Durante el gobierno de Alfonsín, miembros del MTP intentaron tomar un Regimiento de Infantería. Luego de una represión sin precedentes, 29 de ellos fueron capturados con vida, todos los detenidos fueron torturados, varios fueron fusilados y cinco desaparecidos. Recientemente la Justicia determinó que esos crímenes han prescripto, por lo que los responsables jamás serán juzgados.
La historia de los desaparecidos en nuestro país es vasta y lamentablemente no se acota a la trágica etapa de la última dictadura militar. La llegada de la democracia no desactivó los aparatos represivos que habían producido 30 mil perdidas para el campo popular, y las leyes de impunidad permitieron que durante mucho tiempo quienes se habían sentido los señores de la vida y la muerte siguieran actuando con total libertad.
Ahí están los casos de Jorge Julio López, Luciano Arruga, Miguel Bru y tantos otros que sufrieron desapariciones en democracia. Desapariciones en las que estuvieron involucrados los aparatos represivos del Estado. Muchos de estos casos han tenido amplia repercusión y hoy se siguen haciendo marchas en reclamo de justicia.
Sin embargo, durante el gobierno de Raúl Alfonsín se dio un caso de desapariciones que parece haber entrado en el olvido y haberse cubierto de impunidad. Luego del intento de copamiento al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, 29 militantes del Movimiento Todos por la Patria fueron capturados con vida. Todos ellos fueron torturados, varios fueron fusilados y cinco fueron desaparecidos. A pesar de que los responsables están identificados y de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que se trataba de crímenes de lesa humanidad, la Justicia argentina determinó que esos hechos ya han prescripto, por lo que estas víctimas de la represión ilegal y sus familiares no podrán encontrar la tan ansiada justicia.
La Tablada
El 23 de enero de 1989, un grupo de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) intentó tomar el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada. Más allá de las motivaciones que los movilizaron a cometer este acto –los sobrevivientes del grupo hasta el día de hoy aseguran que intentaban frustrar un golpe de Estado–, la vigencia de un gobierno democrático debió haber garantizado que las fuerzas del Estado actuaran dentro del marco de la ley, pero muy por el contrario su proceder fue exactamente igual que durante la dictadura finalizada 6 años antes.
El MTP se había creado en 1986 y su máximo referente era Enrique Gorriarán Merlo, ex miembro de la cúpula del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP). La composición de este movimiento era mucho más heterogénea que la del ERP y de su creación participaron muchas figuras relacionadas con otros sectores del campo popular. Desde su creación, el MTP se diversificó: tuvo trabajo barrial; trabajo gremial (el Movimiento ganó las elecciones del sindicato azucarero del ingenio Ledesma, uno de los más importantes del país por la cantidad de trabajadores que agrupaba); participó en las elecciones legislativas de 1987 en alianza con el Partido Intransigente (PI); e incluso, a través de uno de sus referentes –Francisco “Pancho” Provenzano – fue una de las piezas claves en la creación de un diario que marcaría historia en el periodismo argentino, Página/12.
Sin embargo, en un contexto argentino muy particular (ya se habían dado 3 levantamientos militares contra el gobierno de Alfonsín: Campo de Mayo, Villa Martelli y Monte Caseros, que habían conseguido sacarle al gobierno de Alfonsín las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, las que durante mucho tiempo garantizaron la impunidad de los genocidas), su análisis político los llevó a decidir la toma del Regimiento de La Tablada.
Alfonsín puso al frente del grupo encargado de la recuperación del regimiento al general Alfredo Arrillaga (quien había sido responsable del Centro Clandestino de Detención que funcionaba en la Base Naval de Mar del Plata) y al mayor Jorge Eduardo Varando (quien con el tiempo tomaría trascendencia por ser uno de los responsables de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001). El resultado no pudo ser otro que una brutal represión en la que no se escatimó el uso de ningún tipo de armamento por parte del estado (tanques, helicópteros, granadas, etc.). Al término del día había cuerpos tendidos por todo el regimiento. Veintinueve de los militantes del MTP fueron capturados con vida, todos ellos fueron torturados, hubo varios casos de fusilamientos y cinco de ellos – Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, Carlos Burgos, Iván Ruiz y José Díaz – fueron desaparecidos (algunos de sus restos fueron identificados recientemente por un grupo de antropólogos forenses, y se determinó también que en algunos casos los cuerpos fueron destruidos con explosivos).
En su libro Memorias Gorriarán Merlo señala: “De los cinco emblemas del terrorismo de Estado – la tortura, el asesinato de prisioneros, la desaparición de personas, la explosión de cadáveres y el robo de niños –, los represores de La Tablada practicaron cuatro. No había ninguna compañera embarazada, quizá por eso faltó la quinta técnica: el robo de niños”.
La justicia no llegará
En diciembre de 2009, el juez federal de Morón Germán Castelli procesó al ex general Alfredo Arrillaga por homicidio agravado por alevosía, y señaló que los crímenes llevados adelante en La Tablada eran de lesa humanidad, lo que trasformaba estos delitos en imprescriptibles. En su fallo, el juez había determinado que correspondía esta tipificación porque “un número indeterminado de agentes del Estado planificó que los atacantes apresados durante y con posterioridad a la recuperación del cuartel fueran, en algunos casos, ejecutados, y todos ellos torturados”.
En aquel momento el juez Castelli fallaba en concordancia con la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había determinado que el fusilamiento de los detenidos durante el copamiento se realizó "en representación del Estado argentino".
Según señalaba el diario Página/12, el magistrado había dado por “probadas al menos nueve ejecuciones y decenas de casos de torturas, algunas de ellas de prisioneros capturados fuera del cuartel”.
El diario remarcaba que la conclusión del juez había sido clara: “el objetivo de los militares con los prisioneros fue “matar algunos de ellos y torturarlos a todos”. Castelli remarcaba que los militares “aprovecharon el extraordinario poder otorgado, el dominio del escenario de los hechos, la estructura y los recursos estatales para sobrepasar, sigilosamente, el poder presidencial, y así planificar y ejecutar graves violaciones al derecho humanitario internacional, que incluyó dificultar las investigaciones”.
Parecía que llegaba la hora de la justicia y que los responsables de los crímenes de La Tablada iban a tener que responder por sus hechos. Pero sólo dos meses después, en febrero de 2010, la Cámara Federal de San Martín revocó el fallo de Castelli y determinó que se trató de “un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos”. En el fallo también se señala que “no se advierte de lo actuado que confluyan en el sub examen los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad”, por lo tanto al haber pasado 21 años de los hechos consideró que estos ya estaban prescriptos y no podían ser juzgados.
Por último, el fallo – que parece un alegato en defensa de los acusados - determinó que “no se actuó contra una población civil por una determinada política previa y planificada, sino que se actuó en el marco de un combate espontáneo para recuperar rehenes e instalaciones militares ilegítimamente atacadas”.
El hecho de que los jueces Jorge Barral, Hugo Fossati y Alberto Crisculo repitan constantemente en su fallo que las instalaciones militares fueron “ilegítimamente atacadas” parece ser esgrimido como una justificación para las torturas, los asesinatos y las desapariciones de las que fueron víctimas los militantes del MTP. De fondo resuena el “algo habrán hecho”, “en algo andaban”, y tantos otros mensajes nefastos que se corresponden más a los discursos de la época de la dictadura militar que al de un grupo de jueces que dan un dictamen en 2010, rigiendo la plena democracia.
¿Cómo se puede decir que un hecho en el que estuvo involucrado el principal aparato represivo del Estado que actuó durante la dictadura, que estaba comandado por los mismos hombres, que tuvieron el mismo proceder (con tortura y desaparición), y contra el mismo sector político de entonces (el enemigo marxista), no es equiparable con los crímenes cometidos durante la dictadura? ¿Cómo se puede decir que “fue un hecho espontáneo”? ¿Cómo se lo puede justificar en base a las “instalaciones militares ilegítimamente atacadas”?
La Justicia argentina tiene muchas deudas por saldar, La Tablada es una de ellas, pero desgraciadamente parece que algunos jueces se encargaron de que quedara cubierta por la impunidad.
Héctor Bernardo, para Revista 2016.
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