Las denuncias de espionaje ilegal, a nivel nacional e internacional, se suceden mientras los responsables políticos ensayan respuestas muy poco convincentes.
La inteligencia ilegal que los gobiernos regionales denuncian hacia fuera es aplicada por ellos mismos puertas adentro. Todos lo hacen para controlar a la población y perseguir a los que luchan. Conversamos sobre el tema con Myriam Bregman, abogada del CeProDH y candidata del FIT a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, quien afirma: “La verdad sobre Milani está en los archivos de la represión que continúan ocultos”.
- ¿Qué opinás sobre las denuncias de Edward Snowden, el espía de la CIA arrepentido que ahora es perseguido por EEUU?
Snowden confesó que, como miembro de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, era uno de los miles de agentes que se infiltran en correos electrónicos, redes sociales y páginas web de todo el mundo. Lo que demuestra que el imperialismo, con la excusa de luchar contra el “terrorismo” y las “nuevas amenazas”, espía a la población mundial para controlar y perseguir a quienes luchan por sus derechos y enfrentan al poder. Con esas enormes bases de datos todas las potencias están mejor preparadas para defender sus intereses en medio de una crisis capitalista que ya lleva seis años y para la cual no encuentran una salida.
- ¿Qué consecuencias directas tiene ese espionaje?
Hace unos días, con la excusa de que Snowden podía querer escapar a Bolivia, en Europa montaron una provocación contra Evo Morales y detuvieron su avión en Austria. El mensaje es claro: si a un jefe de Estado lo pueden secuestrar durante horas, ¿qué le espera a quienes se organizan en reclamo de trabajo, salud, educación o se enfrentan a regímenes represivos como en los países árabes? Con la excusa de que una organización juvenil, obrera o de derechos humanos está ayudando al “terrorismo” pueden activar todo el aparato de inteligencia y perseguir sin límites.
- Cristina denunció a EEUU pero aplica el espionaje interno.
Sí. La Ley Antiterrorista, impulsada por el gobierno a pedido del imperialismo, se basa en esa doctrina. A todo aquel acusado de presionar a una autoridad o participar en actos calificados de “terroristas” se le duplican las penas del Código Penal. A su vez los organismos estatales pueden investigar sin límites a cualquier sospechoso con los sistemas de recolección y almacenamiento de datos que no dejan a nadie a salvo.
El Proyecto X, que denunciamos desde 2011, es un ejemplo claro. A partir de causas armadas contra obreros de Kraft en la zona Norte del GBA descubrimos que Gendarmería espía y se infiltra en organizaciones populares. Con los datos personales y políticos recolectados arman prontuarios de militantes y activistas, que luego serán procesados a pedido de las patronales, las burocracias sindicales o los propios jueces y fiscales. A los compañeros se les armaron decenas de causas con esas “pruebas”, entre ellas la megacausa Panamericana y otra por un corte en repudio al asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, ambas ya elevadas a juicio oral.
- Pero la Presidente dijo que el Proyecto X fue un “escandalete mediático” y que no existe.
El Proyecto X existe y está probado. Y hace poco denunciamos otro caso que ratifica la metodología. El agente de la Federal Américo Balbuena estuvo once años infiltrado en la Agencia Walsh. Esa fuerza tiene mil agentes destinados a inteligencia. Y hay miles de policías y militares en funciones desde la dictadura, formados en el genocidio, que hoy pueblan los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad.
Se gastan millones de pesos en espionaje ilegal y al mismo tiempo en estos años el Estado no aportó una sola prueba para esclarecer, por ejemplo, las desapariciones de Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón o Daniel Solano. Es claro al servicio de qué fines está puesta la inteligencia.
-¿El nombramiento de Milani refuerza esta política?
Por supuesto, la Presidenta dice que acá no se espía a nadie pero nombra Jefe del Ejército a un especialista en inteligencia.
El gobierno publicó hace tres años la lista de militares y civiles que actuaron en el Batallón 601, un ícono de la infiltración y delación durante la dictadura, considerado por la propia Justicia como “una estructura intrínsecamente ilegal”. Y en ese listado figura nada menos que Milani. ¿Cómo que no hay pruebas en su contra?. Es Milani quien debe demostrar que, como integrante de una organización intrínsecamente ilegal no tuvo nada que ver con el genocidio.
-¿Qué medidas habría que tomar?
En medio de este debate hay algo que pocos dicen y es que la verdad sigue guardada en los archivos del Estado, esos que el gobierno (como sus antecesores) se niega a abrir. Archivos que sólo aparecen parcialmente cuando, por disputas políticas, se tiran carpetazos de la SIDE o informes de inteligencia para chantajear. Archivos que todos los gobiernos siguieron llenando de información para criminalizar la protesta social.
Acá debemos hacer un llamado de atención. Hoy Clarín y la oposición de derecha quieren apropiarse de las denuncias contra Milani, pero son los mismos que hace unos meses encubrieron el prontuario de Bergoglio, cómplice y colaborador de la dictadura. Si se abrieran de una vez esos archivos, los de la SIDE y de los organismos de inteligencia de cada fuerza armada y de seguridad, seguro muchos oficialistas y opositores deberían dar explicaciones. Por eso exigimos que salga a la luz toda la información que está en poder del Estado y se oculta para evitar que sepamos qué rol cumplió cada uno en el genocidio. Si no lo hacen son cómplices de la impunidad de los genocidas.
A su vez deben desmantelarse todas las bases de datos y aparatos de espionaje que están en poder de los organismos de seguridad y defensa, como el Proyecto X. Que el gobierno entregue inmediatamente el listado de organizaciones y personas espiadas por el Estado.
Y, por supuesto, que se anulen todas las causas contra los más de 5.000 luchadores populares, gran parte de ellas armadas a partir de esas tareas de inteligencia ilegal.
Claro, el kirchnerismo no va a hacer todo eso por propia voluntad. Será la movilización de miles de trabajadores, jóvenes y organizaciones populares la que pueda imponer el fin de las infiltraciones, el espionaje y la criminalización.
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