El inicio del año en la Provincia marcó la renovación del discurso de la “seguridad” como eje de la política de Estado. El “Operativo Sol” más grande de la historia se instaló en la costa al calor de la represión a estudiantes marplatenses que protestaban contra el aumento del boleto. Mientras los indicadores económicos se deterioran, se incrementan las tarifas y sube la inflación, la criminalización de la protesta y de la juventud sigue a la orden del día.
En la antesala de un año en el que los indicadores económicos no prometen grandes repuntes, y donde lo más afectado continuará siendo el nivel salarial y las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzó el 2014 focalizando el eje en la política de “seguridad” y haciendo gala de la superpoblación de policías como forma de garantizar “la tranquilidad” de los veraneantes en la costa bonaerense.
“Mucha más policía, sin contar al novio celoso”, rezaba la publicidad televisiva que anunciaba el “Operativo Sol” más grande de la historia de la Provincia , y que desbordaba de conceptos misóginos y machistas.
A la legitimación de la relación de pareja como vigilancia, la posesión del cuerpo de la mujer/objeto por parte del “macho musculoso”, se le suma la concepción del goce vacacional gracias al despliegue represivo del Estado. El INADI y los organismos estatales dedicados a la violencia de género, brillaron por su ausencia.
De esta forma se describe la presencia de 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, cuatriciclos y todo terreno, 7 helicópteros, 90 radares, que en teoría “están preparados para cuidarte”.
¿Cuidarte de qué?
El comienzo del año trajo aparejado un aumento del precio del boleto de colectivos en distintos puntos del país, golpeando nuevamente los salarios que se deterioran día a día ante la inflación.
En Mar del Plata, el pasado 10 de enero, mientras el Concejo Deliberante intentaba aprobar la suba de 22% del monto de los pasajes de micros locales para llevarlo a $3,97, se desarrolló una movilización para frenar el ajuste, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad locales, contando con el “gentil” apoyo de los efectivos dispuestos para el “Operativo Sol” .
Hubo 18 detenidos, cuatro de ellos menores de edad, tras una cacería desarrollada por las calles de la ciudad, por las avenidas principales, galerías y peatonales, persiguiendo a quienes estaban en la movilización y también a los turistas que veían lo que pasaba y trataban de frenar a la policía.
Días después, el Gobernador Daniel Scioli salió a aclarar que a pesar del imponente montaje represivo “no se sacó ni a un solo policía del conurbano. El refuerzo del Operativo Sol es el resultado que han tenido las escuelas descentralizadas de policía".
En la misma línea
Desde el comienzo del año el Gobierno va dejando en claro cuál será el eje de su política de Estado, profundizando la tendencia de los últimos dos años, en donde se desplegaron efectivos de distintas fuerzas policiales (gendarmería, prefectura, etc) para “custodiar” zonas del conurbano y de la Provincia consideradas peligrosas.
La experiencia de los vecinos del barrio porteño de Zavaleta muestra el rol que cumplen estos efectivos, que tras el asesinato del niño Kevin Molina se dedicaron a hostigar a los habitantes del barrio que se organizaron para velar por su “seguridad” y controlar a las fuerzas policiales.
Cabe destacar además, que semejante despliegue policial no parece ser inocente ante la llegada de las negociaciones paritarias que en pocos días comenzarán a desarrollarse. El año pasado la Gobernación provincial intentó asestarle un duro golpe a las organizaciones de los trabajadores estatales cuando envió a la policía bonaerense a detener violentamente a 5 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación, cuatro de ellos integrantes de la Junta Interna , con métodos propios de la Dictadura.
Estos trabajadores continúan procesados por una causa que inició la titular del área de educación, Nora de Lucía, como represalia a la toma del establecimiento realizada por los empleados del mismo en 2012 ante el intento del Gobierno de efectuar despidos y fraccionar en cuatro cuotas el aguinaldo.
A su vez, el inicio del año marca también el fortalecimiento del discurso criminalizador de los y las jóvenes pobres, particularmente quienes están privados de su libertad. En La Plata las declaraciones de funcionarios y los titulares de los medios locales ante la fuga de jóvenes presos en el Instituto de Máxima Seguridad Almafuerte y Centro Cerrado Nuevo Dique, sucedidas esta semana y la anterior, se dedican a remarcar la “peligrosidad de los menores” y la necesidad de su recapturación inmediata.
Poco se dice sobre sus historias de vida y en ningún momento se resaltan “detalles” de sus padecimientos en el encierro, como por ejemplo que el Instituto Almafuerte tiene un pedido judicial de cierre debido a las inhumanas condiciones de detención de los jóvenes allí alojados: encierro prolongado en pequeñas celdas, falta de atención médica, pocas horas de actividades, régimen disciplinario sin derecho a defensa, entre otras.
Anred
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