Los elementos de “prueba” contra los cuatro compañeros que continúan en prisión consistirían en filmaciones o testimonios de los propios policías. Se le achaca a uno de ellos, por ejemplo, “haber arrojado una piedra”, sin mencionar, por supuesto, la gigantesca represión con balazos de goma, palazos y gas pimienta que desató la policía de Patricia Bullrich.
Para justificar esta política represiva, Clarín sostiene que “estos cinco y otros que aún están sin identificar se desprendieron de la mayoría de los manifestantes que protestaban en forma pacífica y quemaron un móvil de la radio Cadena 3, bicicletas, tenían granadas de guerra y bombas molotov, lastimaron a 8 policías y provocaron daños y gastos por 160 millones de pesos”. Es una patraña. Ninguno de los detenidos está acusado por la quema del móvil de Cadena 3 ni portaban granadas de guerra y bombas que solo portaba la fuerza policial. Sigue Clarín: “los argumentos para mantenerlos detenidos, además de la gravedad de los hechos que se le adjudican -sic, alguien debería apuntarle al redactor que la presunción de inocencia está por encima de la ´gravedad´ de los hechos que se le imputan al acusado-, se debe a que aún se están peritando teléfonos, hay acusados de los ataques que se busca identificar y se están estudiando nuevas fotos entregadas a la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.”. Nada de todo esto es compatible con la prisión preventiva, una excepción que aplica cuando hay riesgo cierto de fuga o de obstrucción de la Justicia. Todo este proceso es una pretensión de habilitar un estado de excepción en la Argentina contra sus trabajadores y luchadores.
Libertad a los compañeros. Cierre inmediato de las causas.
Federico Fernández
05/07/2024
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