En la última semana se dieron, casi de manera simultánea, conflictos que tuvieron como protagonistas a diferentes organizaciones sociales y gremiales. Cooperativas de trabajo y democracia sindical, fueron las peleas centrales ante un gobierno que logró con su actitud de promesas y retractaciones una respuesta conjunta de un amplio abanico de fuerzas de izquierda y centro izquierda que demandan el cumplimiento de los acuerdos.
Ya la semana pasada el gobierno mostraba que, a pesar de sostener su decisión de no represión abierta a los movimientos populares movilizados, estaba en marcha la decisión de continuar negando las demandas de las organizaciones sociales.
En declaraciones más cercanas a Gerardo Morales que a lo que viene planteando discursivamente el gobierno, Aníbal Fernández negó la capacidad de dichas organizaciones de ser actores centrales de las políticas sociales y afirmó que los piqueteros estaban buscando la represión. El episodio ocurrido con hombres de la federal, fuerza que responde al jefe de Gabinete, con golpes, detenidos y tiros por parte de los efectivos, marca una alerta tanto si fue alentado desde algún despacho, como si ocurrió sin “órdenes precisas”.
A pesar de estas maniobras, las organizaciones que acamparon por día y medio en las puertas del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lograron mantener, casi sin modificaciones, el acuerdo original al que habían llegado un mes atrás. Igualmente tomaron nota de la incongruencia de una cartera que promovió durante el último lustro la formación de emprendimientos productivos y cooperativas de trabajo en los territorios, y que hoy apela a esas experiencias negando el marco organizativo en el que se dieron.
Los dichos de Aníbal Fernández estuvieron en sintonía con lo que posteriormente fueron las declaraciones de Carlos Tomada, ministro de Trabajo, esta vez durante el paro de subtes del miércoles pasado. En esa oportunidad, el titular de la cartera laboral, afirmó que las medidas lanzadas por los trabajadores de Metrovías eran “salvajes” y “extorsivas” y que el problema no era con la UTA.
Las declaraciones Tomada apuntaron a desconocer y deslegitimar uno de los procesos más democráticos del sindicalismo argentino de los últimos años; proceso en el que es innegable la responsabilidad con la que actuaron los delegados de base, desarrollando un amplio trabajo de concientización entre los y las trabajadoras. Los plebiscitos y afiliaciones al nuevo sindicato impulsado por los delegados – recordemos que un 98,8 por ciento de quienes trabajan en el subte votaron a favor del nuevo sindicato -, las presentaciones formales ante el ministerio y demás medidas, fueron parte de un plan que, contrariamente a lo que señalan desde el ejecutivo, sólo desembocó en paro cuando las medidas escalonadas fueron desestimadas por las autoridades, a imagen y semejanza de lo que sucedió con las organizaciones que realizaron el acampe.
Casi como una situación calcada a la del lunes por la noche, posteriormente a los dichos de Tomada, fue atacada la familia de uno de los delegados más reconocidos del subterráneo. Un grupo de policías, uniformados y de civil, irrumpió en el comedor que impulsa la familia de Néstor Segovia hace más de diez años en Moreno, disparando balas de goma, hiriendo a su hijo de siete años y golpeando a otros vecinos, quienes se opusieron a la matoneada policial. Esta situación generó una reacción pocas veces vista en los últimos años. La plana mayor de la CTA, diputados de Proyecto Sur, referentes y dirigentes de los partidos de izquierda confluyeron en una misma mesa para expresar una amplia solidaridad frente al ataque, pedir el esclarecimiento del mismo y la legalización de la Asociación Gremial de los y las Trabajadoras del Subte y Premetro.
Tanto en el desalojo al comedor comunitario de Segovia, como en la detención de manifestantes en el acampe, la represión policial, el uso de balas de goma y la respuesta del gobierno aparecen como el correlato en los hechos del discurso de criminalización a las organizaciones sociales que iniciaron Morales y Carrió semanas atrás y que ahora continúa Aníbal Fernández. En los dos casos estuvo presente la represión policial que, teniendo en cuenta que intervinieron dos fuerzas de distintos distritos –en un caso la federal y en otro la bonaerense-, abre el interrogante sobre quien autorizó este accionar. Ahora bien, el desalojo de la Panamericana con carros hidrantes el pasado jueves a trabajadores de Atucha, dejó que en claro que el gobierno nacional también está avalando la hipótesis represiva ante la conflictividad. Si bien hasta el momento fueron hechos tímidos y exploratorios, un tibio avance en el terreno de la represión ante el conflicto es un alerta a tener en cuenta, en especial si el manejo de las fuerzas represivas continúa en manos de Aníbal Fernández.
Por otro lado, estos conflictos también permiten visualizar organizaciones de base con nuevas propuestas organizativas de trabajadores y movimientos barriales en donde la propia lógica los lleva a confrontar, en un caso contra la burocracia sindical, y en otro, contra la burocracia del PJ bonaerense, ambas estructuras refractarias a las luchas sociales y, cada vez más, soporte del proyecto K.
Prensa de Frente
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