El gobierno nacional aumentó estrepitosamente los fondos destinados a la recientemente reestructurada Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) con la adjudicación de $100 mil millones (105 millones de dólares al tipo oficial) adicionales para “gastos reservados”: la caja negra de los sótanos de la democracia, utilizada para el espionaje y la manipulación interna.
El presidente Javier Milei se asegura, de esta forma, recursos “discrecionales” en abundancia para desenvolver a fondo su política antiobrera y antipopular, profundizando métodos ya aplicados, como las “granjas de trolls libertarios” y el ensobramiento de periodistas y sectores influyentes, más el control de redes sociales e internet y el armado de carpetazos y aprietes en el medio político, y otros recursos (infiltración, espionajes, etc.) contra la población trabajadora.
El gobierno viene de reestructurar los servicios de inteligencia, remodelando la ex AFI para reestablecer el viejo modelo menemista –con algunos de sus viejos funcionarios adentro-, haciéndolos más versátiles a las necesidades de la ofensiva capitalista contra los trabajadores y a los intereses de la camarilla gobernante.
Los poco más de 100 millones de dólares actuales se suman a los 36 millones fijados por el presupuesto 2024, en lo que es una más que llamativa ampliación presupuestaria en medio de la campaña oficial de “no hay plata”.
Esto ha sido denunciado por varios sectores, como el caso del legislador porteño y dirigente del Partido Obrero y el FIT-U, Gabriel Solano, quien señaló que mientras el gobierno ajusta a los trabajadores y jubilados, por diversos medios, amplía los recursos para espiar a la población.
Los gastos reservados en los servicios de inteligencia han sido uno de los temas más polémicos, con antecedentes nefastos en el país: se ha acreditado que de esa caja salieron los 400 mil dólares pagados por la Side a Carlos Telleldín para desviar la investigación del atentado a la Amia. Así como el pago de sobresueldos (el gobierno ya hizo escuela en esto) a periodistas y funcionarios.
Para mantener un control de esta caja discrecional y evitar operaciones en contra, el kirchnerismo redujo su influencia con la creación de la AFI en 2015 (diferenciando gastos operativos públicos de gastos reservados) –lo que no evitó otro tipo de espionaje oficial como el Proyecto X en manos de Gendarmería-, lo que luego fue revertido por el macrismo y más tarde restituido por Alberto Fernández. Ahora se estima que el 75% de los recursos de la nueva Side corresponden a esta caja negra con escaso control.
El único organismo capaz de auditar el funcionamiento de los gastos reservados y las operaciones de la Side es la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) del Congreso de la Nación, que se conformaría por 2 radicales, 2 libertarios, 2 Pro, 6 Unión por la Patria y los ahora “oficialistas” Edgardo Kueider (peronista) y Edith Terenzi (UCR).
La rosca por el control de esta comisión tan sensible está dando lugar a una disputa entre la candidatura del oficialismo, en cabeza del peronista amigo Kueider -quien ya mostró su valía con el respaldo de la Ley Bases- y el candidato del Pro Martín Göerling, que sería secundado por Unión por la Patria.
La ampliación de fondos reservados para los servicios de inteligencia no responde a ningún interés de la población trabajadora, ni a la satisfacción de ninguna demanda en medio de un ajuste sin tregua. Sino que está orientada al respaldo operacional de dichas política antiobreras, para garantizar su ejecución y profundización.
Ni un peso para los servicios de inteligencia enemigos del pueblo trabajador. Por la disolución de la Side y las agencias locales del imperialismo. Que se destine el presupuesto a salud, educación, vivienda, obras públicas, trabajo y las necesidades populares.
Marcelo Mache
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