viernes, 31 de julio de 2020
La crisis de la estrategia del gobierno para el canje de la deuda externa
El abroquelamiento de los bonistas y el apriete del FMI.
La estrategia del gobierno para concretar la reestructuración de la deuda externa, tras mejorar por tercera vez la propuesta de canje a los bonistas, era aislar a los fondos de posiciones más duras como BlackRock para reunir el mínimo de adherentes necesarios para activar las cláusulas de acción colectiva. El tiro le salió por la culata.
Resulta que luego de hacer pública la nueva propuesta, que implica desembolsos por 16.000 millones de dólares más que la primera oferta “sostenible” anunciada por Martín Guzmán, lo que se dividió es el comité de acreedores más cercano a arreglar con el gobierno. Los “duros” aglutinaron tras de sí a una masa crítica de bonistas que, según afirma un comunicado firmado por 30 fondos de inversión, reúne a más de la mitad de las tenencias de los bonos que están siendo renegociados, es decir, tendrían el poder de bloquear el canje si no se satisfacen sus exigencias.
En resumidas cuentas, el apriete busca mayores intereses y plazos más cortos, sobre todo para comprometer al gobierno de Alberto Fernández a pagar 1.000 millones más antes de terminar su mandato. Es evidente que su mayor preocupación es contar con garantías de que se implementará el “plan económico” necesario para el repago de la deuda, cuando según las cuentas oficiales se cerrará el 2020 con un déficit fiscal superior al 10% del PBI.
En total, la contrapropuesta que hizo el grupo de acreedores implica mayores vencimientos entre 2020 y 2028, un terreno en el cual el gobierno ya cedió bastante, contando que desde la primera oferta de abril los pagos en ese período crecieron unos 10.000 millones de dólares (de 16.000 a 26.000). Un problema adicional para la estrategia oficial es que –según el proyecto que presentó en el Congreso- todo lo que recule en la reestructuración de la deuda externa se aplica luego al canje de la deuda en dólares bajo ley local; si se suman ambos rubros lo que piden los bonistas asciende a 6.000 millones de dólares más en los próximos ocho años.
En el gobierno vuelven a simular que esta sí sería la última oferta, aunque deslizaron que están abiertos a seguir discutiendo los términos legales, es decir, atender el reclamo de los BlackRock para endurecer las cláusulas en caso de futuros canjes. Es una soga al cuello de la Nación, porque haría más gravoso un eventual nuevo default y refuerza la subordinación jurídica ante el capital financiero.
Mención aparte merece la declaración de Alberto Fernández, que en un acto oficial sostuvo que los bonistas “deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”. Es un insulto a las familias trabajadoras que están padeciendo los despidos, el robo de la movilidad jubilatoria, los recortes salariales y la liquidación del aguinaldo, mientras se rescata una hipoteca usuraria que incluso en los términos que ofrece el gobierno costará al país más de 90.000 millones de dólares de deuda externa en las próximas dos décadas. Sin ir más lejos, la cuarta parte del déficit fiscal de este año se explica por pagos de deuda.
A eso hay que sumar el resto del endeudamiento, empezando por el préstamo del Fondo Monetario que se pagará íntegro y que asciende a 50.000 millones de dólares (cuando se cuentan los intereses). Una señal de lo gravoso de todo este rescate es la iniciativa oficial –que ya recogió la aprobación parlamentaria- para canjear los títulos en pesos en manos de gigantes como Pimco y Templeton por bonos en dólares, que les permitiría realizar sus ganancias por haber apostado a la bicicleta financiera durante el macrismo. Toda la misión de Guzmán es concretar un salvataje de la tan cuestionada “emisión descontrolada”, motivo por el cual la última oferta de canje fue celebrada por uno de los artífices de la “timba financiera” del gobierno anterior, Nicolás Caputo.
El otro aspecto de crisis de la estrategia oficial es que sus presuntos aliados forman parte del apriete, empezando por el FMI, con el que ya empezaron las conversaciones para ir definiendo un nuevo programa. De hecho, antes de presentar el proyecto de ley de ampliación del Presupuesto en el Congreso, este fue supervisado por funcionarios del organismo multilateral en una reunión virtual con Guzmán y compañía. Hasta agentes del gobierno de Trump expresaron su “apoyo” a las gestiones por sellar un acuerdo. El “plan económico” de Alberto Fernández será dictado por el imperialismo.
El resto de las presiones vienen desde adentro. “Los privados vamos a necesitar tener una Argentina que tenga la deuda arreglada para poder invertir, porque no lo vamos a poder hacer con el capital propio”, sostuvo el presidente de la UIA, Miguel Acevedo. Por lo demás, el comunicado de los bonistas recuerda que “los titulares de fondos incluyen algunos de los mayores inversores en Argentina”. En conclusión, todo el proceso revela el profundo sometimiento de la economía nacional al capital financiero internacional.
Para “poner al país de pie” hace falta romper con el FMI y el imperialismo, y desconocer la deuda fraudulenta que es el fruto de sucesivas estafas contra la nación.
Iván Hirsch
El Cordón de San Lorenzo está conmocionado
Defendamos la vida de los trabajadores.
En las últimas horas el cordón industrial de San Lorenzo ha registrado trece casos de COVID 19 positivo entre los trabajadores de la industria aceitera. Los casos detectados corresponden 12 a la empresa Cofco, de Timbues , y uno en Bunge de Puerto San Martín. Anteriormente se conocía un caso positivo en Renopack, ubicada en zona oeste de San Lorenzo. Esta mañana se conoció un nuevo caso positivo, se trata de un trabajador de la empresa Pampa Energía de San Lorenzo.
Las empresas concentran trabajadores de todas las localidades del cordón, unos ochocientos, desde Rosario a Timbúes. La aparición de COVID positivo en las fábricas puede provocar la multiplicación de casos en todas las ciudades. Según las primeras informaciones, habría entre los infectados trabajadores de San Lorenzo, de Timbúes, Ricardone, Oliveros, Andino y Capitán Bermúdez. Esta situación alarmante es consecuencia de que el cuidado de los obreros y los protocolos para trabajar quedaron en manos de las propias patronales, que siempre tuvieron la política de imponer la continuidad de sus negocios, sean esenciales o no, tengan las condiciones de seguridad o no, aunque pongan en peligro la vida de los trabajadores.
En momentos en que los contagios van en ascenso y se extiende la circulación comunitaria, la situación va a terminar en una verdadera catástrofe sin la intervención del movimiento obrero.
Frente a los contagios los trabajadores pararon sus actividades y se retiraron de la empresa a las 20 horas del lunes como respuesta a la insuficiencia de los protocolos de seguridad.
La confirmación de estos casos en las grandes cerealeras desmienten las afirmaciones de la CGT San Lorenzo donde planteaba “que en cada establecimiento se cumplen los protocolos y que el virus excede cualquier previsión” (La Capital, 27/7). Con los hechos consumados, el sindicato Aceitero Regional, comandado por Reguera y la propia CGT San Lorenzo reconocen esta cuestión crucial para la vida de los trabajadores; que dejaron en manos de las patronales los protocolos de trabajo a pesar de la experiencia vivida; de la enorme cantidad de accidentes laborales y muertes obreras sufrida en estos años en el Cordón.
El SOEA destacó que ayer se pusieron en contacto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia ya que esperan protocolos oficiales para ver cómo seguir y evitar mayores contagios entre trabajadores, sus familias y sus lugares de residencia. Las patronales y el Estado son los responsables de los contagios y de exponer la vida de todos los trabajadores. Los dirigentes de Aceiteros y de la CGT Regional vuelven a equivocar el camino cuando reclaman la intervención del Gobernador Perotti y del gobierno Nacional para resolver esta crisis. Las patronales y el Estado son responsables de los contagios; en el área de salud pública es enorme el porcentaje de profesionales contagiados por no contar con los elementos de bioseguridad. En la provincia, la ministra de Educación firmó un “protocolo de regreso a las aulas” no sólo inconsulto y de espalda a los docentes, sino que tiene la misma orientación, volver a las aulas a como dé lugar, sin las inversiones que cada establecimiento necesita, sin aumento de salarios ni reaperturas de las paritarias.
La dirección del SOEA y de la CGT San Lorenzo dejan de lado que es el propio gobierno de Perotti (y su ministro de trabajo Sukerman) el que quiere imponer la adhesión provincial a la antiobrera ley de ART. Están dejando de lado que el proyecto de Perotti (con el acuerdo del gobierno nacional de Fernández) sobre Vicentín termina siendo un salvataje a la patronal estafadora. Están dejando de lado que el gobierno nacional de Fernández está cediendo frente a las exigencias de las patronales y los grupos financieros acreedores de la Argentina.
La reacción de parar y cesar sus actividades es la primera respuesta de los obreros en defensa de la vida y señala todo un camino. Los trabajadores debemos enfrentar la pandemia y a las patronales con las herramientas propias.
Es necesario desarrollar otra orientación frente a la crisis del Covid19 en el Cordón:
Frente a la aparición de casos positivos en varias de las Empresas Aceiteras donde están en íntimo contacto con los Puertos y viven en diferentes ciudades del Cordón obliga a aplicar el Protocolo nacional. Los lugares involucrados (Aceiteras, Puertos) deben cerrar por 14 días. Aislamiento y riguroso control del estado de salud de todos los trabajadores y familiares. Desinfección de todos los lugares de trabajo.
Pago íntegro de todos los días sin trabajar a todos los trabajadores.
Testeos masivos.
Elaboración de Protocolos de los trabajadores en cada Empresa. Realización de Asambleas (con distanciamiento social) para aprobarlos.
Congreso de trabajadores del Cordón con delegados y representantes para defender los Protocolos de los trabajadores frente a las enormes presiones de las patronales.
Es la defensa de la vida y la salud de los obreros, de las familias y de la población toda.
Gustavo Fenoy y Emilio Blanco
29/07/2020
En las últimas horas el cordón industrial de San Lorenzo ha registrado trece casos de COVID 19 positivo entre los trabajadores de la industria aceitera. Los casos detectados corresponden 12 a la empresa Cofco, de Timbues , y uno en Bunge de Puerto San Martín. Anteriormente se conocía un caso positivo en Renopack, ubicada en zona oeste de San Lorenzo. Esta mañana se conoció un nuevo caso positivo, se trata de un trabajador de la empresa Pampa Energía de San Lorenzo.
Las empresas concentran trabajadores de todas las localidades del cordón, unos ochocientos, desde Rosario a Timbúes. La aparición de COVID positivo en las fábricas puede provocar la multiplicación de casos en todas las ciudades. Según las primeras informaciones, habría entre los infectados trabajadores de San Lorenzo, de Timbúes, Ricardone, Oliveros, Andino y Capitán Bermúdez. Esta situación alarmante es consecuencia de que el cuidado de los obreros y los protocolos para trabajar quedaron en manos de las propias patronales, que siempre tuvieron la política de imponer la continuidad de sus negocios, sean esenciales o no, tengan las condiciones de seguridad o no, aunque pongan en peligro la vida de los trabajadores.
En momentos en que los contagios van en ascenso y se extiende la circulación comunitaria, la situación va a terminar en una verdadera catástrofe sin la intervención del movimiento obrero.
Frente a los contagios los trabajadores pararon sus actividades y se retiraron de la empresa a las 20 horas del lunes como respuesta a la insuficiencia de los protocolos de seguridad.
La confirmación de estos casos en las grandes cerealeras desmienten las afirmaciones de la CGT San Lorenzo donde planteaba “que en cada establecimiento se cumplen los protocolos y que el virus excede cualquier previsión” (La Capital, 27/7). Con los hechos consumados, el sindicato Aceitero Regional, comandado por Reguera y la propia CGT San Lorenzo reconocen esta cuestión crucial para la vida de los trabajadores; que dejaron en manos de las patronales los protocolos de trabajo a pesar de la experiencia vivida; de la enorme cantidad de accidentes laborales y muertes obreras sufrida en estos años en el Cordón.
El SOEA destacó que ayer se pusieron en contacto con el Ministerio de Trabajo de la Provincia ya que esperan protocolos oficiales para ver cómo seguir y evitar mayores contagios entre trabajadores, sus familias y sus lugares de residencia. Las patronales y el Estado son los responsables de los contagios y de exponer la vida de todos los trabajadores. Los dirigentes de Aceiteros y de la CGT Regional vuelven a equivocar el camino cuando reclaman la intervención del Gobernador Perotti y del gobierno Nacional para resolver esta crisis. Las patronales y el Estado son responsables de los contagios; en el área de salud pública es enorme el porcentaje de profesionales contagiados por no contar con los elementos de bioseguridad. En la provincia, la ministra de Educación firmó un “protocolo de regreso a las aulas” no sólo inconsulto y de espalda a los docentes, sino que tiene la misma orientación, volver a las aulas a como dé lugar, sin las inversiones que cada establecimiento necesita, sin aumento de salarios ni reaperturas de las paritarias.
La dirección del SOEA y de la CGT San Lorenzo dejan de lado que es el propio gobierno de Perotti (y su ministro de trabajo Sukerman) el que quiere imponer la adhesión provincial a la antiobrera ley de ART. Están dejando de lado que el proyecto de Perotti (con el acuerdo del gobierno nacional de Fernández) sobre Vicentín termina siendo un salvataje a la patronal estafadora. Están dejando de lado que el gobierno nacional de Fernández está cediendo frente a las exigencias de las patronales y los grupos financieros acreedores de la Argentina.
La reacción de parar y cesar sus actividades es la primera respuesta de los obreros en defensa de la vida y señala todo un camino. Los trabajadores debemos enfrentar la pandemia y a las patronales con las herramientas propias.
Es necesario desarrollar otra orientación frente a la crisis del Covid19 en el Cordón:
Frente a la aparición de casos positivos en varias de las Empresas Aceiteras donde están en íntimo contacto con los Puertos y viven en diferentes ciudades del Cordón obliga a aplicar el Protocolo nacional. Los lugares involucrados (Aceiteras, Puertos) deben cerrar por 14 días. Aislamiento y riguroso control del estado de salud de todos los trabajadores y familiares. Desinfección de todos los lugares de trabajo.
Pago íntegro de todos los días sin trabajar a todos los trabajadores.
Testeos masivos.
Elaboración de Protocolos de los trabajadores en cada Empresa. Realización de Asambleas (con distanciamiento social) para aprobarlos.
Congreso de trabajadores del Cordón con delegados y representantes para defender los Protocolos de los trabajadores frente a las enormes presiones de las patronales.
Es la defensa de la vida y la salud de los obreros, de las familias y de la población toda.
Gustavo Fenoy y Emilio Blanco
29/07/2020
APDH denuncia violencia policial "sectorizada y selectiva" durante la cuarentena
En el informe semestral de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el organismo sostiene que, entre el pasado 20 de marzo y finales de junio, se registraron en las diferentes provincias hechos de violencia policial ejercidos "de forma sectorizada y selectiva". Según este documento, las víctimas fueron los vecinos de "barrios más vulnerados" y "los trabajadores más precarizados".
El análisis comprendió las regiones Centro, Norte, Cuyo, Patagonia, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo puntualizó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se registraron casos de "detenciones arbitrarias, amedrentamiento, hostigamiento, persecución y hasta la muerte":
APDH resalta una serie de casos relevantes a nivel nacional. Uno de estos es la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza ocurrida en Tucumán el 15 de mayo. Por este crimen hay 10 policías provinciales detenidos con prisión preventiva. Espinoza era un trabajador rural, de 31 años, que fue atacado por la policía junto a su hermano en la zona de Melcho, Simoca. Ambos fueron detenidos y golpeados. El cuerpo de Espinoza fue encontrado en una zona inhóspita, en un precipicio a 150 metros de profundidad luego de declaración de dos de los policías involucrados en el procedimiento que culminó en el asesinato. Pese a que varios de los efectivos tenían antecedentes por violencia policial, seguían en funciones.
La APHD también detalló el caso de Facundo Ariel Scalzo de 20 años, quien el 17 de junio último murió baleado por la espalda por efectivos de la Gendarmería Nacional en el barrio Rivadavia del Bajo Flores porteño. El 15 de julio la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del gendarme Diego Rocha, acusado por el homicidio del joven.
Otro de los casos destacados por la APHD fue la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, quien permanece desaparecido desde el 30 de abril. La investigación apunta directamente sobre el accionar de la policía bonaerense. El jueves 30 de Julio, a tres meses de su desaparición, habrá una marcha en la localidad de Pedro Luro y actos en otras ciudades del país por la aparición con vida de Facundo. En CABA, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizará una concentración, a las 11 de la mañana, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Callao 237).
Este mapa devela el accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad del Estado, que cargan un largo prontuario de gatillo fácil, violencia policial y desapariciones. Muchas de estas causas continúan impunes y en ellas se establece un “cordón sanitario” para lograr la impunidad de los autores materiales, los responsables políticos y sus encubridores.
Ana Belinco
29/07/2020
El análisis comprendió las regiones Centro, Norte, Cuyo, Patagonia, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo puntualizó que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se registraron casos de "detenciones arbitrarias, amedrentamiento, hostigamiento, persecución y hasta la muerte":
APDH resalta una serie de casos relevantes a nivel nacional. Uno de estos es la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinoza ocurrida en Tucumán el 15 de mayo. Por este crimen hay 10 policías provinciales detenidos con prisión preventiva. Espinoza era un trabajador rural, de 31 años, que fue atacado por la policía junto a su hermano en la zona de Melcho, Simoca. Ambos fueron detenidos y golpeados. El cuerpo de Espinoza fue encontrado en una zona inhóspita, en un precipicio a 150 metros de profundidad luego de declaración de dos de los policías involucrados en el procedimiento que culminó en el asesinato. Pese a que varios de los efectivos tenían antecedentes por violencia policial, seguían en funciones.
La APHD también detalló el caso de Facundo Ariel Scalzo de 20 años, quien el 17 de junio último murió baleado por la espalda por efectivos de la Gendarmería Nacional en el barrio Rivadavia del Bajo Flores porteño. El 15 de julio la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento del gendarme Diego Rocha, acusado por el homicidio del joven.
Otro de los casos destacados por la APHD fue la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, quien permanece desaparecido desde el 30 de abril. La investigación apunta directamente sobre el accionar de la policía bonaerense. El jueves 30 de Julio, a tres meses de su desaparición, habrá una marcha en la localidad de Pedro Luro y actos en otras ciudades del país por la aparición con vida de Facundo. En CABA, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia realizará una concentración, a las 11 de la mañana, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Callao 237).
Este mapa devela el accionar cotidiano de las fuerzas de seguridad del Estado, que cargan un largo prontuario de gatillo fácil, violencia policial y desapariciones. Muchas de estas causas continúan impunes y en ellas se establece un “cordón sanitario” para lograr la impunidad de los autores materiales, los responsables políticos y sus encubridores.
Ana Belinco
29/07/2020
jueves, 30 de julio de 2020
Quién es Mario Ishii: el prontuario de un barón del conurbano
Manejos punteriles, ataques al pueblo y apoyos desde arriba.
Las polémicas declaraciones del intendente de José C. Paz mientras presionaba a un grupo de trabajadores de la salud que le reclamaban mejores condiciones laborales, y el respaldo posterior que salió a darle el aparato del PJ, han puesto la mira sobre Mario Ishii, que ha gobernado el distrito durante casi todas las últimas dos décadas.
José C. Paz es un caso extremo de la precariedad, miseria y desocupación que existe en el conurbano bonaerense. La cantidad de planes sociales es masiva -una fuente local recogida por La Nación (27/7) señala que “es el segundo distrito con más planes, detrás de La Matanza”-; por lo tanto, buena parte de su población depende necesariamente de las asignaciones estatales, lo cual es aprovechado para el desarrollo de una estructura política completamente punteril (que el aparato del PJ sale a proteger, en defensa de las propias). La dependencia económica de los paceños al gobierno de Ishii no se limita a los planes sociales: más de 5.500 son los empleados municipales que, con salarios básicos de miseria, solo pueden completar un ingreso medianamente digno entregándose a la sobreexplotación horaria, como se evidenció en el reclamo de los ambulancieros.
A su vez, presenta niveles bajísimos de cobertura de agua potable (20%) y cloacas (30%), mientras que se estima que aún faltan asfaltar 65% de las calles. Barrios como “Sol y Verde”, entre otros, dan muestra a las claras de las condiciones deplorables a las que se ven sometidos los paceños. Las denuncias y reclamos por los basurales a cielo abierto, como en barrio San Atilio, recorren todo el municipio. El déficit habitacional es harto conocido por los vecinos, que continuamente son violentados y desalojados por las fuerzas represivas bonaerenses.
La pobreza está a la orden del día en el municipio: según los últimos registros del Indec más del 40% de los vecinos paceños se encuentra por debajo de la línea de pobreza, más del 10% bajo indigencia y la desocupación supera el 20%. Estos números son previos a la llegada del Covid-19 a la Argentina, que claramente agudizó la crisis socioeconómica, la precarización laboral y la desocupación.
La controvertida trayectoria del último “barón del conurbano”
Cabe recordar que el peronismo ganó todas las elecciones que se llevaron a cabo desde la autonomía del municipio en 1995, tras la división del partido General Sarmiento.
La disputa interna del PJ en el distrito, dirimida a los tiros, lo dio a Ishii entonces perdedor para la intendencia. No obstante, fue presidente del Concejo Deliberante hasta que tuvo su oportunidad de alcanzar el Poder Ejecutivo del distrito en 1999, de la mano de Aldo Rico y Eduardo Duhalde.
“Bien democrático”, Ishii desde entonces se alineó a todos los ganadores electorales.
En 2003, se reconvierte en “nac&pop” y se hace kirchnerista, motivado por su ángel de la guarda, Eduardo Duhalde. Su relación pasional duró poco: en 2005 le suelta la mano a este y se alinea tras CFK, tras ganarle las legislativas a Chiche Duhalde.
Desde entonces quiso ganarse el cariño de Cristina, a su manera… en 2009, tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones de medio término, Mario Ishii amenazó con “salir a cazar traidores”.
Tras 12 años al mando del municipio, Ishii decidió aspirar más alto. En 2011, suelta la intendencia para presentarse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. La derrota contra Daniel Scioli fue fulminante: Ishii sacó solo el 2,5%; sin embargo, ocupó una banca en el Senado durante los siguientes cuatro años. Durante ese período, su lazarillo Carlos Urquiaga quedó a cargo de la intendencia. De este sucesor no se supo más nada: serrucharle el piso a Mario no es moco de pavo.
En 2015, Ishii vuelve a la intendencia del municipio de la mano de CFK, con la que también tuvo sus roces. Durante el macrismo se mostró como un “opositor responsable” (como todo el peronismo, que le votó más de 100 leyes de ajuste a Macri) y hasta coqueteó con la exgobernadora María Eugenia Vidal. No obstante, el intendente “hospedó” con cargos a amigos y colaboradores del actual gobernador, Axel Kicillof, durante aquellos años.
Y así, ya son más de 20 años que Ishii acumula poder y dominio sobre el territorio paceño.
Controversias y golpes al pueblo
Innumerables son los episodios donde el mandatario hizo y deshizo lo que quiso a su antojo, golpeando con total virulencia a los habitantes del distrito más postergado del conurbano bonaerense. Desde poner a cargo del municipio a su madre durante un viaje personal, hasta tener de asesor a un reconocido narcotraficante, el caudillo hizo de todo, siempre bancado por el PJ.
A mediados del 2010 saltó al público la noticia de que Ishii había dirigido a dedo, entre amigos y socios, la adjudicación de viviendas del Plan Federal. La bronca de los vecinos los impulsó a organizarse, y tras la toma del municipio durante más de un día, consiguieron recuperar dichas viviendas. Sin embargo, al día de hoy no solo las mismas no fueron terminadas, sino que para mantener el control sobre la población, el intendente nunca entregó las escrituras, en otro claro ejemplo del manejo punteril del municipio.
En el ámbito de la salud las estafas a la población no cesan: incontables intentos por cerrar las “salitas de primeros auxilios” constantemente defendidas por los vecinos, mientras construye supuestos hospitales de alta complejidad que no son más que cascarones vacíos por falta de profesionales e insumos hace la vista gorda a las problemáticas del hospital Hospital Mercante que asiste la mayor demanda de la zona, la inauguración junto a Kicillof de un centro de atención Covid-19 que colapsó ante los primeros casos -tras haberse filtrado un video en que Ishii decía que en José C. Paz “podrían morir entre 4.000 y 5.000 personas por coronavirus”. Y ahora, la persecución y apriete a los ambulancieros municipales que reclaman por sus condiciones de trabajo.
Lo bancan desde arriba
El mismo PJ que hace meses atrás respaldaba al exgobernador tucumano José Alperovich denunciado por violación, hoy le da apoyo político al intendente que afirma cubrir a quienes venden “falopa” en su municipio. A los dichos del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien aseguró que “fue una mala expresión”, se le sumaron las declaraciones del jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, quien sostuvo que las palabras del barón bonaerense “fueron sacadas de contexto en una situación de mucho estrés, donde él trataba de que los trabajadores hagan un esfuerzo adicional”. Por su parte, el albertismo dice mucho con su silencio, avalando las acciones y dichos del intendente.
Por abajo, su aparato punteril y las bases peronistas del municipio ni miras de señalarlo. Desde la oposición derechista no hubo más que denuncias públicas y, para cumplir con su público, un pedido de comisión investigadora desde su banca en el Consejo Deliberante, sin hacer demasiado revuelo y sin impulsar ninguna campaña fuerte en el distrito para desplazar al actual intendente.
Las muestras de apoyo, los silencios y las miradas para otro lado, ponen de manifiesto que ni dentro del oficialismo ni de la oposición derechista van a tomar cartas en el asunto.
Este nuevo golpe al régimen local con el escándalo produce desgaste en un gobierno que lleva el mando del distrito hace más de 20 años. Somos los vecinos paceños los que debemos aprovechar la herida para organizarnos a fin de expulsar del mismo todo lazo con el narcotráfico y el crimen que atentan contra los intereses de la población. La organización independiente del Estado es la única herramienta que da cuenta de ser útil, como lo demostraron los vecinos en lucha por sus viviendas en 2010 -que junto al Polo Obrero siguen luchando y arracándonle al Estado avances de las obras en los barrios- o ahora con la recuperación de los puestos de trabajo de los músicos de la Orquesta Municipal.
Debemos darnos a la tarea de una fuerte deliberación, barrio por barrio, para derrotar al “barón del conurbano” que a fuerza de presión, represión y hostigamiento amedrenta a los trabajadores ocupados y desocupados del distrito que peleamos por nuestras necesidades.
Santiago DS, Sergio Gafa
El plan de recuperación de la UE: un rescate masivo a la clase capitalista
La antesala de mayores ajustes y crisis políticas.
El anuncio de un plan europeo de reconstrucción económica por un monto de 750 mil millones de euros fue celebrado por un amplio espectro político, desde la centroizquierda a la derecha continental, como una refundación “solidaria” de Europa. Por primera vez, la Unión Europea (UE) emitirá deuda de manera unitaria, actuando como un solo Estado en el mercado financiero y siendo la Unión misma la garante del endeudamiento. Lo que ha llevado a los 27 estados miembros a tomar este curso de acción es la calamitosa situación económica provocada por la crisis capitalista y su profundización por la pandemia. Con esta inyección económica buscarían revitalizar una economía europea cuyo PBI caerá en promedio un 9 por ciento en 2020 (DW 7/7).
Un plan de rescate a los capitalistas
Para hacerse de esos recursos, la UE emitirá bonos en el mercado de deuda y luego el monto de 750 mil millones de euros que buscan obtener será distribuido entre los países miembros de la siguiente manera: 390 mil millones serán repartidos entre los distintos estados de acuerdo a distintas variables como la población y el impacto que la crisis tenga en cada uno de ellos. Esta parte del paquete de rescate será dado en forma de subvención, es decir que no tendrá que ser devuelto por cada país de manera individual. La Unión deberá afrontar esa deuda haciendo uso de su presupuesto común. Los 360 mil millones restantes tendrán la forma de préstamos a los países que los soliciten y tendrán que ser afrontados por cada Estado. La entrega de estos montos será en cuotas hasta el 2023 y tendrá como fecha límite de devolución el año 2058.
Sin embargo, estos fondos, lejos de destinarse a paliar las urgentes problemáticas que recorren el continente, como el precario sistema de salud de numerosos países o a paliar las consecuencias más gravosas de la crisis, como el crecimiento de la miseria, serán destinados a “financiar inversiones y reformas” (Ambito, 26/7), es decir serán el lubricante de un intento de relanzar los negocios de la burguesía europea. De hecho, el plan presupuestario europeo incluiría rebajas en partidas como investigaciones en salud y en el fomento a tecnologías amigables con el medio ambiente con recortes de un 60% en ambos casos (La Vanguardia, 24/7). El afluente dinerario estará a disposición de asegurar el pago de los vencimientos de la deuda externa previa de cada país, así como para inyectar recursos en cada economía tanto para que las empresas puedan invertir, como para que los estados procedan al rescate de elementos centrales de cada burguesía nacional.
La contraparte del endeudamiento será un control aún mayor de los presupuestos nacionales de parte de la Comisión Europea y el compromiso por parte de cada país de alcanzar los recursos necesarios, mediante ajustes, para afrontar los pagos. Un episodio central de este plan de ajuste venidero será la aplicación masiva de reformas laborales y previsionales, lo que fue solicitado en la Comisión Europea por los países más sólidos económicamente. Detrás de una pantalla keynesiana, el conjunto de Europa atravesará una experiencia a la griega, con una pérdida de independencia y medidas de ajuste draconianas en todo el continente.
A pesar de todo, lejos de poder resolver la crisis económica, este paquete de rescate profundizará las contradicciones preexistentes. Los golpes contra los ingresos de las masas que supone la aplicación de reformas ajustadoras pondrán aun más de manifiesto la crisis de sobreproducción que está detrás de la crisis capitalista mundial y la necesidad de liquidar a los capitales sobrantes. En el mismo sentido, las deudas externas de los países alcanzarán niveles históricos, condicionando cualquier perspectiva de recuperación a largo plazo, por ejemplo, España recibirá 70 mil millones en concepto de préstamos, cuando su deuda ya representa el 100 por ciento del PBI.
Crisis política
El acuerdo al que se arribó para proceder a este endeudamiento fue presentado por los medios como un ejemplo de la vigencia de la Unión Europea. Sin embargo, las negociaciones sirvieron para expresar y profundizar las divergencias y bloques que atraviesan a la UE. Alemania y Francia junto con los países más necesitados de ayuda económica (España, Italia, Grecia, Portugal), fueron los principales impulsores del acuerdo. Berlín necesita mantener un cierto grado de cohesión en la Unión en tanto es la plataforma sobre la que se apoya el capital alemán para disputar en la guerra comercial que se desarrolla a escala internacional. Sabe que, por las condiciones del acuerdo, su consecuencia será una mayor dependencia de los países más débiles respecto a Alemania, así como una mayor penetración de los capitales germanos en esos países.
La concreción del plan de rescate debió enfrentar al bloque de los llamados “países frugales” (Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Austria) que se encuentran entre los que más aportan al presupuesto común de la UE en relación a lo que recibirán del paquete de ayuda. Estos países pugnaron para que el conjunto del paquete se limite a préstamos y no a subvenciones, al mismo tiempo que reclamaban mayores ajustes y un poder de veto en los organismos europeos a los presupuestos presentados por cada país. Si bien no consiguieron todos sus reclamos, lograron que todos los países puedan realizar una “alerta” ante la Comisión Europea si ven que alguno de los miembros no cumple con las medidas para hacer frente a los pagos, lo que suspende la entrega de fondos hasta la verificación o no de la denuncia. Los presupuestos nacionales pasarán a ser auditados por la Comisión Europea que podrá desaprobarlos con una mayoría especial de un 55% por ciento de los países, si llegan a representar el 65% de la población de la eurozona.
Este tipo de mecanismos recrudecerán los choques políticos entre los miembros de la Unión, al mismo tiempo que garantizará los ajustes. A la vez, sienta las bases de la profundización de las tendencias centrífugas en la UE. Los “frugales” le echan la culpa de la crisis económica a las economías sureñas que serían derrochadoras e improductivas, a la vez, los sectores políticos anti europeístas de los países que deberán proceder a mayores ajustes como Italia o España verán reforzadas sus posiciones al ser la UE y sus instituciones las responsables de la penuria de las masas.
Los gobiernos ultraderechistas de Polonia y Hungría, por su parte, lograron salirse con la suya, al evitar que las llamadas violaciones al “estado de derecho” que le imputan los mandamases de la Unión sean consideradas un impedimento para recibir estos fondos de reconstrucción económica. Tanto por esta última cuestión, como por el reclamo de que no se recorten fondos a ciertas áreas (salud, ecología), el parlamento europeo amenaza con bloquear la aprobación del acuerdo.
Por una intervención obrera independiente
El plan de reconstrucción económica, finalmente, será un intento de rescatar a los capitalistas europeos y de asegurar su lugar en la guerra comercial a costa de un mayor ajuste contra los trabajadores. La pandemia de Covid-19 (de la que se están produciendo rebrotes en toda Europa) expuso la fragilidad de los sistemas de salud y de las condiciones de vida de las masas, lo que se cobró la vida de decenas de miles de personas en todo el continente, junto con un crecimiento abismal del desempleo y de la pobreza. El plan de rescate viene a asegurar y a profundizar este rumbo de ataque a los trabajadores y de sujeción nacional, mediante la extensión de los métodos de la ‘troika’ a escala continental.
El enorme plan de rescate, sin embargo, no cancela las tendencias a la disgregación de la UE, que tienen al Brexit como mayor exponente. La crisis capitalista replanteará estas tentativas nacionalistas, que de todos modos para los trabajadores significan también un horizonte de ajuste.
Es necesario, por lo tanto, que la clase obrera intervenga en este panorama con una política independiente de las variantes “europeístas” y nacionalistas, partiendo de sus demandas elementales frente a la crisis económica y sanitaria, rechazando las medidas de ajuste y levantando la bandera de la federación socialista de Europa.
Leandro Morgan
La “nueva normalidad” de las patronales y la de los trabajadores
El crecimiento de los contagios escala cada día a nuevos récords y el colapso del sistema sanitario es una amenaza cercana. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó que a este ritmo el 15 de agosto estarán todas las camas de terapia intensiva ocupadas y el Pami de la Ciudad de Buenos Aires ya está derivando pacientes a la provincia. Por otra parte el gobierno de Larreta apeló un fallo judicial que obliga a testear semanalmente a residentes y trabajadores de geriátricos. Nos están empujando a la crisis tan temida, la de tener que elegir a quién otorgar una cama, algo que denuncian muy cercano médicos de Cicop en la Provincia.
Sin embargo, las patronales redoblan la presión por una apertura mayor de la cuarentena y diseñan la salida. El panorama de la “poscuarentena” que se vislumbra es igualmente sombrío.
Los 300 mil puestos de trabajo perdidos en los últimos meses son solo la punta del iceberg. El DNU de prohibición de despidos y suspensiones que el gobierno prorrogó hasta el 30 de setiembre es papel mojado. Desde que empezó el aislamiento obligatorio, en el Ministerio de Trabajo se formalizaron “272 solicitudes de Procedimientos Preventivos de Crisis”, que se suman a otras 30 del primer trimestre. Como referencia, en todo 2019 se presentaron 120 empresas. El PPC es un mecanismo que permite suspender o despedir a menor costo y ha precedido a varios cierres.
El número está lejos de describir la situación ya que “solo en la última semana pasaron por mesa de entradas 2.895 empresas” más. Por otro lado, si bien el paso administrativo es obligatorio bajo ciertas circunstancias, muchas – muchísimas- patronales simplemente lo omiten. Y, como las suspensiones que se ejecutaron lo hicieron en los marcos el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo y el pacto CGT-UIA, no cabe duda que la finalidad de esos expedientes son los despidos.
Las patronales han puesto en marcha “una descomunal reestructuración” industrial que se basa en una reducción drástica de los planteles y, bajo esa presión, en la imposición de nuevas condiciones laborales. La unificación de los reclamos de los trabajadores ocupados y desocupados adquiere un carácter estratégico. La lucha por el puesto de trabajo y el salario se enlaza con la lucha contra la reforma laboral.
Los planes patronales
La modificación de la ley de concursos y quiebras que está en discusión en el Congreso apunta a suspender los procesos hasta fin de año para evitar que “ni bien se reabran los tribunales comerciales haya miles de cierres” y el otorgamiento de créditos bancarios a las empresas concursadas. Solo un amortiguador para evitar una reacción de conjunto ante una avalancha de quiebras.
Junto a esto se debate el proyecto de una moratoria impositiva de amplio alcance que, para la UIA, sería solo un paso “para poder avanzar hacia una presión tributaria abordable (reclama ‘revisar más de 160 impuestos’)… se tienen que generar más incentivos para que los argentinos inviertan y es el sector privado el que será el protagonista de la recuperación”.
En esa dirección se ubica la extensión del Presupuesto 2020 que implica un aumento estimado de 1,8 billones de pesos en diversas partidas. Se calcula que “unos 407.000 millones de pesos se irán en transferencias directas a empresas privadas hasta fin de año”. Otra enorme tajada se va en los intereses de la deuda.
2001 a la vista
Los proyectos son parte de la batería de iniciativas que promueven o apoyan las patronales del “comercio, la industria y la construcción” para enfrentar “una crisis que –según José Urtubey de la UIA- será superior a la de 2001″. En esto coincide con un reciente artículo del The New York Times según el cual “todas las condiciones parecen dadas para que vuelva el pasado”. Recordemos que desde el corazón pobre del conurbano, el desbocado y encubridor de narcos, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, pronosticó un 2001 a fin de agosto en un reportaje al diario Perfil.
La pregunta del millón es cómo se financiará el déficit que el gobierno proyecta en 3 billones de pesos, es decir, 10,5% del PBI. El recurso de la emisión llega a niveles explosivos. Según analistas “habría que emitir entre 1 y 1,5 billones adicionales para financiar el déficit del segundo semestre, que difícilmente puedan ser absorbidos por el Banco Central, puesto que eso lo obligaría a subir las tasas de interés, algo que sería suicida en plena recuperación”. Ahí es donde el arreglo con los acreedores se vuelve vital para la burguesía: “una resolución favorable sobre la deuda –declaró un vocero de los industriales- podría generar el margen necesario para un paquete fiscal más agresivo”. La esperanza sería financiarse en los mercados o una nueva asistencia del FMI. O sea, más endeudamiento, cuando no hemos salido del default.
Luego del mensaje que enviaron los grandes tenedores de bonos rechazando la última oferta argentina, las negociaciones se extenderían, ahora, hasta el 28 de agosto, lo que supone preparar nuevas concesiones; podría reflotarse el bono atado al PBI o a las exportaciones para compensar los tres dólares de diferencia que reclaman los fondos además de aceptar modificaciones legales a los contratos; un tema que importa por el antecedente que representa para otras renegociaciones de deuda en marcha, como la de Ecuador.
Lo más importante es lo que el ministro Martín Guzmán declaró en una entrevista a Bloomberg: “después del proceso de reestructuración de deuda con los acreedores privados esperamos solicitar un nuevo programa al FMI que reemplace al que teníamos previamente y que no funcionó”. Con tono firme agregó “esto ocurrirá con o sin acuerdo con los bonistas” (¡agarráme que le pago!).
Es decir, del monitoreo de las cuentas que reclaman los especuladores pasamos a un plan elaborado directamente por el FMI. No hace falta leer muchos diarios para saber en qué consisten esencialmente los planes que le reclaman a Guzmán: reformas estructurales (laboral y previsional entre ellas) y austeridad fiscal; esto entraría en colisión con la expectativa de las patronales de mayores subsidios. En esto radica el callejón sin salida de la crisis capitalista. No hay para todos, por lo tanto los choques serán del capital contra las masas y entre los propios capitalistas.
La reforma laboral en marcha
Como desarrolló el artículo de Néstor Pitrola de la semana pasada la reforma laboral ya empezó. Todos los “borradores” elaborados por las patronales para salir de la cuarentena se reducen a paquetes de subsidios, exenciones impositivas y “regulaciones laborales” a la baja para cada actividad: el modelo Vaca Muerta que tanto elogió “el candidato” Alberto Fernández.
La línea maestra no es una ley única de reforma laboral, que podría ofrecer un eje de resistencia común a los trabajadores (una gran lección que los capitalistas sacaron de las jornadas de diciembre de 2017 contra el proyecto previsional), sino las mesas sectoriales con la burocracia sindical como partenaire. A través de ella, las patronales intentarán alinear a la clase obrera tras sus reclamos.
Ese es el lugar que las direcciones sindicales reclaman para sí en el escenario de la “nueva normalidad”: garantes de la contención a las luchas y coejecutores de la poscuarentena. Los acuerdos sectoriales son bien vistos por el gobierno en la medida que pavimentan el camino al Pacto Económico y Social que será el soporte político de la “poscuarentena”.
Esto incluye la firma de paritarias que consoliden la rebaja salarial. En esa línea coinciden todas las fracciones, desde Los Gordos a la Corriente Federal. Su vocero Sergio Pallazo, que acaba de hacer punta con un acuerdo salarial varios puntos debajo de la inflación, le pidió “a la central obrera anticipar la elección” para tener este año “una CGT unificada, que pueda darle al Presidente la legitimidad de la representación del movimiento obrero en todo su contexto a la hora de tomar las medidas de la pospandemia”.
Una situación precaria que cruje por las luchas
El derrumbe industrial con su secuela de despidos en masa, cierres, aumento de la desocupación y la pobreza es leña al fuego de la crisis social que se agrava al ritmo de los contagios y las muertes y el latente colapso del sistema de salud.
La lucha “de vida o muerte” por los protocolos de seguridad, que cobrará cada vez más relevancia, se superpone con la defensa de los puestos de trabajo y del salario. El ejemplo del Sutna, defendiendo la salud obrera y las condiciones de trabajo, con métodos de acción directa y democracia sindical, es una guía para todos los trabajadores. Otras batallas tenaces como la de los textiles de Algodonera Avellaneda de Vicentin, la de los choferes cordobeses, la de numerosos municipales en distintas provincias, la de los desocupados del Frente de Lucha Piquetero, la juventud repartidora o el vasto movimiento en la salud, marcan el potencial de nuestra clase obrera a partir de una política para romper la cooptación de la burocracia sindical.
La “nueva normalidad” que pretenden inaugurar las patronales viene preñada de conflictos con reforzamiento del aparato represivo y choques de todo tipo, en los que se forjará una vanguardia combativa. Las iniciativas votadas por el Plenario del Sindicalismo Combativo contribuirán a agruparla en torno a un programa anticapitalista.
Miguel Bravetti
Pandemia de agrotóxicos
Vecinos bonaerenses denuncian que en plena pandemia se sigue fumigando con agrotóxicos en cercanías de las viviendas. En Mar Chiquita se desoyó un fallo judicial y se habilitaron venenos a solo 150 metros de hogares y escuelas.
Ciudades y pueblos de casas bajas, con ritmo distinto a las grandes urbes y rodeadas de naturaleza. Ideales para vivir, aún más en tiempos de coronavirus. Pero las fumigaciones con agrotóxicos alteraron la tranquilidad de las familias. Así lo testimonian en Mar Chiquita y General Las Heras, partidos bonaerenses que denuncian los problemas que sufren por el avance del agronegocio transgénico. Aún con un fallo que establece distancias de protección de 1500 metros, las autoridades de Mar Chiquita autorizaron fumigaciones a solo 150 metros de las casas. Los vecinos señalan la contradicción de las políticas públicas de cuidado ante la Covid-19, pero al mismo tiempo permiten los agrotóxicos.
El partido de Mar Chiquita cuenta con 30.000 habitantes. Es conocida por su importancia en biodiversidad a partir de la Reserva de Biósfera Parque Atlántico (reconocida en 1996 por la Unesco). Las autoridades locales suelen publicitar el cuidado del ambiente: la primera semana de julio la Municipalidad difundió que retomaba la separación de residuos en los hogares.
Los vecinos, agrupados en la Asamblea Paremos el Desierto Verde, habían presentado en 2018 al poder político local decenas de estudios científicos de universidades públicas para alejar las fumigaciones de las casas, pero no tuvieron respuesta.
El 12 de diciembre de 2019, el juez Héctor Casas (del Juzgado en lo Civil 15 de Mar del Plata), emitió una medida cautelar para prohibir las fumigaciones a menos de 1500 metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.
La sorpresa sobrevino el 13 de mayo pasado, en plena cuarentena. El Concejo Deliberante aprobó de imprevisto una ordenanza que contradice el pedido de los vecinos y va a contramano del fallo judicial: establece distancias mínimas de protección para la viviendas, escuelas y cursos de agua (de 150 a 25 metros). Fue votada por concejales de la Coalición Cívica, Frente de Todos y Cambiemos.
El repudio se incrementó cuando autoridades de la Sociedad Rural de Mar Chiquita señalaron que ellos fueron parte de la redacción de la ordenanza. En forma de rechazo se organizó una marcha de más de tres kilómetros de autos sobre la Ruta 11. Exigieron que el intendente Jorge Paredi (Frente de Todos) derogue la ordenanza y priorice la salud de la población.
Verónica Taglioretti, de la Asamblea Paremos el Desierto Verde, explicó que además de la toxicidad, los agroquímicos son inmunosupresores (debilitan el sistema inmunológico), “cuestión que agrava y deja aún más vulnerable a la población ante la pandemia del Covid-19”. La Asamblea emitió un comunicado en el que resaltó la contradicción gubernamental: “Resulta llamativo que los mismos funcionarios que nos protegen de manera extrema y rigurosa ante los efectos del Covid-19, nos exponen a las fumigaciones con agrotóxicos a distancias irrisorias”.
El partido de General Las Heras está ubicada ubicada en el noroeste bonaerense, a 70 kilómetros de Capital Federal. Viven 15.000 personas y una de sus localidades es General Hornos, cuya tranquilidad fue sacudida en marzo de 2019 cuando productores agropecuarios fumigaron en cercanías de la escuela y viviendas. Comenzó un proceso de diálogo con la Intendencia y el Concejo Deliberante, impulsado por el espacio Vecinos/as Autoconvocados/as por la Salud y el Medio Ambiente de Las Heras.
Realizaron charlas informativas sobre las consecuencias de los agrotóxicos, fueron visitados por afectados de localidades vecinas, agrónomos, abogados y médicos. Los vecinos llamaron la atención sobre la ordenanza 69/2010, que establece 2000 metros de protección para las viviendas pero solo 200 para las escuelas.
Propusieron una serie de medidas: que el Municipio realice un convenio con la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama) para comenzar una transición hacia un modelo agropecuario sin venenos, creación de un registro de aplicadores de agroquímicos e implementar un protocolo de denuncia de fumigaciones, entre otras propuestas. El reclamo recibió la adhesión y apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que reclamó 2000 metros de protección para alumnos y docentes.
El gobierno municipal (a cargo de Javier Osuna hasta inicios de 2020 y en la actualidad por Marcelo Sartori) no aplicó ninguna de las medidas.
El 19 de abril y el 7 de mayo, en plena pandemia, las familias de Hornos volvieron a sufrir los agrotóxicos. “Se fumigó a escasos metros de las viviendas, incluso de noche, incumpliendo con la ordenanza vigente”, denunciaron los Vecinos Autoconvocados en un comunicado. Gisela Fredes, habitante de Hornos y parte de la organización, explicó que hubo familias afectadas con “las reacciones típicas de esos venenos”, problemas para respirar, inflación de garganta y ojos, picazón. “Tenemos que encerrarnos en las casas. No podemos abrir ventanas porque el veneno ingresa y queda adentro. El padecimiento es mucho, nos afectan la salud”, afirmó.
Los Vecinos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de General Las Heras dirigieron los reclamos a funcionarios de los tres niveles: Municipio, Provincia y Nación. Remarcan que no están contra la actividades agropecuaria ni contra ningún sector político, reclaman diálogo para obtener “acciones urgentes y concretas” con un objetivo fundamental: “Generar alternativas donde el negocio no se imponga por sobre la salud de toda la comunidad”.
Fredes resaltó que los productores no respetan los 2000 metros establecidos en la ordenanza y que fumigan con viento (hace más descontrolable los venenos), e incluso de noche, para eludir las posibles denuncias.
Darío Aranda
Ciudades y pueblos de casas bajas, con ritmo distinto a las grandes urbes y rodeadas de naturaleza. Ideales para vivir, aún más en tiempos de coronavirus. Pero las fumigaciones con agrotóxicos alteraron la tranquilidad de las familias. Así lo testimonian en Mar Chiquita y General Las Heras, partidos bonaerenses que denuncian los problemas que sufren por el avance del agronegocio transgénico. Aún con un fallo que establece distancias de protección de 1500 metros, las autoridades de Mar Chiquita autorizaron fumigaciones a solo 150 metros de las casas. Los vecinos señalan la contradicción de las políticas públicas de cuidado ante la Covid-19, pero al mismo tiempo permiten los agrotóxicos.
El partido de Mar Chiquita cuenta con 30.000 habitantes. Es conocida por su importancia en biodiversidad a partir de la Reserva de Biósfera Parque Atlántico (reconocida en 1996 por la Unesco). Las autoridades locales suelen publicitar el cuidado del ambiente: la primera semana de julio la Municipalidad difundió que retomaba la separación de residuos en los hogares.
Los vecinos, agrupados en la Asamblea Paremos el Desierto Verde, habían presentado en 2018 al poder político local decenas de estudios científicos de universidades públicas para alejar las fumigaciones de las casas, pero no tuvieron respuesta.
El 12 de diciembre de 2019, el juez Héctor Casas (del Juzgado en lo Civil 15 de Mar del Plata), emitió una medida cautelar para prohibir las fumigaciones a menos de 1500 metros de viviendas, escuelas y cursos de agua.
La sorpresa sobrevino el 13 de mayo pasado, en plena cuarentena. El Concejo Deliberante aprobó de imprevisto una ordenanza que contradice el pedido de los vecinos y va a contramano del fallo judicial: establece distancias mínimas de protección para la viviendas, escuelas y cursos de agua (de 150 a 25 metros). Fue votada por concejales de la Coalición Cívica, Frente de Todos y Cambiemos.
El repudio se incrementó cuando autoridades de la Sociedad Rural de Mar Chiquita señalaron que ellos fueron parte de la redacción de la ordenanza. En forma de rechazo se organizó una marcha de más de tres kilómetros de autos sobre la Ruta 11. Exigieron que el intendente Jorge Paredi (Frente de Todos) derogue la ordenanza y priorice la salud de la población.
Verónica Taglioretti, de la Asamblea Paremos el Desierto Verde, explicó que además de la toxicidad, los agroquímicos son inmunosupresores (debilitan el sistema inmunológico), “cuestión que agrava y deja aún más vulnerable a la población ante la pandemia del Covid-19”. La Asamblea emitió un comunicado en el que resaltó la contradicción gubernamental: “Resulta llamativo que los mismos funcionarios que nos protegen de manera extrema y rigurosa ante los efectos del Covid-19, nos exponen a las fumigaciones con agrotóxicos a distancias irrisorias”.
El partido de General Las Heras está ubicada ubicada en el noroeste bonaerense, a 70 kilómetros de Capital Federal. Viven 15.000 personas y una de sus localidades es General Hornos, cuya tranquilidad fue sacudida en marzo de 2019 cuando productores agropecuarios fumigaron en cercanías de la escuela y viviendas. Comenzó un proceso de diálogo con la Intendencia y el Concejo Deliberante, impulsado por el espacio Vecinos/as Autoconvocados/as por la Salud y el Medio Ambiente de Las Heras.
Realizaron charlas informativas sobre las consecuencias de los agrotóxicos, fueron visitados por afectados de localidades vecinas, agrónomos, abogados y médicos. Los vecinos llamaron la atención sobre la ordenanza 69/2010, que establece 2000 metros de protección para las viviendas pero solo 200 para las escuelas.
Propusieron una serie de medidas: que el Municipio realice un convenio con la Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama) para comenzar una transición hacia un modelo agropecuario sin venenos, creación de un registro de aplicadores de agroquímicos e implementar un protocolo de denuncia de fumigaciones, entre otras propuestas. El reclamo recibió la adhesión y apoyo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que reclamó 2000 metros de protección para alumnos y docentes.
El gobierno municipal (a cargo de Javier Osuna hasta inicios de 2020 y en la actualidad por Marcelo Sartori) no aplicó ninguna de las medidas.
El 19 de abril y el 7 de mayo, en plena pandemia, las familias de Hornos volvieron a sufrir los agrotóxicos. “Se fumigó a escasos metros de las viviendas, incluso de noche, incumpliendo con la ordenanza vigente”, denunciaron los Vecinos Autoconvocados en un comunicado. Gisela Fredes, habitante de Hornos y parte de la organización, explicó que hubo familias afectadas con “las reacciones típicas de esos venenos”, problemas para respirar, inflación de garganta y ojos, picazón. “Tenemos que encerrarnos en las casas. No podemos abrir ventanas porque el veneno ingresa y queda adentro. El padecimiento es mucho, nos afectan la salud”, afirmó.
Los Vecinos Autoconvocados por la Salud y el Ambiente de General Las Heras dirigieron los reclamos a funcionarios de los tres niveles: Municipio, Provincia y Nación. Remarcan que no están contra la actividades agropecuaria ni contra ningún sector político, reclaman diálogo para obtener “acciones urgentes y concretas” con un objetivo fundamental: “Generar alternativas donde el negocio no se imponga por sobre la salud de toda la comunidad”.
Fredes resaltó que los productores no respetan los 2000 metros establecidos en la ordenanza y que fumigan con viento (hace más descontrolable los venenos), e incluso de noche, para eludir las posibles denuncias.
Darío Aranda
Kicillof-Larreta: cruces sanitarios y políticos en el AMBA
Después de casi 150 días de aislamiento, el lunes que viene deberá comenzar la novena etapa de la cuarentena, en medio de un pico de contagios de aproximadamente 6.000 casos diarios. Aún no hay certezas sobre cómo se implementará y, principalmente, si se continuará con una estrategia común entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires, los distritos más afectados.
Kicillof-Larreta
La reunión entre Kicillof, Larreta y sus ministros dejó expuesta una posible grieta en el futuro manejo del aislamiento. Los funcionarios porteños expresaron con claridad su intención de avanzar en el plan de apertura gradual presentado hace semanas atrás. Apuntan a reabrir los comercios en áreas de alta circulación, bibliotecas (sin permanencia), deportes individuales al aire libre e instituciones como clubes, aunque sin el uso de las áreas comunes.
Mientras tanto, el Ministro bonaerense Gollán, se declaró en alerta ante una posible "saturación" del sistema sanitario. Dijo que, de continuar con la tendencia actual en el número de contagios y enfermos graves en la provincia, el 15 de agosto podría llegarse al colapso sanitario. A pesar de ello, la postura bonaerense fue la de sostener la apertura, pero "con cautela". No figura en la agenda ni la restricción ni el control sanitario de la gran industria del distrito, donde los obreros contagiados se cuentan de a decenas.
Telón de fondo
Más allá de las alertas verbales que expone el gobierno de Kicillof, la apertura económica impulsada por el larretismo y avalada por Alberto Fernández sigue curso pese al aumento de contagios. Rodríguez Larreta va ¨optimista¨, y marca el compás de la política sanitaria en todo el AMBA, en la línea de convivir con la pandemia que, en países como Estados Unidos o Brasil, se sigue cobrando miles de muertos.
El abordaje de la pandemia, de todos modos, está sirviendo de excusa para ventilar una crisis política al interior del “trío” que cogobernó la pandemia. En esa agenda de crisis, se filtra la renegociación de la deuda, la reforma judicial y la agudización del conflicto social, de la mano de una mayor pauperización de las mayorías laboriosas.
En una entrevista radial, Pichetto, representante del ala de la oposición que busca torcer el “dialoguismo” de Larreta, calificó a Gollán como el “Doctor muerte”, llamando a poner “en marcha la rueda de la economía” en oposición a “la declinación y catástrofe económica". Pichetto finge ignorar los efectos catastróficos y paralizantes de la pandemia en las grandes fábricas y comercios (Coto), muchos de ellos obligados a cerrar, no por la cuarentena, sino por el reguero de contagios. Pero las preocupaciones de Pichetto son otras: “abrir la economía” en CABA puede ser una bandera para reagrupar a la oposición derechista, a la cual Macri ya logró abroquelar contra la reforma judicial. La vida de los trabajadores, en definitiva, es un campo de maniobras dentro de las disputas de los partidos del régimen. Como nunca, está planteada la necesidad de un programa y una lucha por protocolos redactados por los trabajadores, incorporación de personal sanitario y todas las reivindicaciones pendientes.
Ana Belinco
30/07/2020
Kicillof-Larreta
La reunión entre Kicillof, Larreta y sus ministros dejó expuesta una posible grieta en el futuro manejo del aislamiento. Los funcionarios porteños expresaron con claridad su intención de avanzar en el plan de apertura gradual presentado hace semanas atrás. Apuntan a reabrir los comercios en áreas de alta circulación, bibliotecas (sin permanencia), deportes individuales al aire libre e instituciones como clubes, aunque sin el uso de las áreas comunes.
Mientras tanto, el Ministro bonaerense Gollán, se declaró en alerta ante una posible "saturación" del sistema sanitario. Dijo que, de continuar con la tendencia actual en el número de contagios y enfermos graves en la provincia, el 15 de agosto podría llegarse al colapso sanitario. A pesar de ello, la postura bonaerense fue la de sostener la apertura, pero "con cautela". No figura en la agenda ni la restricción ni el control sanitario de la gran industria del distrito, donde los obreros contagiados se cuentan de a decenas.
Telón de fondo
Más allá de las alertas verbales que expone el gobierno de Kicillof, la apertura económica impulsada por el larretismo y avalada por Alberto Fernández sigue curso pese al aumento de contagios. Rodríguez Larreta va ¨optimista¨, y marca el compás de la política sanitaria en todo el AMBA, en la línea de convivir con la pandemia que, en países como Estados Unidos o Brasil, se sigue cobrando miles de muertos.
El abordaje de la pandemia, de todos modos, está sirviendo de excusa para ventilar una crisis política al interior del “trío” que cogobernó la pandemia. En esa agenda de crisis, se filtra la renegociación de la deuda, la reforma judicial y la agudización del conflicto social, de la mano de una mayor pauperización de las mayorías laboriosas.
En una entrevista radial, Pichetto, representante del ala de la oposición que busca torcer el “dialoguismo” de Larreta, calificó a Gollán como el “Doctor muerte”, llamando a poner “en marcha la rueda de la economía” en oposición a “la declinación y catástrofe económica". Pichetto finge ignorar los efectos catastróficos y paralizantes de la pandemia en las grandes fábricas y comercios (Coto), muchos de ellos obligados a cerrar, no por la cuarentena, sino por el reguero de contagios. Pero las preocupaciones de Pichetto son otras: “abrir la economía” en CABA puede ser una bandera para reagrupar a la oposición derechista, a la cual Macri ya logró abroquelar contra la reforma judicial. La vida de los trabajadores, en definitiva, es un campo de maniobras dentro de las disputas de los partidos del régimen. Como nunca, está planteada la necesidad de un programa y una lucha por protocolos redactados por los trabajadores, incorporación de personal sanitario y todas las reivindicaciones pendientes.
Ana Belinco
30/07/2020
El costo humano de la “inmunidad de rebaño” en las villas
Desde hace varias semanas, el Gobierno de la Ciudad hace alarde del “éxito” de la política sanitaria en las villas de CABA, donde se habría logrado aplanar la curva de contagios. La cantidad de nuevos infectados se encontraría estancada en cerca de 1.900 casos en la Villa 31 (Retiro), 2.400 en la 1-11-14 (Bajo Flores), 2.600 en la 21-24 (Barracas), 1.700 en Villa 20 y 1.500 en Villa 15 (Lugano). Como explica el diario La Nación (14/07), “en mayo, los contagios en la Villa 31 y 31 Bis, se duplicaban cada 19 días. En junio, pasaron a duplicarse cada 84 días”. La situación de las villas es a la inversa del resto de la ciudad: pasaron de ser el epicentro de la crisis sanitaria a ser el “modelo” de contención de la propagación del virus, cuando en el resto del país la curva de contagios se encuentra en su punto histórico más alto. Luego de que las villas porteñas desaparecieran de las noticias diarias, los periódicos comenzaron a preguntarse “¿Cómo se logró mitigar la propagación del virus?” (Clarín, 2/7).
La respuesta a este interrogante por parte de los funcionarios del gobierno es que el Plan DetectAr logró frenar la curva exponencial de contagios. De ser así, nos encontraríamos ante un método exitoso de contención del virus que debería ser exportado al resto del mundo. Contrariamente, la curva de contagios en la ciudad sigue creciendo, a pesar de que Larreta dice contar con la fórmula del éxito para la contención del virus.
La realidad es otra, y sobre ella arrojó luz el mismo ministro de salud porteño, Fernán Quirós, quién señaló que “cuando uno hace la serología [en la villa 31], identificamos que el 53% de las personas del barrio tuvo la enfermedad. Eso hace una relación entre los que pudimos identificar y los que efectivamente tuvieron la enfermedad de 1-9”. En mentado Plan DetectAr, entonces, apenas si confirmó una décima parte de los casos de coronavirus en la 31. Estamos hablando de que más de la mitad de la villa ha sido contagiada por la enfermedad, que en una población de 40.000 personas da como resultado que hubo más de 20.000 contagiados. El caso de la Villa 31 es representativo de lo que ha pasado en todos los barrios en donde la curva de contagios se ha “amesetado”. Es que, con tan alto porcentaje de la población inmunizada, el virus ya no tiene mayores posibilidades de propagarse.
En conclusión, no “contención” del virus, sino lo contrario: se lo dejó propagar hasta alcanzar su propio techo. Es, en realidad, la política que Trump y Bolsonaro quieren aplicar en sus respectivos países, a escala de una villa porteña. Sin embargo, la catástrofe sanitaria en las villas no puede darse por superada, ya que un rebrote encontraría a la población en las mismas condiciones de precariedad que al comienzo, agravadas.
En el caso de las villas no hubo ningún tipo de control de nada: no se garantizó el ingreso económico para aquellos que necesitaban aislarse ni existió una política de aislamientos preventivos para las personas que se encontraban en los grupos de riesgo. La política de “inmunidad de rebaño”, aplicada a nivel nacional, haría colapsar el sistema de salud, que ya se encuentra desbordado, y elevaría los niveles absolutos de muertes por coronavirus.
El costo de alcanzar la “inmunidad de rebaño” en la Villa 31 fue, por caso, la muerte de Ramona, luchadora de La Poderosa, y de tantos trabajadores de las villas que perdieron la vida. No hay hoy un número oficial de los fallecimientos en las villas porteñas por covid19, pero hasta el pasado 2 de julio, según Clarín, la cifra alcanzaba las 89 muertes. Sin contar, claro, los casos de vecinos que han fallecido por otras enfermedades a causa del desborde del sistema de salud, como el caso de María Rosa Lencina, mujer embarazada de la Villa 31, recientemente fallecida luego de que no la atendieran en un hospital público cuando se presentó con fuertes dolores.
Las tasas de mortalidad no fueron mayores, según el infectólogo Ricardo Teijeiro, porque “en las villas hay más población joven y niños que adultos mayores. La franja etaria mayoritaria es la que puede transitar el virus con menos posibilidades de complicaciones graves. Por eso es baja la letalidad. Si la población de las villas fuera mayormente mayor de 70 años el cuadro sería muy distinto con el nivel de contagio que tuvieron” (Diario Z, 20/07).
En resumen, la política oficial para las villas fue completamente criminal y puso al desnudo la estafa que el gobierno quiere presentar como de “urbanización” de las villas, ya que el hacinamiento y la falta de servicios básicos (principalmente de agua potable) fueron sin duda algunos de los factores que empujaron hacia arriba la curva de contagios.
La situación actual de las villas porteñas vuelve a poner sobre la mesa las reivindicaciones más sentidas de los vecinos, que incluyan un verdadero plan de urbanización y que una la lucha de los desocupados con los trabajadores ocupados por la vivienda, el trabajo y la salud.
El Be
30/07/2020
La respuesta a este interrogante por parte de los funcionarios del gobierno es que el Plan DetectAr logró frenar la curva exponencial de contagios. De ser así, nos encontraríamos ante un método exitoso de contención del virus que debería ser exportado al resto del mundo. Contrariamente, la curva de contagios en la ciudad sigue creciendo, a pesar de que Larreta dice contar con la fórmula del éxito para la contención del virus.
La realidad es otra, y sobre ella arrojó luz el mismo ministro de salud porteño, Fernán Quirós, quién señaló que “cuando uno hace la serología [en la villa 31], identificamos que el 53% de las personas del barrio tuvo la enfermedad. Eso hace una relación entre los que pudimos identificar y los que efectivamente tuvieron la enfermedad de 1-9”. En mentado Plan DetectAr, entonces, apenas si confirmó una décima parte de los casos de coronavirus en la 31. Estamos hablando de que más de la mitad de la villa ha sido contagiada por la enfermedad, que en una población de 40.000 personas da como resultado que hubo más de 20.000 contagiados. El caso de la Villa 31 es representativo de lo que ha pasado en todos los barrios en donde la curva de contagios se ha “amesetado”. Es que, con tan alto porcentaje de la población inmunizada, el virus ya no tiene mayores posibilidades de propagarse.
En conclusión, no “contención” del virus, sino lo contrario: se lo dejó propagar hasta alcanzar su propio techo. Es, en realidad, la política que Trump y Bolsonaro quieren aplicar en sus respectivos países, a escala de una villa porteña. Sin embargo, la catástrofe sanitaria en las villas no puede darse por superada, ya que un rebrote encontraría a la población en las mismas condiciones de precariedad que al comienzo, agravadas.
En el caso de las villas no hubo ningún tipo de control de nada: no se garantizó el ingreso económico para aquellos que necesitaban aislarse ni existió una política de aislamientos preventivos para las personas que se encontraban en los grupos de riesgo. La política de “inmunidad de rebaño”, aplicada a nivel nacional, haría colapsar el sistema de salud, que ya se encuentra desbordado, y elevaría los niveles absolutos de muertes por coronavirus.
El costo de alcanzar la “inmunidad de rebaño” en la Villa 31 fue, por caso, la muerte de Ramona, luchadora de La Poderosa, y de tantos trabajadores de las villas que perdieron la vida. No hay hoy un número oficial de los fallecimientos en las villas porteñas por covid19, pero hasta el pasado 2 de julio, según Clarín, la cifra alcanzaba las 89 muertes. Sin contar, claro, los casos de vecinos que han fallecido por otras enfermedades a causa del desborde del sistema de salud, como el caso de María Rosa Lencina, mujer embarazada de la Villa 31, recientemente fallecida luego de que no la atendieran en un hospital público cuando se presentó con fuertes dolores.
Las tasas de mortalidad no fueron mayores, según el infectólogo Ricardo Teijeiro, porque “en las villas hay más población joven y niños que adultos mayores. La franja etaria mayoritaria es la que puede transitar el virus con menos posibilidades de complicaciones graves. Por eso es baja la letalidad. Si la población de las villas fuera mayormente mayor de 70 años el cuadro sería muy distinto con el nivel de contagio que tuvieron” (Diario Z, 20/07).
En resumen, la política oficial para las villas fue completamente criminal y puso al desnudo la estafa que el gobierno quiere presentar como de “urbanización” de las villas, ya que el hacinamiento y la falta de servicios básicos (principalmente de agua potable) fueron sin duda algunos de los factores que empujaron hacia arriba la curva de contagios.
La situación actual de las villas porteñas vuelve a poner sobre la mesa las reivindicaciones más sentidas de los vecinos, que incluyan un verdadero plan de urbanización y que una la lucha de los desocupados con los trabajadores ocupados por la vivienda, el trabajo y la salud.
El Be
30/07/2020
“Reforma judicial”, las bases para un encubrimiento a dos bandas
El anuncio de la reforma judicial le ha servido al gobierno para correr de la agenda diaria al progreso de la pandemia, la incertidumbre en la negociación de deuda y el derrumbe económico. Pero en lo que tiene que ver con la Justicia, los anuncios dicen muy poco. Todo indica que el gobierno se ha comprado un nuevo impasse.
Fernández sólo anunció la duplicación de los juzgados penales, y la unificación de sus anteriores jurisdicciones – correccional y económica. Luego, informó que estudiarán una ampliación de la Corte Suprema, la estructura del Consejo de la Magistratura y la modalidad del juicio por jurados. Pero para resolver sobre todo esto, presentó a una comisión de ´juristas notables´, que se pondrán a “estudiar” esos cambios en un plazo que podría extenderse hasta seis meses.
La oposición presenta a una ampliación de la Corte y la diseminación de juzgados penales como una tentativa de impunidad para Cristina Kirchner.
Los anuncios de hoy, sin embargo, no allanan ese camino, y tampoco la impunidad para el “otro” procesado, Mauricio Macri. La cuestión de la Corte, que aparecía estratégica en la “reforma”, ha sido dejada para el ´comité de expertos´. La designación de nuevos miembros deberá pasar por el filtro del Senado y de una mayoría especial de dos tercios, o sea, por el voto de macristas y radicales.
Por lo tanto, la cuestión crucial de las causas que involucran a Cristina Kirchner y sus funcionarios de un lado, y a Mauricio Macri del otro, no parecen tener una salida o respuesta definida en estos anuncios de ´reforma´.
En la conferencia de prensa de hoy, Fernández repitió hasta el cansancio que quiere una “justicia independiente del poder político”. Esto, después de refrendar a un régimen de selección de jueces que surge como resultado de componendas entre los partidos del régimen en el Consejo de la Magistratura. Las palabras de Fernández deben entenderse de otro modo: el único “equilibrio judicial” que puede esperarse de ese régimen es el de un pacto que exonere del banquillo a los principales jefes de esos partidos, y otorgue la impunidad definitiva que reclaman Roggio, Techint, Calcaterra y otros grupos capitalistas, en las numerosas causas por sobreprecios y otros hechos de corrupción.
Ese pacto político tiene varios otros componentes, que están tan “en veremos” como la propia reforma judicial: la negociación de la deuda, que ya se encuentra en un default parcial; el manejo de la pandemia, que el trío Fernández-Larreta-Kicillof ha convertido en desmanejo; y el derrumbe industrial, cuyas consecuencias también se dirimirán en otro fuero – el de los juzgados comerciales que dictaminan sobre concursos y quiebras.
El régimen político y económico de Argentina, que se encuentra “procesado”, no tiene condiciones para hacer justicia.
Un gobierno de trabajadores impondrá la elección de jueces y fiscales por el voto popular.
Marcelo Ramal
30/07/2020
Fernández sólo anunció la duplicación de los juzgados penales, y la unificación de sus anteriores jurisdicciones – correccional y económica. Luego, informó que estudiarán una ampliación de la Corte Suprema, la estructura del Consejo de la Magistratura y la modalidad del juicio por jurados. Pero para resolver sobre todo esto, presentó a una comisión de ´juristas notables´, que se pondrán a “estudiar” esos cambios en un plazo que podría extenderse hasta seis meses.
La oposición presenta a una ampliación de la Corte y la diseminación de juzgados penales como una tentativa de impunidad para Cristina Kirchner.
Los anuncios de hoy, sin embargo, no allanan ese camino, y tampoco la impunidad para el “otro” procesado, Mauricio Macri. La cuestión de la Corte, que aparecía estratégica en la “reforma”, ha sido dejada para el ´comité de expertos´. La designación de nuevos miembros deberá pasar por el filtro del Senado y de una mayoría especial de dos tercios, o sea, por el voto de macristas y radicales.
Por lo tanto, la cuestión crucial de las causas que involucran a Cristina Kirchner y sus funcionarios de un lado, y a Mauricio Macri del otro, no parecen tener una salida o respuesta definida en estos anuncios de ´reforma´.
En la conferencia de prensa de hoy, Fernández repitió hasta el cansancio que quiere una “justicia independiente del poder político”. Esto, después de refrendar a un régimen de selección de jueces que surge como resultado de componendas entre los partidos del régimen en el Consejo de la Magistratura. Las palabras de Fernández deben entenderse de otro modo: el único “equilibrio judicial” que puede esperarse de ese régimen es el de un pacto que exonere del banquillo a los principales jefes de esos partidos, y otorgue la impunidad definitiva que reclaman Roggio, Techint, Calcaterra y otros grupos capitalistas, en las numerosas causas por sobreprecios y otros hechos de corrupción.
Ese pacto político tiene varios otros componentes, que están tan “en veremos” como la propia reforma judicial: la negociación de la deuda, que ya se encuentra en un default parcial; el manejo de la pandemia, que el trío Fernández-Larreta-Kicillof ha convertido en desmanejo; y el derrumbe industrial, cuyas consecuencias también se dirimirán en otro fuero – el de los juzgados comerciales que dictaminan sobre concursos y quiebras.
El régimen político y económico de Argentina, que se encuentra “procesado”, no tiene condiciones para hacer justicia.
Un gobierno de trabajadores impondrá la elección de jueces y fiscales por el voto popular.
Marcelo Ramal
30/07/2020
miércoles, 29 de julio de 2020
¿Por qué no cayó todavía Sergio Berni?
Renunció su jefe de Gabinete, Mario Baudry.
Los choques de Sergio Berni con el gobierno nacional y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y sobre todo el impacto político que provocó la desaparición forzada de Facundo Castro a manos de la Bonaerense, van poniendo al ministro de Seguridad de Axel Kicillof contra las cuerdas. En este contexto, el miércoles 29 se conoció la renuncia del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense, Mario Baudry, sindicado como un hombre de confianza de Berni, que ya días atrás había protestado por las “operaciones de prensa” de asesores del presidente.
Días atrás fue Hebe de Bonafini -la misma que supo fotografiarse abrazada al genocida César Milani- quien comparó a Berni con la ultramacrista Patricia Bullrich por su reivindicación de la doctrina Chocobar y de los “justicieros” por mano propia. Para atizar el fuego, y como parte de su raid mediático, Sergio Berni acusó a funcionarios de Alberto Fernández de “operar” en su contra para forzar la renuncia o su desplazamiento del gabinete provincial.
El “affaire Berni” es un capítulo más general de la crisis política en curso en la alianza del gobierno peronista. Mientras los medios de prensa especulaban acerca del futuro político de Berni, destacando que el propio Alberto Fernández había pedido su cabeza como ministro, el movimiento popular puso en marcha su propia campaña, independiente y en la calle, para que Berni se vaya ya.
La lucha por la aparición con vida de Facundo Castro está indisolublemente ligada al “Fuera Berni” y al desmantelamiento de la “maldita policía” responsable de su secuestro. A los pronunciamientos de las organizaciones estudiantiles, sindicales, políticas y de derechos humanos se sumaron las concentraciones convocadas por el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetero y el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Este jueves 30 el Partido Obrero se movilizará en la Capital Federal y en La Plata junto con Memoria, Verdad y Justicia y la Multisectorial por los Derechos Humanos. La consigna “Aparición con Vida de Facundo Castro”, unida a “El Estado es responsable, Fuera Berni”, da cuenta de la responsabilidad política que le cabe a Kicillof por haber ratificado la continuidad del derechista ministro de Seguridad.
Mario Baundry, mano derecha de Berni
Berni no es un francotirador desbocado o marginal de la política. Por el contrario, proviene del riñón de la camarilla kirchnerista y acompaña a los Kirchner desde los primeros tiempos de la gobernación santacruceña. Su ascenso político y como funcionario estuvo íntimamente ligado a esta familia y a sus negocios en la provincia patagónica. En esta línea, llega a la cartera bonaerense por expresa indicación de Cristina Fernández, y con el antecedentes de su paso por la Secretaría de Seguridad Nacional -donde se hizo conocido por sus desembarcos en la Panamericana y en las manifestaciones del movimiento piquetero para comandar la represión de los trabajadores. Desde su asunción en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni se presentó como un “camarada más de la Bonaerense”, ratificando la defensa incondicional y corporativa de la “maldita policía” que por su peso, volumen y despliegue territorial de 90.000 efectivos es el “principal ejército” del país.
En esta fuerza represiva se apoya Berni para disputar un lugar predominante en el gabinete como alter ego de Kicillof; y para escalar la confrontación con el gobierno de Alberto Fernández actuando como punta de lanza y alfil del kirchnerismo. Para reforzar al aparato de la Bonaerense y a cuenta del gobernador, Berni puso bajo su comando a las policías comunales desplazando a los intendentes del PJ, en una disputa que incluye la pelea por el control de las comisarías y de las cajas de recaudación paralelas en los distritos. Las provocaciones de Berni no son hechos aislados, nacen de su jefa política CFK y se tejen puertas adentro de la gobernación con Kicillof.
La “revalorización” de la alianza de gobierno con la Bonaerense corre pareja a la profundización de la crisis social, sanitaria y económica en el distrito estratégico donde gobierna el kirchnerismo. Por eso se le encomendó al ministro de Seguridad encabezar el cerco y la saturación policial de los barrios populares. El sostenimiento de Berni es el de un cuerpo armado cuya función es reprimir las protestas populares. El rechazo de las direcciones burocráticas de las gremiales Suteba (docentes) y ATE (estatales) a pronunciarse y movilizarse para que se vaya el ministro represor, argumentando que su presencia en el gabinete provincial garantiza poner en caja a la “maldita policía”, es simplemente una impostura y una enorme capitulación. La estructura de la Bonaerense es inseparable de la corrupción de todas las cúpulas policiales hasta el presente, de los vínculos con el narcotráfico, secuestros extorsivos y el delito organizado, de las tareas de inteligencia que lleva adelante la policía de la provincia de Buenos Aires para todo tipo de ilícitos de las grandes bandas, y de las provocaciones y represiones contra los trabajadores al servicio de las patronales, punteros y aparatos políticos del régimen.
Si Berni cae como consecuencia de la movilización de la juventud y los trabajadores, en conjunción con el desarrollo de la crisis política, estaremos en mejores condiciones para avanzar en la lucha por el desmantelamiento de la Bonaerense. En este camino inscribimos la campaña por un Plenario Nacional contra la Represión para unir todas las luchas contra el gatillo fácil, y la represión policial y estatal. ¡Fuera Berni!
Daniel Rapanelli
Acerca de la entrevista del Financial Times a Alberto Fernández
Encontramos, en una reciente entrevista dada por Alberto Fernández a Financial Times, una serie de definiciones que ponen de relieve cuestiones políticas claves como la caracterización del moderno capitalismo y el agotamiento ideológico de la fuerza política gobernante y, de paso, de la burguesía argentina.
Capitalismo productivo vs capitalismo financiero
Es un clásico de la pseudociencia burguesa la oposición entre un capitalismo industrial y un capitalismo financiero como si se podría separar ingestión de alimentos de su digestión. En las facultades de Ciencias Económicas se enseña como una verdad que la producción de bienes y su intercambio siempre existieron y que el dinero es exógeno a la producción. De esta argumentación se deriva la “tesis” de un capitalismo industrial opuesto a un capitalismo financiero desconociendo que el capital es una relación social de producción en mutación permanente regida por sus propias leyes (capital dinero, capital industrial, capital mercancías). El capital tiene un ciclo que arranca bajo la forma dinero y termina con más dinero (D-D´).
AF se declara admirador del capitalismo de Henry Ford porque “Ese capitalismo mostró más solidaridad, porque era un capitalismo que proporcionaba empleo, que producía y que generaba inversión; ese es el capitalismo que necesitábamos, no el capitalismo especulativo” (P/12, 25/07/20). Llama la atención que el Presidente oponga el “capitalismo especulativo” al “capitalismo productivo” en el mismo momento que cede a todos los reclamos de los acreedores en torno a la renegociación la deuda externa con legislación extranjera. Los únicos beneficiarios de esta renegociación son, precisamente, los especuladores, quiénes comandan el “capitalismo especulativo”. También debemos mencionar que el Presidente “productivista” continua con las Leliqs que son un instrumento para esterilizar la gigantesca emisión monetaria que es consecuencia de la política de rescate al capital. La contrapartida de esta política de esterilización es mayor déficit fiscal y altísimas tasas de interés que desangran al BCRA y engordan los bolsillos de los especuladores que obtienen jugosas ganancias financieras con mínimo riesgo. Digamos, aunque sea de paso, que tasas de interés altas no son saludables para la inversión productiva. A lo luz de lo señalado es claro que la pose de un Presidente “industrialista” es solamente eso, una pose.
Capitalismo solidario
Un aspecto interesante de la entrevista que dio el Presidente es su caracterización acerca del “capitalismo productivo”. A este capitalismo se le asigna una connotación moral positiva en oposición al “capitalismo especulativo” que tiene, según el Presidente, una connotación moral negativa. Sin embargo, lo interesante es la caracterización del “capitalismo productivo” como un capitalismo solidario. A esta caracterización adhiere con todas sus fuerzas el banquero estrella del Credicop, Carlos Heller, quién asume como propia esa vulgaridad de un capitalismo solidario. El Presidente caracteriza al fordismo como un capitalismo solidario porque los trabajadores tienen poder de compra y pueden acceder a lo que ellos mismo producen. Esta caracterización es pura ideología burguesa porque el poder de compra de la fuerza de trabajo no lo determina ningún modelo económico o formas de gestión capitalistas sino la organización y la lucha de la clase trabajadora por poner límites a la explotación capitalista. El capitalismo por naturaleza es un régimen social de expropiación y violencia. El obrero, bajo el taylorismo, fordismo o toyotismo, es expropiado en el proceso de producción y esta situación nada tiene que ver con la solidaridad. Los obreros de Ford para poder acceder a los automóviles que ellos producían emprendieron, antes que nada, gigantescas luchas contra la patronal y contra la represión estatal, para poder elevar sus salarios.
La “iniciativa estratégica” del peronismo
Lo más sustancioso de la entrevista, según mi punto de vista, es el sinceramiento del Presidente respecto al fracaso histórico de todos los gobiernos que lo antecedieron para sacar al país de la crisis histórica en la cual está atrapada desde hace 50 años. Al respecto afirmó que Argentina “ha sido una perenne decepción económica durante medio siglo” (Cronista.com, 25/07/20). Esta definición es una sentencia lapidaria de todos los gobiernos burgueses que han gobernado desde 1970 al presente.
A paso seguido, el Presidente, nos dice que tiene la fórmula para sacar a la Argentina del pozo y se trata de un refrito: keynesianismo. De ahí, sus elogios al “capitalismo productivista” porque este sostiene la inversión, la producción y el consumo. El problema del keynesianismo en la actualidad consiste en que el Estado ya no tiene condiciones económicas y políticas para reactivar el ciclo de acumulación de capital. El Estado que debería ser rescatista del capital necesita él mismo ser rescatado porque el agujero fiscal no para de crecer. Este agujero es consecuencia de la política fiscal y monetaria expansivas que desde la crisis de 2008 tienen por objeto rescatar al capital.
El círculo virtuoso keynesiano de más inversión, producción, productividad y consumo fue posible hacia el final del período de entre guerras 1935-1945 y en los 20 años posteriores al fin de la segunda guerra mundial. O sea, para que el keynesianismo funcione debió mediar la carrera armamentista que condujo a la segunda guerra mundial y la destrucción posterior de gigantescas fuerzas productivas.
En síntesis: la burguesía argentina se mueve, en el cuadro de la mayor crisis capitalista de la historia, por mera reacción. No tiene otra iniciativa estratégica que un “un modelo de desarrollo” en asociación con el capital financiero internacional.
Mercedes Colou
29/07/2020
Capitalismo productivo vs capitalismo financiero
Es un clásico de la pseudociencia burguesa la oposición entre un capitalismo industrial y un capitalismo financiero como si se podría separar ingestión de alimentos de su digestión. En las facultades de Ciencias Económicas se enseña como una verdad que la producción de bienes y su intercambio siempre existieron y que el dinero es exógeno a la producción. De esta argumentación se deriva la “tesis” de un capitalismo industrial opuesto a un capitalismo financiero desconociendo que el capital es una relación social de producción en mutación permanente regida por sus propias leyes (capital dinero, capital industrial, capital mercancías). El capital tiene un ciclo que arranca bajo la forma dinero y termina con más dinero (D-D´).
AF se declara admirador del capitalismo de Henry Ford porque “Ese capitalismo mostró más solidaridad, porque era un capitalismo que proporcionaba empleo, que producía y que generaba inversión; ese es el capitalismo que necesitábamos, no el capitalismo especulativo” (P/12, 25/07/20). Llama la atención que el Presidente oponga el “capitalismo especulativo” al “capitalismo productivo” en el mismo momento que cede a todos los reclamos de los acreedores en torno a la renegociación la deuda externa con legislación extranjera. Los únicos beneficiarios de esta renegociación son, precisamente, los especuladores, quiénes comandan el “capitalismo especulativo”. También debemos mencionar que el Presidente “productivista” continua con las Leliqs que son un instrumento para esterilizar la gigantesca emisión monetaria que es consecuencia de la política de rescate al capital. La contrapartida de esta política de esterilización es mayor déficit fiscal y altísimas tasas de interés que desangran al BCRA y engordan los bolsillos de los especuladores que obtienen jugosas ganancias financieras con mínimo riesgo. Digamos, aunque sea de paso, que tasas de interés altas no son saludables para la inversión productiva. A lo luz de lo señalado es claro que la pose de un Presidente “industrialista” es solamente eso, una pose.
Capitalismo solidario
Un aspecto interesante de la entrevista que dio el Presidente es su caracterización acerca del “capitalismo productivo”. A este capitalismo se le asigna una connotación moral positiva en oposición al “capitalismo especulativo” que tiene, según el Presidente, una connotación moral negativa. Sin embargo, lo interesante es la caracterización del “capitalismo productivo” como un capitalismo solidario. A esta caracterización adhiere con todas sus fuerzas el banquero estrella del Credicop, Carlos Heller, quién asume como propia esa vulgaridad de un capitalismo solidario. El Presidente caracteriza al fordismo como un capitalismo solidario porque los trabajadores tienen poder de compra y pueden acceder a lo que ellos mismo producen. Esta caracterización es pura ideología burguesa porque el poder de compra de la fuerza de trabajo no lo determina ningún modelo económico o formas de gestión capitalistas sino la organización y la lucha de la clase trabajadora por poner límites a la explotación capitalista. El capitalismo por naturaleza es un régimen social de expropiación y violencia. El obrero, bajo el taylorismo, fordismo o toyotismo, es expropiado en el proceso de producción y esta situación nada tiene que ver con la solidaridad. Los obreros de Ford para poder acceder a los automóviles que ellos producían emprendieron, antes que nada, gigantescas luchas contra la patronal y contra la represión estatal, para poder elevar sus salarios.
La “iniciativa estratégica” del peronismo
Lo más sustancioso de la entrevista, según mi punto de vista, es el sinceramiento del Presidente respecto al fracaso histórico de todos los gobiernos que lo antecedieron para sacar al país de la crisis histórica en la cual está atrapada desde hace 50 años. Al respecto afirmó que Argentina “ha sido una perenne decepción económica durante medio siglo” (Cronista.com, 25/07/20). Esta definición es una sentencia lapidaria de todos los gobiernos burgueses que han gobernado desde 1970 al presente.
A paso seguido, el Presidente, nos dice que tiene la fórmula para sacar a la Argentina del pozo y se trata de un refrito: keynesianismo. De ahí, sus elogios al “capitalismo productivista” porque este sostiene la inversión, la producción y el consumo. El problema del keynesianismo en la actualidad consiste en que el Estado ya no tiene condiciones económicas y políticas para reactivar el ciclo de acumulación de capital. El Estado que debería ser rescatista del capital necesita él mismo ser rescatado porque el agujero fiscal no para de crecer. Este agujero es consecuencia de la política fiscal y monetaria expansivas que desde la crisis de 2008 tienen por objeto rescatar al capital.
El círculo virtuoso keynesiano de más inversión, producción, productividad y consumo fue posible hacia el final del período de entre guerras 1935-1945 y en los 20 años posteriores al fin de la segunda guerra mundial. O sea, para que el keynesianismo funcione debió mediar la carrera armamentista que condujo a la segunda guerra mundial y la destrucción posterior de gigantescas fuerzas productivas.
En síntesis: la burguesía argentina se mueve, en el cuadro de la mayor crisis capitalista de la historia, por mera reacción. No tiene otra iniciativa estratégica que un “un modelo de desarrollo” en asociación con el capital financiero internacional.
Mercedes Colou
29/07/2020
“A este ritmo, las camas de terapia pueden colapsar en agosto”
El catastrofismo corresponde al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, quien admite que la prolongación o no de la cuarentena, si se vuelve o no a la fase 1, no depende de evaluaciones sanitarias sino de la capacidad de un sistema de salud destruido para recibir enfermos. El hombre lo dice con todas las letras: la extensión o la flexibilización de la cuarentena “depende del número de camas de terapia intensiva (que) podrían estar colapsadas en la segunda quincena de agosto” (Clarín, 28/7).
Gollán fue acompañado en esta postura por su viceministro, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que “no se puede soltar mucho” y que resulta preciso establecer una “estrategia común” en el ámbito del AMBA sobre la base de los informes epidemiológicos.
“Ayer (por el lunes 27 de julio) inauguramos Tecnópolis, que está muy preparado para recibir pacientes”, lo cual indica que ya deben usarse hospitales de campaña porque el sistema normal de salud está sobrepasado.
Lo más alarmante lo dice también Kreplak, quien va más lejos que el ministro: los casos “siguen subiendo (…) no hemos llegado al pico”. Y, sin haber llegado al dichoso pico, distritos del conurbano tienen cubierto el 100 por ciento de las camas de terapia; por eso los traslados a Tecnópolis mientras los clubes de fútbol preparan instalaciones de emergencia para albergar enfermos.
Parece tener razón el viceministro cuando dice: “No hay tiempo para más (…) nos queda poco tiempo, aumentan los casos y las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 60 por ciento”, cuando el pico de la enfermedad parece aún lejos de llegar. Y, aun con los principios del aislamiento, todos los días los casos aumentan un 2 por ciento y, como se dijo, la ocupación de camas llega al 60 por ciento. Así, como señalan el ministro y su vice, en la segunda quincena de agosto podría entrar en situación de colapso todo el sistema sanitario.
Ahora bien: el ministro insiste con que la continuación o no de la cuarentena no depende de criterios sanitarios sino del estado deplorable del sistema de salud argentino: “La flexibilización de la cuarentena depende del número de camas de terapia intensiva, que podrían estar colapsadas en la segunda quincena de agosto” (Clarín, 28/7).
Por el momento, la Argentina registra 167.426 infectados y 3.082 muertos por el Covid-19.
Covid-19 y clase obrera
Dan Patrick, vicegobernador republicano del estado de Texas, durante una entrevista brindada a Fox News, opinó que las personas mayores deben a sacrificarse por el futuro de los Estados Unidos. Este comentario, que puede resultar muy chocante, pone en evidencia que para el sistema capitalista hay un segmento social prescindible: las personas mayores y la clase trabajadora.
No es el primero. La señora Christine Lagarde, ex titular del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (perseguida penalmente por no pocos desfalcos, que no se piense que sólo es Lázaro Báez) dijo tiempo atrás que lo viejos bien harían en apurar su muerte, porque así no hay sistema previsional que aguante.
Entretanto, en la Argentina real, lejos de los enguajes especuladores de los funcionarios, en el supermercado Coto, por ejemplo, hubo diez casos positivos y se pretendió que la gente continuara sus tareas de todos modos.
Por otra parte, a los contagiados no se les daban las camas necesarias, se vieron obligados a dormir en sillas, bancos o directamente en el piso de una sala de espera.
Como ellos, son centenares los trabadores contagiados en sus lugares de empleo, mientras Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta discuten el “humor social” para levantar la cuarentena.
Mentira.
El “humor social” ha bajado, lógicamente, por el inevitable estrés que produce el encierro, pero se mantiene en un prudente 60 por ciento en favor de la salud pública; es decir, de la cuarentena. Lo que le importa a las autoridades es la fortísima presión de la gran burguesía, para reanudar la actividad económica. Empíricamente, está comprobado que esa “reactivación” no asegura nada: Donald Trump no detuvo la actividad económica y, después de todo, la tasa de desocupación trepó de un 3,5 % en febrero a un insoportable 15% actual. Ni hablar del fascista frustrado Jair Bolsonaro, quien todos los días bate el récord de muertos y la economía se le derrumba.
Alejandro Guerrero
29/07/2020
Gollán fue acompañado en esta postura por su viceministro, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que “no se puede soltar mucho” y que resulta preciso establecer una “estrategia común” en el ámbito del AMBA sobre la base de los informes epidemiológicos.
“Ayer (por el lunes 27 de julio) inauguramos Tecnópolis, que está muy preparado para recibir pacientes”, lo cual indica que ya deben usarse hospitales de campaña porque el sistema normal de salud está sobrepasado.
Lo más alarmante lo dice también Kreplak, quien va más lejos que el ministro: los casos “siguen subiendo (…) no hemos llegado al pico”. Y, sin haber llegado al dichoso pico, distritos del conurbano tienen cubierto el 100 por ciento de las camas de terapia; por eso los traslados a Tecnópolis mientras los clubes de fútbol preparan instalaciones de emergencia para albergar enfermos.
Parece tener razón el viceministro cuando dice: “No hay tiempo para más (…) nos queda poco tiempo, aumentan los casos y las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 60 por ciento”, cuando el pico de la enfermedad parece aún lejos de llegar. Y, aun con los principios del aislamiento, todos los días los casos aumentan un 2 por ciento y, como se dijo, la ocupación de camas llega al 60 por ciento. Así, como señalan el ministro y su vice, en la segunda quincena de agosto podría entrar en situación de colapso todo el sistema sanitario.
Ahora bien: el ministro insiste con que la continuación o no de la cuarentena no depende de criterios sanitarios sino del estado deplorable del sistema de salud argentino: “La flexibilización de la cuarentena depende del número de camas de terapia intensiva, que podrían estar colapsadas en la segunda quincena de agosto” (Clarín, 28/7).
Por el momento, la Argentina registra 167.426 infectados y 3.082 muertos por el Covid-19.
Covid-19 y clase obrera
Dan Patrick, vicegobernador republicano del estado de Texas, durante una entrevista brindada a Fox News, opinó que las personas mayores deben a sacrificarse por el futuro de los Estados Unidos. Este comentario, que puede resultar muy chocante, pone en evidencia que para el sistema capitalista hay un segmento social prescindible: las personas mayores y la clase trabajadora.
No es el primero. La señora Christine Lagarde, ex titular del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (perseguida penalmente por no pocos desfalcos, que no se piense que sólo es Lázaro Báez) dijo tiempo atrás que lo viejos bien harían en apurar su muerte, porque así no hay sistema previsional que aguante.
Entretanto, en la Argentina real, lejos de los enguajes especuladores de los funcionarios, en el supermercado Coto, por ejemplo, hubo diez casos positivos y se pretendió que la gente continuara sus tareas de todos modos.
Por otra parte, a los contagiados no se les daban las camas necesarias, se vieron obligados a dormir en sillas, bancos o directamente en el piso de una sala de espera.
Como ellos, son centenares los trabadores contagiados en sus lugares de empleo, mientras Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta discuten el “humor social” para levantar la cuarentena.
Mentira.
El “humor social” ha bajado, lógicamente, por el inevitable estrés que produce el encierro, pero se mantiene en un prudente 60 por ciento en favor de la salud pública; es decir, de la cuarentena. Lo que le importa a las autoridades es la fortísima presión de la gran burguesía, para reanudar la actividad económica. Empíricamente, está comprobado que esa “reactivación” no asegura nada: Donald Trump no detuvo la actividad económica y, después de todo, la tasa de desocupación trepó de un 3,5 % en febrero a un insoportable 15% actual. Ni hablar del fascista frustrado Jair Bolsonaro, quien todos los días bate el récord de muertos y la economía se le derrumba.
Alejandro Guerrero
29/07/2020
Un programa y una estrategia revolucionaria para la intervención en América Latina y EE.UU.
Aporte del Partido Obrero (Argentina), Grupo Acción Revolucionaria (México), Juventud Obrera (Costa Rica), Agrupación Vilcapaza (Perú), Fuerza 18 de Octubre (Chile), Agrupación León Trotsky (Uruguay) y Agrupación Trabajadores Bolivianos a la Conferencia virtual Latinoamericana y de los EE.UU.
1. La emergencia de la rebelión popular en los Estados Unidos representa un golpe al gobierno de Donald Trump y a todos los gobiernos latinoamericanos agentes o tributarios del imperialismo norteamericano. Por ese mismo motivo, representa también un acicate a las luchas obreras, populares y antiimperialistas de los pueblos del subcontinente y una convocatoria a retomar el hilo de las rebeliones populares de 2019. La pandemia alteró el escenario latinoamericano pero está lejos de haber cerrado el ciclo de las rebeliones populares. Las contradicciones que dieron lugar a estos estallidos no sólo están presentes sino que se han potenciado con la propagación del brote. La llegada del covid-19 se produce en el momento mismo en el que tomaba un nuevo impulso la rebelión popular en Chile, con las gigantescas y combativas movilizaciones de marzo, y pocos meses después de que tuvieran lugar las grandes rebeliones populares de Ecuador, Puerto Rico, la resistencia del pueblo boliviano contra el golpe, las huelgas generales en Colombia, las grandes huelgas educativas en Costa Rica y, más atrás, la rebelión en Nicaragua. La pandemia del coronavirus le ha impuesto a estos procesos un compás de espera, aunque de ningún modo los ha cancelado. Con la llegada del covid-19 el subcontinente se ha inmerso en una verdadera tormenta sanitaria, y se ha sumergido aún más en una crisis económica, social y política.
Esta perspectiva abierta – la de renovados choques entre las clases dirigentes y sus gobiernos, de un lado, y las masas trabajadoras y oprimidas, del otro – le plantea a la izquierda revolucionaria el abordaje a fondo de la gran problemática que dejó planteada los proceso de rebeliones populares de 2019: superar la crisis de dirección del movimiento obrero y de las masas oprimidas de América Latina. El abordaje de esa crisis de dirección plantea, en primer lugar, ajustar una caracterización de la etapa y, en segundo lugar, la formulación del programa y la estrategia que debe levantar la izquierda revolucionaria.
La pandemia en América Latina
2. Hacia mediados de junio América Latina pasó a ser el epicentro de la crisis pandémica. Brasil se ubicó como el principal foco infeccioso del subcontinente y el segundo país más golpeado por la pandemia a escala mundial, solo detrás de EE.UU. No cabe dudas que la catástrofe sanitaria que azota a América Latina es responsabilidad de la clase social dirigente del subcontinente y de los distintos gobiernos que, de una u otra manera, la representan. La pandemia dejó expuesta la grave crisis en materia habitacional, la precariedad laboral generalizada, la crisis en el acceso a la salud. La política negacionista de la pandemia, que caracterizó especialmente al gobierno del fascista Jair Bolsonaro y en un comienzo también al ‘neoliberal’ Sebastián Piñera y a los ‘nacionales y populares’ Manuel López Obrador y Daniel Ortega, no es más que la expresión del descomunal lobby ejercido por las burguesías de sus respectivos países. Éstas, desde el comienzo mismo de la crisis pandémica presionaron por la continuidad de toda actividad productiva y económica y atentaron sistemáticamente contra la instauración de cuarentenas preventivas en regla. El negacionismo, que en el caso de Brasil se mantiene hasta el día de hoy como la línea rectora del gobierno, ha hecho estragos, habilitando una arrolladora propagación del virus y contagiando al mismísimo fascista Bolsonaro.
3. En aquellos países donde se han impuesto cuarentenas más o menos estrictas, con el correr de las semanas terminó por imponerse el lobby patronal. Se habilitó el retorno a las actividades, especialmente a las industriales, y se establecieron ‘nuevas normalidades’ de tipo preventivas. En el Salvador, la cuarentena estricta impulsada por Bukele fue el ariete para avanzar en un reforzamiento del aparato represivo y la coacción estatal. Las ‘nuevas normalidades’ no alcanzaron para evitar la multiplicación de los contagios y con ello se produjo un repentino colapso de los sistemas sanitarios. De esta manera, se puso por completo al descubierto un largo proceso de vaciamiento de los sistemas públicos de salud, devastados por décadas de vaciamientos y privatizaciones de parte de todos los gobiernos de todos los colores, en favor de los negocios espurios con las clínicas privadas.
4. La lucha por la centralización de los sistemas sanitarios de cada país, bajo la dirección de los propios trabajadores y profesionales de la salud, se plantea como un programa de características universales para toda América Latina. Se trata de una pelea en la que se pone en juego nada menos que la vida de las masas trabajadoras. De igual modo, la lucha por la duplicación de los presupuestos sanitarios y por la nacionalización sin indemnización de las industrias farmacéuticas. La lucha por defender o imponer las cuarentenas, contra el reclamo patronal de proseguir la producción a cualquier costo, y por comités obreros de seguridad e higiene en cada fábrica, empresa y lugar de trabajo, son planteos y reivindicaciones que ocupan hoy un lugar de primer orden que debe levantar la izquierda revolucionaria.
Derrumbe económico
5. De la mano de la catástrofe sanitaria se desarrolla también un histórico derrumbe económico. Naturalmente, el derrumbe latinoamericano tiene como telón de fondo la bancarrota capitalista internacional, que se ha acelerado y profundizado de la mano de la crisis pandémica, inaugurando un período de depresión económica que solo puede ser comparable con la Gran Depresión de los años 30. En la economía mundial las tendencias recesivas ya estaban claramente presentes mucho antes que se desatara la crisis sanitaria, y así lo corroboraba la política monetaria de la Reserva Federal norteamericana durante todo 2019, que mermó en reiteradas ocasiones la tasa de interés con el objetivo de apuntalar la tasa de beneficio empresarial e impulsar un plan de inversiones productivas. Asimismo, el cuadro de sobreproducción dio lugar a un marcado retroceso de las inversiones, de tal magnitud que no llegaba siquiera a compensar el proceso de desgaste del capital fijo. Con la transformación del covid-19 en pandemia, los consecuentes cierres de fronteras y la declaración de cuarentenas en numerosos países, se terminó por instalar un profundo parate económico y un derrumbe capitalista sin precedentes.
6. En América Latina, como en todo el mundo, los inversionistas se deshicieron de sus paquetes accionarios y huyeron en masa a comprar bonos del tesoro norteamericano. Este proceso derivó en un desplome inédito de la cotización de las principales empresas de los países latinoamericanos y en el derrumbe de sus respectivos índices bursátiles. En marzo, la bolsa de comercio de Sao Paulo debió paralizar sus actividades en cinco oportunidades, para contener el derrumbe del Bovespa. Este cuadro se conjugó con el virtual congelamiento del comercio mundial y el hundimiento de los precios de los commodities, que ya venían de un fuerte retroceso en todo el período previo al estallido de la pandemia. La caída de los precios y de las ventas de materias primas, principal rubro exportador de los países del subcontinente, socavó los ingresos de divisas de los países de sudamericanos. El derrumbe de características inéditas del precio del petróleo, acumulando una caída del 40% en lo que va de 2020, golpeó particularmente las economías de Brasil, Venezuela, México y Ecuador, y frustró la tentativa del gobierno de Alberto Fernández de transformar a la Argentina en un país exportador de crudo de la mano del gigantesco reservorio hidrocarburífero Vaca Muerta. La caída del precio de la soja, fruto particularmente de la caída de la demanda china, recortó las proyecciones de ingresos de divisas en Argentina, Brasil y Uruguay. El retroceso del precio del cobre golpeó particularmente a las economías de Chile y de Perú, principales exportadores mundiales del metal rojo.
7. Este fenómeno de escasez de divisas terminó por acicatear un descomunal proceso de fuga de capitales. Entre enero y abril de 2020 se fugaron desde los países latinoamericanos la friolera de 150 mil millones de dólares, lo que a su vez redundó en la devaluación de la mayoría de las monedas latinoamericanas. El real brasileño, se encuentra en su mínimo histórico, acumulando una devaluación del 40% en lo que va del año. Esto, a pesar de la política intervencionista del Banco Central de Brasil, que despilfarró reservas en el mercado de cambios para tratar de contener la cotización del real. Como consecuencia de todo este descalabro, a fines de junio el FMI ajustaba sus proyecciones económicas de abril y pronosticaba un derrumbe del PBI de América Latina y el Caribe de un 9,4% para 2020. Para las dos grandes economías latinoamericanas, Brasil y México, se proyectó un derrumbe del 9,1% y el 10,05% respectivamente. Para Perú el derrumbe previsto es del 12%. Y para Argentina, la tercera economía del subcontinente, se considera un desplome del 9,9%. Sin embargo, a los pocos días del anuncio del FMI, Argentina oficializaba el mayor derrumbe de toda la historia del país en un solo mes. En abril, cuando más intensa fue la cuarentena argentina, la economía se hundió un 26,4% en referencia a abril de 2019. En Centroamérica y el Caribe, la caída de las exportaciones se combina con el derrumbe del turismo de entre 40 y 70 puntos, en una rama que representa el 25% total del PBI de la región.
8. De la mano del derrumbe de los PBIs crecieron los pesos relativos de las deudas soberanas y se incrementaron sensiblemente los desequilibrios fiscales. El FMI calcula que el déficit fiscal promedio de Latinoamérica rondará en el 8,9%. Sin embargo, a pesar de esto, se ha reiniciado un nuevo ciclo de endeudamiento de los países del subcontinente, que se explica por la descomunal emisión monetaria y las tasas de interés negativas impuestas por la Reserva Federal norteamericana y el Banco Central europeo. Lo que ha sucedido es que se ha puesto en marcha un nuevo ‘carry trade’, el mecanismo por el cual los inversionistas se endeudan a un bajo o nulo costo e invierten ese a capital en las deudas públicas de los países ‘emergentes’ o subdesarrollados. Esta nueva bicicleta financiera, que se realiza a costa de una mayor y renovada expoliación de los países latinoamericanos, tiene características más riesgosas aún que en el pasado. Sucede que, tal cual lo señalamos más arriba, la situación de la economía latinoamericana se encuentra condicionada por una recesión de características históricas, un gigantesco crecimiento de las deudas corporativas, un derrumbe de los precios internacionales de las materias primas, el crecimiento de los déficits fiscales, el crecimiento relativo y absoluto de las deudas públicas, las devaluaciones de las monedas locales y el despilfarro de las reservas fiscales. Es así que Argentina –que se encuentran inmersa en un virtual default, tiene una deuda pública superior al 100% de su PBI y no tiene acceso al mercado de créditos internacional– se empieza a transformar en el horizonte de todos los países latinoamericanos. De hecho Chile y Perú han tenido que acudir, durante los primeros meses de la pandemia, a un paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional. Colombia y Costa Rica, presentados como nuevos modelos por la OCDE, están siendo carcomidos por el déficit fiscal, desviando los préstamos del FMI a gastos de funcionamiento y subvenciones empresariales.
9. La crisis ha vuelto a mostrar que el derrumbe mundial capitalista solo puede ser enfrentado con medidas anticapitalistas y socialistas. La pelea por el no pago de las deudas externas, por la ruptura con el FMI y el imperialismo, por impuestos extraordinarios a las grandes rentas y fortunas, por la nacionalización sin indemnización de los sistemas bancarios, del comercio exterior y de los recursos naturales, como el petróleo, el gas, la minería y los recursos energéticos, etc. y por el control obrero general, tiene un alcance continental. En toda América Latina, la agitación y la lucha por este programa obrero de salida a la crisis es una tarea fundamental de la izquierda revolucionaria. La lucha por este programa está ligada indisolublemente a la lucha por gobiernos de trabajadores y por el desarrollo de una dirección política revolucionaria: la IV internacional.
La mano imperialista, sus agentes y el golpismo
10. El gobierno de Donald Trump no escatima esfuerzos para lograr una mayor injerencia en América Latina. Es lo que explica el reclamo de Trump para que sea un norteamericano, Claver Carone, quien presida el BID durante los próximos cinco años, contradiciendo una ‘ley no escrita’ del organismo que establece que la presidencia del mismo corresponde a un país latinoamericano. Trump quiere asegurarse un control total del organismo para reforzar una política de bloqueo de las empresas contratistas y financistas chinas en el subcontinente. Cuando The New York Times dedicó en 2018 la portada de su diario a condenar la base espacial militar China instalada en la provincia de Neuquén, ya era evidente que América Latina se había convertido en un campo de disputa en la guerra económica entre Estados Unidos y China. Existe un hilo conductor entre la jugada de Trump para hacerse del control directo del BID, la movilización en junio de este año de tres portaviones norteamericanos en el océano Pacífico, amenazando la salida oriental China, y el sangriento combate entre India (socia de los EE.UU.) y China en Cachemira.
11. La designación de Claver Carone apunta, asimismo, a otro objetivo estratégico para el imperialismo yanqui. Carone es un gusano del partido republicano, abiertamente identificado como un enemigo acérrimo de los regímenes de Venezuela y de Cuba. La designación de Carone ya cuenta con el apoyo de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, Haití y Uruguay. El imperialismo desea poner fin al régimen bolivariano encabezado por Maduro, y que ello sea el punto de apoyo para asestarle un golpe de gracia final al régimen cubano. Justamente, el Grupo de Lima, que reagrupa a los principales mandatarios latinoamericanos y nació bajo el auspicio del imperialismo yanqui, nace con el objetivo explícito de condenar al gobierno venezolano. Luego de los sucesivos fracasos de Juan Guaidó, el títere de los yanquis en Venezuela, de hacerse del poder político, el imperialismo ha instrumentado diversas vías con el objetivo de quebrar al régimen de Maduro. Como parte de esa ofensiva golpista hay que anotar el acuerdo del gobierno yanqui con el presidente Iván Duque, a principios de junio, para habilitar el despliegue de 800 soldados norteamericanos en Colombia, donde ya hay siete bases militares yanquis instaladas, con el objetivo de cercar a Venezuela. Ese despliegue militar fue precedido por dos desembarcos frustrados de mercenarios golpistas a principios de mayo, denominados “Operación Gedeón”, y por la navegación de buques norteamericanos en las costas venezolanas a principios de abril. En esta línea hay que anotar también la preparación del ejército de Brasil para posibles conflictos armados en Sudamérica, colocando a Venezuela como punto crítico de la región. Del paquete reaccionario y golpista también es parte el bloqueo económico criminal que en el marco de la pandemia realizan EE.UU. y la Unión Europea sobre Venezuela, y la confiscación de 30 toneladas de oro venezolano por parte de los piratas de la banca británica.
12. Maduro pretende terminar con la mayoría que detenta la derecha golpista en la Asamblea Nacional convocando a nuevas elecciones parlamentarias para diciembre de este año. La tentativa del gobierno de Maduro de barrer a la derecha del parlamento y reestablecer un pleno predominio del régimen que lidera, lo hace en el momento en el cual, amparado en las sanciones económicas del imperialismo, se encuentra ejecutando un fuerte ajuste contra los trabajadores y el pueblo venezolano, iniciando un proceso de dolarización de los precios de los combustibles y avanzando decididamente en el desguace y privatización de PDVSA. El ajuste del gobierno de Maduro es lo que ha empezado a despertar reacciones de la clase obrera, que también rechazan la persecución que impulsa el gobierno contra activistas sindicales. Se destaca, en particular, la lucha de los obreros petroleros en defensa de los salarios y los convenios colectivos de trabajo.
13. La izquierda revolucionaria debe colocarse en la primera línea de combate contra el golpismo reaccionario y pro-imperialista. Solo desde ese campo, el de la batalla decidida contra la reacción, la izquierda podrá hacerse de la autoridad política necesaria para arrancar a la vanguardia obrera y a las masas trabajadoras de la influencia del nacionalismo burgués, y postularse para liderar un movimiento obrero y popular bajo las banderas del socialismo. Con estos objetivos, enfrentamos el golpe en Bolivia y denunciamos el bloqueo y los ataques imperialistas contra Venezuela, con completa independencia de las direcciones nacionalistas. El golpe de Bolivia es aleccionador al respecto. La confianza de Morales en la OEA y su negativa a desenvolver a fondo la movilización obrera y popular terminó por allanarle el camino al golpismo. La defensa de Venezuela contra el golpismo pro imperialista depende de la movilización de los explotados latinoamericanos. Esa defensa no será obra ni de Rusia ni de China, que avanzan en un proceso de colonización económica de Venezuela, usufructuando a su favor la privatización en marcha de los recursos petroleros que viene alentando el propio gobierno de Maduro, persiguen sus propios intereses con el desguace venezolano y que no dudarán en utilizar al país caribeño como una moneda de cambio en sus negociaciones con el imperialismo yanqui.
La lucha contra el golpe es una cuestión de principios, porque significa defender las posiciones conquistadas por la clase obrera frente a la ofensiva capitalista -de ningún modo apoyar al gobierno capitalista destituido. Cualquier vacilación o ‘confusión’ de la izquierda frente a una ofensiva golpista, como sucedió con las organizaciones que acompañaron las ‘revueltas’ que precedieron al golpe reaccionario en Bolivia en 2019 o con las que se sumaron a agitar el ‘Fuera Maduro’ en el momento mismo en el que Guaidó se autoproclamaba presidente de la República Bolivariana, o, más atrás, de aquella que se declaró neutral frente al golpe contra Dilma, representa el pasaporte directo de esa ‘izquierda’ al basurero de la historia.
De San Pablo a Puebla
14. La respuesta del ‘progresismo’ latinoamericano al alineamiento de la derecha continental en el Grupo de Lima fue la creación del Grupo Puebla en julio de 2019. El Grupo Puebla aparece como la versión devaluada de lo que fuera en su momento el Foro de San Pablo, que surgió como un reagrupamiento de las fuerzas nacionalistas e izquierdistas latinoamericanas contra los regímenes ‘neoliberales’. En gran medida, las fuerzas integrantes del Foro se transformaron en gobierno en toda América Latina, sobre la base de constituirse en los custodios por izquierda del régimen capitalista ante la emergencia de las crisis y rebeliones de principios de siglo (Argentina, Bolivia, Ecuador, etc.). La experiencia del Foro de San Pablo concluyó en una tragedia. Los fracasos de la Unasur y el Mercosur fueron la expresión concreta de la imposibilidad de una integración latinoamericana (la llamada Patria Grande) sobre bases capitalistas. Con la crisis mundial, a partir de 2008, se puso en evidencia la endeblez del esquema de supervivencia meramente rentista de los gobiernos ‘nacionales y populares’ de América Latina. Se hundieron con la caída de los precios de las materias primas: fueron incapaces de superar el estatus semicolonial y la mono producción de materias primas. Las “burguesías nacionales” terminaron enlodadas en las corruptelas de los Odebrecht o los López (que la derecha explotó para promover un recambio político). El carácter antiobrero de gobiernos como el de Lula o Cristina se reveló en su mantenimiento de la precarización laboral, la intervención contra numerosas huelgas y el reforzamiento de la estatización de las organizaciones sindicales contra cualquier tentativa de organización independiente. Sus políticas ajustadoras dieron lugar a un largo proceso de declinación política, que terminó por pavimentar el avance del golpismo, al que no dieron respuesta, y el ascenso electoral de nuevos gobiernos derechistas a nivel continental, como Bolsonaro, Piñera, Macri, Lacalle Pou, etc. El Frente Sandinista de Nicaragua y el Frente Farabundo Martí de El Salvador, expresiones del nacionalismo centroamericano, siguieron el mismo derrotero que el resto de las fuerzas del Foro, de alineamiento con las burguesías locales y el capital financiero. El gobierno sandinista de Ortega enfrentó con una represión criminal una gigantesca rebelión que se alzó contra la reforma previsional fondomonetarista.
15. El Grupo Puebla no promete más que ser una farsa. Su carácter farsesco está dado, en primer lugar, por el liderazgo que ejerce en él Alberto Fernández, que ha mantenido a la Argentina como integrante del Grupo Lima, es decir, en el órgano mismo de la reacción latinoamericana. En plena crisis sanitaria y social en la Argentina, Fernández se encuentra liderando un proceso de reestructuración de la deuda externa que representa una capitulación lisa y llana ante las exigencias del capital financiero y el Fondo Monetario Internacional. De Puebla participan también los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Fernando Lugo (Paraguay). También Daniel Martínez (excandidato a presidente por el Frente Amplio de Uruguay), Verónika Mendoza (ex candidata presidencial del Frente Amplio de Perú) y distintos referentes del PRD mexicano y el Partido Comunista de Chile. Para borrar cualquier vestigio de confrontación con el imperialismo, los ‘progresistas’ han marginado del agrupamiento a Venezuela y a Cuba, bajo el pretexto de ser respetuosos de ‘la democracia y las instituciones’. Alberto Fernández acaba de otorgar otro gesto al imperialismo, con la adhesión de la delegación Argentina al informe de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, contra Venezuela.
16. Otro gesto tan o más importante que el Grupo Puebla le otorgó al establishment fue su definición categórica contra las rebeliones populares y la acción directa de las masas para derrotar al golpismo pro-imperialista. Fue lo que se expresó en noviembre pasado en la cumbre de Puebla en Buenos Aires, en momentos donde la rebelión chilena estaba en pleno desarrollo ascendente y crecía una extraordinaria respuesta popular contra el golpe en Bolivia. La participación del PC chileno en Puebla no es un dato menor, pues este ha sido el sostén último del acorralado gobierno de Piñera. Formalmente fuera del armado del Grupo Puebla se encuentra otro referente del campo ‘progresista’ o ‘nacional y popular’: el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Desde que tomara posesión de la presidencia mexicana, el 1 de diciembre de 2018, AMLO no realizó ningún viaje al extranjero hasta julio de 2020. Su primera gira internacional fue visitar a Donald Trump, con el pretexto de celebrar la firma del neocolonial Tratado de Libre Comercio firmado por México, con EEUU y Canadá hace un año atrás. AMLO se movilizó apuntalando, objetivamente, la candidatura de Trump, en momentos donde la imagen del magnate se derrumba como consecuencia de su nefasta gestión de la crisis sanitaria y la agudización de la crisis social fruto del impacto de la bancarrota capitalista. Pero por sobre todo, AMLO fue a los EE.UU. en momentos donde se desarrolla una extraordinaria rebelión popular, protagonizada especialmente por la comunidad afroamericana y que despierta enormes simpatías entre la comunidad latina que reside en los Estados Unidos. En síntesis, AMLO protagonizó un acto de cipayaje pocas veces visto.
17. La llamada “lucha contra la derecha” que proclama el ‘progresismo’ latinoamericano no es más que un mero relato. La izquierda revolucionaria debe distinguir las ofensivas golpistas realmente existentes del cacareo nacionalista, que solo busca amordazar a las organizaciones obreras y a la izquierda, y de esa forma privarlas de su acción y de su crítica con el objetivo de subordinarlas al gobierno nacionalista o frente-populista. Al nacionalismo es necesario oponerle el impulso de la acción directa de la clase obrera por sus reivindicaciones inmediatas y un programa económico y político de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. La unidad latinoamericana solo puede ser realizada por gobiernos de trabajadores a escala del subcontinente, es decir, sobre bases socialistas.
Ofensiva anti-obrera, programa y la lucha por los sindicatos
18. América Latina es también el continente más golpeado por la crisis social. La clase capitalista y los distintos gobiernos están descargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Un informe de la OIT señala que mientras a nivel mundial las horas laborales se redujeron en un 14%, en América Latina ese porcentaje asciende al 20,5%, por encima de Norteamérica, de Europa, de Asia y de África. De los 400 millones de puestos laborales perdidos a escala mundial, 47 millones se concentran solo en Latinoamérica. Esta gigantesca destrucción de puestos de trabajo fue allanada por un extendido cuadro de informalidad laboral que viene de larga data. La misma OIT señalaba, a principios de mayo, que de los 298 millones de trabajadores ocupados, el 54% de ellos, es decir 158 millones de trabajadores, se encuentran en la informalidad. En países como Bolivia y Nicaragua, que cuentan con cuantiosos años de gobiernos ‘nacionales y populares’, las tasas de informalidad laboral se acercan al 80%, y un índice similar tiene Guatemala. Pero también son altas las tasas en Argentina (47,2%), en Brasil (46%) y en Chile (40,5%). De este universo de trabajadores precarizados, según el propio informe, el 90% de ellos sufrió una reducción de sus ingresos. Pero mientras a nivel mundial las reducciones de ingresos de los trabajadores informales significaron en promedio una pérdida del 60%, en América Latina y el Caribe esa pérdida llega al 80%. El crecimiento de la desocupación y el extendido cuadro de informalidad laboral son el terreno sobre el cual se desarrolla también una extraordinaria ofensiva contra la fuerza de trabajo y los regímenes previsionales, con el correlato de nuevas restricciones al derecho a huelga.
19. Este cuadro de fenomenal ataque contra las condiciones de vida de las masas trabajadoras, pone más en evidencia aún la parálisis y el colaboracionismo de parte de las burocracias de las centrales obreras de todos los países. Las burocracias sindicales fueron determinantes para contener la intervención abierta y decidida del movimiento obrero en el curso de las rebeliones populares de 2019. De ese modo, lograron evitar la caída de los gobiernos jaqueados por la lucha de las masas. Ahora, esas mismas burocracias juegan un rol estratégico para las burguesías latinoamericanas, convalidando las ofensivas anti-obreras. Esto vale para la oficialista CGT de Argentina, como también para las ‘opositoras’ CUTs de Brasil y de Chile, etc. Recobra una completa actualidad la exigencia de que las organizaciones obreras rompan con la burguesía, el Estado y los partidos patronales, como método para defender la independencia política de las organizaciones obreras. Este planteo se diferencia por el vértice del reclamo o la expectativa de cambio de rumbo de los partidos burgueses o pequeño burgueses que juegan un papel dirigente en esas organizaciones de masas. La pelea por la independencia política de las organizaciones obreras es, ante todo, un método para acelerar el proceso de separación de las bases obreras de su dirección burocrática y burguesa, no para corregir el rumbo patronal de esa dirección o para su auto-regeneración.
20. A esta masacre social es imperioso responderle con un programa de reivindicaciones inmediatas de la clase obrera y un plan de acción. Enfrentar la desocupación masiva plantea levantar el reclamo de un seguro al parado, equivalente a la canasta básica familiar de cada país, y luchar por el reparto general de las horas de trabajo sin reducir los salarios. Poner un coto a las cesantías plantea impulsar las ocupaciones de toda fábrica o empresa que cierre o despida. Y enfrentar la carestía plantea organizar la lucha por salarios y jubilaciones mínimas equivalentes al costo de la canasta familiar de cada país latinoamericano. Para el impulso de estas reivindicaciones mínimas, junto a la lucha por poner fin a la precarización e informalidad laboral, por derogar las reformas laborales, previsionales y por terminar con los sistemas jubilatorios privados, impulsamos el frente único de los trabajadores y de las organizaciones obreras. El impulso del frente único de lucha, entendido como un acuerdo práctico con todas las corrientes en presencia cuando se trata de impulsar una lucha de masas, lo realizamos sin sacrificar nunca la agitación de Partido por la estructuración independiente de la clase obrera, por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. La pelea por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores pone a la orden del día la lucha por echar a las burocracias sindicales entreguistas, el impulso de congresos trabajadores en cada país latinoamericano y planes de lucha hasta la huelga general para imponerlos.
Movimientos de masas y política revolucionaria
21. Las grandes rebeliones en América Latina y en EEUU estuvieron precedidas y protagonizadas, en gran medida, por movimientos de masas con una dinámica fuertemente combativa, que han hecho propios los métodos históricos de la clase obrera -a pesar de no tener un anclaje de clase definido. En los últimos años, el movimiento de mujeres y diversidades se ha destacado, como ningún otro, por su confrontación con los gobiernos derechistas, que tienen a la misoginia y la discriminación de las diversidades como una característica en común. Tanto el “Ele Não” contra Bolsonaro como el “Me too” en Estados Unidos protagonizaron movilizaciones de masas. Del mismo modo hay que destacar la enorme lucha librada en la Argentina por el derecho al aborto. En Chile, la masividad del movimiento de lucha de la mujer anticipó, en gran medida, el estallido de la rebelión del 18 de octubre. Ahora, el movimiento de mujeres aparece nuevamente como la punta de lanza de la revitalización de la rebelión popular chilena. El movimiento de la juventud estudiantil, de la juventud calificada, precarizada y/o desocupada, ha jugado un papel protagónico en las grandes rebeliones de Chile, Puerto Rico y Nicaragua, y en las huelgas generales en Colombia. Juega, a su vez, un rol protagónico en la emergencia del movimiento de lucha ambiental, que plantea, de fondo, un choque con todo el régimen social imperante, que es el responsable último de la destrucción del planeta en aras de la acumulación capitalista. Por su parte, los pueblos originarios han sido los grandes protagonistas de la resistencia y de la lucha contra el golpe en Bolivia y de la rebelión ecuatoriana.
Reivindicamos la necesidad de que la izquierda revolucionaria ocupe un lugar destacado en todas las luchas provocadas por la opresión social o nacional y al lado de todas las clases, grupos o nacionalidades que sufran la opresión o la arbitrariedad. La lucha contra el capital integra a la totalidad de los antagonismos que crea o que refuerza la dominación capitalista mundial. Participamos e impulsamos la lucha de las mujeres, de los pueblos originarios, de los campesinos, de los inmigrantes sin papeles, de los niños esclavizados, los jóvenes que reclaman el pleno derecho a la educación y en defensa del medio ambiente. Impulsamos la intervención en estas luchas no en defensa de salidas de orden particular, sino para producir un único movimiento internacional por la victoria de la revolución socialista. Una vanguardia obrera solo puede reclamar su lugar en las filas combativas del proletariado industrial internacional participando en las luchas contra toda forma de opresión.
22. La lucha de las mujeres ha puesto de manifiesto la profunda injerencia de las Iglesias en los asuntos estatales y la subordinación de los gobiernos capitalistas, sean derechistas o ‘progresistas’, a los distintos lobbies clericales. La intervención en el movimiento de lucha de la mujer de los partidos y fuerzas del capital persigue el objetivo de encuadrar a esos movimientos en los marcos del régimen y perpetuar las relaciones capitalistas de producción -que representan el edificio social sobre el cual se monta la cultura machista y patriarcal. En oposición a la izquierda que interviene en el movimiento de la mujer de forma indiferenciada de las fuerzas burguesas y recrea a su interior una suerte de ‘frente popular feminista’, por un lado, y a la izquierda que desprecia la intervención en el movimiento por su carácter pluriclasista y se refugia en un sectarismo inmaculado, por el otro, reivindicamos la intervención activa de la izquierda revolucionaria en el movimiento, defendiendo la independencia política de la clase trabajadora. Intervenimos en el movimiento impulsando la lucha mancomunada de nuestra clase, superando cualquier tipo de divisiones por género o sexualidad, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por anticonceptivos y por educación sexual integral, por la separación de las Iglesias de los Estados, por el fin de la violencia machista y de los crímenes de odio, por el conjunto de las reivindicaciones del movimiento LGTBI, etc. Destacamos la ‘doble opresión’ que afecta a la mujer, en tanto integrante de la clase obrera y, al mismo tiempo, reproductora de la fuerza de trabajo como sostenedora de las tareas domésticas no remuneradas. Solo así, siendo la fuerza más consecuente en el impulso de las reivindicaciones de las mujeres, y sin bajar nunca las banderas de la independencia de clase, la izquierda podrá pelear por la conquista de la dirección política del movimiento femenino y plegarlo a lucha por el gobierno de la clase obrera.
23. La rebelión popular en los EEUU tiene a la comunidad negra como protagonista central. Sin embargo, la misma tiene un masivo carácter multirracial, superando las manifestaciones solidarias de sectores blancos radicalizados y avanzando en una verdadera lucha común. El alcance de la lucha en curso se destaca por su empalme con la creciente conflictividad obrera y por la gravedad de la crisis del país, tanto en materia sanitaria, económica, social y política. Las huelgas y protestas obreras por las condiciones de trabajo se han multiplicado con el agravamiento de la pandemia, marcando una tendencia de la clase obrera organizada a confluir con la rebelión protagonizada por la comunidad negra. La mayoría de la izquierda norteamericana, en particular la que se ha encolumnado con Bernie Sanders, como la poderosa organización de Demócratas Socialistas (DSA), no apoya el reclamo de autonomía de sectores de la comunidad negra. La crítica “por izquierda” a la centralidad de demandas raciales, con un lenguaje clasista, esconde que DSA está por detrás de los sectores más combativos del movimiento negro, que identificaron al Estado imperialista de Estados Unidos como su enemigo principal y a los luchadores anti-imperialistas del mundo como sus aliados. Cualquier principio de autonomía de la comunidad negra equivale a la declaración de hostilidad al Estado imperialista norteamericano. No se trata de imponer a la comunidad negra su separación nacional. Una victoria revolucionaria tendría que ser la base de una unidad mayor. Pero esa unidad no puede esquivar la opresión histórica sufrida, sino reconocerla y derrotarla. Solamente reivindicando incondicionalmente los derechos de la población negra, incluido el derecho a su autonomía, se pueden sentar las bases y avanzar en la unidad de todos los trabajadores y explotados estadounidenses contra el orden social capitalista vigente. La agitación y la defensa de ese derecho para la comunidad negra debe ir acompañado de todo un programa de características universales, que recoja las reivindicaciones inmediatas del conjunto de la clase trabajadora norteamericana y un programa económico y político de conjunto de los trabajadores.
Estrategia revolucionaria
24. El coctel de crisis sanitaria, derrumbe económico y catástrofe social, ha desatado verdaderas crisis políticas y crisis de gobierno. Brasil es, probablemente, el país donde la crisis política es más aguda, con la salida de dos ministros de Salud, el ministro de Educación y, en abril, del superministro de Justicia y Seguridad Sergio Moro. Sin embargo, en el marco de la crisis, también ha habido renuncias de funcionarios de alto rango en Chile, Perú y Ecuador. Es en este cuadro de crisis donde empieza a emerger la intervención de los trabajadores y los sectores populares. Así lo confirman las jornadas nacionales de protesta en Chile contra las AFP y el paro nacional de los portuarios, las movilizaciones en Bolivia impulsadas por la COB contra el gobierno de Añez, las marchas en Ecuador contra las medidas fondomonetaristas de Lenin Moreno, las manifestaciones anti-fascistas en Brasil, las movilizaciones sindicales en contra de la reforma previsional en Paraguay, y los paros y movilizaciones coordinados a nivel internacional de los trabajadores de reparto. Estas luchas, que se desarrollan en plena crisis pandémica, indican que el ciclo de las rebeliones populares en América Latina de ningún modo se ha cerrado. Por el contrario, el ciclo se mantiene abierto y la rebelión norteamericana representa un estímulo formidable para su potenciación y desarrollo.
25. La perspectiva abierta en América Latina, plantea balancear el rol de las organizaciones de masas en los grandes procesos del año pasado. Como se vio en Chile con la Unidad Social, bajo la dirección política del PC, o en Ecuador con la Conaie, ambas organizaciones rechazaron liderar la lucha por la caída de los gobiernos de sus respectivos países. Esto, a pesar del cuadro insurreccional de las masas y del extendidísimo clamor popular por la salida de Piñera y Lenin Moreno. De esta forma, estas organizaciones se transformaron, objetivamente, en un freno a la evolución de las masas en lucha y en sostenes últimos de los gobiernos capitalistas asediados por las rebeliones populares. Este, representa el principal aspecto político que debe abordar la vanguardia de la clase obrera y los explotados de América Latina. La iniciativa propuesta por el Partido Obrero de Argentina y recogida por los partidos integrantes del Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, de impulsar una Conferencia Latinoamericana de la izquierda y los sectores combativos del movimiento obrero, apunta a abordar este problema político de primer orden.
26. El Frente de Izquierda, con sus contradicciones y límites, mantuvo en alto en la Argentina, a lo largo de 9 años, la bandera de la independencia de clase y la lucha por el gobierno de trabajadores. Sin embargo, es claro que esta independencia se ha sostenido contra tendencia disolventes que emanan, en muchas ocasiones, de los propios partidos del Frente. Estas tendencias han tenido un escenario privilegiado en Brasil, donde las organizaciones hermanas de Izquierda Socialista y el MST, la CST y AS respectivamente, se encuentran integradas al PSOL, un ‘partido amplio’ de características centroizquierdistas y de colaboración de clases. El MRT (organización hermana del PTS), a su turno pidió su ingreso PSOL , aunque le fue denegado ese ingreso, eso no fue un impedimento para integrar en 2018 las listas del PSOL, cuando éste proclamaba como su orientación fundamental impulsar “un frente parlamentario comprometido con la reconstrucción y el desarrollo de Brasil” junto al PT, el PCdoB, PDT y PSB. El PSOL no ha pasado de un sello electoral , basado en un acuerdo superestructural de tendencias; no se ha constituido ni se ha empeñado en ser motor de la lucha de clases y viene actuando como furgón de cola del lulismo. En la actualidad, le PSOL integra un frente “antibolsonarista” junto a partidos de la burguesía, muchos de los cuales tuvieron un rol protagónico en el golpe parlamentario contra Dilma. IS, además, integra el Frente Amplio de Perú, un frente democratizante opuesto a la estrategia del gobierno de trabajadores. La campaña política electoral desenvuelta por Uníos en el Frente Amplio en 2019, la organización hermana de IS en Perú, tuvo como sus dos principales ejes “la lucha contra la corrupción” y “la inseguridad”, reclamando incluso que “la policía cumpla con su trabajo”. Estos hechos ponen de manifiesto las tendencias al electoralismo que anidan en la izquierda. La expectativa parlamentaria y apetitos de obtener algún cargo es el señuelo para sacrificar la lucha por la independencia política de los trabajadores. Antes y después, las tendencias electoralistas se habían expresado fuertemente, como lo evidencia la utilización por parte del PTS de todas las tribunas de lucha de los trabajadores para la mera proyección de sus figuras electorales.
27. La disolución de la izquierda en frentes o partidos ‘amplios’ de tinte centroizquierdista, que reagrupan bajo un mismo sello a organizaciones con políticas contradictorias y son liderados por camarillas con meros apetitos electorales que abogan por la colaboración de clase, socaba la lucha por la estructuración política independiente de los trabajadores. En oposición a la disolución política, la preparación de la nueva ronda de rebeliones populares que se incuban reclama desenvolver a fondo la lucha por poner en pie partidos obreros revolucionarios en toda América Latina. En oposición a la construcción de aparatos electorales para medrar por escaños parlamentarios bajo la sombra de partidos o frentes ‘amplios’, por un lado, o del repliegue de los grupos de izquierda a un propagandismo mesiánico e ‘impoluto’, por el otro, planteamos la puesta en pie de partidos de combate de la clase obrera para luchar por gobiernos de trabajadores. En oposición a la proyección de meros referentes o figuras electorales, impulsamos la formación de los cuadros políticos de la clase obrera, los organizadores y tribunos socialistas de los trabajadores. En oposición a la edición de meros ‘informativos de izquierda’, impulsamos la puesta en pie de órganos políticos de partido, periódicos que sean el instrumento para desenvolver centralizadamente la agitación y la propaganda revolucionaria, la organización de la clase y el partido revolucionario. La próxima etapa reclama una lucha política de partido, es decir, una lucha que debe ser desenvuelta por medio de la agitación, la propaganda y la organización de la vanguardia obrera y juvenil.
La izquierda revolucionaria, que promueve el frente único de las organizaciones obreras para impulsar la lucha de los trabajadores y subordina la acción parlamentaria al impulso de la acción directa de la clase obrera, trabaja en simultáneo por la independencia política de los trabajadores con un claro planteo estratégico, que se encuentra resumido en las siguientes consignas: “Fuera Trump y sus agentes de América Latina”; “Fuera los Bolsonaro, los Piñera, las Añez y los Lenin Moreno”; “Abajo los gobiernos de la entrega nacional, del ajuste contra el pueblo y la represión contra los trabajadores, basta de gobiernos capitalistas”; “que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores”; “por gobiernos de trabajadores, por la Unidad Socialista de América Latina incluida Puerto Rico”.
28. Las organizaciones firmantes del presente documento, que nos reivindicamos de la izquierda revolucionaria, participaremos de la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU convocada por el FIT-U de Argentina partiendo de las caracterizaciones y las definiciones plasmadas en el presente texto. La clarificación y delimitación política y estratégica, acerca de las tareas de la izquierda y el movimiento obrero, representa un aspecto fundamental de la lucha por la superación de la crisis de dirección del proletariado.
Sábado 25 de julio de 2020
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