Después de la renuncia del jefe de la Policía Metropolitana “Fino” Palacios y ante la clara vinculación del subjefe Chamorro con el espía James, otro policía federal reciclado al servicio del macrismo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri ha optado por elegir como nuevo jefe policial a un hombre que según su curriculum no prestó servicio en la Federal, Eugenio Burzaco.
Dado que se trata de un diputado nacional del PRO, no es ninguna sorpresa que se oponga a los métodos anticonceptivos de emergencia, que busque restringir la educación sexual a los jóvenes, que se oponga a toda ampliación de las causales de aborto no punible, que se haya opuesto a la re-estatización de las jubilaciones, que haya presentado proyectos contra Cuba y Venezuela y muchos etcéteras más.
Burzaco (con el empresario De Narváez) son además los creadores e impulsores de un pretendido “Mapa de Inseguridad” virtual de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, de nula seriedad estadística o metodológica (a la falta absoluta de control sobre los datos volcados se suma el encuadre de denuncias donde no se menciona ningún herido como lesiones u otras irregularidades similares).
Entre los proyectos legislativos que presentó en materia de seguridad se incluye uno (2627-D-2008) cuyo autor original fue Jorge Vanossi (ministro de Justicia Duhaldista que trató de proscribir las organizaciones piqueteras en vísperas de la masacre del Puente Pueyrredón), que permite imponer penas de cárcel a los niños de 14 años (y aún menores, siempre que los delitos se les atribuyan recién cuando lleguen a esa edad, según surge de la lectura de los artículos 1º y 34 inciso a) del proyecto).
Su vinculación con los Estados Unidos de Norteamérica y las posiciones que allí sostienen los sectores más reaccionarios: en 1996 Burzaco fue asesor (en materias como “marcos regulatorios, privatizaciones y reformas de la administración Pública en América Latina”) del representante republicano por Arizona Jim Kolbe, quien actualmente se desempeña en Kissinger McLarty Associates, la consultora internacional de Henry Kissinger.
Burzaco ha sido creador o integrante de numerosas fundaciones. Se ha desempeñado entre 1998 y 1999 como Director Ejecutivo del Think Tank, coordinador de todas las tareas de investigación, creador y responsable del Área Seguridad y Justicia de la Fundación Grupo Sophia, integrante de la llamada Red Interamericana para la Democracia, que pretendía impulsar la participación de la sociedad en el ALCA; Vicepresidente de la Fundación PensAR desde 2008 hasta la actualidad; fundador y Presidente de la Fundación FUNDAR – justicia y seguridad, desde el 2003 hasta la actualidad (al buscar la página de esta última aparece la de PensAR, integrada por referentes macristas y sus aliados); Coordinador de Seguridad y Justicia de la Fundación Creer y Crecer (presidida por Mauricio Macri). La Fundación Atlas, impulsora del liberalismo a ultranza, premió en 2005 (en Miami a un libro de Burzaco y a su Fundación Fundar – Justicia y Seguridad.
También ha trabajado en forma directa para empresarios, durante los años 2000 a 2002, como Director de Nuevos Emprendimientos, General Manager y Responsable en Argentina de los análisis, elaboración y concreción de proyectos en el rubro de medios de comunicación para ADSHEL y su empresa controlante Clear Channel Communications, Inc., que en ese entonces era propietaria o controlaba la programación de más de mil cien estaciones de radio en diversos países.
La posición de Burzaco sobre los piqueteros ha quedado reiteradamente expuesta por sus columnas de opinión en el diario “La Nación”. Por ejemplo, el 19 de marzo de 2004 en la nota titulada “La extorsión piquetera”, exigía al Estado que actuara “persuadiendo al 8% restante (de la población, que según él aprobaba los piquetes) a manifestarse dentro de la ley”. No es casualidad que uno de los roles oficiales de la UCEP sea persuadir a los indigentes de que se retiren de los espacios públicos, ya que Burzaco reclamaba precisamente que se reprimiera. El 4 de enero de 2004, en la nota “Piquetes en la autopista del subdesarrollo”, el designado jefe de la Metropolitana dedica un párrafo entero a lamentar que la palabra represión tenga “connotaciones trágicas, tantas imágenes de la represión ilegal que todavía duelen”, ya que “cuando se violan leyes, o no se cumplen órdenes emanadas de la autoridad legal la acción inevitable (…) se denomina "represión del delito"”. En “Piqueteros y violencia”, del 19 de noviembre de 2003, Burzaco llegaba a afirmar que las acciones de los piqueteros, a quienes trata a la vez de chantajistas y vícitimas del clientelismo, negándose a reconocerlos como sujeto social con cierto grado de autonomía, “nos hacen (a él y sus compañeros de ideología) sentir desamparados”, porque “Se evita (…) encarar una política de Estado integral en materia de seguridad, que es la única manera de empezar a revertir la actual ola de delitos y violencia”.
Con respecto al terrorismo de Estado, Burzaco ocasionalmente se refiere a la “represión ilegal”, pero evita reconocer el carácter terrorista de la última dictadura y reiteradamente se ha expresado en contra de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos hasta 1983.
Por ejemplo, en los fundamentos del pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el retiro de la propuesta de ascenso para el general de brigada Gonzalo Palacios, compartido con otros diputados, se afirma que “la actual administración del presidente Kirchner parece empeñada en profundizar los enconos y enfrentamientos de la década del setenta, con el agravante de estimular la divulgación de una versión parcial de nuestra historia contemporánea” y “distorsionar la verdad histórica”, cuando se debería “aventar enfrentamientos estériles ya que no progresaremos manoseando nuestras cicatrices, divulgando verdades sesgadas, que impidan avanzar hacia la definitiva reconciliación y unión nacional”. En los fundamentos del proyecto de resolución 2832-D-2006, sobre el funcionamiento de los liceos militares fuera de la orbita de las Fuerzas Armadas, Burzaco alude a “los fantasmas perseguidos de la dictadura militar”.
El proyecto de ley de “Régimen de prevención y sanción del terrorismo”, 1817-D-2006, firmado entre otros por Burzaco, define y sanciona con penas de hasta veinticinco años de cárcel (si no hubiera ninguna víctima) o cadena perpetua (si falleciera alguna persona) una larga lista de “delitos terroristas” que son equiparados a los delitos de lesa humanidad, entre los cuales se incluye “amenazar con la comisión de un atentado violento contra el local oficial de un diplomático, poniendo en peligro su integridad física o libertad”. Para Burzaco, que considera violentas las movilizaciones piqueteras, convocar a un repudio a un funcionario extranjero podría ser entonces un delito de lesa humanidad imprescriptible e imposible de encuadrar como hecho político, mientras que el terrorismo de Estado no debe ser obstáculo para una “definitiva reconciliación”
El proyecto permite la utilización de agentes encubiertos a los que se garantiza la impunidad por los delitos que puedieran cometer -siempre que fuera “para evitar un mal mayor”-, regula los “Colaboradores de la Justicia” –llamados “arrepentidos” en otros proyectos-) y los informantes o confidentes a sueldo. La causa AMIA, que De la Rúa usó como excusa para aprobar la “ley del arrepentido”, demostró que estos instrumentos, lejos de ser útiles para investigar, sólo sirven para encubrir los hechos.
Por último, el 19 de septiembre de 1999, en la nota “Rehenes de la violencia”, publicada en el diario “La Nación”, Burzaco se refirió a la masacre de Ramallo (que el califica como “tragedia”, atribuyéndola a “delincuentes y policías, unos con el afán de quebrar la ley y otros por la ineficiencia en el modo de aplicarla”, negando el eje de ese hecho: los policías bonaerenses intervinientes no mataron por ineficacia, sino porque trataron de aniquilar a rehenes y secuestradores para esconder su participación en el crimen.
En definitiva, Burzaco es un hombre vinculado a los Estados Unidos y a las grandes empresas, que busca el cierre de las causas contra el terrorismo de Estado (el cual no reconoce como tal), desea imponer penas de cárcel aún a niños que hubieran cometido un delito cuando eran menores de 14 años, favorable al uso de agentes encubiertos, arrepentidos y confidentes, que cree necesario reprimir a los piqueteros. Los lectores quedan invitados a descubrir las diferencias con Palacios. No valen la edad ni la falta de uniforme.
CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)
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