Era previsible y se lo veía venir. La protesta en Wilde, la reaparición de Blumberg, las declaraciones de políticos y famosos –Macri, Carrió, Cobos, Susana, Tinelli- y como respuesta el endurecimiento de la política represiva de Scioli y la Bonaerense. Para muchos era el paso siguiente, luego de la ley de medios, o más bien, el paso seguro al cual apelar a la hora de generar nuevos horrores y paranoias mediáticas en el conjunto de población.
Así, hoy quien no vive en los grandes centros urbanos argentinos, lee los diarios y se encuentra con panoramas similares a los de una guerra social en desarrollo. Si bien, como decíamos, era una posibilidad muy factible que sucediera, no deja de ser espeluznante la forma en que esto se hace eco en las diferentes expresiones políticas que gobiernan distritos y provincias.
La Capital Federal es quizá el distrito paradigmático en lo que hace al desarrollo de políticas de seguridad represivas y penalizadoras de la pobreza. Ya desde el comienzo del armado de la Policía Metropolitana, Mauricio Macri evidenciaba su concepción de inseguridad señalando que la tarea de esta era combatir los cortes de calles. La designación a la cabeza de la nueva policía de quien fuera en su momento encargado del diseño de las agencias antiterroristas en el país, Jorge “Fino” Palacios, resultaba casi una provocación de la que todavía están pagando los costos. A la vez el funcionamiento de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), como grupo parapolicial encargado de “limpiar” la ciudad de indigentes y pobres, completaba una tarea, ya no policial ni social, sino respecto del tan mentado “espacio público”.
Desatado el escándalo por espionaje, el PRO se decidió a “democratizar” a la policía metropolitana designando un civil. El elegido no fue otro que Eugenio Burzaco, discípulo en materia de seguridad interior de Jorge Vanossi, ministro de justicia de Eduardo Duhalde durante los asesinatos del Puente Pueyrredón en 2002. El actual diputado del PRO, promotor de la baja de imputabilidad, es un agorero de la mano dura contra las manifestaciones callejeras y defensor de los crímenes de estado de la última dictadura militar.
Al calor de las operaciones mediáticas, salió a la luz un nuevo código contravencional para la provincia de Buenos Aires. “Recuperemos la calle para la Bonaerense”, es el nombre del nuevo programa que, si bien se hizo público en el correr de la semana pasada, es evidente que se viene preparando desde hace tiempo ya que tiene 168 artículos.
El gobernador Scioli y su ministro de seguridad, Carlos Stornelli, buscarán la aprobación del nuevo código en el parlamento bonaerense. El proyecto es considerado por los principales organismos de derechos humanos como inconstitucional y represivo de las libertades básicas de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, sus derechos consagrados y el sistema democrático en si mismo.
De aprobarse este proyecto la bonaerense contará con mayores facultades, generando así una situación de impunidad, abuso y arbitrariedad altamente manifiestas en las facultades discrecionales a la hora de evaluar qué es la moral pública y las buenas costumbres. Algunas de las expresiones incluidas en el proyecto, tales como “susceptible de causar alarma o inquietud”, “decencia pública”, etc. nos remonta a un sistema penal que no se condice con el discurso del reconocimiento de los derechos humanos que el oficialismo pregona constantemente.
Varios artículos se destacan por penalizar algunas de las formas actuales de protesta, tendiendo cada vez más al control político de la movilización social. A través de los artículos 40 y 80, se penalizarán los escraches y las movilizaciones hasta con 15 días de prisión. Otra de las facetas más polémicas es la que avanza con la penalización de la pobreza. Mediante este proyecto cartoneros, limpiavidrios, changarines, travestis, etc. serán objeto de la mejor policía del mundo.
Resulta preocupante que, mientras los grandes medios de comunicación bombardean minuto a minuto sobre nuevos hechos de inseguridad –delitos que en la mayor parte de los casos están relacionados directamente con los negocios de la bonaerense- Scioli avanza con leyes que no dan respuesta al efectivo crecimiento de delitos y criminaliza –aún más- a los sectores más postergados. Un alerta para pensar el escenario que se plantea en el corto plazo.
PRENSA DE FRENTE
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