La Justicia consideró a la ex jueza cómplice de los crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en el área de la Armada en Mar del Plata. Permitió que seis personas permanecieran en centros clandestinos.
Es la tercera vez que la Justicia analiza los crímenes cometidos por la Fuerza de Tareas Nº 6.
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, procesó a la ex jueza marplatense Ana María Teodori y a un grupo de ex militares, algunos con prisión preventiva, por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el área de mando de la Armada en Mar del Plata durante la última dictadura cívico-militar, y que fueron analizados en la causa denominada Base Naval 3, que investiga privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios calificados, en perjuicio de 124 víctimas.
Es la tercera vez que la Justicia analiza los crímenes cometidos por la Fuerza de Tareas Nº 6, con acción en Mar del Plata y cuyo territorio de operaciones fue la Base Naval de esa ciudad con sus tres principales centros clandestinos de detención: la sede de la agrupación de buzos tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina y los calabozos de la Prefectura. Los repasos, no obstante, sirven para sumar víctimas y victimarios. La gran mayoría de los procesados en esta etapa son personas cuya participación en el terrorismo de Estado, que se sucedió entre los ’70 y los primeros ’80 en la Argentina, salió a la luz en los informes del Ministerio de Defensa tras el análisis de archivos que las Fuerzas Armadas mantenían escondidos.
Del fallo de Inchausti que se difundió el viernes pasado, el nombre que más resuena es el de la ex jueza Ana María Teodori, a quien el magistrado consideró partícipe secundaria de los delitos de privación ilegal de la libertad, doblemente agravada por mediar violencia y amenazas, y de tormentos, agravados por haber sido cometidos en perjuicio de seis víctimas. La procesó sin prisión preventiva y le trabó un embargo. En su resolución, Inchausti detalla la participación de Teodori como defensora y también como jueza subrogante en una causa en la que se “sometió a un proceso penal” a un grupo de muchachos que habían sido previamente secuestrados y torturados, “una posición o rol mixto sobre las mismas circunstancias fácticas”.
Según el juez, Teodori habría permitido que seis personas “permanecieran en un centro clandestino de detención en condiciones inhumanas, pese a la obligación que le imponía su cargo, presentación judicial alguna, pese a los diversos pedidos realizados por las víctimas para expresar las condiciones de detención y los tratos recibidos”. En el fallo, y amparado en transcripciones de declaraciones de víctimas, el juez evaluó que Teodori “no sólo no habría realizado gestión alguna cuando todos ellos, al ampliar indagatoria en el expediente, expresaron los tormentos vividos, sino que habría asesorado a las víctimas para que no denunciaran los tormentos”.
En cambio, Inchausti dictó prisión preventiva y procesamiento para los militares retirados Guillermo Costa, César Marti Garro, Eduardo Frías, Carlos Sala, Roberto Blanco Azcárate, Alfonso Nicolás, Alfredo Weinstabl, Raúl Pagano, Luis Bonnani, Jorge Bardi, Ernesto Davis, Héctor Azcurra y Eduardo Vega por considerarlos jefes u organizadores en el delito de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, e imposición de tormentos.
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