El “acta” encontrada pertenece a la Subsecretaría de Marina Mercante, entonces un área del Ministerio de Economía.
Los documentos que fueron mencionados por un testigo en el juicio de la ESMA dan cuenta de listas de personas con sus antecedentes políticos. Además, se ordena señalar el “personal a detener, a prescindibilizar y a quienes se permitirá que continúen en sus puestos”.
A dos días del golpe del 24 de marzo, la Subsecretaría de Marina Mercante, entonces un área del Ministerio de Economía, reunió a su Consejo de Personal para cumplir con lo “dispuesto” por la Orientación para la Etapa de Consolidación de la Fase de Asunción del Control. Según documentos secretos con listas negras que acaban de ser nombrados en el marco del juicio oral de la ESMA, el punto 3 de la Orientación expresaba una guía sobre el “desenvolmiento en el área Economía”. “A partir de la entrada en posesión de cada edificio, los responsables procederán a (...) confeccionar listas de:
- Personal a detener
- Personal a prescindibilizar
- Personal a quienes se permitirá, en principio, que continúen en sus puestos.”
Las “actas secretas” que en sus fojas siguiente contienen un enorme listado de personas con sus adscripciones políticas o antecedentes en el organismo, fueron encontradas de casualidad en 2011 en una caja fuerte abandonada de un edificio muy viejo y de poca actividad de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, ubicado en la Costanera Sur. Quienes lo encontraron se lo dieron a los delegados de ATE que a su vez lo entregaron al Archivo Nacional de la Memoria. Los listados aluden a personal de esa Dirección, pero también mencionan personal de la Subsecretaría de Marina Mercante, un área que en el mes de abril de 1976 se jerarquizó y pasó a ser Secretaría de Intereses Marítimos, entonces dentro del Ministerio de Economía. La secretaría tenía una subsecretaría llamada de Puertos y Vías Navegables y de esa área dependía la dirección. En este momento, la misma subsecretaría depende de la Secretaría de Trasportes y está enrolada en el Ministerio del Interior.
La semana pasada, Carlos Loza, uno de los delegados portuarios y sobreviviente de la ESMA, nombró estos documentos durante la audiencia oral para pedir una investigación sobre sus responsables y alcances. “En algunos casos los nombres que aparecen en esas listas fueron personas que quedaron prescindibles o despedidas y esos datos son compatibles con personas que van a ser desaparecidas o detenidas.” Los documentos comienzan en marzo de 1976 y continúan durante 1977. Los informes dan cuenta del largo espionaje porque están apoyados por volantes de las agrupaciones políticas de 1973.
Entre los datos más relevantes hay dos muy significativos para pensar el aporte de estas actas en un contexto mayor. Por un lado, la referencia a la “Fase 1” evoca un documento preexistente y el modo de elaborar el acta da cuenta de un procedimiento estandarizado que puede hablar de su repetición en otros ámbitos. Por otro lado, en el marco de la causa ESMA los documentos abren una posible guía de lectura sobre una serie de secuestros, de delegados y trabajadores, que se desempeñaron en organismos o empresas que quedaron bajo la jurisdicción de la Subsecretaría de Marina Mercante o Secretaría de Intereses Marítimos y otras áreas intervenidas por la Armada.
“Es necesario armar un equipo de investigación que se dedique al seguimiento del cumplimiento y efectivización de esta terrible orden o directiva”, dice a Página/12 el abogado y querellante Pablo Llonto. “Hay que analizar para esto cada uno de los ministerios del Estado nacional y ver cómo seguramente luego fue bajando a cada secretaría y subsecretaría. Habría que ver quiénes fueron los ejecutores y quiénes las víctimas despedidas, cesanteadas, perseguidas o secuestradas. En consecuencia, habría que hacer la denuncia penal de cada uno de los casos. Al primer lugar que iría es a la Secretaría de Derechos Humanos para ver en los archivos todos los que fueron víctimas –estén o no desaparecidos–, y que en el momento del secuestro hayan estado en una dependencia estatal.”
El documento
La primera acta secreta se llama Acta Consejo de Personal N 1, se firmó el 26 de marzo de 1976, a las 10 horas. Tiene membrete del Ministerio de Economía, Secretaría de Transporte y Obras Públicas y Subsecretaría de Marina Mercante. En ese momento, se reunió el Consejo de Personal integrado por diez marinos: capitanes de fragata, de corbeta y de navío. El capitán de navío Carlos N. A. Guevara aparece como responsable. El Consejo se reunió a fin de “considerar la situación del personal superior, de supervisión y de ejecución de acuerdo a lo dispuesto en la Orientación para la Etapa de Consolidación de la Fase de Asunción de Control”, es decir, una orientación prevista para las horas posteriores al golpe. Las “Orientaciones” expresan en su punto 3, de acuerdo al documento, el Desenvolvimiento para el Area Economía: “A partir de la entrada en posesión de cada edificio, los responsables procederán a: sobre la base de la estructura orgánica de la dependencia, última lista de pagos y los antecedentes (necesariamente incompletos) con que cada uno de los interventores arribe a su puesto, se procederá a confeccionar listas de:
- Personal a detener
- Personal a prescindibilizar
- Personal a quienes se permitirá en principio que continúe en su puesto.
Las tres situaciones serán implementadas por la guardia del edificio el primer día que se permita la entrada del personal. En los dos primeros casos se les retirará la credencial que los acredite como agentes del Estado y se iniciarán las acciones para colocarlos en situación de detenidos o se los enviará a su domicilios hasta que se resuelva administrativamente cada situación”. El documento también prevé: “cancelar los contratos de personas del personal de asesores” y “analizar últimas resoluciones y decretos”. En un listado de personas que se despliega a continuación, al lado de los nombres aparece información. Por la cercanía del golpe, es posible pensar que la información que nutrió las listas negras ya había sido reunida antes del 24 de marzo. De hecho, en el expediente aparecen volantes y panfletos de las organizaciones políticas gremiales hasta de 1973. Entre las descripciones puede leerse: “Por constar información de utilizar su cargo para desarrollar sus actividades privadas en lugar de las del Estado, se considera que ha perdido la confianza. El Consejo resuelve pedir su renuncia, caso contrario declarar prescindible”. En otros tres casos indican: “Información no confirmada lo encuadra dentro del elemento poco confiable por sus relaciones con elementos de izquierda. El Consejo resuelve declararlo prescindible”. Luego hay una lista de “28 agentes” de la misma área que “en forma activa o cooperativa actuaron en a la seccional 34 de la UPCN en función político-gremial perturbando el normal desenvolvimiento de la subsecretaría. Los excesos cometidos en contra de la disciplina y las violaciones del orden jerárquico y el principio de autoridad se agravaron con el tiempo (...)”.
Antes de cerrar el acta, en marzo dejaron claro que la información debía ser pasada al Servicio de Inteligencia Naval. Y en el expediente hay un folio todavía más llamativo con los antecedentes de uno de los trabajadores, del año 1965. En un recuadro en el margen superior de la hoja dice: “Estos antecedentes (...) 4. No deben ser copiados. 5. Deben ser incinerados”.
Un dato importante del Acta Secreta es que remite al “área Economía”. Habría que ver si eso significa Ministerio de Economía y si hubo órdenes especiales para ese ministerio. O, como dice Llonto, si son órdenes que se repitieron en otros ministerios. De momento, para la causa ESMA estas actas permiten pensar posibles constantes en los “casos” del juicio. El debate trabaja sobre grupos de secuestrados del año 1976, entre ellos las víctimas que habían trabajado en organismos públicos y empresas privadas que después de marzo fueron intervenidas por la Marina.
Alejandra Dandan
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