Los trabajadores y el pueblo no vamos a pagar los platos rotos de una fiesta ajena.
La devaluación de la semana pasada completa una serie de medidas que responden a un contexto económico difícil, que marca las contradicciones que acumuló el modelo en los últimos años y en donde el gobierno nacional terminó haciendo lo que prometió que no haría. Sin duda, la devaluación del peso, con el precio del dólar oficial que saltó de 6 a 8 pesos en menos de un mes, tendrá un claro impacto regresivo para los sectores populares.
Una vez más, como en toda depreciación de la moneda nacional, quienes salen favorecidos son los grandes exportadores y el gran capital, vinculados a los sectores transnacionales, que venían demandando una devaluación. Mientras que los grandes perjudicados somos los trabajadores y el pueblo, que como siempre sufrimos con la disminución en el poder de compra de nuestros ingresos.
De esta forma, hoy se cristalizan las transformaciones estructurales siempre pendientes; sumándose esta fuerte devaluación del peso a una serie de medidas “pro-mercado” que el gobierno nacional tomó en los últimos meses, intentando evadir sin éxito las tormentas que le sugirieron distintos sectores políticos y empresariales.
Claro ejemplo de esta orientación es la búsqueda de un arreglo con Repsol por 5.000 millones de dólares (reconociéndole el pago de una indemnización después de haber saqueado durante años nuestros recursos); los acuerdos con cinco multinacionales en el marco del CIADI (tribunal internacional del saqueo que actúa como árbitro entre estados soberanos y empresas transnacionales), por lo cual nuestro país pagará cuantiosos montos en dólares, mermando la soberanía del Estado para juzgar en el propio territorio. En la misma línea, del baúl de los recuerdos salió el intento de acordar con los acreedores del Club de París, postergado desde 2008, con la expectativa de conseguir crédito internacional a costa de endeudar nuevamente al país.
En síntesis, el gobierno profundiza una inserción económica subordinada a los grandes grupos monopólicos, así como al CIADI, al Banco Mundial y al FMI, sumándose en estos días la discusión de un acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que de concretarse perjudicaría gravemente a los trabajadores y a la soberanía del Estado.
Sin embargo, estos no son los únicos compromisos del gobierno con el empresariado local e internacional. Otros se han venido tejiendo desde hace años y les han permitido “llevársela con pala”, como reconoció hace tiempo ya Cristina Fernández de Kirchner. No fueron acuerdos gratuitos, sino que se montaron sobre un escenario económico frágil y que fue sumando contradicciones, permitiendo cierta recuperación del nivel de empleo y los salarios, al tiempo que se concretó el pago de 173.000 millones de dólares de deuda externa (el famoso “desendeudamiento”), la cual no solo no ha evidenciado una reducción significativa y hoy asciende a us$200.000 millones, sino que con la vuelta al crédito internacional se espera que esta se expanda nuevamente.
Ante tamaña sangría de recursos, el gobierno se desespera ahora por obtener dólares, ya sea intentando volver al crédito internacional con los organismos multilaterales; inclinándose ante inversiones extranjeras con condiciones draconianas (y hasta secretas y potencialmente contaminantes como con Chrevron); procurando acuerdos con China (como el fallido intento de la construcción de dos represas) o intentado infructuosos blanqueos de capitales no declarados (posiblemente provenientes del lavado de dinero).
Sin embargo, los sectores empresariales concentrados quieren todavía más y apuestan a una devaluación aún mayor del peso para aumentar sus ganancias. Con tal de salvaguardar sus ingresos no dudan en incrementar los precios de los productos que ellos venden y nosotros producimos, alegando aumentos de insumos.
Es evidente que este panorama de devaluación no se reduce únicamente de una disputa entre los de arriba sino que se hará sentir por abajo. La precariedad ataca la vida de más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que contamos con ingresos por debajo de los 4.000 pesos para más del 50% de las y los laburantes (mientras el sector financiero ganó 34.000 millones de pesos sólo entre enero y noviembre de 2013).
Por su parte, los acuerdos de precios firmados por el Secretario de Comercio, Augusto Costa, el sucesor de Moreno, ya convalidaron precios altos de alimentos, a lo que se sumará el impacto de esta reciente devaluación que sin duda no va a pasar desapercibida en las góndolas de los supermercados.
Otra vez los de arriba van a querer que la clase trabajadora pague los platos rotos, con nuevos incrementos de tarifas, combustibles, alimentos y medicamentos, entre otros bienes de primera necesidad.
Por eso, las organizaciones abajo firmantes llamamos a poner en pie iniciativas que permitan sostener el nivel de ingresos de las y los trabajadores, impulsando la organización y la lucha desde las bases para impedir que las paritarias sean la variable de ajuste; defendiendo cada puesto de trabajo, reclamando salarios iguales a la canasta familiar, el incremento de los planes sociales, el control popular de precios y de los servicios públicos, y la aplicación de la Ley de Abastecimiento.
Asimismo, frente a la suba de la inflación reclamamos la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica y a los medicamentos, así como la nacionalización del transporte, la energía y los combustibles bajo control de los trabajadores y el pueblo.
Para que la grave situación económica no golpee a los sectores de menos recursos, es fundamental que se impulsen medidas como la nacionalización del sistema financiero y el comercio exterior, que permitan cerrar la fuga de divisas sin castigar el bolsillo popular.
Por último, exhortamos al gobierno nacional a recuperar la soberanía, desconociendo al CIADI como tribunal con jurisdicción para los litigios con las multinacionales; y a no pagar la deuda externa que se ha comprobado que es ilegal, ilegítima y fraudulenta.
Porque queremos un país con soberanía alimentaria, energética y financiera.
¡Por una Argentina sin entrega ni explotación!
¡Por una alternativa política de los de abajo!
Primeras firmas:
COB La Brecha – Frente Popular Darío Santillán (FPDS) – Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS) – Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) – OP Fogoneros – Agrupación Domingo Menna – Organización de Trabajadores Revolucionarios (OTR)
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