Este régimen nos condena a 30 años de garantías, exenciones impositivas, beneficios tributarios y aduaneros para los contaminadores.
La ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, hoy fuertemente atacada, establece la protección de los cuerpos de hielos por su importancia como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Esta ley, aprobada en 2010, que fue progresiva para proteger los ecosistemas que finalmente abastecen a las comunidades locales, siempre tuvo limitantes en cuanto a su aplicación. Tanto en el aspecto del financiamiento y la regulación de sus aplicaciones como en su aplicación en las provincias. La puja de los lobbies mineros, sobre todo los asociados a la extracción de recursos en la Cordillera de los Andes, siempre se hizo presente en la defensa de sus propios intereses.
Con el avance del cambio climático sería lógico pensar en la necesidad de más protección a estos valiosísimos bienes comunes, pero el gobierno nacional tiene otra orientación. Esta política de favorecer a una minoría capitalista, a costa de la depredación de los bienes comunes y contra las mayorías trabajadoras, es una política que continúa pese al gobierno de turno.
El gobierno nacional y la entrega de los bienes comunes
Javier Milei viene de 6 meses de gobierno ajetreados, de políticas completamente regresivas y entreguistas de nuestros bienes comunes; los glaciares no están exentos de ser desprotegidos para favorecer el avance de las explotaciones mineras.
El primer intento de entrega de los glaciares por parte de este gobierno vino con la Ley Ómnibus, que en su capítulo ambiental buscaba redefinir ambientes glaciares y periglaciares, y también incorporaba nuevos requisitos a los glaciares para ser protegidos.
Estas redefiniciones dejaban afuera 39.184 hectáreas de conservación de cuerpos de hielo; se hizo explícitamente para tumbar las regulaciones que tienen por estar bajo la protección de la Ley de Glaciares. De esta manera, garantizan el avance de nuevas investigaciones con respecto a la extracción de minerales, que podría generar graves daños en estos ecosistemas.
Esta falta de protección a los glaciares no es nueva, todos los gobiernos vienen garantizando la explotación de ese recurso natural en beneficio de multinacionales; se evidencia en los constantes casos de derrames de hidrocarburos por parte de las empresas concesionarias que hacen excursiones a los cuerpos de hielo. Finalmente quedan sin ningún tipo de pena o multa por el atentado ambiental.
La “oposición” a Milei también cumplió un papel reaccionario en este tema. El peronismo no se opuso a este capítulo ambiental de la Ley Ómnibus, demostrando que no estaba en contra de la ley antiobrera en su conjunto.
Ley Bases: profundización del saqueo, y garantías a las mineras
El Rigi ataca directamente a los glaciares por varios puntos. Primero, este régimen, del que serán beneficiarios en su gran mayoría los proyectos que tengan que ver con la extracción de recursos naturales, establece que para la promoción de estas inversiones se podrá pasar por encima de las normativas vigentes, tanto locales como provinciales y nacionales. Es decir, la escasa protección con la que cuentan hoy en día los cuerpos de hielos podrá ser completamente vulnerada.
La crisis hídrica en la que se ven sumergidas las comunidades locales cuando se instalan proyectos mineros que consumen y contaminan grandes cantidades de agua podría hacerse presente en todas las comunidades que son abastecidas por los glaciares y las acumulaciones de nieve. Esto es porque se establece que los emprendimientos tengan privilegios para la utilización de recursos estratégicos, como podría ser el agua, por sobre las comunidades locales. Traducido, agua para las mineras y no para las poblaciones.
La flexibilización de las regulaciones en cuanto a estas inversiones haría que se pasen por encima todas las instancias obligatorias de investigación de impacto ambiental y de participación ciudadana. Las regulaciones ya son vulneradas y la participación ciudadana casi nula, lo que demuestra una clara convivencia entre los gobiernos y las empresas.
Una política de Estado
El Estado es un garante del saqueo capitalista de los recursos y cede ante las presiones de los lobbies, como quedó demostrado muy bien con el famoso “Veto Barrick” en 2008 dictado por Cristina Fernández de Kirchner. Es el ejemplo perfecto de la permanencia de una política de Estado contra las grandes mayorías, y en favor del acrecentamiento de las ganancias para unos pocos a costa de contaminación y saqueo.
También se ve cuando se reprime cada una de las protestas de lxs trabajadorxs cuando se organizan en contra del saqueo. La pueblada en Jujuy del 2023 contra la reforma inconstitucional de Morales, que establece la entrega de los recursos naturales de la provincia, y otros reclamos de los trabajadores, pusieron de relieve un rechazo a las políticas de saqueo ambiental, que los gobiernos aplican en nombre del “desarollo” afectando además a comunidades completamente hambreadas y contaminadas.
La persecución a lxs luchadores, y sobre todo a quienes luchan por el ambiente, tiene larga data y es continuada por los diferentes gobiernos. Hay miles de compañeres procesados por luchar contra los gobiernos a lo largo y ancho del país.
Este régimen nos condena a 30 años de garantías, exenciones impositivas, beneficios tributarios y aduaneros para los capitalistas contaminadores; en resumen, es una prevalencia de los intereses de los empresarios en detrimento de los de las comunidades locales. Además, cualquier conflicto con la aplicación del régimen podrá resolverse en tribunales internacionales, cuando es evidente que los países imperialistas quieren saquear todos los recursos del país, hasta los de la Cordillera de los Andes.
La crisis ambiental no hace más que agudizarse y nos obliga a luchar en defensa del ambiente y de los trabajadores. Organizate con nosotres.
Martu V.
No hay comentarios:
Publicar un comentario