Estirando la cuerda

La prolongación del “distanciamiento flexible” -o pseudo cuarentena- que el gobierno dispuso en estas horas sólo patea hacia adelante al conjunto de contradicciones sanitarias y políticas que se han ido agravando en estos cuatros meses. La “fase” anterior del aislamiento obligatorio se había dispuesto con 4.000 casos diarios, la extensión de ahora se produce con 6.000. Pero el gobierno no retrocedió un milímetro en la apertura de la industria y el gran comercio. Así las cosas, la decisión de marcar el paso en el mismo lugar es una apuesta ciega a que el desvencijado sistema de salud ´aguante los trapos´. La clase obrera carga con todo el peso de la flexibilización: en las fábricas y comercios, afrontando el riesgo del descuido sanitario de las patronales; en los hospitales y sanatorios, estirando hasta lo imposible la factura del colapso sanitario. En este cuadro, la afirmación de que “todo sigue igual”, por parte de Fernández Kicillof-Larreta, no pasa de ser una expresión administrativa: tenemos por delante un escenario de crisis políticas y luchas, y no sólo por el Covid19.

Deuda

Para el gobierno, el método de dilatar las crisis no es privativo del coronavirus: Fernández y Guzmán acaban de llevar a fin de mes el plazo para la consideración de la última oferta a los fondos internacionales con deuda bajo legislación extranjera. En verdad, la “postergación” encubre un nuevo fracaso del gobierno: acaba de revelarse que el nivel de aceptación de la oferta oficial apenas llega al 35% de los bonistas, cuando, según el título que se considere, el gobierno necesitaba entre el 50% y el 60% de aceptación. La pretensión de Guzmán -doblegar a BlackRock con el acuerdo de fondos menores- se ha derrumbado. En la nueva postergación, el gobierno podría apurar un acuerdo -a costa de una nueva capitulación- o apostar a otra dilación. En este caso, podría dejar en un limbo al acuerdo con BlackRock y los otros bonistas, e ingresar a la negociación con el FMI, por la deuda que Macri contrajo con el organismo. Guzmán declaró que espera acordar con el FMI un “programa macroeconómico consistente”. Para el discípulo de Stiglitz, es sabido que esa consistencia no implica terminar con el rescate infinito al capital y a los bonistas, sino que pasa por una nueva reforma jubilatoria reaccionaria. En ese programa, Fernández ofrecerá, también, el ajuste “de hecho” que ha tenido lugar bajo la pandemia, con la postergación sin plazo de las paritarias y la desvalorización del salario. Una devaluación, acompañada del acuerdo con el Fondo, terminaría de licuar al gasto estatal.
Es probable que Guzmán y Fernández especulen con estirar la cuerda, en este caso, para arreglar con el FMI y recién entonces intentar el acuerdo con BlackRock y los demás. Pero como ocurre con el Covid19, el tiempo no transcurre gratuitamente: la prolongación de las negociaciones reforzará la presión de la gran burguesía -en buena medida acreedora de la propia deuda- sin encontrar del lado del gobierno otra respuesta que la de su propia impotencia. El episodio Vicentín ha sido significativo, pues la tentativa de ensayar un arbitraje estatal en la quiebra de un gran grupo capitalista ha terminado en otro fracaso – el gobierno retiró la intervención, entregando a los trabajadores y a los pequeños acreedores al designio de las maniobras concursales. En este plano, el de las quiebras empresarias generalizadas, el gobierno ha resuelto otra dilación: postergarlas por 90 días. La extensión de plazos, en este caso, será el escenario de una feroz lucha interpatronal, entre los que reclaman prolongar el rescate estatal y aquellos que aspiran a quedarse con activos industriales, agrícolas o inmobiliarios desvalorizados. La magnitud de la bancarrota nacional excede las posibilidades de un estado quebrado. El “plan reactivador”, que el gobierno anunció parcialmente, no tiene otros recursos que los que no se gastaron durante la cuarentena. El arreglo de deuda, por otra parte, no resolverá la falta de financiamiento del Estado y de la burguesía argentina.

Tiroteos

Para el conjunto de la clase capitalista, la incertidumbre en el arreglo de deuda mantiene al gobierno FF en “libertad condicional”, y ello se aprecia en los choques y tiroteos políticos que tienen lugar a diario. El “gobierno de cuarentena” con una fracción del macrismo no pudo extenderse más allá de los precarios arreglos sanitarios: hasta la moratoria impositiva, una verdadera unanimidad de la clase capitalista, dividió parcialmente al Congreso. El choque es mayor en el caso de la reforma judicial, aun cuando, en esa reforma, los “progres” del gobierno FF le transferirán la totalidad del fuero penal a la Ciudad, gobernada por el macrismo. También, en este caso, el gobierno ha optado por una dilación: el nudo de la reforma -y de las impunidades esperadas por los K, los M, Techint, Roggio y tutti quanti- queda supeditado a una “comisión”, que prolongará su funcionamiento sin final cierto.
La postergación de todos los desenlaces puede ser el método de gobierno de una coalición precaria, y potencialmente superada por la envergadura de un escenario nacional y mundial sin precedentes. Pero como recurso para congelar la crisis social y la inquietud popular, tiene límites insuperables. Es lo que estamos viendo en los lugares de trabajo donde se debate y se lucha en torno de los protocolos laborales o las suspensiones; en la pulseada que empiezan a recorrer los metalúrgicos, todo el transporte o la docencia en torno de las postergadas paritarias. La temperatura sube con más fuerza todavía en hospitales y sanatorios, donde el movimiento de lucha de la salud prepara una nueva jornada de movilización para el 5 de agosto; hay que trabajar con todo estas reivindicaciones y estas tendencias de lucha, para que el impasse de los que gobiernan sea quebrado por el protagonismo de los trabajadores.

Marcelo Ramal
01/08/2020