denunciar las mentiras y atropellos de las corporaciones y su sistema, no acomodarnos en él amparados en mezquinos intereses sectarios. Debemos denunciar el engaño del gobierno, que parado en el clima triunfalista surgido de una ficción que ha creado junto con los medios de comunicación, intentará avanzar en la destrucción de los derechos de los trabajadores, y ya está aceitando la maquinaria de un ajuste aún mayor, con nuevos tarifazos, quita de subsidios, flexibilización laboral, destrucción de convenios y suba de la edad jubilatoria. Allí se encontrará con la resistencia real de los asalariados a sus políticas, a pesar del “relato” y de la traición de la podrida burocracia sindical. Y en el horizonte se encuentra una crisis de monumentales dimensiones, bajo la espada de Damocles de un endeudamiento brutal que tendrá consecuencias nefastas para nuestro pueblo.
Nuestra tarea será estar preparados para ello y bregar para organizar a la clase para las luchas que se avecinan.
Gustavo Robles
La falacia de la deuda como solución de la pobreza
A diferencia de lo que opina el presidente Mauricio Macri, la batalla contra la inflación y la pobreza no se ganan con endeudamiento. La solución pasa por definir de dónde se obtienen los recursos genuinos para hacer frente a los gastos imprescindibles para el desarrollo de un país que no expulse a las mayorías sino que garantice sus derechos.
En la conferencia de prensa del pasado lunes, el presidente Mauricio Macri afirmó: “Mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a tener que seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central de reducir la pobreza. Y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflación, que es lo que más afecta a aquellos que menos tienen. Por lo cual si uno no va a financiar el déficit con inflación (emisión) lo tiene que financiar con deuda. Y es algo que como todos sabemos no podemos hacer eternamente. Por eso es tan importante seguir avanzando con esta reducción gradual del déficit fiscal que es un compromiso que asumimos desde el primer día”.
Lo que Macri omitió decir es que gran parte del déficit fiscal tiene justamente origen en los intereses de deuda. Y este no es un dato nuevo porque durante el gobierno anterior también eran los intereses de deuda los que provocaban gran parte del mismo. Solo hay que mirar los presupuestos de los últimos años para corroborar esta afirmación.
Por lo tanto, plantear que el endeudamiento es la única salida a la reducción del déficit es una falacia.
Para expresarlo en forma sencilla: si los gastos superan los ingresos, esto provoca déficit, ya sea que hablemos de las cuentas de nuestras economías hogareñas o las de un país.
La salida que tomemos para cubrir ese déficit dependerá de en quienes pensemos como los que deben aportar más ingresos genuinos al Estado (impuestos) y qué es lo que privilegiamos en los gastos, cuáles son los que podemos eliminar por considerarlos superfluos.
Si creemos que el recorte debe venir por el lado de los presupuestos en salud, educación, vivienda, previsión social, pensamos en un país donde sobrevivirá el que esté mejor acomodado en la escala social
Si consideramos bajar los impuestos que gravan los ingresos de los sectores con mayor capacidad contributiva, o mantener exenciones impositivas a las especulaciones financieras, beneficios impositivos para los capitales concentrados, estamos pensando en que los ingresos genuinos de un Estado, que son los impuestos, deberán ser reemplazados por endeudamiento.
Como ejemplo, y según detalló un informe del IEF (Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A), “a septiembre, el ritmo de aumento del Gasto sigue superando la evolución de los ingresos de la Administración Nacional llevando el déficit financiero por encima de los 450.000 millones de pesos. De estos, 198.956 millones de pesos tienen que ver con el pago de intereses de la deuda pública. Este monto supera en más de un 30% el total de recursos destinado al gasto de capital”.
Compartimos algunas opiniones que refuerzan con datos y análisis los efectos nocivos del endeudamiento.
Deuda externa: la enfermedad crónica de los países dependientes
“La contracción y emisión de deuda a lo largo de nuestra historia ha significado para nuestra sociedad la pérdida de soberanía política, económica y social. El ritmo vertiginoso de endeudamiento de la actual gestión es insostenible a mediano plazo y es de prever que culminará en una crisis de importantes proporciones que afectará a todo el tejido social dejando un pesado legado para las generaciones futuras” . Por Abraham Leonardo Gak - Director de la publicación digital Voces en el Fénix. (Artículo fue publicado en el número 64 de la Revista).
Entre las causas por las que la Argentina no ha logrado un desarrollo acorde con sus posibilidades, está la deuda externa.
La imposición de comisiones exageradas, la colusión de intereses, el direccionamiento de las decisiones políticas claramente vinculado a intereses económicos y, en definitiva, la hipoteca de bienes de la comunidad, son algunas de las consecuencias que trae aparejada la contracción irresponsable de deuda externa, como lo demuestra nuestra historia pasada reciente.
Estas circunstancias, de por sí graves, tienen un costado aún más peligroso ya que las condicionalidades establecidas por los acreedores, sean privados o públicos, son las verdaderas limitantes del desarrollo económico del país.
La aceptación de la preeminencia en caso de litigio de la jurisdicción extranjera por encima de las normas de nuestro propio sistema legal y la aquiescencia de nuestros gobiernos a las imposiciones que reclaman los acreedores en materia de políticas económicas hacen que el proyecto del país esté dirigido a favorecer a los grandes grupos de poder externos e internos.
Cuando desde la distancia observamos el primer préstamo externo que tomó la Argentina, el famoso empréstito Baring Brothers, y analizamos los descuentos por comisiones, las elevadas tasas de interés y el manejo del saldo del préstamo, podemos visualizar la continuidad de una película en la que, con el correr del tiempo, fueron cambiando sus protagonistas y guionistas, pero que tiene un contenido común.
El desmedido endeudamiento externo ha sido, es y será el cepo que nos encadena a un presente y a un futuro con desigualdad e inequidad social y económica. Cabe aclarar que esto no significa denostar in limine toda deuda externa, ya que esta puede, por un monto limitado y con plazos e intereses razonables, tener como objetivo complementar la inversión basada en el ahorro interno.
La toma de deuda es muchas veces el resultado de la ineficiencia, la corrupción y la deshonestidad de quienes tienen la responsabilidad ocasional de gestionar el gobierno. De tal modo, a medida que aumentan las dificultades para el financiamiento, se recurre a iniciativas de política económica con el fin de disimular un déficit que fue, incluso, motivado por dicha deuda. Aquí entran en juego, por supuesto, diversos intereses financieros.
El camino para terminar con la dependencia del crédito externo para cubrir el déficit es establecer un rígido control de cambio, cortar de cuajo la libertad irrestricta en la compra y venta de divisas, la regulación de la fuga de capitales y limitar los ingresos volátiles que aprovechan las diferencias de tasas entre las locales y las internacionales.
Para hacer efectiva esta política, es imprescindible desarrollar un mercado interno generado por una demanda sostenida por una mejora importante en los ingresos de amplios sectores de la sociedad consumidora.
También requiere de cambios estructurales en cuanto a las posibilidades de financiamiento por parte del Estado argentino. Se ha demostrado ya con creces que el sector exportador de productos primarios no produce suficientes ingresos para atender las exigencias del comercio internacional, lo que contribuye –y mucho– con la tendencia al déficit estatal. La visión neoliberal ortodoxa propone cubrir ese déficit con nueva deuda y, además, con una reducción drástica del gasto público, lo que termina afectando el crecimiento económico con equidad.
Asimismo es imprescindible la modificación de base de la estructura productiva argentina, que ponga el énfasis en un sector industrial capaz de generar verdadero valor agregado y sea parte fundamental de nuestras exportaciones. Sólo así será posible pensar en una economía con ahorro interno, alta inversión y, por lo tanto, un Estado capaz de recurrir ocasionalmente al endeudamiento como impulso y no a modo de ancla tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo social.
También será necesario que toda toma futura de deuda prevea un retorno que compense los costos y la devolución de los créditos.
La contracción y emisión de deuda a lo largo de nuestra historia ha significado para nuestra sociedad la pérdida de soberanía política, económica y social. El ritmo vertiginoso de endeudamiento de la actual gestión es insostenible a mediano plazo y es de prever que culminará en una crisis de importantes proporciones que afectará a todo el tejido social dejando un pesado legado para las generaciones futuras.
Cuadro de situación de la deuda pública
En su último trabajo publicado, el Licenciado Héctor Giuliano puntualiza sobre cuál es la situación del endeudamiento público. Una deuda que aumentó alrededor de 100.000 millones de dólares durante la gestión del kirchnerismo (a pesar de haberse abonado casi 200 mil millones durante los 12 años de gobierno) pasando de 151.000 millones de dólares a mediados de 2003 a 254.000 millones de dólares cuando Cristina Fernández finalizó su segundo mandato. Y una gestión del actual gobierno de Cambiemos que la incrementó a marzo pasado a 298.000 millones de dólares, previendo cerrar este año y el que viene alrededor de 85.000 millones de dólares más.
Este es el detalle de Giuliano respecto al cuadro de situación de la deuda pública:
Según la última información oficial disponible del Ministerio de Finanzas el saldo de la Deuda Pública al 31 de marzo pasado es de 298.000 millones de dólares.
Ésta es sólo la deuda en cabeza del Estado Central, es decir, que no figuran aquí las deudas de Provincias, Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios ni Juicios contra el Estado con Sentencia en Firme.
Ello significa que la actual administración – como todas las anteriores – mantiene en secreto los montos totales de la Deuda Pública Nacional y no presenta demostración alguna de la capacidad de repago sobre dichas deudas, que siguen creciendo en forma extraordinaria.
La administración Macri heredó del Kirchnerismo un stock de Deuda de 254.000 MD. Esta deuda – pese al discurso del des-endeudamiento K - venía de haberla incrementado en unos 100.000 MD durante sus 12 años de gestión dado que la había recibido en 151.000 MD a mediados del 2003.
El nuevo gobierno Macri aumentó la Deuda en unos 35.000 MD en el 2016, tiene previsto por Presupuesto un aumento adicional de la misma en más de 38.000 MD este año 2017 y propone para el Ejercicio 2018 otro aumento ulterior de unos 47.000 MD más (46.400): un total de 120.000 MD de nueva deuda en 3 años (más de la que tomó el Kirchnerismo durante su larga década de gestión).
La estructura de la Deuda Macri empeora hoy no sólo el quantum de las obligaciones (los casi 300.000 MD del último stock) sino también su composición, debido a la proporción creciente de Deuda Externa sobre Deuda Total (más del 35 %), las mayores tasas de interés (del orden de un 6-7 % anual), la menor vida promedio (7.2 años) y el monto rápida y fuertemente creciente de los intereses a pagar).
Conforme al Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 enviado al Congreso, el año que viene le caen al gobierno central vencimientos de capital por 66.600 MD y – siguiendo la regla histórica general – la totalidad de ese importe (hasta el último centavo) no se amortiza en forma neta sino que se cancela cubriendo dichas deudas con nuevas deudas, colocando en total nuevas obligaciones por valor de 113.000 MD, o sea, con el aumento adicional citado de los 46.400 MD durante el próximo ejercicio.
Esto significa que el Ministro de Finanzas Caputo estará firmando emisiones de Deuda del Estado el año que viene a un promedio de 6.000 M$ por día.
Pero mientras estos vencimientos de capital se refinancian íntegramente, los intereses correspondientes – en cambio - se pagan y son parte del Gasto Público Corriente; y para el año 2018 esos pagos están previstos en 406.000 M$ (equivalentes a 21.000 MD).
Son un promedio diario de 1.100 M$ por día, el equivalente de financiar un hospital público pero que se destinan a cubrir servicios de la deuda financiera del Estado.
Con el agravante que no todo este importe de intereses se paga sino que un 30 % de los mismos no se puede pagar y se capitaliza entonces por anatocismo, que es el interés devengado y no pagado que se transforma en capital y devenga nuevos intereses.
Por eso el anatocismo es el sinónimo de la Usura dado que cuando un deudor – como la Argentina de hoy – no devuelve un centavo de capital ni puede abonar la totalidad de los intereses de la Deuda, ello quiere decir que ese deudor – el gobierno Macri – se encuentra en una crisis de Deuda en estado crítico.
Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 los Intereses son el principal rubro neto del Gasto Público: 28 de cada 100 $ que gasta la Administración Central – casi una tercera parte – se destinan al pago de estos servicios y, como dijimos, no todos se abonan. Ergo, los Intereses son el principal rubro del Gasto del Estado y, consecuentemente, el principal factor determinante del Déficit Fiscal.
Está previsto que se gaste más en Intereses de la Deuda (406.000 M$) que en Educación (163.000 M$), que en Ciencia/Tecnología (19.000 M$), que en Salud (57.000 M$), que en Defensa (117.000 M$) y que en Seguridad (121.000 M$).
La Inversión Pública –de 210.000 M$- es la mitad de lo que se paga de Intereses y la relación entre los vencimientos de Capital de la Deuda y el pago de Intereses totales es de 3 a 1.
Y la única respuesta de la administración Macri frente a este macro-problema de la deuda es seguir tomando más Deuda.
Sin esta Política institucional de Gobernar con Deuda la administración Macri perdería automáticamente tanto su estabilidad financiera como su estabilidad política.
Todos los medios y la prensa del establishment, el oficialismo macrista, gran parte de la partidocracia del Sistema y la mayoría de los sectores empresariales privados y sus opinólogos viven lamentándose del alto Gasto Público Argentino y del consiguiente Déficit Fiscal que el mismo genera para el Estado pero todos soslayan mencionar siquiera que el principal rubro de ese gasto oficial y la causa de ese Déficit que denostan es la Deuda Pública y sus Intereses.
Ante la gravedad de la situación, los acreedores del Estado –fundamentalmente los acreedores externos – le estén exigiendo a la administración Macri una serie de reformas estructurales que les garanticen que el país va a poder seguir pagando los intereses de la Deuda Pública y, simultáneamente, tomando más endeudamiento.
Fabiana Arencibia
Red Eco Alternativo
En la conferencia de prensa del pasado lunes, el presidente Mauricio Macri afirmó: “Mientras la Argentina tenga déficit fiscal como tiene, va a tener que seguir teniendo que tomar deuda porque tenemos un compromiso central de reducir la pobreza. Y el primer camino para reducir la pobreza es bajar la inflación, que es lo que más afecta a aquellos que menos tienen. Por lo cual si uno no va a financiar el déficit con inflación (emisión) lo tiene que financiar con deuda. Y es algo que como todos sabemos no podemos hacer eternamente. Por eso es tan importante seguir avanzando con esta reducción gradual del déficit fiscal que es un compromiso que asumimos desde el primer día”.
Lo que Macri omitió decir es que gran parte del déficit fiscal tiene justamente origen en los intereses de deuda. Y este no es un dato nuevo porque durante el gobierno anterior también eran los intereses de deuda los que provocaban gran parte del mismo. Solo hay que mirar los presupuestos de los últimos años para corroborar esta afirmación.
Por lo tanto, plantear que el endeudamiento es la única salida a la reducción del déficit es una falacia.
Para expresarlo en forma sencilla: si los gastos superan los ingresos, esto provoca déficit, ya sea que hablemos de las cuentas de nuestras economías hogareñas o las de un país.
La salida que tomemos para cubrir ese déficit dependerá de en quienes pensemos como los que deben aportar más ingresos genuinos al Estado (impuestos) y qué es lo que privilegiamos en los gastos, cuáles son los que podemos eliminar por considerarlos superfluos.
Si creemos que el recorte debe venir por el lado de los presupuestos en salud, educación, vivienda, previsión social, pensamos en un país donde sobrevivirá el que esté mejor acomodado en la escala social
Si consideramos bajar los impuestos que gravan los ingresos de los sectores con mayor capacidad contributiva, o mantener exenciones impositivas a las especulaciones financieras, beneficios impositivos para los capitales concentrados, estamos pensando en que los ingresos genuinos de un Estado, que son los impuestos, deberán ser reemplazados por endeudamiento.
Como ejemplo, y según detalló un informe del IEF (Instituto de Estudios y Formación de la CTA-A), “a septiembre, el ritmo de aumento del Gasto sigue superando la evolución de los ingresos de la Administración Nacional llevando el déficit financiero por encima de los 450.000 millones de pesos. De estos, 198.956 millones de pesos tienen que ver con el pago de intereses de la deuda pública. Este monto supera en más de un 30% el total de recursos destinado al gasto de capital”.
Compartimos algunas opiniones que refuerzan con datos y análisis los efectos nocivos del endeudamiento.
Deuda externa: la enfermedad crónica de los países dependientes
“La contracción y emisión de deuda a lo largo de nuestra historia ha significado para nuestra sociedad la pérdida de soberanía política, económica y social. El ritmo vertiginoso de endeudamiento de la actual gestión es insostenible a mediano plazo y es de prever que culminará en una crisis de importantes proporciones que afectará a todo el tejido social dejando un pesado legado para las generaciones futuras” . Por Abraham Leonardo Gak - Director de la publicación digital Voces en el Fénix. (Artículo fue publicado en el número 64 de la Revista).
Entre las causas por las que la Argentina no ha logrado un desarrollo acorde con sus posibilidades, está la deuda externa.
La imposición de comisiones exageradas, la colusión de intereses, el direccionamiento de las decisiones políticas claramente vinculado a intereses económicos y, en definitiva, la hipoteca de bienes de la comunidad, son algunas de las consecuencias que trae aparejada la contracción irresponsable de deuda externa, como lo demuestra nuestra historia pasada reciente.
Estas circunstancias, de por sí graves, tienen un costado aún más peligroso ya que las condicionalidades establecidas por los acreedores, sean privados o públicos, son las verdaderas limitantes del desarrollo económico del país.
La aceptación de la preeminencia en caso de litigio de la jurisdicción extranjera por encima de las normas de nuestro propio sistema legal y la aquiescencia de nuestros gobiernos a las imposiciones que reclaman los acreedores en materia de políticas económicas hacen que el proyecto del país esté dirigido a favorecer a los grandes grupos de poder externos e internos.
Cuando desde la distancia observamos el primer préstamo externo que tomó la Argentina, el famoso empréstito Baring Brothers, y analizamos los descuentos por comisiones, las elevadas tasas de interés y el manejo del saldo del préstamo, podemos visualizar la continuidad de una película en la que, con el correr del tiempo, fueron cambiando sus protagonistas y guionistas, pero que tiene un contenido común.
El desmedido endeudamiento externo ha sido, es y será el cepo que nos encadena a un presente y a un futuro con desigualdad e inequidad social y económica. Cabe aclarar que esto no significa denostar in limine toda deuda externa, ya que esta puede, por un monto limitado y con plazos e intereses razonables, tener como objetivo complementar la inversión basada en el ahorro interno.
La toma de deuda es muchas veces el resultado de la ineficiencia, la corrupción y la deshonestidad de quienes tienen la responsabilidad ocasional de gestionar el gobierno. De tal modo, a medida que aumentan las dificultades para el financiamiento, se recurre a iniciativas de política económica con el fin de disimular un déficit que fue, incluso, motivado por dicha deuda. Aquí entran en juego, por supuesto, diversos intereses financieros.
El camino para terminar con la dependencia del crédito externo para cubrir el déficit es establecer un rígido control de cambio, cortar de cuajo la libertad irrestricta en la compra y venta de divisas, la regulación de la fuga de capitales y limitar los ingresos volátiles que aprovechan las diferencias de tasas entre las locales y las internacionales.
Para hacer efectiva esta política, es imprescindible desarrollar un mercado interno generado por una demanda sostenida por una mejora importante en los ingresos de amplios sectores de la sociedad consumidora.
También requiere de cambios estructurales en cuanto a las posibilidades de financiamiento por parte del Estado argentino. Se ha demostrado ya con creces que el sector exportador de productos primarios no produce suficientes ingresos para atender las exigencias del comercio internacional, lo que contribuye –y mucho– con la tendencia al déficit estatal. La visión neoliberal ortodoxa propone cubrir ese déficit con nueva deuda y, además, con una reducción drástica del gasto público, lo que termina afectando el crecimiento económico con equidad.
Asimismo es imprescindible la modificación de base de la estructura productiva argentina, que ponga el énfasis en un sector industrial capaz de generar verdadero valor agregado y sea parte fundamental de nuestras exportaciones. Sólo así será posible pensar en una economía con ahorro interno, alta inversión y, por lo tanto, un Estado capaz de recurrir ocasionalmente al endeudamiento como impulso y no a modo de ancla tanto para el crecimiento económico como para el desarrollo social.
También será necesario que toda toma futura de deuda prevea un retorno que compense los costos y la devolución de los créditos.
La contracción y emisión de deuda a lo largo de nuestra historia ha significado para nuestra sociedad la pérdida de soberanía política, económica y social. El ritmo vertiginoso de endeudamiento de la actual gestión es insostenible a mediano plazo y es de prever que culminará en una crisis de importantes proporciones que afectará a todo el tejido social dejando un pesado legado para las generaciones futuras.
Cuadro de situación de la deuda pública
En su último trabajo publicado, el Licenciado Héctor Giuliano puntualiza sobre cuál es la situación del endeudamiento público. Una deuda que aumentó alrededor de 100.000 millones de dólares durante la gestión del kirchnerismo (a pesar de haberse abonado casi 200 mil millones durante los 12 años de gobierno) pasando de 151.000 millones de dólares a mediados de 2003 a 254.000 millones de dólares cuando Cristina Fernández finalizó su segundo mandato. Y una gestión del actual gobierno de Cambiemos que la incrementó a marzo pasado a 298.000 millones de dólares, previendo cerrar este año y el que viene alrededor de 85.000 millones de dólares más.
Este es el detalle de Giuliano respecto al cuadro de situación de la deuda pública:
Según la última información oficial disponible del Ministerio de Finanzas el saldo de la Deuda Pública al 31 de marzo pasado es de 298.000 millones de dólares.
Ésta es sólo la deuda en cabeza del Estado Central, es decir, que no figuran aquí las deudas de Provincias, Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios ni Juicios contra el Estado con Sentencia en Firme.
Ello significa que la actual administración – como todas las anteriores – mantiene en secreto los montos totales de la Deuda Pública Nacional y no presenta demostración alguna de la capacidad de repago sobre dichas deudas, que siguen creciendo en forma extraordinaria.
La administración Macri heredó del Kirchnerismo un stock de Deuda de 254.000 MD. Esta deuda – pese al discurso del des-endeudamiento K - venía de haberla incrementado en unos 100.000 MD durante sus 12 años de gestión dado que la había recibido en 151.000 MD a mediados del 2003.
El nuevo gobierno Macri aumentó la Deuda en unos 35.000 MD en el 2016, tiene previsto por Presupuesto un aumento adicional de la misma en más de 38.000 MD este año 2017 y propone para el Ejercicio 2018 otro aumento ulterior de unos 47.000 MD más (46.400): un total de 120.000 MD de nueva deuda en 3 años (más de la que tomó el Kirchnerismo durante su larga década de gestión).
La estructura de la Deuda Macri empeora hoy no sólo el quantum de las obligaciones (los casi 300.000 MD del último stock) sino también su composición, debido a la proporción creciente de Deuda Externa sobre Deuda Total (más del 35 %), las mayores tasas de interés (del orden de un 6-7 % anual), la menor vida promedio (7.2 años) y el monto rápida y fuertemente creciente de los intereses a pagar).
Conforme al Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 enviado al Congreso, el año que viene le caen al gobierno central vencimientos de capital por 66.600 MD y – siguiendo la regla histórica general – la totalidad de ese importe (hasta el último centavo) no se amortiza en forma neta sino que se cancela cubriendo dichas deudas con nuevas deudas, colocando en total nuevas obligaciones por valor de 113.000 MD, o sea, con el aumento adicional citado de los 46.400 MD durante el próximo ejercicio.
Esto significa que el Ministro de Finanzas Caputo estará firmando emisiones de Deuda del Estado el año que viene a un promedio de 6.000 M$ por día.
Pero mientras estos vencimientos de capital se refinancian íntegramente, los intereses correspondientes – en cambio - se pagan y son parte del Gasto Público Corriente; y para el año 2018 esos pagos están previstos en 406.000 M$ (equivalentes a 21.000 MD).
Son un promedio diario de 1.100 M$ por día, el equivalente de financiar un hospital público pero que se destinan a cubrir servicios de la deuda financiera del Estado.
Con el agravante que no todo este importe de intereses se paga sino que un 30 % de los mismos no se puede pagar y se capitaliza entonces por anatocismo, que es el interés devengado y no pagado que se transforma en capital y devenga nuevos intereses.
Por eso el anatocismo es el sinónimo de la Usura dado que cuando un deudor – como la Argentina de hoy – no devuelve un centavo de capital ni puede abonar la totalidad de los intereses de la Deuda, ello quiere decir que ese deudor – el gobierno Macri – se encuentra en una crisis de Deuda en estado crítico.
Según el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 los Intereses son el principal rubro neto del Gasto Público: 28 de cada 100 $ que gasta la Administración Central – casi una tercera parte – se destinan al pago de estos servicios y, como dijimos, no todos se abonan. Ergo, los Intereses son el principal rubro del Gasto del Estado y, consecuentemente, el principal factor determinante del Déficit Fiscal.
Está previsto que se gaste más en Intereses de la Deuda (406.000 M$) que en Educación (163.000 M$), que en Ciencia/Tecnología (19.000 M$), que en Salud (57.000 M$), que en Defensa (117.000 M$) y que en Seguridad (121.000 M$).
La Inversión Pública –de 210.000 M$- es la mitad de lo que se paga de Intereses y la relación entre los vencimientos de Capital de la Deuda y el pago de Intereses totales es de 3 a 1.
Y la única respuesta de la administración Macri frente a este macro-problema de la deuda es seguir tomando más Deuda.
Sin esta Política institucional de Gobernar con Deuda la administración Macri perdería automáticamente tanto su estabilidad financiera como su estabilidad política.
Todos los medios y la prensa del establishment, el oficialismo macrista, gran parte de la partidocracia del Sistema y la mayoría de los sectores empresariales privados y sus opinólogos viven lamentándose del alto Gasto Público Argentino y del consiguiente Déficit Fiscal que el mismo genera para el Estado pero todos soslayan mencionar siquiera que el principal rubro de ese gasto oficial y la causa de ese Déficit que denostan es la Deuda Pública y sus Intereses.
Ante la gravedad de la situación, los acreedores del Estado –fundamentalmente los acreedores externos – le estén exigiendo a la administración Macri una serie de reformas estructurales que les garanticen que el país va a poder seguir pagando los intereses de la Deuda Pública y, simultáneamente, tomando más endeudamiento.
Fabiana Arencibia
Red Eco Alternativo
lunes, 30 de octubre de 2017
Patricia Bullrich y un protocolo contra los putos, las tortas, las travas y los trans
Mediante una falsa “inclusión”, la ministra de Seguridad estableció una serie de pautas orientadas al “respeto de la identidad de género” para cuando una persona LGTBI es reprimida o detenida.
En el día de hoy, el Ministerio de Seguridad aprobó el denominado "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T" que se aplicará para todas las fuerzas represivas.
La Resolución 1149-E/2017, que fue publicada en el Boletín Oficial de este lunes con la firma de Patricia Bullrich. El mismo texto también aprueba el modelo sugerido de "Acta de Detención y Notificación de Derechos" y las "Pautas Mínimas de Actuación para Registros Personales y Detención en la Vía Pública de Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T”.
De este proyecto fue pionera la ex ministra Nilda Garré obligó a las fuerzas armadas a hacer un “curso de inclusión”. La medida adoptada por la cartera de Seguridad en el año 2011, a partir de la Resolución número 1181/2011, con fecha del 25 de noviembre, es "para respetar la identidad de género adoptada por personas travestis, transexuales y transgénero" y la ministra Nilda Garré instruyó en ese aspecto a las fuerzas policiales y de seguridad federales.
Razzias
Las personas LGTBI son perseguidas históricamente. En nuestro país hasta el 2012 existían códigos contravencionales y de faltas que contenían artículos que habilitaban detenciones por identidad de género, orientación sexual o prácticas sexuales no normativas. Éstos expresamente sancionaban el “homosexualismo” o el “travestismo”, entre ellos los códigos de las provincias de Formosa, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego.
Diana Sacayán fue detenida injustamente en el 2004. “Cuando la defensora de derechos humanos y activista argentina Diana Sacayán fue insultada y atacada en un bar en el año 2013, buscó ayuda de dos agentes de gendarmería que estaban cerca. Según lo alegado, los agentes hablaron con el agresor, le permitieron irse y después le dijeron a ella “mejor empieza a correr” y que después la habrían golpeado con un garrote. Cuando llegó a la estación local de la policía para presentar una denuncia, el jefe policial de guardia se habría negado a recibir su denuncia y la llevó a un hospital cercano, donde se verificó que sufrió fracturas de nariz y pómulo”, relata un informe de 2015 de la CIDH.
Lohana Berkins no se ha cansado de denunciar a la policía. A Michelle Mendoza la policía del PS en Santa Fe, le incendió la casa dos veces, el caso de Celeste, una travesti tucumana que fue violada por 7 efectivos que hoy gozan de libertad mientras ella estuvo en un psiquiátrico quedando sus agresores impunes Este año, en el mes de enero en el barrio porteño de constitución hubo una razzia que dejó el saldo de 44 travestis detenidas. Desde estas páginas hemos tomado el caso de Higui de Jesús y todavía se sigue peleando por su absolución.
El caso de Higui, refleja que el poder judicial amparado por los Gobiernos patronales, no pueden ofrecernos una solución frente a la escalada de violencia machista que sufren las mujeres. Cada 18 horas una mujer es asesinada por ser mujer. Higui estuvo presa por ser lesbiana, mujer y pobre, pero también por haberse defendido y sobrevivir.
En el texto relata que "la persona detenida será alojada según el género autopercibido, en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad u otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno del binomio masculino/femenino". Acaso esto se aplicó cuando el mes pasado fue injustamente detenida Mariana, la esposa de Rocío Garat. Primero la trataron como un pibe y después de las burlas llamaron a un personal femenino. Se puede decir que sí, finalmente se aplicó pero aun así fue golpeada y detenida. Para eso sirve el protocolo, para violentar.¿Hasta cuándo vamos a tener que aguantar este cinismo? No se trata de una manzana podrida, se trata de toda la institución.
Flagancia
En el protocolo también esta la figura penal utilizada en al caso de Santiago Maldonado. La ley de flagrancia 27.272, aprobada por el Congreso Nacional el 7 de septiembre último, entró en vigor desde el pasado 1ero de diciembre en todo el país. La norma prevé que las personas detenidas “in fraganti”, tanto al intentar cometer un delito o inmediatamente después, y con las pruebas de haberlo cometido. Algunos de los delitos que contempla la Ley son hurto simple, resistencia a la autoridad, violencia de género, tentativa de femicidio, tentativa de violación, entre otros.
Así es como se intenta darle más poder a las fuerzas represivas del Estado. Las fuerzas policiales tienen entonces la potestad de decidir que es o no delito. Sin ir más lejos, en la Provincia de Bs As donde la justicia penal ya aplica la figura de flagrancia, el 90 % de las causas que se están juzgando vienen por causas armadas por la policía, la mayor parte por esta figura, proceso que no tiene mayor objetivo de aumentar los mecanismos de control social sobre el pueblo pobre y trabajador, cubriendo de legalidad las detenciones arbitrarias.
Este tipo de modus operandi no es sorprendente ya que la población de travestis es históricamente perseguida, así es como una encuesta realizada por Lohana Berkins Lohana Berkins entre 600 travestis del conourbano, arrojó que el 83,3% reconoció haber sufridos abusos por parte de la policía, un 82,7 fue detenida ilegalmente alguna vez, un 57,9 fue golpeada por personal policial y la mitad de las encuestadas fue violada. No es menor recordar que es la figura que se aplicó para el caso de Santiago Maldonado.
La figura de la ministra de Seguridad, es duramente cuestionada por eso este 1º de Noviembre se volverá a sentir un #FueraBullrich . Una ministra que no reniegua de sus tradicionales campañas reaccionarias contra trabajadores, movimientos sociales y pueblos originarios y que incluso negó que en la muerte del joven estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad obviando que fue una desaparición forzada.
La igualdad ante la ley no es la Igualdad ante la vida
La sanción de las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género y la derogación de artículos que penalizaban la homosexualidad y a las personas trans y travestis permitieron que 10 mil personas pudieran acceder a su identidad registral y miles de parejas pudieran casarse.
Este protocolo incluso se basa en los “Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”, en 2007. En los Principios de Yogyakarta se buscó destilar el estado actual de la legislación internacional que ahora ya se aplica a las personas discriminadas por su orientación sexual e identidad de género en la forma de veintinueve principios que cruzan por una gama de derechos, entre ellos, los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. Estos Principios definieron por primera vez en la legislación internacional el término de “orientación sexual” y el de “identidad de género”.
Sin embargo, en este caso este principio va a estar mencionado en un documento que avala que los acosos, detenciones y torturas policiales a las travestis haciendo uso de los códigos contravencionales sigan siendo moneda corriente.
Por eso es necesario dejar en claro que la igualdad material nunca será subsanada con este tipo de legislación, donde se sigue estigmatizando a las personas LGTBI. Muchas de las cuales ya tienen que enfrentarse a situaciones de calle desde la adolescencia por la discriminación de su familia, en las escuelas o los lugares de trabajo.
Furia
Este protocolo fue publicado a 18 días de la Marcha del Orgullo. En la misma tenemos que salir a pelear contra esto, los códigos contravencionales, exigir justicia por Santiago Maldonado, la libertad de Milagro Sala, y el cese de la persecución y discriminación a la población LGTBI.
La persecución de las fuerzas represivas hacia la comunidad LGBTI no es nueva, tiene décadas de historia. Se mantuvo durante el kirchnerismo, y el macrismo que hace gala de la política de “inclusión” con eventos dedicados a los empresarios del turismo gay-friendly, la profundizó como parte de controlar a los sectores que más se verán afectados por su plan de ajuste y reformas al servicio de las grandes empresas. Por eso es necesario organizarse y movilizarse de forma independiente del gobierno de Cambiemos y todos aquellas variantes políticas que le vienen dando gobernabilidad hace dos años votándole la gran mayoría de las leyes en el Congreso.
El Gobierno de Mauricio Macri, con su jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta intenta mostrar este tipo de lesgislación como una avance. Una falsa “inclusiòn” que se basa en un “respeto” frente a un atropello de las libertades democráticas. legitimando la persecución que la comunidad sufre históricamente en manos de las fuerzas represivas.
La independencia política y la organización en las calles junto a la clase trabajadora, abre el camino para conquistar una verdera libertad sexual. Porque “no queremos que nos persigan, queremos que nos deseen”
Tomás Máscolo
@PibeTiger
Lanata recargado: otro ataque a la comunidad mapuche y la familia de Santiago
En su programa del domingo aseguró que en la comarca andina “hay una zona liberada por la insurgencia mapuche” y cuestionó el reclamo de la familia Maldonado y la “supuesta autoridad moral de las víctimas”.
Mientras un cronista de La Izquierda Diario permanecía en el retén policial a la altura de la Estancia Leleque, en el brutal operativo del 18 de septiembre, un niño mapuche se le acerca.
Señor, ¿usted es de los medios buenos? ¿O de esos que dicen cualquier cosa?
¿Como cuáles?
Como el facho de Lanata.
El cronista no pudo evitar la risa ni la aprobación.
Pero hay cosas que no dejan de sorprender. En su programa del domingo 29 de octubre, Jorge Lanata mostró cómo la derecha es capaz de envalentonarse nada más que con un buen resultado electoral.
Entre otros temas, Periodismo Para Todos volvió a cargar contra las comunidades mapuches que no están muy convencidas de querer vivir bajo las reglas de terratenientes como Benetton o Lewis, de la ministra Bullrich Luro Pueyrredón y los comandantes de Gendarmería.
En la semana en que se cumplen tres meses de la desaparición -y posterior muerte- de Santiago Maldonado, Lanata dedicó un programa a atacar a las víctimas. Para eso, elaboró dos teorías ridículas: por un lado, la existencia de un territorio mapuche liberado en la comarca andina de Chubut. Por otro, el estigma de la “autoridad moral de las víctimas”, lo que le permitiría a la familia Maldonado sostener sus hipótesis sólo porque sufrieron una pérdida. “El dolor no transforma a los Maldonado en jueces”, lanzó sin pudor. “Hay mucha gente que por muchos años usó los cadáveres de los demás para hacer política”, dijo después.
Este último tema merece una nota aparte, porque terminó elaborando un ataque en regla contra los organismos de derechos humanos.
Dos canalladas.
Para eso, aprovechó el abultado presupuesto que seguramente le otorga el Grupo Clarín -pauta oficial mediante- para enviar un equipo de “periodistas” que realizaron un informe sobre “la RAM”. La trama consistía en relacionar cualquier reclamo mapuche que superara lo que terratenientes y empresarios están dispuestos a ceder -un lote y algunas ovejas- con un proceso de “insurgencia mapuche”.
No nos cabe a nosotros decir qué existencia tiene hoy la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). De lo que queremos hablar es del operativo mediático para estigmatizar y convertir en victimarios a las comunidades mapuches que reclaman derechos territoriales al Estado y los terratenientes, contexto en el que desapareció Santiago.
Pocas ideas, mucha campaña
“La situación cambió, y mucho. Ya no hay la tranquilidad que había. Hay muchos actos de violencia, generados por este grupo”. Uno imagina que se va a referir al grupo de Noceti, Escola, Echazú y compañía, y la violenta represión que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Pero no. La dueña de una pequeña empresa se refiere a una serie de supuestos atentado que habían recibido sus instalaciones de parte de “la RAM”.
“Una de las víctimas de la RAM”, dice el videograph. Según su relato, acompañado por música de suspenso, el Poder Judicial no habría podido avanzar en la investigación (casualmente por “falta de pruebas”). “Que nadie haga nada es feo”.
Luego fue el turno de dos intendentes de excelente relación con los terratenientes extranjeros de la zona y los escuadrones de Gendarmería. El de El Bolsón, Bruno Pogliano (Somos Río Negro) denunció “hechos de violencia y desestabilización” por parte de los jóvenes mapuches, pero también "del kirchnerismo y la izquierda", en una ciudad que cuenta con escuadrones de Gendarmería, Ejército y Policía.
El de El Maitén, Oscar Currilén (FpV) no habla de Santiago, pero se refiere a la Pu Lof como “el campamento de la RAM en la estancia de Benetton”. Se sabe que Carlo Benetton es prácticamente un “ciudadano ilustre” de El Maitén y los escuadrones de Gendarmería del interior suelen alojarse en el gimnasio municipal de esa localidad. Será por eso que el informe de PPT muestra el pabellón argentino de guerra cerca de la Municipalidad. Currilén fue uno de los que pidió “liberar las rutas” a pocos días de la desaparición de Santiago y en la entrevista se jacta de detener a “vecinos” que estaban organizándose para ir en caravana hacia las comunidades para “hacer justicia por mano propia”. Sonó a advertencia.
El otro “invitado” fue el fiscal Carlos Díaz Meyer, quien contó el episodio en que integrantes de la comunidad de Vuelta del Río pidieron que los policías que acudieron por un atentado a la comunidad realicen el trámite sin armas. Díaz Meyer se siente con las manos atadas ante el accionar de “estos grupos operativos”.
Finalmente, sería el turno de otros sectores de la comunidad, que dicen compartir el reclamo pero no la modalidad “de la RAM”.
Cualquier desprevenido que miraba el programa, se encontraba ante un desfile de gente supuestamente aterrorizada, atormentada, oprimida, por una organización de alcances impresionantes. “El poder de la RAM en la Patagonia”, asegura la periodista, es capaz de pasar de Chile a Argentina “sin dejar rastros”. Quizá porque siempre vivieron allí, quizá porque desconocen la frontera estatal.
La periodista que relataba el informe iba creando, a esta altura, un clima tal que cuando uno la ve subir a un helicóptero “para recorrer la Pu Lof porque por tierra no nos han dejado”, uno temía por su vida. Podía ser víctima de un misil tierra-aire, quizás. O de las boleadoras con que los jóvenes mapuches se defienden de los ataques represivos, pero en boca de los gendarmes parecen armas de última generación y un poder de destrucción incalculable.
Pero finalmente, no pasa nada. Tampoco en el informe. La periodista gasta miles de pesos en un informe sin valor periodístico alguno, salvo terminar de dar forma a la teoría de “zona liberada”. Ésa es la teoría que retoma Lanata en su reflexión final: en Cushamen hay una zona liberada, como había en los 70; hasta ahí llega la jurisdicción de la justicia; se podría llamar Ministerio de Justicia de la Nación, con excepción de Cushamen.
Si no fuera trágico, sería gracioso.
Una “alta fuente” asegura que el “periodista” Claudio Andrade se atragantó con su cena al sentirse tan superado en su disciplina preferida.
Corriendo por derecha a Noceti y el comandante Escola
Al final del informe, uno se queda con varias certezas.
La primera, que la borrachera electoral quizá afecte las escasas capacidades periodísticas de los periodistas del Grupo Benetton. Perdón, del Grupo Clarín. Al punto de exigir una “radicalización” del poder autoritario del Estado. “Se nos está pidiendo todo el tiempo que creamos en los cambios. Esto destruye cualquier mística. Hay enemigos mucho peores. Estos son un grupo minoritario. Si no pueden con estos, con quién van a poder”. Lanata apela con fervor a la mística de Roca.
La segunda, que el “modus operandi” es calcado del utilizado por Gendarmería pocos días después de la represión y desaparición del 1° de agosto. Como consta en el expediente, por eso días baja una resolución interna de la cúpula de Gendarmería que ordena a todos los miembros de la fuerza a cambiar la palabra “mapuches” por “RAM”. ¿Habrá una resolución interna del comandante Lanata al respecto?
La tercera, la terrible tergiversación de los hechos. Lo cierto es que si hay algo que ha hecho la justicia provincial y federal es criminalizar cada reclamo de las comunidades mapuches (así como antes lo había hecho con el movimiento anti-minería). El juez Colabelli llegó al extremo de querer juzgar algunos de los reclamos aplicando la Ley Antiterrorista. Fue tan brutal que el propio juez Guido Otranto – el mismo que ordenó el despeje de la ruta 40 que terminó en la desaparición de Santiago – le dijo “es mucho colega”. El fiscal Díaz Meyer es directamente un activista antimapuche y racista, con rango judicial. Fue uno de los que encabezó la represión del 10 y 11 de enero, que terminó con jóvenes mapuches con balazos en la cara y la cara fracturada. E incluso reconoció que en esos días presenció sesiones de torturas a Ivana Huenelaf en la comisaría de El Maitén. Además es autor de la “teoría del puestero” junto al funcionario Gonzalo Cané.
Lo cierto es que la justicia de la zona, que ha avalado la apropiación de tierras por un puñado de terratenientes, ha criminalizado cada uno de los reclamos comunitarios con causas como usurpación, abigeato, artículo 194, resistencia a la autoridad y cuanta figura del Código Penal se les ocurriera. Si cabe alguna duda, recordemos el 1° de agosto de 2017.
La cuarta, la brutal operación de que en la comarca andina – la zona que comprende el noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro – hay una “zona liberada” a la “insurgencia mapuche”. Distinto sería reconocer el surgimiento de reclamos territoriales de comunidades originarias, que afectan intereses de algunos amigos del poder. Pero la afirmación de Lanata es una ridiculez digna del Libro Guinnes. Explicarlo sería darle algún crédito. Basta con recordar que allí están parte de las 900 mil hectáreas del Grupo Benetton, los escuadrones 35, 36 y 37 de Gendarmería, las comisarías que tienen en su fachada el logo de la Compañía de Tierras del Sud, los cuarteles fundados por el ejército del genocida Roca.
En todo caso, es una tierra liberada para los terratenientes y los que saquean el país. Una tierra liberada por los responsables de la desaparición y muerte de Santiago.
Lucho Aguilar
Mientras un cronista de La Izquierda Diario permanecía en el retén policial a la altura de la Estancia Leleque, en el brutal operativo del 18 de septiembre, un niño mapuche se le acerca.
Señor, ¿usted es de los medios buenos? ¿O de esos que dicen cualquier cosa?
¿Como cuáles?
Como el facho de Lanata.
El cronista no pudo evitar la risa ni la aprobación.
Pero hay cosas que no dejan de sorprender. En su programa del domingo 29 de octubre, Jorge Lanata mostró cómo la derecha es capaz de envalentonarse nada más que con un buen resultado electoral.
Entre otros temas, Periodismo Para Todos volvió a cargar contra las comunidades mapuches que no están muy convencidas de querer vivir bajo las reglas de terratenientes como Benetton o Lewis, de la ministra Bullrich Luro Pueyrredón y los comandantes de Gendarmería.
En la semana en que se cumplen tres meses de la desaparición -y posterior muerte- de Santiago Maldonado, Lanata dedicó un programa a atacar a las víctimas. Para eso, elaboró dos teorías ridículas: por un lado, la existencia de un territorio mapuche liberado en la comarca andina de Chubut. Por otro, el estigma de la “autoridad moral de las víctimas”, lo que le permitiría a la familia Maldonado sostener sus hipótesis sólo porque sufrieron una pérdida. “El dolor no transforma a los Maldonado en jueces”, lanzó sin pudor. “Hay mucha gente que por muchos años usó los cadáveres de los demás para hacer política”, dijo después.
Este último tema merece una nota aparte, porque terminó elaborando un ataque en regla contra los organismos de derechos humanos.
Dos canalladas.
Para eso, aprovechó el abultado presupuesto que seguramente le otorga el Grupo Clarín -pauta oficial mediante- para enviar un equipo de “periodistas” que realizaron un informe sobre “la RAM”. La trama consistía en relacionar cualquier reclamo mapuche que superara lo que terratenientes y empresarios están dispuestos a ceder -un lote y algunas ovejas- con un proceso de “insurgencia mapuche”.
No nos cabe a nosotros decir qué existencia tiene hoy la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). De lo que queremos hablar es del operativo mediático para estigmatizar y convertir en victimarios a las comunidades mapuches que reclaman derechos territoriales al Estado y los terratenientes, contexto en el que desapareció Santiago.
Pocas ideas, mucha campaña
“La situación cambió, y mucho. Ya no hay la tranquilidad que había. Hay muchos actos de violencia, generados por este grupo”. Uno imagina que se va a referir al grupo de Noceti, Escola, Echazú y compañía, y la violenta represión que terminó con la desaparición y muerte de Santiago. Pero no. La dueña de una pequeña empresa se refiere a una serie de supuestos atentado que habían recibido sus instalaciones de parte de “la RAM”.
“Una de las víctimas de la RAM”, dice el videograph. Según su relato, acompañado por música de suspenso, el Poder Judicial no habría podido avanzar en la investigación (casualmente por “falta de pruebas”). “Que nadie haga nada es feo”.
Luego fue el turno de dos intendentes de excelente relación con los terratenientes extranjeros de la zona y los escuadrones de Gendarmería. El de El Bolsón, Bruno Pogliano (Somos Río Negro) denunció “hechos de violencia y desestabilización” por parte de los jóvenes mapuches, pero también "del kirchnerismo y la izquierda", en una ciudad que cuenta con escuadrones de Gendarmería, Ejército y Policía.
El de El Maitén, Oscar Currilén (FpV) no habla de Santiago, pero se refiere a la Pu Lof como “el campamento de la RAM en la estancia de Benetton”. Se sabe que Carlo Benetton es prácticamente un “ciudadano ilustre” de El Maitén y los escuadrones de Gendarmería del interior suelen alojarse en el gimnasio municipal de esa localidad. Será por eso que el informe de PPT muestra el pabellón argentino de guerra cerca de la Municipalidad. Currilén fue uno de los que pidió “liberar las rutas” a pocos días de la desaparición de Santiago y en la entrevista se jacta de detener a “vecinos” que estaban organizándose para ir en caravana hacia las comunidades para “hacer justicia por mano propia”. Sonó a advertencia.
El otro “invitado” fue el fiscal Carlos Díaz Meyer, quien contó el episodio en que integrantes de la comunidad de Vuelta del Río pidieron que los policías que acudieron por un atentado a la comunidad realicen el trámite sin armas. Díaz Meyer se siente con las manos atadas ante el accionar de “estos grupos operativos”.
Finalmente, sería el turno de otros sectores de la comunidad, que dicen compartir el reclamo pero no la modalidad “de la RAM”.
Cualquier desprevenido que miraba el programa, se encontraba ante un desfile de gente supuestamente aterrorizada, atormentada, oprimida, por una organización de alcances impresionantes. “El poder de la RAM en la Patagonia”, asegura la periodista, es capaz de pasar de Chile a Argentina “sin dejar rastros”. Quizá porque siempre vivieron allí, quizá porque desconocen la frontera estatal.
La periodista que relataba el informe iba creando, a esta altura, un clima tal que cuando uno la ve subir a un helicóptero “para recorrer la Pu Lof porque por tierra no nos han dejado”, uno temía por su vida. Podía ser víctima de un misil tierra-aire, quizás. O de las boleadoras con que los jóvenes mapuches se defienden de los ataques represivos, pero en boca de los gendarmes parecen armas de última generación y un poder de destrucción incalculable.
Pero finalmente, no pasa nada. Tampoco en el informe. La periodista gasta miles de pesos en un informe sin valor periodístico alguno, salvo terminar de dar forma a la teoría de “zona liberada”. Ésa es la teoría que retoma Lanata en su reflexión final: en Cushamen hay una zona liberada, como había en los 70; hasta ahí llega la jurisdicción de la justicia; se podría llamar Ministerio de Justicia de la Nación, con excepción de Cushamen.
Si no fuera trágico, sería gracioso.
Una “alta fuente” asegura que el “periodista” Claudio Andrade se atragantó con su cena al sentirse tan superado en su disciplina preferida.
Corriendo por derecha a Noceti y el comandante Escola
Al final del informe, uno se queda con varias certezas.
La primera, que la borrachera electoral quizá afecte las escasas capacidades periodísticas de los periodistas del Grupo Benetton. Perdón, del Grupo Clarín. Al punto de exigir una “radicalización” del poder autoritario del Estado. “Se nos está pidiendo todo el tiempo que creamos en los cambios. Esto destruye cualquier mística. Hay enemigos mucho peores. Estos son un grupo minoritario. Si no pueden con estos, con quién van a poder”. Lanata apela con fervor a la mística de Roca.
La segunda, que el “modus operandi” es calcado del utilizado por Gendarmería pocos días después de la represión y desaparición del 1° de agosto. Como consta en el expediente, por eso días baja una resolución interna de la cúpula de Gendarmería que ordena a todos los miembros de la fuerza a cambiar la palabra “mapuches” por “RAM”. ¿Habrá una resolución interna del comandante Lanata al respecto?
La tercera, la terrible tergiversación de los hechos. Lo cierto es que si hay algo que ha hecho la justicia provincial y federal es criminalizar cada reclamo de las comunidades mapuches (así como antes lo había hecho con el movimiento anti-minería). El juez Colabelli llegó al extremo de querer juzgar algunos de los reclamos aplicando la Ley Antiterrorista. Fue tan brutal que el propio juez Guido Otranto – el mismo que ordenó el despeje de la ruta 40 que terminó en la desaparición de Santiago – le dijo “es mucho colega”. El fiscal Díaz Meyer es directamente un activista antimapuche y racista, con rango judicial. Fue uno de los que encabezó la represión del 10 y 11 de enero, que terminó con jóvenes mapuches con balazos en la cara y la cara fracturada. E incluso reconoció que en esos días presenció sesiones de torturas a Ivana Huenelaf en la comisaría de El Maitén. Además es autor de la “teoría del puestero” junto al funcionario Gonzalo Cané.
Lo cierto es que la justicia de la zona, que ha avalado la apropiación de tierras por un puñado de terratenientes, ha criminalizado cada uno de los reclamos comunitarios con causas como usurpación, abigeato, artículo 194, resistencia a la autoridad y cuanta figura del Código Penal se les ocurriera. Si cabe alguna duda, recordemos el 1° de agosto de 2017.
La cuarta, la brutal operación de que en la comarca andina – la zona que comprende el noroeste de Chubut y el suroeste de Río Negro – hay una “zona liberada” a la “insurgencia mapuche”. Distinto sería reconocer el surgimiento de reclamos territoriales de comunidades originarias, que afectan intereses de algunos amigos del poder. Pero la afirmación de Lanata es una ridiculez digna del Libro Guinnes. Explicarlo sería darle algún crédito. Basta con recordar que allí están parte de las 900 mil hectáreas del Grupo Benetton, los escuadrones 35, 36 y 37 de Gendarmería, las comisarías que tienen en su fachada el logo de la Compañía de Tierras del Sud, los cuarteles fundados por el ejército del genocida Roca.
En todo caso, es una tierra liberada para los terratenientes y los que saquean el país. Una tierra liberada por los responsables de la desaparición y muerte de Santiago.
Lucho Aguilar
Caso Maldonado: rastrillajes y pozos, muchas más dudas que certezas
A la espera de las conclusiones de los peritos, vale repasar algunos elementos sobre los rastrillajes que se han realizando en estos meses.
El mediodía del 17 de octubre, día del hallazgo del cuerpo de Santiago en el Río Chubut, fue un momento difícil. Sobre todo para la familia Maldonado, su abogada, los integrantes de organismos de derechos humanos y la comunidad mapuche que los acompañaban.
La sensación de todos ellos, que se repitió en los días siguientes, fue de sorpresa y dolor. No podían creer, siguen sin creer, que el cuerpo fuera hallado allí después de 79 días de desaparición forzada y búsqueda.
Por eso, a la espera de las conclusiones de los peritos, vale repasar algunos elementos sobre los rastrillajes que se fueron planteando en estos meses.
¿La zona donde apareció el cuerpo ya había sido rastrillada?
Sí. Al menos en el operativo del 18 de septiembre el lugar había sido revisado por tierra (con efectivos y canes especiales) y por agua con buzos. En total, según el extenso informe firmado por los comisarios Rodolfo Gutiérrez y Néstor Duarte, trabajaron en esa jornada 80 efectivos de la Prefectura Naval Argentina, con sus cuerpos especiales, gomones y un helicóptero Dolphin. Y según consta en el informe oficial ante el juez Otranto esos 80 efectivos eran: 2 oficiales superiores (Mostafa y Ruata), 14 oficiales subalternos, 39 suboficiales y 25 marineros.
Según el informe “los buzos hicieron un rastrillaje del río en el sector de territorio ocupado por la comunidad mapuche que comprende una extensión de 5,6 km”. Previamente, la dirección del operativo dividió la zona en 7 sectores, en base a mapas satelitales. El sector donde finalmente fue hallado Santiago era el denominado “Sector 4”, y fue parte del rastrillaje subacuático.
El mismo diario La Nación realizó una infografía comparando los sectores rastrillados el 18 de septiembre y el 17 de octubre.
El mismo funcionario de Patricia Bullrich, Gonzalo Cané, había hecho un balance inequívoco del operativo: “Fue un procedimiento que duró cerca de 12 horas, el allanamiento más grande la historia argentina. 380 efectivos, más de 40 móviles, 2 helicópteros, 4 camiones de comunicaciones de Policía Federal, telefonia satelital, intervinieron todos los cuerpos especiales de la Policía Federal, una dotación considerable de albatros de Prefectura. Hicieron un rastrillaje muy profundo del río Chubut, en la sección que corresponde al Lof. A partir de este rastrillaje se pudo establecer que es un río bastante correntoso, a pesar de lo que se venía diciendo, que tiene muchas ollas, muchos desniveles, muchas piedra, mucha rama. Se hizo un trabajo muy, muy grande. En el rastrillaje del río no se encontraron rastros de Santiago, se que restos humanos dió negativo en la zona”.
El balance de Cané, realizado al día siguiente del megaoperativo ratifica un interrogante: ¿cómo es posible que en el mayor allanamiento de la historia argentina no se haya encontrado un cuerpo, que según afirman quienes estuvieron presentes el día del hallazgo se veía con solo pararse a la vera del río?
¿Qué pasó con los rastrillajes anteriores?
Un primer rastrillaje se realizó el día 5 de agosto, donde participaron también perros y buzos de Prefectura, que fue dirigido por el oficial principal Juan Carlos Mussin, desde el punto donde se vio por última vez a Santiago, avanzando 400 metros al sur.
El segundo se realizó el 16 de agosto, e incluyó 15 kilómetros río abajo, por decisión de los jefes del operativo.
El tercero el 7 de septiembre, y llegó hasta la zona conocida como “La Potrada”, la primera zona donde realmente hay pozos profundos en todo ese territorio. Le siguió otro rastrillaje de 17 kilómetros el 12 de septiembre, otro de 19 kilómetros el día siguiente, el 15 se continuó una distancia de 15 kilómetros, el 18 de septiembre fue el operativo y violento allanamiento. Según Ruata, y el dato es importante, “se hizo en el lugar donde se desarrolló la primera jornada, y se cubrió 1.000 metros aguas arriba con respecto al punto dado, y hasta el puesto ‘El quemado’, ubicado 12 km abajo del punto de partida. O sea, volvió a cubrir el espacio rastrillado el 5 y 16 de agosto, empezando mil metros arriba.
El lugar donde fue encontrado Santiago un mes después está claramente ubicado en el espacio rastrillado el 18 de septiembre. Con dos jóvenes mapuches detenidos, dos mujeres de la comunidad, y algunos animales domésticos que viven en el lugar. Todos apuntados por el grupo GEOF. O sea, sin nadie que pudiera “truncar la investigación”.
Todas estas conclusiones están volcadas en un informe del Prefecto Principal Ruata ante el juez Guillermo Lleral, el 4 de octubre. Allí aclara que “las tareas de búsqueda se desarrollaron en general con buena visibilidad”, “a profundidades que varían entre los 0,30 y los 2 metros de profundidad”, aunque luego aclara que es el caso de “los pozones ubicados en algunas curvas del río, que nunca superan los 2 metros de profundidad”. El primer, recordemos, está en la zona de “El Quemado”, 12 kilómetros debajo de donde apareció el cuerpo.
En el informe, como es lógico, recomienda “hacer un repaso completo por todas las zonas”.
¿La comunidad mapuche quería impedir el rastrillaje en la zona donde finalmente fue hallado Santiago?
Falso. El Poder Judicial, el Gobierno y el diario Clarín difundieron la teoría de “las tierras y aguas sagradas”, que había impedido la búsqueda de Santiago. Lo cierto que el 5 de agosto el cuerpo de rescate especializado de Prefectura (Bariloche), cuando la comunidad logró las mínimas garantías, realizó un rastrillaje que comenzó en la zona donde había sido visto por última vez Santiago y se extendió río abajo, como indica la lógica.
Incluso al final del operativo, hay un diálogo registrado en video entre la comunidad y los buzos. Tras el agradecimiento de un joven mapuche, el jefe del equipo le responde “no, gracias a ustedes, por la amabilidad de dejarnos trabajar”.
Sin embargo, según el informe redactado por el juez Otranto, el oficial principal Juan Carlos Mussin (PNA) le habría informado “solo les permitieron bajar en el bote 400 metros ya que se les dijo que el resto del río eran ‘aguas santas’ y no podían seguir”. Además, los expertos de Prefectura le dijeron que “el lugar más hondo por el que habían pasado no superaba los 1,50 metros” (fs 191).
Según el operador periodístico de Clarín Claudio Andrade, quien asegura (nunca se sabe) haber tenido acceso a esos y otros informes, “los buzos se internan en el Río Chubut en el mismo sector en el cual, según testigos, desapareció Maldonado el 1° de agosto. Los especialistas trabajaron en una profundidad que iba de 1 a 1,50 metros y con óptimas condiciones climáticas. Los buzos solo pudieron rastrear en 400 metros río abajo, siempre observando el lecho a través de aguas cristalinas. Pero la oposición de los integrantes de Resistencia Cushamen truncó la actividad”.
O sea, quienes tomaron la decisión de iniciar el rastrillaje en ese punto fueron la justicia y los miembros de Prefectura. Como indicaba toda lógica, fue su propia decisión avanzar río abajo. Y, tomando en cuenta dónde fue encontrado el cuerpo, la comunidad mapuche no estaba truncando ninguna investigación.
Las dudas de la familia, abogados, miembros de organismos de derechos humanos e integrantes de la comunidad
Este viernes Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, afirmó durante una conferencia de prensa realizada en Amnistía Internacional Argentina que: “Objetivamente yo no puedo decir que lo colocaron. Santiago medía 1.72 metros y el 5 de agosto había 30 centímetros de agua, esto tiene que ser comprobado por el Estado como ya dijimos. En ese lugar donde apareció el cuerpo no estaba la semana anterior al 17 de octubre, porque yo estuve ahí y yo ví”.
No es la primera vez que la abogada plantea dudas sobre cómo llegó a ese lugar el cuerpo de Santiago. El 18 de octubre, un día después del hallazgo, ya había expresado que “no tienen ninguna explicación de por qué los otros resultados dieron negativos y éste dio positivo”. Y agregó que “el cuerpo estaba muy visible” y el documento “en perfecto estado”. Ese mismo día Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dijo: “No puedo asegurar que hayan plantado el cuerpo, pero yo creo que sí”.
Soraya Maicoño, vocera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, declaraba el mismo el 18 en Radio Rivadavia que “plantaron un cuerpo, porque uno se paraba en una loma, alejado del río, y se podía ver el lugar claramente”. Y agregaba que dos o tres días antes “eso no estaba, decididamente no estaba, se hubiera visto porque es un lugar bastante transitado, porque se va a buscar agua continuamente”.
Lo expresado por Maicoño se suma a las declaraciones realizadas a este medio por Mabel Sánchez, miembro de APDH Esquel también presente durante el rastrillaje en el que se encontró el cuerpo: “Lo que vivimos ayer fue lamentable. Terrible. Fue como una alevosa escenografía armada donde nos quisieron hacer actuar también a nosotros. Hilando fino, a pocos días de las elecciones, hay que preguntarse quién se beneficia con este armado”.
A estas dudas se suman voces de especialistas. Días después del operativo/allanamiento del 18 de septiembre, Luciano Zapata, miembro del grupo de búsqueda y rescate de personas de Esquel, sostuvo en declaraciones al diario La Nación que, dadas las características del río, si Santiago se hubiese ahogado allí “debía haber quedado no más de los 200 metros río abajo” y agregó que “por la cantidad de personas que lo buscaron lo debían haber encontrado”. Ricardo Bartolomé, integrante del equipo de buzos de bomberos voluntarios, expresó conclusiones similares: “El agua no viene tan turbia y, por las ramas, el cuerpo se debía haber enganchado en algún lado”.
Una zona ya rastrillada y poco profunda
Así titula Sebastián Premici en Página 12 un interesante informe sobre la declaración del prefecto Leandro Ruata ante el juez Lleral. En esa declaración, que también consta escrita, “Ruata y los otros dos prefectos que participaron de la testimonial, indicaron que la profundidad del agua no superaba el metro cuarenta y que durante el anterior rastrillaje, es decir el realizado el 18 de septiembre, la profundidad llegaba al metro. Además, indicaron que en los anteriores operativos el agua era casi transparente, por lo que podía verse el fondo por su bajo caudal, incluso desde la orilla. En la zona donde se produjo la represión y por donde cruzaron los integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen y por donde intentó hacerlo Santiago no había pozones”.
Para tener una idea, en la declaración también aclararon que la baja profundidad implicó que en el último rastrillaje no pudieran aplicar técnicas de buceo en esa área (aunque el río ha crecido en las últimas semanas); que el agua estaba estancada en ese punto y que el primer pozón estaba a varios kilómetros río abajo.
El viernes 13 de octubre el juez Gustavo Lleral ordenó un rastrillaje que se concretaría el martes 17. Durante las horas en las que firmaba la orden, según las declaraciones de la abogada de la familia Maldonado, el cuerpo de Santiago no estaba donde sería hallado tres días después por un buzo de Prefectura. Según afirmaciones de las querellas, corroboradas por la declaración del propio jefe de Prefectura que tuvo a cargo todos los rastrillajes, el lugar del hallazgo ya había sido revisado con anterioridad.
Las dudas son muchas, pero hay una certeza: Santiago Maldonado desapareció en el marco de una represión ilegal de Gendarmería y su cuerpo apareció sin vida 79 días después. La Gendarmería, el Estado y el Gobierno son responsables y deben explicar qué pasó con Santiago.
Aún restan conocer los resultados de la autopsia realizada sobre el cuerpo de Santiago. Ojalá esa información sirva para responder muchas de las preguntas originadas, inevitablemente, en las múltiples incertezas emanadas desde el Juzgado Federal de Esquel.
LID
PROgenocidas: Carrió dijo que “hay militares condenados sin pruebas” y pidió revisar juicios
En un acto en un club del barrio de Belgrano, la diputada nacional de Cambiemos pidió que los militares mayores de 70 años cumplan su pena con arresto domiciliario. “No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos”, disparó.
Después de las miserables declaraciones que realizó en TN el día que fue hallado en el río Chubut el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, Carrió tuvo que “guardarse” como consejo de la mayoría del elenco oficialista. Distintos pedidos de disculpas desde su cuenta oficial de Twitter intentaron calmar las aguas y responder a la enorme indignación y repudio popular que habían despertado sus dichos a días de las elecciones. La diputada llegó hasta el colmo de victimizarse, como si no hubiera sido ella la que cruzó la raya en su afán de defender a la Gendarmería Nacional que comandan Patricia Bullrich y Pablo Noceti.
Una semana después de su abultado triunfo, un video comienza a viralizarse en donde se la puede ver en un acto de campaña en un club del barrio de Belgrano, 10 días antes de las elecciones. Sus declaraciones en defensa de los genocidas vuelven a dar que hablar y muestran que lejos están de ser “exabruptos” o “deslices”. Todo lo contrario: en cada aparición pública que realiza Carrió deja ver muy claro su pensamiento en favor de la impunidad y los represores de ayer y de hoy.
“Yo sinceramente pienso que hay dos vías: una es que a una determinada edad, la prisión puede ser domiciliaria. Y que esto rige para todos”. Un ansioso aplauso se escapaba por parte de los que escuchaban en el público y no esperaban ni siquiera a que terminara la frase. “No puede ser que se mueran en las cárceles, enfermos, porque esto no se devuelve de la misma manera, jamás. Los derechos humanos son para todos”. Con ese remate y haciendo gala de un supuesto “humanismo”, la abanderada de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires dejaba en claro su postura a favor de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria a quienes se valieron del aparato y los recursos del Estado para secuestrar, asesinar, torturar y arrebatar la vida de 30.000 hombres, mujeres y niños.
Sin embargo su defensa en favor de los genocidas no se quedó ahí. “Espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas, porque realmente hay juicios donde no hay pruebas” sentenció. “La mayoría, Lilita” puede escucharse las repetidas veces que Carrió se refiere a la “falta de pruebas”, por parte de las personas que la esuchan y aplauden decididamente.
“Hay casos muy mal juzgados. Yo voy a trabajar, pedí el informe y voy a trabajar por eso” aseguró, dejando entrever que sus palabras no son sólo un pensamiento en voz alta sino un tema que será tenido en cuenta por su bancada.
Por si fuera poco finalizó diciendo: “Los que ejercieron la violencia también tienen que arrepentirse de la violencia. Los que estuvieron en la guerrilla ¿Por qué no tienen que respetar a la derecha?” mientras era tapada por el aplauso cerrado de todos los asistentes.
Una vez más vuelve a quedar en claro que el revanchismo, la defensa de los represores de ayer y de hoy (como Noceti y la Gendarmería) y de su impunidad, están en el ADN del núcleo duro de Cambiemos y de sus principales representantes.
Juan Manuel Astiazarán
Euforia del Gobierno y del poder económico
Hay euforia en el Gobierno de Mauricio Macri y en el poder económico con el resultado electoral del pasado 22 de octubre. Se nota en los festejos luego del escrutinio y en la primera conferencia de prensa del Presidente, justificando el aumento de combustibles con un inexplicable análisis sobre futuras bajas del petróleo, ahora que asciende a 60 dólares el barril.
Luego de los aumentos en los combustibles vienen las tarifas acrecidas en una escalada que solo tiene límites en la capacidad de protesta de la sociedad afectada, incluidos los votantes del Gobierno, tal como ocurrió desde el primer incremento en 2016.
El poder festeja
Pero no solo hay euforia en los gobernantes, ya que los “mercados” mostraron confianza con alzas de las cotizaciones y volúmenes negociados, con guiños de consultores y evaluadores de riesgo que miran con expectativa el avance electoral de la derecha liberalizadora en la Argentina.
El BCRA decidió a dos días del triunfo subir las tasas de interés en 150 puntos porcentuales. Las tasas no se movían desde mayo y el temor era un impacto negativo en la percepción social antes de los comicios.
Una vez logrado el triunfo electoral, los ortodoxos dirigidos por Federico Sturzenegger subieron la tasa al 27,50%, favoreciendo la captura de liquidez financiera e impidiendo cualquier destino productivo del crédito en la Argentina.
Son tasas de usura en la lógica productiva que confirma el sentido especulativo de la economía local.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con datos del BCRA señala que “el 77.8% de las inversiones recibidas en los últimos 12 meses se destinaron a la especulación financiera, generándole al Estado un gigantesco derroche de recursos en concepto de intereses”.
Por ende, solo el 22,2% corresponde a inversiones productivas de no residentes.
Convocatoria para consensuar la ofensiva liberal
Ese es el marco para la convocatoria a empresarios y sinidcalistas junto a otros sectores para la próxima semana e informar sobre propuestas legislativas y de política económica.
Uno de los ejes pasa por lo laboral, donde se concentra la demanda patronal y gubernamental para reducir el costo laboral y mejor la perspectiva de la rentabilidad de las empresas.
Como no pueden con el costo financiero, presionan con el laboral, apuntando al eslabón más débil, claro que con ciertas complicidades sindicales. A cambio, se ofrece la reducción de la “irregularidad” en el empleo, que mejor resulta definir como impunidad empresaria que condena a 1 de cada 3 trabajadores a quedar afuera de todo mecanismo de seguridad social.
La presión patronal también actúa sobre el costo fiscal y trasciende una reducción de la alícuota de ganancias para las empresas, postergando una vez más la promesa de reducción o eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Reforma fiscal, laboral y previsional asoman para la discusión con los sectores afines del poder económico y los que están dispuestos a negociar desde el sindicalismo.
La concepción de pacto social y político se recrea con aquellos que buscan beneficio en la cuenta de resultados de sus empresas y quienes imaginan una cuota de poder para contener el conflicto social.
Ajuste y endeudamiento
El Presupuesto del 2018 de la Nación y las Provincias entra en etapa de negociación parlamentaria para consolidar el ajuste del gasto social y la consolidación de un compromiso creciente en pagos futuros de intereses de una deuda pública en expansión.
A más intereses de la deuda le corresponden disminuciones del gasto social, lo que se acompaña de una orientación de reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas.
Solo la conflictividad social por la inflación sostenida y la descarga del costo en la mayoría empobrecida podrá frenar o contener la euforia de una ofensiva reaccionaria en el orden económico.
Es una euforia sustentada en una votación de medio turno presidencial que inspira una perspectiva de gobierno de mediano plazo, más allá de la renovación presidencial del 2019, para insertar a la Argentina en la lógica de la liberalización que empuja el poder económico mundial.
Aún con Donald Trump “nacionalista” y una China “globalista”, en la disputa hegemónica del sistema mundial, el poder económico de las transnacionales puja por la liberalización.
Las campañas locales, continentales y globales contra la OMC y el G20, con cónclaves en Argentina en 2017 y 2018 pueden contribuir a obstruir los propósitos de la liberalización.
Julio C. Gambina
Luego de los aumentos en los combustibles vienen las tarifas acrecidas en una escalada que solo tiene límites en la capacidad de protesta de la sociedad afectada, incluidos los votantes del Gobierno, tal como ocurrió desde el primer incremento en 2016.
El poder festeja
Pero no solo hay euforia en los gobernantes, ya que los “mercados” mostraron confianza con alzas de las cotizaciones y volúmenes negociados, con guiños de consultores y evaluadores de riesgo que miran con expectativa el avance electoral de la derecha liberalizadora en la Argentina.
El BCRA decidió a dos días del triunfo subir las tasas de interés en 150 puntos porcentuales. Las tasas no se movían desde mayo y el temor era un impacto negativo en la percepción social antes de los comicios.
Una vez logrado el triunfo electoral, los ortodoxos dirigidos por Federico Sturzenegger subieron la tasa al 27,50%, favoreciendo la captura de liquidez financiera e impidiendo cualquier destino productivo del crédito en la Argentina.
Son tasas de usura en la lógica productiva que confirma el sentido especulativo de la economía local.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, con datos del BCRA señala que “el 77.8% de las inversiones recibidas en los últimos 12 meses se destinaron a la especulación financiera, generándole al Estado un gigantesco derroche de recursos en concepto de intereses”.
Por ende, solo el 22,2% corresponde a inversiones productivas de no residentes.
Convocatoria para consensuar la ofensiva liberal
Ese es el marco para la convocatoria a empresarios y sinidcalistas junto a otros sectores para la próxima semana e informar sobre propuestas legislativas y de política económica.
Uno de los ejes pasa por lo laboral, donde se concentra la demanda patronal y gubernamental para reducir el costo laboral y mejor la perspectiva de la rentabilidad de las empresas.
Como no pueden con el costo financiero, presionan con el laboral, apuntando al eslabón más débil, claro que con ciertas complicidades sindicales. A cambio, se ofrece la reducción de la “irregularidad” en el empleo, que mejor resulta definir como impunidad empresaria que condena a 1 de cada 3 trabajadores a quedar afuera de todo mecanismo de seguridad social.
La presión patronal también actúa sobre el costo fiscal y trasciende una reducción de la alícuota de ganancias para las empresas, postergando una vez más la promesa de reducción o eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Reforma fiscal, laboral y previsional asoman para la discusión con los sectores afines del poder económico y los que están dispuestos a negociar desde el sindicalismo.
La concepción de pacto social y político se recrea con aquellos que buscan beneficio en la cuenta de resultados de sus empresas y quienes imaginan una cuota de poder para contener el conflicto social.
Ajuste y endeudamiento
El Presupuesto del 2018 de la Nación y las Provincias entra en etapa de negociación parlamentaria para consolidar el ajuste del gasto social y la consolidación de un compromiso creciente en pagos futuros de intereses de una deuda pública en expansión.
A más intereses de la deuda le corresponden disminuciones del gasto social, lo que se acompaña de una orientación de reestructuración regresiva de las relaciones socioeconómicas.
Solo la conflictividad social por la inflación sostenida y la descarga del costo en la mayoría empobrecida podrá frenar o contener la euforia de una ofensiva reaccionaria en el orden económico.
Es una euforia sustentada en una votación de medio turno presidencial que inspira una perspectiva de gobierno de mediano plazo, más allá de la renovación presidencial del 2019, para insertar a la Argentina en la lógica de la liberalización que empuja el poder económico mundial.
Aún con Donald Trump “nacionalista” y una China “globalista”, en la disputa hegemónica del sistema mundial, el poder económico de las transnacionales puja por la liberalización.
Las campañas locales, continentales y globales contra la OMC y el G20, con cónclaves en Argentina en 2017 y 2018 pueden contribuir a obstruir los propósitos de la liberalización.
Julio C. Gambina
domingo, 29 de octubre de 2017
Los personeros de Carrió en Santa Cruz comparten socios con De Vido
Eduardo Costa y Mariana Zuvic, de Cambiemos, constituyeron empresas con Susy Bello Knoll, socia y dueña del departamento del ex ministro K.
¿Qué une a Elisa "Lilita" Carrió con Julio De Vido? Un régimen de corrupción que desconoce fronteras partidarias: los personeros de la supuesta "abanderada de la República" comparten una socia en varias empresas con el encarcelado Julio De Vido.
Eduardo Costa, diputado radical y gran empresario santacruceño, es socio de Susy Bello Knoll en varias firmas: Sophia Energy SA, Victory Gold SA, Buena Vista Desarrollos Inmobiliarios SA, Petrolera Río Gallegos y Mercest SA. La abogada Bello Knoll preside la firma propietaria del departamento en la avenida Del Libertador en la que vivía el ex ministro junto a su esposa: Uni Vite Argentina SA. Al domicilio de esa razón social se dirigió la Gendarmería para apresar a De Vido este miércoles 25, pero no lo encontró ya el ex ministro había decidido presentarse voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py. Bello Knoll también formó parte de la consultora Fonres SA, manejada por la esposa de De Vido y Marta Cascales, la mujer de Guillermo Moreno, dedicada a la ‘responsabilidad social empresaria’”, según indica Emilia Delfino en una nota publicada en Perfil en mayo de 2016. Susy, como le gusta hacerse llamar a la abogada socia de Costa y De Vido, es oriunda de la provincia de Santa Cruz.
Eduardo Costa no sólo es uno de los grandes terratenientes de Santa Cruz, además de propietario de la mayor cadena de supermercados, hoteles y concesionarias de automotores de la provincia, sino que es marido de Mariana Zuvic, delfín de Carrió en la Coalición Cívica. La abogada santacruceña es la intersección entre Costa y De Vido en el diagrama de Venn de la corrupción. Esto demuestra que es un régimen en descomposición en el que los capitalistas ofrendan diezmos al Estado para extender sus negocios realizados con fondos públicos.
Frente al operativo de "salvataje" del empresariado argentino corrupto –y corruptor– que intenta realizar Carrió, es necesario poner de relieve que la burguesía nacional y la foránea se beneficiaron con los negocios turbios que le ofreció el kirchnerismo, incluso a través de empresarios del más rancio macrismo.
Uno de los casos emblemáticos de estas operatorias corruptas se llevó a cabo mediante las obras adjudicadas a Odebrecht, la firma brasileña que está en el centro del LavaJato, que en el país fue adjudicataria de las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento en sociedad con Iecsa, la empresa del primo presidencial Ángelo Calcaterra. El circuito de coimas y devoluciones no roza sino que se encuentra en el centro mismo del corazón del grupo empresarial Macri, que es el vórtice de un régimen atravesado por la podredumbre.
Antonia Torrebruna
"La impunidad judicial y empresarial debe acabar"
Carta de los familiares del trabajador golondrina Daniel Solano, desaparecido en 2011, a la familia de Santiago Maldonado
Daniel Solano, trabajador golondrina de origen salteño, fue desaparecido en noviembre de 2011 en la localidad rionegrina de Choele Choel. Solano trabajaba en la cosecha de peras y manzanas para una tercerizada de la multinacional Expofrut y había organizado a sus compañeros por reivindicaciones salariales. La madrugada en que desapareció fue sacado de un boliche por policías que lo golpearon y lo subieron a una camioneta.
A continuación, reproducimos la carta que sus familiares escribieron a la familia Maldonado.
Estos días que han pasado, escuchamos tantas hipótesis e hipótesis de lo que pasó con Santiago Maldonado, el caso es que él ya no está, ya no vive, ya no respira, ya no mirará el rostro de sus familias, de su hermano, ya no abrazará a quienes él más quiso, ya no colgará su mochila en sus espaldas y viajará, encontrándose en un lugar donde todo le parece injusto.
Santiago no está, lo encontraron sin vida, una vida más que apagaron los que no saben del amor al prójimo. Y otra vez nos duele el pecho, nos duele el corazón; un hijo se ha arrebatado de las manos de un Padre, de una Madre, de un hermano, de un amigo. Y vuelve el dolor a nuestro ser, como aquel 5 de noviembre de 2011, fecha que nunca olvidaremos, porque a nosotros también se nos ha quitado a un ser muy querido, nos quitaron a Daniel Solano, un joven lleno de vida, simplemente por querer luchar por lo justo, por un sueldo digno, por una mejora laboral y por no continuar viviendo como esclavos junto a sus compañeros, hacinados.
A Daniel Solano lo callaron de la manera más cruel, le indignó el maltrato Empresarial, iba en contra de sus principios el no levantar la voz por él y sus compañeros. Pero el querer levantar la voz, el luchar por sus Derechos lo llevó a la muerte, a su desaparición forzada.
Hoy a casi días de cumplirse 6 años de su muerte y desaparición forzada, sabemos y sentimos el dolor que siente la familia de Santiago Maldonado, y de tantos desaparecidos de nuestro País, no hay palabras para calmar el duelo, y lo que más duele es que cada vez que inventan, e investigan solo a la víctima y no a los verdaderos responsables que causaron la muerte; vuelven y vuelven a matar a nuestros seres queridos, desaparecidos.
Y nos damos cuenta que solo importan los que ejercen Poder y no quienes mueren injustamente. La Impunidad Judicial, Empresarial debe acabar. La Justicia debe actuar como tal, no encubrir, no ocultar, ni, borrar pruebas de un delito tan grave como de lesa humanidad, porque terminan siendo cómplices, encubridores de tal delito.
¿Por qué debemos estar pidiendo la aparición de un cuerpo? ¿O que nos entreguen el cuerpo de tantos que han desaparecido injustamente? ¿Acaso no estamos en democracia?. Si podemos levantar la voz por algo que no nos parece justo, si podemos luchar por nuestros derechos, esto no debe llevar a la muerte, a una Desaparición Forzada.
Hoy lloramos y pedimos justicia por Daniel Solano, por Santiago Maldonado, por Andrés Cuyebay, por Héctos Villagrán, Pedro Cabañas Cubas y tantos desaparecidos en esta democracia. Nosotros mientras esperamos encontrar el cuerpo de Daniel Solano, esperanzados en la búsqueda en El Jaguel, acompañamos tu dolor Sergio Maldonado, familia Maldonado. Fuerzas y abrazo fraterno.
Familia Solano,
Daniel Solano, Presente,
Cherenta, 23 de octubre de 2017
Nieta 125: oportuna recuperación para luchar contra el negacionismo y la represión
Es enorme la emoción, la alegría, el alivio de que una de nuestras hermanas haya recuperado su identidad robada hace 38 años.
Una verdad histórica, tan negada y tan atacada por parte de los sectores de poder, que se revitaliza cada vez y con más fuerza cuando uno de nosotros aparece al mundo como prueba fiel de lo que fue el terrorismo de Estado y la impunidad reinante durante los gobiernos constitucionales.
En estos momentos uno piensa en su mamá y todas nuestras compañeras detenidas desaparecidas, incluida mi madre, que tuvieron que dar a luz en condiciones de cautiverio para luego arrancarles a sus hijos de los brazos; para esconderlos y no devolverlos a esas “viejas locas” que habían educado a hijos revolucionarios. Romper todo lazo de continuidad.
Cada vez que uno/a es restituido, recuperamos a nuestros 30 mil compañeros detenidos desaparecidos. Por ellos, por los sobrevivientes y también por las nuevas generaciones.
Esta vez se trata de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia que fue secuestrada el 27 de noviembre de 1977 cuando tenía apenas 24 años en La Plata, ciudad en la que vivía y militaba.
Desde que su familia supo que estaba embarazada empezaron la búsqueda del niño o niña nacido en cautiverio y la identificación se realizó a través de las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Pese al negacionismo de Cambiemos
Desde que asumió el Gobierno, Mauricio Macri a través de las instituciones del Estado viene profundizando el ataque sin pausa, las libertades democráticas en todos sus aspectos.
Venimos de enfrentar con una multitudinaria movilización el fallo de la Corte Suprema que otorgaba el beneficio del 2x1 a genocidas, luego del intento de funcionarios del Gobierno de negar a nuestros 30 mil desaparecidos, de ponernos en duda a los Nietos acusándonos de "hacer negocios" con los derechos humanos, cuando la apropiación de niños es uno de los crímenes de lesa humanidad más terribles.
Hace algunos días la alemana Úrsula Haverbeck, de 88 años, fue condenada a prisión por negar el Holocausto y la existencia de las cámaras de gas en el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Ya había afirmado varias veces que el Holocausto no había existido, "lo que dirían cada vez más y más judíos", y aseguró que no había "nada de verdad" en las cámaras de gas de Auschwitz, donde "no fueron asesinados ni millones ni cientos de miles".
Sin embargo en este país los funcionarios han dicho y dicen cualquier cosa cuando de delitos de humanidad se trata y no recae sobre ellos ninguna sanción de la justicia ante sus dichos.
Como tampoco cuando actúan con encubrimiento como en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, originada luego de la represión de Gendarmería, donde ni siquiera la ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue apartada de su cargo.
No obstante el Poder Judicial es permisivo con los ancianitos asesinos, torturadores y apropiadores de bebés, beneficiándolos con prisión domiciliaria "por su avanzada edad". Sin embargo la búsqueda persistente de nuestros hermanos hoy sigue alumbrando vida y verdad.
Los crímenes de Estado siempre al servicio de los empresarios
Los que luchamos contra la represión y la impunidad de manera independiente a los gobiernos de turno sabemos que es indispensable estar movilizados, en las calles, para lograr el juicio y castigo para los apropiadores de bebés y a los responsables de los aberrantes delitos de lesa humanidad llevados adelante por las fuerzas represivas del Estado junto con el poder económico y la Iglesia.
Quedó demostrada la responsabilidad de las grandes empresas en el genocidio. La Ford por ejemplo contaba con un centro clandestino de detención y tortura dentro de sus instalaciones. La Mercedes Benz, responsable de la desaparición de 17 trabajadores y uno de sus gerentes sospechado en la apropiación de bebés. Pero siempre son el actor ausente en los juicios.
Sin amañar ninguna comparación, hoy ante la desaparición forzada y luego la muerte de Santiago Maldonado, tenemos al mismo actor ausente, quien no está siendo investigada es la poderosa empresa Benetton, quien intenta imponer su señorío a sangre y fuego en su territorio. Cuando se trata de la principal interesada en despojar al pueblo Mapuche de sus tierras.
Es necesario continuar en las calles exigiendo que se investiguen en serio las de causas que duermen en los juzgados. Pero también es fundamental la creación de un banco nacional con la totalidad de datos, registros y archivos; de partidas de nacimiento de todas las provincias, de todos los expedientes judiciales de adopción, minoridad y todos los legajos, que correspondan al período comprendido entre los años 1975 y 1983, así como impedir su destrucción.
Una comisión independiente, integrada por las víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, con pleno acceso a esta información, investigación y control de las causas judiciales donde se investigue la identidad de niños apropiados se hace cada vez más urgente, porque muchas abuelas fallecen sin saber el destino de sus nietos.
Hoy encontramos a una nieta más, esta vez a casi tres meses de la desaparición y asesinato en manos de Gendarmería de Santiago Maldonado mientras participaba de una protesta junto al pueblo mapuche. ¡Nunca Más desaparición forzada!
Por eso este miércoles estaremos en las calles exigiendo justicia y también gritando bien fuerte que "No olvidamos, No perdonamos y No nos reconciliamos".
María Victoria Moyano
Nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo - Referente del CeProDH
Jorge Macri embargado: cruje el relato macrista de la transparencia
El caballito de batalla de la “transparencia” y la lucha contra la corrupción encuentra su primer obstáculo en la propia familia presidencial. Cinco días antes de las elecciones, Jorge Macri -primo del presidente, intendente de Vicente López y presidente del directorio del grupo Bapro- fue condenado a un embargo por ocho millones de pesos por orden judicial, realizada por la jueza Sandra Arroyo de Salgado, en una causa por presunto lavado de dinero. Su esposa Florencia de Nardi recibió una pena de igual valor. Los dos depositaron un seguro de caución para que no se efectivice la medida hasta un ulterior desarrollo procesal. La causa investiga la compra fraudulenta de una propiedad en el 2012 en Miami, Estados Unidos, por un valor de medio millón de dólares. Según Página 12, “la maniobra fue canalizada a través de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers” (21/10).
La verborrágica Carrió, que supo calificar a Jorge Macri como un “delincuente” mientras se definían las listas de Cambiemos para las pasadas elecciones, se ha llamado ahora a silencio.
El embargo llega en momentos en que se discute el ingreso de Jorge Macri en el gabinete provincial o nacional. Clarín (26/10) y La Nación (27/6) afirman que podría ser nada menos que en el área de la obra pública y que tendría el visto bueno de su primo. Sin embargo, dicho fichaje generaría recelos en el ministro del interior, Rogelio Frigerio.
El intendente Macri en 2014 le había comprado a su propia hermana camionetas para el municipio por un valor de dos millones de pesos de manera directa, es decir, sin licitación. Los negocios del primo presidencial de Angelo Calcaterra se replican en tamaño municipal en el Conurbano norte.
El identikit de este funcionario se completa con su complicidad en las políticas de ajuste: en su distrito cerraron las plantas de Banghó, Atanor y Pepsico.
El mismo día que se dictó el embargo la Corte Suprema sobreseyó a Jorge Macri por las denuncias en su contra por haber habilitado un permiso irregular para la construcción de un helipuerto en el complejo “Al rio”, un negocio inmobiliario al estilo Puerto Madero. La medida beneficia también a Carlos De Narváez, dueño de Carrefour, que lleva adelante el negociado especulativo en tierras públicas de la costa otorgadas por el gobierno antecesor al macrista, que era de cuño K.
La grieta que nos venden se reduce a quien afana menos.
Federico Decoppet
Fraude de la UCR-Blaquier contra el Frente de Izquierda en Libertador General San Martín
Pretenden arrebatar el triunfo del FIT
En horas de la tarde del viernes 27 de octubre, la justicia electoral terminó convalidando un fraude en favor de la UCR, que gobierna la provincia y el municipio de Libertador General San Martín, al manipular los datos finales de la elección y dar como vencedora a la lista radical.
Ya nos habíamos pronunciado mediante un comunicado y movilizado el propio día lunes 23 frente a una serie de denuncias por maniobras y fraude que tenían el objeto de indicar como ganadora a la lista del intendente radical, Oscar Jayat. En el recuento provisorio, faltando dos mesas sobre 114 y en un resultado ajustado, el FIT ampliaba la ventaja a la segunda lista por 91 votos.
El escrutinio final arrojaba un triunfo por 51 votos de la lista del FIT sobre la lista de la UCR hasta el viernes 27 al mediodía. El propio intendente lo había reconocido en audios enviados a sus funcionarios “reprochando” la derrota y hasta en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando la junta electoral pasó a leer el informe del escrutinio final, sorprendentemente el radicalismo supera al FIT (por sólo dos votos, 4887 a 4889).
No es casualidad este operativo de Estado para arrancar un histórico triunfo del Frente de Izquierda en las tierras de Blaquier. El gobierno de Gerardo Morales ha gobernado con brazo de hierro contra los trabajadores de Ledesma, defendiendo los intereses del pulpo agroindustrial. El apoyo decidido de las fuerzas del FIT a la lucha de los obreros azucareros se tradujo en un apoyo masivo del pueblo a sus listas.
El gobierno radical toma los peores métodos del peronismo para asegurarse un triunfo electoral. No tan lejos (en 2011) el radicalismo ganaba las elecciones y unos días después, con las “urnas que bajaban desde el cerro”, el fellnerismo dio vuelta la elección y se quedó cuatro años más. En ese momento el senador Morales terminó acordando y el asunto no pasó a mayores.
Llamamos a toda la población a movilizarse y manifestarse contra este atropello. A todas las fuerzas políticas, a fijar posición frente a este ataque a la representación popular
Exigimos que se abran todas las urnas del municipio y se cuente voto por voto, en un escrutinio público y registrado. Abajo el fraude de Morales-Jayat-Blaquier.
Iñaki Aldasoro (Diputado Provincial Electo)
En horas de la tarde del viernes 27 de octubre, la justicia electoral terminó convalidando un fraude en favor de la UCR, que gobierna la provincia y el municipio de Libertador General San Martín, al manipular los datos finales de la elección y dar como vencedora a la lista radical.
Ya nos habíamos pronunciado mediante un comunicado y movilizado el propio día lunes 23 frente a una serie de denuncias por maniobras y fraude que tenían el objeto de indicar como ganadora a la lista del intendente radical, Oscar Jayat. En el recuento provisorio, faltando dos mesas sobre 114 y en un resultado ajustado, el FIT ampliaba la ventaja a la segunda lista por 91 votos.
El escrutinio final arrojaba un triunfo por 51 votos de la lista del FIT sobre la lista de la UCR hasta el viernes 27 al mediodía. El propio intendente lo había reconocido en audios enviados a sus funcionarios “reprochando” la derrota y hasta en los medios de comunicación. Sin embargo, cuando la junta electoral pasó a leer el informe del escrutinio final, sorprendentemente el radicalismo supera al FIT (por sólo dos votos, 4887 a 4889).
No es casualidad este operativo de Estado para arrancar un histórico triunfo del Frente de Izquierda en las tierras de Blaquier. El gobierno de Gerardo Morales ha gobernado con brazo de hierro contra los trabajadores de Ledesma, defendiendo los intereses del pulpo agroindustrial. El apoyo decidido de las fuerzas del FIT a la lucha de los obreros azucareros se tradujo en un apoyo masivo del pueblo a sus listas.
El gobierno radical toma los peores métodos del peronismo para asegurarse un triunfo electoral. No tan lejos (en 2011) el radicalismo ganaba las elecciones y unos días después, con las “urnas que bajaban desde el cerro”, el fellnerismo dio vuelta la elección y se quedó cuatro años más. En ese momento el senador Morales terminó acordando y el asunto no pasó a mayores.
Llamamos a toda la población a movilizarse y manifestarse contra este atropello. A todas las fuerzas políticas, a fijar posición frente a este ataque a la representación popular
Exigimos que se abran todas las urnas del municipio y se cuente voto por voto, en un escrutinio público y registrado. Abajo el fraude de Morales-Jayat-Blaquier.
Iñaki Aldasoro (Diputado Provincial Electo)
Sergio Maldonado: “Después de la autopsia continúan todas las dudas”
Así se pronunciaron la familia y su abogada en una conferencia de prensa. Convocan a una nueva marcha para el 1 de noviembre.
“Su cuerpo fue encontrado en un vado del río Chubut que no tenía más de treinta centímetros de hondura y que había sido visitado por miembros de la comunidad sin que se viera el cadáver la semana previa”, dijo Sergio Maldonado en una conferencia de prensa brindada este viernes 27 a la que asistió Prensa Obrera. “No se ha resuelto ninguna duda y por eso vamos a seguir investigando cómo llegó el cuerpo de Santiago al punto donde se lo encontró”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado sobre las pericias que se realizaron sobre el cadáver encontrado en el río Chubut, que confirma la muerte de Santiago Maldonado. "Santiago murió en el marco de una represión ilegal", es la única certeza que hoy sostienen la familia y sus abogados.
Junto a Sergio Maldonado y Andrea Antico brindaron una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional en la que denunciaron además el seguimiento y espionaje ilegal sobre la familia del joven que se vio con vida por última vez el 1 de agosto de este año.
“Dos buzos declararon ayer y dijeron que no hay pozos en el lugar en el que Santiago fue encontrado, que el único que tenían relevado queda a 5 kilómetros río abajo y que la altura del agua en ese lugar es de 1,30 metros a la fecha, en septiembre era de 1 metro y el primero de agosto era de 30 centímetros”, dijo Heredia.
Los Maldonado también denunciaron que fueron espiados por el Estado y que sus llamadas fueron grabadas y les fueron enviadas de tal modo de intimidarlos en su denuncia contra el Estado. “Esto se suma a la campaña mediática en contra de la familia de Santiago, que apunta contra quienes estamos a favor de que se sepa la verdad, hostigándonos”, dijo Sergio.
“La semana que viene deben peritarse los teléfonos de Santiago incluso para saber qué pasó con la llamada que se contestó de su teléfono un día después de su desaparición”, dijo Heredia.
-¿Van a pedir la pericia de los teléfonos de Pablo Noceti? -preguntó Prensa Obrera.
-Vamos a pedir todas las medidas que ayuden a responder a todas las dudas que quedan luego de encontrar el cuerpo de Santiago. Santiago murió en el marco de una represión ilegal. Esa es la base de certidumbres sobre la que debemos investigar para despejar todas las dudas acerca de cómo se lo encontró, dónde, cómo murió y cómo es que llegó su cuerpo al lugar donde fue encontrado.
El 1 de noviembre, los organismos de derechos humanos convocan a una nueva movilización a Plaza de Mayo, a tres meses de la represión de Gendarmería con las consignas justicia por Santiago Maldonado, fuera Bullrich, el gobierno es responsable.
Prensa Obrera
“Su cuerpo fue encontrado en un vado del río Chubut que no tenía más de treinta centímetros de hondura y que había sido visitado por miembros de la comunidad sin que se viera el cadáver la semana previa”, dijo Sergio Maldonado en una conferencia de prensa brindada este viernes 27 a la que asistió Prensa Obrera. “No se ha resuelto ninguna duda y por eso vamos a seguir investigando cómo llegó el cuerpo de Santiago al punto donde se lo encontró”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado sobre las pericias que se realizaron sobre el cadáver encontrado en el río Chubut, que confirma la muerte de Santiago Maldonado. "Santiago murió en el marco de una represión ilegal", es la única certeza que hoy sostienen la familia y sus abogados.
Junto a Sergio Maldonado y Andrea Antico brindaron una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional en la que denunciaron además el seguimiento y espionaje ilegal sobre la familia del joven que se vio con vida por última vez el 1 de agosto de este año.
“Dos buzos declararon ayer y dijeron que no hay pozos en el lugar en el que Santiago fue encontrado, que el único que tenían relevado queda a 5 kilómetros río abajo y que la altura del agua en ese lugar es de 1,30 metros a la fecha, en septiembre era de 1 metro y el primero de agosto era de 30 centímetros”, dijo Heredia.
Los Maldonado también denunciaron que fueron espiados por el Estado y que sus llamadas fueron grabadas y les fueron enviadas de tal modo de intimidarlos en su denuncia contra el Estado. “Esto se suma a la campaña mediática en contra de la familia de Santiago, que apunta contra quienes estamos a favor de que se sepa la verdad, hostigándonos”, dijo Sergio.
“La semana que viene deben peritarse los teléfonos de Santiago incluso para saber qué pasó con la llamada que se contestó de su teléfono un día después de su desaparición”, dijo Heredia.
-¿Van a pedir la pericia de los teléfonos de Pablo Noceti? -preguntó Prensa Obrera.
-Vamos a pedir todas las medidas que ayuden a responder a todas las dudas que quedan luego de encontrar el cuerpo de Santiago. Santiago murió en el marco de una represión ilegal. Esa es la base de certidumbres sobre la que debemos investigar para despejar todas las dudas acerca de cómo se lo encontró, dónde, cómo murió y cómo es que llegó su cuerpo al lugar donde fue encontrado.
El 1 de noviembre, los organismos de derechos humanos convocan a una nueva movilización a Plaza de Mayo, a tres meses de la represión de Gendarmería con las consignas justicia por Santiago Maldonado, fuera Bullrich, el gobierno es responsable.
Prensa Obrera
sábado, 28 de octubre de 2017
Del fin de ciclo a la consolidación de las derechas
Los ciclos políticos no son caprichosos. Vivimos un periodo de crecimiento de las derechas, en particular en Sudamérica. El ciclo progresista terminó aunque sigan existiendo gobiernos de ese color, pero ya no podrán desarrollar las políticas que caracterizaron sus primeros años porque se impone una inflexión conservadora, aunque los discursos puedan decir algo diferente.
Un buen ejemplo de esa ironía puede ser Ecuador: un gobierno de Alianza País que realiza un ajuste conservador. Salvo que se opte por la peregrina tesis de la traición, Lenin Moreno muestra que aún los progresistas deben dar un giro a la derecha para poder seguir gobernando.
Digamos que los ciclos son estructurales y los gobiernos coyunturales. El ciclo progresista se caracterizó por elevados precios de las exportaciones de commodities en un clima general de crecimiento económico, un fuerte protagonismo popular y presiones por mayor justicia social. Los tres aspectos se debilitaron desde la crisis de 2008. Ahora sufrimos una fuerte ofensiva derechista en todos los terrenos.
A pesar de los malos resultados económicos y de una elevada conflictividad social, en la que destaca la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno de Mauricio Macri consiguió una contundente victoria en las recientes elecciones argentinas. El macrismo no es un paréntesis, consiguió una cierta hegemonía que se asienta en los cambios económicos de la última década, en el desgaste del progresismo y la debilidad creciente de los movimientos.
La primera cuestión a tener en cuenta es que el modelo extractivo (sojero-minero) ha transformado las sociedades. La edición argentina de Le Monde Diplomatique de septiembre contiene dos interesantes análisis de José Natanson y Claudio Scaletta, que desbrozan los cambios productivos del complejo de la soya y sus repercusiones sociales.
El primero sostiene que el mapa de la soya coincide casi matemáticamente con los territorios en que gana Macri. Destaca que el campo se articula cada vez más con las finanzas, la industria y los grandes medios, y que los terratenientes y los peones, que fueron los protagonistas del periodo oligárquico, conviven ahora con técnicos, arrendatarios, agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola y pilotos fumigadores, entre otros.
La tecnología es incluso más importante que la propiedad de la tierra que los “ pools de siembra” alquilan, mientras los cultivadores conectados al mundo globalizado están pendientes de los precios de la bolsa de Chicago, donde se cotizan los cereales.
El segundo sostiene que estamos ante una complejización de las clases medias rurales y la emergencia de nuevas clases medias ruro-urbanas. En consecuencia, el conflicto con el campo que sostuvo el gobierno kirchnerista en 2008 no fue la clásica contradicción oligarquía-pueblo.
A partir de ese momento, se hizo visible un conglomerado de actores más complejo y con una base social mucho más extensa, que rechaza las políticas sociales porque sienten la pobreza urbana como una realidad muy lejana. Ese bloque social es el que llevó a Macri al gobierno y el que lo sostiene.
La sociedad extractiva genera valores y relaciones sociales conservadoras, así como la sociedad industrial generaba una potente clase obrera y valores de comunidad y solidaridad. En las grandes fábricas, miles de obreros se convirtieron en clase al organizarse para resistir a los patrones.
Por el contrario, el extractivismo no genera sujetos internos, o sea dentro del entramado productivo, porque es un modelo financiero especulativo. Las resistencias son siempre externas, en general las protagonizan los afectados.
La segunda cuestión es el desgaste del progresismo luego de una década larga de gobierno. Aquí aparecen dos elementos. Uno, el desgaste interno natural o por la corrupción y la mala gestión, y combinaciones de ambos. Dos, porque el propio modelo despolitiza y desorganiza a la sociedad que sólo se articula por medio del consumo. Ahí es donde muerden las derechas.
El consumismo es la otra cara de la sociedad extractiva. Una sociedad que no genera sujetos, ni identidades fuertes, con valores vinculados al trabajo digno, o sea productivo, sino apenas valores mercantiles e individualistas, no está en condiciones de potenciar proyectos de largo aliento para la transformación social.
La tercera cuestión que explica el auge de las derechas es la debilidad del campo popular, que afecta desde los movimientos hasta la cultura del trabajo y de las izquierdas. La sociedad extractiva crean las condiciones materiales y espirituales de esta anemia de organización y luchas. Pero hay más.
Las políticas sociales del progresismo, sobre todo la inclusión mediante el consumo, multiplicaron los efectos depredadores del modelo en cuanto a desorganización y despolitización. En el shopping desaparecen las contradicciones de clase, incluso las étnicas y de género, porque en esos no lugares (Marc Augé) el entorno desaparece a la humanidad de las personas.
Pero los movimientos también son responsables por las opciones que tomaron. En vez de construir mirando el largo plazo, preparándose para el inevitable colapso sistémico, tomaron el atajo electoral que los llevó a construir alianzas imposibles con resultados patéticos. Algunos movimientos argentinos, que optaron por aliarse con la derecha justicialista, podrían hacer balance sobre los resultados desastrosos que obtuvieron, y no me refiero a la magra cosecha de votos.
Por último, debemos pensar las enseñanzas que nos deja el ascenso de las derechas y la crisis de los movimientos. La sociedad extractiva de cuarta guerra mundial, no puede ser resistida con la misma lógica de la lucha obrera en la sociedad industrial. No existe una clase para ser dirigida. Los sujetos colectivos deben ser construidos y sostenidos todos los días. Las organizaciones deben ser sólidas, cinceladas para el largo plazo y resistentes a los atajos institucionales.
Raúl Zibechi
La Jornada
Un buen ejemplo de esa ironía puede ser Ecuador: un gobierno de Alianza País que realiza un ajuste conservador. Salvo que se opte por la peregrina tesis de la traición, Lenin Moreno muestra que aún los progresistas deben dar un giro a la derecha para poder seguir gobernando.
Digamos que los ciclos son estructurales y los gobiernos coyunturales. El ciclo progresista se caracterizó por elevados precios de las exportaciones de commodities en un clima general de crecimiento económico, un fuerte protagonismo popular y presiones por mayor justicia social. Los tres aspectos se debilitaron desde la crisis de 2008. Ahora sufrimos una fuerte ofensiva derechista en todos los terrenos.
A pesar de los malos resultados económicos y de una elevada conflictividad social, en la que destaca la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el gobierno de Mauricio Macri consiguió una contundente victoria en las recientes elecciones argentinas. El macrismo no es un paréntesis, consiguió una cierta hegemonía que se asienta en los cambios económicos de la última década, en el desgaste del progresismo y la debilidad creciente de los movimientos.
La primera cuestión a tener en cuenta es que el modelo extractivo (sojero-minero) ha transformado las sociedades. La edición argentina de Le Monde Diplomatique de septiembre contiene dos interesantes análisis de José Natanson y Claudio Scaletta, que desbrozan los cambios productivos del complejo de la soya y sus repercusiones sociales.
El primero sostiene que el mapa de la soya coincide casi matemáticamente con los territorios en que gana Macri. Destaca que el campo se articula cada vez más con las finanzas, la industria y los grandes medios, y que los terratenientes y los peones, que fueron los protagonistas del periodo oligárquico, conviven ahora con técnicos, arrendatarios, agrónomos, veterinarios, mecánicos de maquinaria agrícola y pilotos fumigadores, entre otros.
La tecnología es incluso más importante que la propiedad de la tierra que los “ pools de siembra” alquilan, mientras los cultivadores conectados al mundo globalizado están pendientes de los precios de la bolsa de Chicago, donde se cotizan los cereales.
El segundo sostiene que estamos ante una complejización de las clases medias rurales y la emergencia de nuevas clases medias ruro-urbanas. En consecuencia, el conflicto con el campo que sostuvo el gobierno kirchnerista en 2008 no fue la clásica contradicción oligarquía-pueblo.
A partir de ese momento, se hizo visible un conglomerado de actores más complejo y con una base social mucho más extensa, que rechaza las políticas sociales porque sienten la pobreza urbana como una realidad muy lejana. Ese bloque social es el que llevó a Macri al gobierno y el que lo sostiene.
La sociedad extractiva genera valores y relaciones sociales conservadoras, así como la sociedad industrial generaba una potente clase obrera y valores de comunidad y solidaridad. En las grandes fábricas, miles de obreros se convirtieron en clase al organizarse para resistir a los patrones.
Por el contrario, el extractivismo no genera sujetos internos, o sea dentro del entramado productivo, porque es un modelo financiero especulativo. Las resistencias son siempre externas, en general las protagonizan los afectados.
La segunda cuestión es el desgaste del progresismo luego de una década larga de gobierno. Aquí aparecen dos elementos. Uno, el desgaste interno natural o por la corrupción y la mala gestión, y combinaciones de ambos. Dos, porque el propio modelo despolitiza y desorganiza a la sociedad que sólo se articula por medio del consumo. Ahí es donde muerden las derechas.
El consumismo es la otra cara de la sociedad extractiva. Una sociedad que no genera sujetos, ni identidades fuertes, con valores vinculados al trabajo digno, o sea productivo, sino apenas valores mercantiles e individualistas, no está en condiciones de potenciar proyectos de largo aliento para la transformación social.
La tercera cuestión que explica el auge de las derechas es la debilidad del campo popular, que afecta desde los movimientos hasta la cultura del trabajo y de las izquierdas. La sociedad extractiva crean las condiciones materiales y espirituales de esta anemia de organización y luchas. Pero hay más.
Las políticas sociales del progresismo, sobre todo la inclusión mediante el consumo, multiplicaron los efectos depredadores del modelo en cuanto a desorganización y despolitización. En el shopping desaparecen las contradicciones de clase, incluso las étnicas y de género, porque en esos no lugares (Marc Augé) el entorno desaparece a la humanidad de las personas.
Pero los movimientos también son responsables por las opciones que tomaron. En vez de construir mirando el largo plazo, preparándose para el inevitable colapso sistémico, tomaron el atajo electoral que los llevó a construir alianzas imposibles con resultados patéticos. Algunos movimientos argentinos, que optaron por aliarse con la derecha justicialista, podrían hacer balance sobre los resultados desastrosos que obtuvieron, y no me refiero a la magra cosecha de votos.
Por último, debemos pensar las enseñanzas que nos deja el ascenso de las derechas y la crisis de los movimientos. La sociedad extractiva de cuarta guerra mundial, no puede ser resistida con la misma lógica de la lucha obrera en la sociedad industrial. No existe una clase para ser dirigida. Los sujetos colectivos deben ser construidos y sostenidos todos los días. Las organizaciones deben ser sólidas, cinceladas para el largo plazo y resistentes a los atajos institucionales.
Raúl Zibechi
La Jornada
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