El presupuesto FF

Cuando el gobierno de Alberto Fernández asumió, el gobierno de Macri ya había presentado su proyecto de presupuesto 2020. Fernández lo desestimó y prorrogó el de 2019. Ahora, envió para que se debata en el Congreso la ratificación de la prórroga con algunos agregados.
Lo más destacado del proyecto no es lo que dice, sino lo que oculta, un arte que comparten macristas, albertistas y kirchneristas. No dice nada de la renegociación de la deuda ni cómo se va a financiar. No dice nada, tampoco, sobre el postergado “impuesto a la riqueza” para financiar los gastos de la pandemia. Ni menciona plan alguno para mejorar la salud pública a la luz de las necesidades y carencias que estamos padeciendo.

Impuestos al consumo

Entre las novedades de la propuesta se restablece el impuesto a algunos consumos básicos, como la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a la leche. Debemos recordar que el IVA se instituyó en el tercer gobierno de Perón, en 1973, y comenzó a aplicarse en 1975 con un alícuota del 13%, luego subió al 18% y finalmente fue aumentado al 21% “por un año” en 1995 durante el gobierno de Menem. Desde entonces, sigue vigente hasta hoy. Inicialmente los alimentos no estaban gravados, pero con las sucesivas reformas comenzó a aplicarse.
Cuando Macri perdió las PASO, en agosto de 2019, suspendió la aplicación del IVA sobre 13 alimentos de la canasta básica hasta diciembre de ese año. Ahora, el proyecto del gobierno reestablece la alícuota del 10,5% sobre la leche.

Quiénes pagan impuestos en Argentina

Los impuestos que pagan todos los consumidores son la parte más importante de la recaudación fiscal. Esto se puede verificar consultado el cuadro que publica la AFIP. El IVA es el principal rubro del total de la recaudación impositiva - suma el 45% según datos de junio de 2020. Otros impuestos al consumo son el impuesto a los combustibles, al gas, electricidad, al tabaco, al cheque, entradas de cine, juegos de azar, entre otros.
La recaudación de todos los impuestos que aportan los trabajadores en cada uno de sus consumos supera ampliamente al impuesto a los bienes personales que pagan los que tienen importantes patrimonios - su recaudación no llega al 3% de los ingresos impositivos: al Estado de la burguesía lo financian los trabajadores.
También debemos destacar el creciente peso de los gravámenes al salario, donde se deducen el 17% de aportes personales (aportes previsionales, obras sociales) a los que se debe sumar los salarios que pagan impuesto a las ganancias.
Esta estructura impositiva es ratificada en la propuesta de Presupuesto enviada al Congreso por Alberto Fernández. Por otra parte, se establece una emisión de deuda por 1.500 millones de dólares – otra “herencia” del macrismo, financiar el presupuesto en pesos con emisión de deuda en dólares. También dispone que se pueda emitir deuda que pueda ser suscripta por deuda pública en circulación y desvalorizada y que “tales instrumentos serán tomados al valor técnico”. Esto significa que bonos que cotizan bajo la par puedan ser tomados al 100% de su valor “técnico” para canjearlos por nueva deuda. El estado le paga al sector financiero lo que el mercado no paga.
Este beneficio extraordinario para los bonistas contrasta con el restablecimiento del impuesto a los alimentos básicos, toda una definición de a qué clase social responde la propuesta. También debemos recordar que el impuesto a las ganancias de las empresas tenía una alícuota del 35% en el gobierno de Cristina Kirchner y que el gobierno de Macri redujo al 30%. Este rubro no se incrementa.

Deuda externa y presupuesto

Argentina está en default desde el momento que el gobierno de Macri anunció el “inicio de conversaciones” con el FMI. El préstamo otorgado -el mayor de la historia del organismo- fue utilizado para financiar para la fuga de capitales de bonistas que ya tenían la certeza que el gobierno no podría cumplir los compromisos asumidos.
El endeudamiento originado por el préstamo del FMI -de 44,15 mil millones de dólares-, representa el 66,7% del presupuesto enviado al Congreso, que suma gastos por 66,2 mil millones de dólares (al precio del dólar Banco Nación, $ 76.25, al 1 de agosto). Como vemos, es un engaño debatir el presupuesto nacional sin incluir en el temario la legalidad de un préstamo de tal envergadura.
Hay otras deudas del estado, que se consideran cuasificales. Por ejemplo, la correspondiente a las LELIQ (letras del BCRA). Como el Banco Central no tiene capacidad recaudatoria, se considera que su endeudamiento no es parte de los gastos fiscales. Pero los intereses de este endeudamiento se pagan con emisión monetaria u otras deudas. Hay proyectos para que el Tesoro emita endeudamiento para canjear la deuda emitida por el BCRA, por 1.500 millones de dólares. De este modo, la deuda del BCRA se transforma en deuda del Estado y se paga con los ingresos fiscales.

La burguesía, evasora crónica

Durante 2019, el gobierno de Macri impulsó una moratoria impositiva para las empresas PyMES certificadas por AFIP. Ahora, hay una nueva moratoria, que incluirá el período de la cuarentena (marzo-junio) del corriente año. Con una ampliación en su alcance, no es necesario el certificado PyME, lo que significa que estará abierto a las grandes empresas. El gran capital, en definitiva, tendrá su propia moratoria.
Además, diversas cámaras empresarias han solicitado un nuevo blanqueo de capitales, o sea que los beneficios obtenidos por las empresas, sin tributar, podrán regularizar su situación impositiva. Miembros de la cámara de la construcción (CAC) han presentado una propuesta junto a la UOCRA de “reconstrucción de la economía a través de la construcción privada”, solicitado además del blanqueo (“exteriorización de capitales”), que se creen “sociedades simplificadas de construcción” que tengan “beneficios fiscales” -exentas de pagar impuestos-, para facilitar la construcción en la post pandemia.
La burguesía tiene la capacidad de evadir sus compromisos fiscales al ser agente de retención y, eventualmente, luego acogerse a una moratoria, por la que pagarán los tributos adeudados en cuotas por hasta en 10 años. Los impuestos son “capitalizados”, mientras que los trabajadores pagan impuestos en cada acto económico de consumo.

La propuesta de la izquierda

Todos los gobiernos han incrementado la carga hacia los trabajadores con diversas modificaciones, disminuyendo los aportes patronales previsionales, los impuestos a los bienes personales, reduciendo a alícuotas de los impuestos a ganancias extraordinarias e incrementando la carga de los impuestos al consumo.
Es una ingenuidad y un engaño que este estado de la burguesía pueda modificarse con una consigna que diga que los capitalistas deben pagar la crisis o con un impuesto a la riqueza. Es desviar la atención que los trabajadores en proyectos parlamentarios: los trabajadores deben poner todo su esfuerzo en su propia organización y lucha en defensa de sus intereses y no en engaños parlamentarios.
La tribuna parlamentaria debe ser usada para desenmascarar a los parlamentarios de la burguesía que tratan leyes en beneficio de la clase social que representan. Tratando de esconder el verdadero carácter social de un estado al servicio del sector financiero, los grandes capitales y los acreedores.
La burguesía ha organizado su estado, en defensa de sus intereses de clase, solventado mediante las contribuciones de los trabajadores.

Sergio Rivero
02/08/2020