La pobreza y la indigencia crecieron inusitadamente.
En las últimas semanas han muerto más de 5 personas en situación de calle, en medio de la ola polar y de un agravamiento inusitado de la pobreza. Un retrato de la incapacidad de la burguesía y sus gobiernos para satisfacer las necesidades más elementales de las masas. El número de personas sumidas en estas condiciones de miseria espantosa viene creciendo como producto de la política ajustadora que están llevando adelante Milei y sus secuaces, cuyos efectos negativos adquieren dimensiones más importantes al calor del agudizamiento de la crisis capitalista.
En la Ciudad de Buenos Aires han fallecido cinco personas y la vida de otra tuvo el mismo desenlace en Mar del Plata. Se trata de la contracara más barbárica del plan motosierra libertario. El país tiene la mayor desigualdad social de los últimos 16 años: los trabajadores son más pobres y una minoría capitalista más rica. Milei bate los peores récords. La pobreza ascendió al 55,7% en el primer trimestre del año y la indigencia al 18,3%. Esta realidad fue alimentada por la política antiobrera del gobierno nacional, un coctel explosivo de devaluaciones, tarifazos, despidos y recortes presupuestarios.
Miles y miles de trabajadores se han sumado a las filas del ejército de personas que viven en situación de calle. Estamos ante un fenómeno que se extiende por todo el país. CABA es uno de sus epicentros, con más de 8.000 trabajadores en estas condiciones según RENACalle –las cifras que maneja el gobierno de Macri están tergiversadas–; en Santa Fe aumentó entre un 30 y un 35% la cantidad de personas sin techo; Jujuy, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Río Negro, Salta y Neuquén son otras de las provincias en las cuales un sector cada vez más creciente de la población viene padeciendo esta situación y reclamando asistencia alimentaria.
La mayoría de estas personas trabaja en la informalidad, fundamentalmente como cartoneros o carreros. Están expuestas no solo a la peor violencia, esto es, la desposesión total, sino también al verdugueo y la represión de la policía. Asimismo, sufren problemas de salud mental. Y si se ven obligadas a tomar un terreno para tener un techo los gobiernos las desalojan con la fuerza del aparato represivo, enviándolas nuevamente a la calle. Para las mujeres es mucho más difícil atravesar esta situación porque en general son las que deben cuidar niños y a menudo sufren violencia de género o son empujadas a las redes de prostitución. Entretanto, los gobiernos desmantelan o ajustan los dispositivos de asistencia.
Mientras esto ocurre, el gobierno de Milei recorta el presupuesto de obra pública y rechaza llevar adelante un plan de construcción de viviendas para que todos los trabajadores del país tengan un hogar. Está empeñado en satisfacer los intereses de las inmobiliarias, a las que benefició con la derogación de la Ley de Alquileres, que terminó por disparar el precio de las viviendas privando a millones del acceso a un techo y empujando a muchos otros a mudarse a la periferia, a volver a vivir con sus padres, o directamente a la calle. Esta política en beneficio de los especuladores inmobiliarios y de ataque contra el derecho a la vivienda es replicada por todos los mandatarios provinciales.
El déficit habitacional afecta a millones de personas; la mitad de los hogares atravesados por esta realidad se concentra en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Según Cyntia Goytía, directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda de la Universidad Torcuato Di Tella, aproximadamente uno de cada cuatro hogares enfrenta algún problema de vivienda. “Con 16 millones de hogares en el país, el déficit cuantitativo –necesidad de un nuevo hogar– afecta a alrededor de un millón y medio de hogares, mientras que un 15% enfrenta déficit cualitativo –falta de servicios básicos–”, sostuvo (El Cronista, 16/4). Por otro lado, más de 23 millones de argentinos no tienen conexión a alguno de los servicios de red (gas natural, cloacas y agua corriente).
En paralelo, mientras la ola polar no da tregua, el gobierno se apresta a aplicar nuevos aumentos en las tarifas de gas y luz. Esto obligará a muchos trabajadores a reducir el consumo de estos servicios, volviéndolos más vulnerables frente al clima. Al mismo tiempo, el precio de la garrafa de gas, de la que dependen muchas familias para calefaccionar sus hogares, ha aumentado. Milei y sus colaboradores son verdaderos criminales. Los capitalistas, para los cuales ejercen el poder tanto el bufón libertario como los gobernadores peronistas y radicales, viven del trabajo ajeno –y gozan de numerosas prebendas económicas e impositivas– y seguros en sus residencias de lujo.
Que la crisis capitalista no la sigan pagando los trabajadores. Derrotemos a Milei y a todos los ajustadores con la huelga general.
Nazareno Suozzi
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