La deuda externa y el FMI

El sinuoso retorno al Fondo

Reincidencia

Aunque luego del pago de 9.500 millones de dólares efectuado en 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner las relaciones formales con el FMI habían sido interrumpidas, las actuales autoridades económicas decidieron volver a las fauces del Fondo. Mientras la pobreza, la indigencia y la desocupación siguen aumentando, los gurús de la economía argentina argumentan que es imprescindible su acuerdo para cualquier renegociación de la deuda con el Club de París. Y tras ese periplo la realidad queda a la vista: la deuda externa argentina excede los 180.000 millones de dólares.
Luego del pago efectuado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005, las relaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) habían sido interrumpidas. Las actuales autoridades económicas, en cambio, consideraron necesario volver a este organismo argumentando que es imprescindible su acuerdo para cualquier renegociación de la deuda con el Club de París. Ignorando que el G-20 le ha dado más poder de negociación y que no existe un cambio ni en sus reglamentos ni en sus políticas, el actual ministro de Economía, Amado Boudou, manifestó: “Éste es otro FMI”. Como las cuentas públicas no cierran porque la deuda externa excede los 180.000 millones de dólares y el Gobierno no puede cancelar todas las obligaciones que vencen en los próximos años, se recurre al viejo expediente de volver al mercado de capitales y emitir una nueva deuda para cancelar la anterior. Todos los analistas del establishment están de acuerdo con este procedimiento que no es ni más ni menos que continuar indefinidamente con el sistema de la deuda. En un interrogatorio que le hizo una Comisión de la Cámara de Diputados en 1984, el ex ministro de Economía de la última dictadura militar (1976-1983), José Alfredo Martínez de Hoz señaló: “la deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”. La historia se repite: el viejo sistema de la usura sigue enseñoreándose de la economía nacional que posterga la inversión en programas sociales, viviendas y planes de salud. Mientras tanto, la pobreza sigue creciendo a pesar de las dibujadas cifras de un Indec en el que ya nadie cree. Aunque la deuda fue considerada fraudulenta en el fallo dictado en 2000 por el Juez Federal Jorge Ballestero, el Gobierno sigue negociando con los organismos multilaterales de crédito. Hoy se alude a nuevas negociaciones con los bonistas que no entraron en el canje, a nuevas ofertas y nuevos bonos como si se estuviera hablando de una deuda legítima. Se pasan por alto las dos investigaciones judiciales en trámite que cuestionan la legalidad de la deuda. Existen abrumadores testimonios que demuestran que la mitad de esa deuda que está pagando toda la comunidad argentina, es producto de las grandes empresas privadas y fue transferida al Estado en 1982. Un conjunto de peritos determinó que, en su mayor parte, la deuda correspondía a operaciones ficticias realizadas deliberadamente para el beneficio de esas empresas.

Historia del endeudamiento

Fue con la Revolución Libertadora (1955) cuando Argentina ingresó al FMI, a través de un decreto firmado por el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Desde que comenzó su desmesurado crecimiento la deuda externa argentina estuvo monitoreada por el Fondo Monetario, que contó con un delegado permanente en las oficinas del Banco Central. Desde la década de 1970, los Bancos multinacionales necesitaron la aprobación de este organismo para suministrar nuevos préstamos. Cuando el sistema de la deuda colapsó en la década de 1980 y se produjo la primera gran crisis de endeudamiento, los países no pudieron pagar y renegociaron sus deudas en notorias condiciones de inferioridad, debiendo aceptar la implementación de las llamadas políticas de ajuste estructural para continuar insertos en el esquema internacional. Los principales puntos de esos programas de ajuste fueron: a) el ajuste de precios sorpresa (política de shock), para reducir drásticamente la inflación, disminuyendo la demanda; b) la apertura de los mercados del país a los productos extranjeros; c) la privatización de las empresas del Estado, d) la reducción del gasto público, e) el aumento de la presión impositiva para reducir el déficit. El resultado de la aplicación de estos programas de ajuste determinó el notable deterioro de la calidad de vida de la población de los países deudores, que se vieron involucrados en un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad, la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó, creciendo menos que la inflación, y en el caso de países con una falsa inflación cero, como Argentina durante los años de la convertibilidad, se recortaron los salarios y se flexibilizó la legislación laboral para permitir que el empresariado manejara discrecionalmente el empleo sin limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos denominaban sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos; reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue, paludismo, cólera) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, gas). Como consecuencia de los despidos o a razón de la falta de puestos de trabajo, hubo una apreciable transferencia de recursos a la economía informal que provocó un auge del cuentapropismo. Crecieron la desocupación, la subocupación y los contratos laborales “basura”. Debido a la demanda expandida del Estado nacional para atender los servicios del endeudamiento, los costos del crédito se elevaron a altísimos niveles y las tasas de interés activas, tanto en moneda nacional como en dólares estadounidenses, excedieron largamente las vigentes en el mercado internacional. Hubo una nítida desproporción del diferencial (spread) existente entre las tasas pagadas por el gobierno argentino y las vinculadas con títulos de créditos de similares características emitidos por otros Estados. Ese efecto llamado vulgarmente “riesgo país” se trasladó también al crédito interno, elevando las tasas para las grandes empresas, y mucho más para las medianas: la usura operó descarnadamente. Es evidente que hasta que no se haga una auditoria como la realizada en Ecuador no existe la menor posibilidad de que la deuda deje de ser la gran condicionante de la economía argentina. La lógica del acreedor es que el país siga endeudado, que refinancie la deuda para poder condicionar la economía nacional y someterla al poder ejercido desde los centros del poder financiero. En la reunión del Alba de noviembre de 2008, el presidente Chávez fue contundente al denunciar las maniobras del FMI y recalcar la necesidad de salir de ese sistema definitivamente. Parece que el gobierno argentino todavía confía en que esa institución manejada por el imperialismo, puede cambiar su política.

Pasiva aceptación del saqueo

A pesar de haber demostrado una deliberada ambigüedad, las declaraciones del ministro de Economía, Amado Boudou, no dejan lugar a dudas sobre el próximo acuerdo con el FMI y la posterior renegociación de la deuda con el Club de Paris, previa oferta de canje a los tenedores de bonos que no entraron en la reestructuración hecha por el ex ministro Roberto Lavagna en 2005. Boudou ha declarado, además, que espera cerrar el acuerdo con los bonistas en default antes de fin de año, y para eso es necesario suspender una ley del Congreso y lograr una aceptación mayoritaria de la oferta pública que se realice. También ha hablado de fondos frescos, es decir mil millones de dólares que aportarían capitales extranjeros, cuya tasa se calcula en el 13% anual, aunque todavía no hay definiciones precisas. Es indudable que nuevamente se recurre al expediente de cancelar vieja deuda con nueva deuda, volver al mercado de capitales, lo que significa nuevo endeudamiento, y fundamentalmente quebrantar el orden jurídico al desconocer un fallo judicial que demuestra documentadamente la ilegalidad de la deuda actual. Para enmascarar ciertos acuerdos que contradicen el discurso oficial de no arreglar con el Fondo, Boudou no habla de monitoreo sino de intercambio de información, lo que no es cierto. La inspección de las cuentas públicas, denominada Artículo IV, determina que el FMI realice una auditoria con conclusiones que pueden ser determinantes para los futuros acuerdos con la banca internacional. Esta nueva negociación ha sido respaldada por los principales referentes financieros, por las corporaciones mediáticas y por los economistas del establishment, prueba de que este proyecto es funcional a los acreedores y lesivo para el país. Nadie cuestiona los aspectos jurídicos que demuestran el fraude. Parece que en las cuestiones relacionadas con la deuda, el derecho no resulta aplicable y sólo cuentan los intereses de los que se dedican a la usura.

Alejandro Olmos Gaona
America XXI