Un juez declaró inconstitucional el veto de Macri a la reglamentación del aborto no punible, que ahora tiene plena vigencia en la Ciudad de Buenos Aires.
La Justicia porteña finalmente declaró inconstitucional el veto del Jefe de Gobierno Mauricio Macri a la ley que reglamenta el aborto no punible. De esta manera, termina una disputa judicial que comenzó en septiembre de 2012, cuando la Legislatura porteña aprobó un protocolo que deben cumplir los hospitales públicos en casos de aborto no punible, en sintonía con un fallo de marzo de ese año de la Corte Suprema.
El veto de Macri había significado la vigencia de una resolución profundamente restrictiva que había firmado el ministro de Salud de la Ciudad, Jorge Lemus, que finalmente fue suspendida por la jueza Patricia López Vergara. Sin embargo, la misma magistrada estableció una serie de directrices que recuperaban el espíritu de lo marcado por el gobierno porteño.
Entre otros puntos polémicos, esta reglamentación establecía la conformación de un equipo interdisciplinario para evaluar el caso, la posibilidad del director del hospital de confirmar el diagnóstico, y especialmente la obligación del consentimiento de los padres para realizar el procedimiento, en caso de mujeres menores de edad. Esto último era un impedimento en múltiples casos ya que, según la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), “en el 90% de los casos los perpetradores de abuso sexual sobre niños, son conocidos de la familia y, entre ellos, con un margen que oscila entre el 65 y el 80%, donde los agresores son los propios padres”
Además, hasta ayer estaba vigente un artículo relacionado a la “objeción de conciencia” por parte de los profesionales médicos, que podía aplicarse en cada caso en particular y no de forma previa, a la hora de ingresar a trabajar en un establecimiento. “Esto implica que la mujer no conozca con antelación si el profesional que la atiende estará dispuesto a realizarle la práctica. En consecuencia, la usuaria puede enfrentar serias demoras para conseguir el procedimiento”, dice el mismo informe de la ADC.
La legislación que el reciente fallo judicial puso nuevamente en práctica –y que fue votada por todo el arco de la oposición porteña- es acorde a lo definido por la Corte y asegura la realización de todos los estudios de diagnóstico y la intervención quirúrgica en hospitales públicos, así como asesoría psicoterapéutica desde la primera consulta y posterior al aborto. También incluye entre las prestaciones la consejería en salud sexual, así como la provisión de métodos anticonceptivos de forma gratuita y la asesoría sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Para Vidal, es político
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, aseguró que se trata de un “fallo político” y que el aborto no punible “puede realizarse en la Ciudad desde hace un año”. Para la ex ministra de Desarrollo Social, “no es que Gallardo le permite a las mujeres víctima de violación realizarse el aborto, esto ya pasaba; lo que pretende declarar inconstitucional un veto de un gobierno". Lo cual, por cierto, es exactamente lo que implica la decisión del juez.
Paradójicamente, fue la propia Vidal la que dijo en octubre de 2012 que el Gobierno porteño recurriría a la Corte Suprema para lograr que se le realizara un aborto a una mujer víctima de redes de trata en el Hospital Ramos Mejía, que fue impedido por un amparo presentado por una organización ultra católica. Este hecho había salido a la luz pública por los dichos de Macri, que en abierta violación de la privacidad de la víctima había dado a conocer la fecha y el lugar donde se realizaría el procedimiento.
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