La Chevron venía exigiendo condiciones leoninas para aportar tecnología (fracking) de extracción de shale gas y shale oil: rentabilidad, garantías para llevarse sus ganancias y libre disponibilidad para exportar. El lunes 15 se publicó el Decreto N° 929 de promoción de inversiones. Al día siguiente, Miguel Galuccio, presidente de YPF, que trabajó en la imperialista Schlumberger, firmó un convenio con Chevron para explotar el 3,3% del área que YPF tiene concesionada en Vaca Muerta. Son territorios reclamados por las comunidades Mapuche que protestaron contra el acuerdo y el fracking. Esta tecnología, prohibida en Francia y Bulgaria, es fuertemente agresiva contra el medio ambiente. En EE.UU. hay moratoria ambiental para evaluar los daños.
La inversión de Chevron será de u$s 1.240 millones. Apenas alcanza para una prueba piloto. El acuerdo tiene cláusulas secretas y la dimensión de la entrega probablemente sea mayor.
Cristina ya venía operando a favor del acuerdo. En una causa que llegó a la Argentina impulsada por los pueblos originarios del Ecuador contra Chevron reclamando una reparación por daño ambiental agravado (implicaba pagar u$s16 mil millones), la procuradora Gils Carbó dictaminó a favor de la empresa. La Corte Suprema también brindó sus servicios a favor de la yankee. John Watson, número uno de Chevron, vino a Argentina a celebrar la entrega de la “soberanía petrolera”.
Fiesta de negocios
Recién para 2017 la explotación que harán YPF y Chevron podría generar un aumento del 25% en la producción de petróleo y 10% en gas. La fallida experiencia frondizista anticipa las consecuencias. Aunque en los ‘60 se logró el autoabastecimiento, el capital imperialista llegó al país con objetivos propios, lejanos a los deseos “desarrollistas” de sustituir importaciones y equilibrar la balanza de pagos. El resultado fue un drenaje de dólares al exterior y mayor sujeción al capital imperialista.
La expropiación parcial de YPF dejó en manos de un puñado de empresas imperialistas y sus socios locales alrededor del 70% de los hidrocarburos. Son tan depredadoras como Repsol. El principal requisito para lograr los beneficios del Decreto N° 929 es invertir más de u$s1.000 millones. No pasará mucho para que la PAE (con mayoría accionaria de los “piratas” de la British Petroleum, en asociación con Bridas de Bulgheroni y capitales chinos), la Total de Francia o Tecpetrol de Techint, se beneficien. El Merval se fue para arriba gracias a las acciones de YPF. Los especuladores festejan.
Continúa la entrega
Es sabido que la privatización de YPF tuvo el apoyo de los K. Casi una década convivieron con el saqueo de Repsol. Cuando la crisis energética se agudizó lanzaron “Petróleo Plus”, “Gas Plus” y “Refinación Plus” para aumentar la producción. Las empresas recibieron millones pero la declinación no se detuvo. De este fracaso se pasó a la “argentinización” con el ingreso de los Eskenazi a YPF. Un fraude: se acordó que pagarían su ingreso con ganancias de la propia empresa y no pusieron un peso.
Ante el colapso energético que comenzaba a absorber miles de millones de dólares en importaciones, la escasez de divisas que llevó al “cepo” y los problemas crecientes del “modelo”, se expropió parcialmente YPF. CFK aclaró que no era una estatización. Pese a las ilusiones de los “progresistas”, la ley abría la posibilidad de “alianzas estratégicas”. El gobierno ganó el control sobre las reservas de Vaca Muerta, pero no tenía dinero ni tecnología para explotarlas. El carácter semicolonial del país brota por todos lados.
Mientras una gran parte de la UCR, el FAP, Solanas, Lozano e incluso algunos peronistas disidentes votaron la ley, el FIT fue el único que alertó sobre esta política entreguista: “el gobierno kirchnerista busca ahora controlar la mayoría accionaria de YPF para ofrecerle el negocio a otros capitales imperialistas” (declaración del FIT, 20/4/2012).
Mediante el Decreto 1.277 de 2012 se reglamentó la ley de expropiación parcial de YPF. Se creó la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica. La reglamentación establecía el fin de la libre disponibilidad de hidrocarburos y divisas. A la vez, daba potestad a la comisión para definir el plan de inversiones, precios y ganancias. Los medios oficialistas celebraron que los recursos ya no serían una mercancía sometida al lucro. A la oposición se le erizó la piel alarmada por el supuesto giro chavista. No tenían de qué asustarse. La primera medida fue aumentar los combustibles.
La política del gobierno arroja resultados lapidarios. Se pasó del autoabastecimiento a importar hidrocarburos por u$s13.000 millones en 2013, agravando el déficit de balanza de pagos y la pérdida de reservas del Banco Central. En los primeros cinco meses del año la producción cayó 4%.
El acuerdo con Chevron marca un nuevo giro que niega en muchos aspectos el Decreto 1.277, aunque mantiene continuidad en cuanto a la búsqueda de alianzas con el capital extranjero. La Chevron podrá exportar un 20% de los recursos extraídos sin pagar retenciones. Incluso si no exporta podrá obtener en el mercado interno los mismos precios como si lo hubiera hecho. Además se le garantiza prioridad para acceder a los dólares. La imposición imperialista se nota hasta en los “detalles”: el acuerdo queda sometido a los tribunales de Nueva York.
Estatización bajo administración de trabajadores y técnicos
Hay que exigir la anulación inmediata del acuerdo con Chevron y del Decreto N° 929. Para la clase obrera está planteado pelear por la expropiación y estatización íntegra del sistema hidrocarburífero, desde la extracción hasta la refinación, y su puesta a producir bajo gestión de trabajadores y técnicos. Los recursos para su financiamiento tienen que salir de la apropiación íntegra de la renta hidrocarburífera, de impuestos progresivos a las grandes fortunas, al agro y al capital financiero, como así también del no pago de la deuda. Incluso sobre esta base se podrían hacer acuerdos de transferencia tecnológica desde otra relación de fuerzas. Y no aceptando todas las condiciones que imponen los saqueadores. Lo opuesto a este pacto de dependencia. Las condiciones estructurales del atraso y la dependencia se seguirán reproduciendo si no se rompe definitivamente con la opresión imperialista y el conjunto de los resortes estratégicos del país se integran en un plan que atienda las necesidades sociales, una perspectiva que no pueden llevar adelante ni este gobierno, ni la oposición patronal, sino un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
Pablo Anino
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