Pontaquarto fracasó. A pesar de brindar hasta el último detalle el monto total, el origen, la ruta del dinero, el destino de las coimas y las cifras asignadas a cada uno de los senadores beneficiarios y muchas otras evidencias, él y todos los responsables de las “coimas del Senado” quedaron absueltos. Pruebas y fiscales que las aportaron fueron pasados por arriba, y hasta los acusadores y testigos corren peligro de ser acusados ahora de “armar una falsa y disparatada causa” -lo que establecería una advertencia poderosa a futuro para quienes estuvieran pensando en sacar los pies del plato.
La prensa ha puesto su eje en la “impunidad”, pero ni siquiera desde este estrecho punto de vista se llega hasta el final. Omiten que la redacción de la ley “Banelco” salió de las oficinas de Techint. Javier Tizado, personero de Paolo Rocca, nombrado secretario de Industrias por el gobierno de la Alianza, fue el redactor de una Reforma Laboral que legalizó los preciados convenios por empresa. La Nación llegó a publicar que “los fondos de los sobornos habrían salido de una importante empresa”.
Sin duda, la impunidad para De la Rúa, tanto por los 33 muertos del 19 y 20 de diciembre como en este caso, están en la línea de la impunidad que se aseguró Menem en la causa del contrabando de armas. Y la que se trama en favor de los Kirchner. Lo que se defiende es la continuidad de un régimen social y político, donde la corrupción sólo remunera la defensa de los intereses estratégicos de la clase capitalista. Esa clase, que no va al banquillo, como no lo fue con la dictadura, protege desde luego a su “personal” político.
Con las absoluciones, al mismo tiempo ha sido indultado el contenido de la ley Banelco, por parte de un régimen y una Justicia que fueron socios en los ‘90 de la flexibilidad laboral y que la preservaron bajo la década “ganada”. En 2004, cuando estalla el caso por las confesiones del arrepentido, en un trámite sumario y con apoyo de la burocracia sindical y la centroizquierda (CTA), el kirchnerismo aprobó la llamada “Banelco II”.
La actual ley laboral -que Lozano llamó “ley fundante” en tiempos de su idilio con el kirchnerismo- es una réplica de la “Banelco” y sostuvo en estos nueve años al 40% de la población laboral argentina bajo condiciones laborales precarias. La “Banelco II” habilitó la continuidad de los convenios a la baja, sean por empresa o por gremios, que perforan los pisos históricos de la ley de contrato de trabajo. Habilita los “convenios Pyme” con cláusulas laborales inferiores, con un piso de trabajadores que Kirchner elevó hasta un número de 80. Pero en el actual convenio plástico, habilitado por Tomada, esa cifra es llevada hasta 300 trabajadores.
La “Banelco II” redujo las indemnizaciones que tenían por piso dos meses de sueldo. Permite el trabajo por agencia, de enorme difusión en la industria. Mantiene los nefastos recursos de crisis por los cuales se abaratan los despidos y se suspenden los convenios, y mantiene la no vigencia del convenio en las convocatorias de acreedores. Si bien derogó variedades menemistas de contratación precaria, habilitó las pasantías y el tiempo de “aprendizaje”, novedosas formas de violar los convenios y la estabilidad laboral. El propio Estado, bajo esta ley laboral, practica las “becas” y el monotributo, modalidades de fraude laboral “siglo XXI”.
El kirchnerismo, por lo tanto, sólo “emprolijó” la ley “Banelco”, una legislación estratégica de la burguesía nacional.
Otro tanto ocurre con el papel de la ex Side y de sus fondos reservados en las coimas. El kirchnerismo ha multiplicado esos fondos, así como el papel político de los organismos de inteligencia. Basta ver los 1.356 millones otorgados a Milani, su propia designación o el Proyecto X de la Gendarmería. La Justicia ha protegido el manejo presidencial de las cajas negras de los servicios de inteligencia. El fallo, indirectamente, protege a los Milani y a los Gerardo Martínez, o a la conexión local del atentado de la Amia.
Este fallo de impunidad tiene que reforzar nuestra lucha por la derogación de la “Banelco II” y de todo el edificio de la flexibilidad laboral, así como la exigencia de apertura de los archivos de todos los servicios de inteligencia y su desmantelamiento.
Nestor Pitrola
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