La propuesta del gobierno de Axel Kicillof para la reestructuración de la deuda externa bonaerense fue rechazada por el comité de bonistas que tiene en su poder más del 40% de los 7.148 millones de dólares que buscan renegociarse.
La oferta, según destacan desde el propio entorno de Kicillof, toma los “criterios y proyecciones de Nación, que están convalidados por el Fondo Monetario Internacional”, es decir que se cobija dentro del acuerdo fondomonetarista para el repago de la deuda. La propuesta incluye un período de gracia sin pagar vencimientos por tres años, un recorte del 55% sobre los cupones de intereses (que están en un nivel usurario histórico) y una quita de capital del orden del 7% que legitima el grueso del megaendeudamiento fraudulento que dejaron Vidal y Scioli, y que asciende a unos 12.000 millones de dólares, nominado en más de un 80% en moneda extranjera.
A pesar del rechazo de esos grandes fondos, varios observan que la oferta es más tentadora que la presentada por Martín Guzmán para la deuda externa nacional. Aprietan para arrancar mayores concesiones a una provincia que se encuentra quebrada, pero que promete un esquema para pagar lo que hoy son “bonos incobrables” –y cuya cotización está por suelo. El valor de mercado de los bonos reestructurados que ofrece Kicillof está cerca de lo que reclaman los lobos de Wall Street, pero estos ajustan las clavijas para exprimir la “verdadera capacidad de pago de la provincia” e imponer menores plazos o capitalización de intereses durante el período de gracia. Esta presión cuenta con el antecedente a su favor del recule del gobierno ante el apriete de Fidelity, que terminó con el pago en febrero de 277 millones de dólares en efectivo.
No es un dato menor que el Gobernador promocione su propuesta a los bonistas en plena crisis de los hospitales y la salud en general, principalmente por el crecimiento de los contagios entre el personal sanitario a causa del vaciamiento y la carencia de insumos y elementos de protección. Por otra parte, Kicillof tuvo que volver a apelar al gobierno de Alberto Fernández para intentar satisfacer los reclamos de los intendentes del PJ y de Cambiemos, que amenazan con no pagar los sueldos de los municipales si no les giran nuevos fondos. La frazada corta de la que tironean los gobiernos nacional, provincial y municipales es el resultado de que todos se comprometen a rescatar a los capitalistas a fuerza de subsidios y exenciones impositivas; mientras, crece la miseria y la desocupación.
La única garantía del repago de la deuda es el ajuste sobre las condiciones de vida de los trabajadores bonaerenses, que hoy son víctimas del juego de extorsiones por el reparto de los fondos para hacer frente al quebranto de las arcas públicas.
El apriete de los bonistas le marca la cancha a Kicillof, que además ató su suerte a la de Martín Guzmán. Algunos medios se han hecho eco de que grandes fondos como BlackRock ya se está alistando para recurrir a los tribunales de Nueva York si la negociación no prospera. La provincia podría terminar sirviendo de tubo de ensayo de default, ya que quedó como el pato de la boda del intento de rescate de la deuda nacional. Esto, cuando las cajas provinciales no recaudan dólares sino que deben comprarlos al Banco Central, y por ende la devaluación agiganta el peso de la deuda.
El vencimiento de 110 millones de dólares de principios de mayo pondrá a contar el reloj para evitar una cesación de pagos, lo que actúa como un factor de presión sobre el gobierno del delfín de Cristina Kirchner. Una quiebra declarada abriría una enorme crisis con las patronales, en momentos en que estas arremeten contra la cuarentena y contra los salarios y puestos de trabajo, para reclamar una mayor asistencia estatal. Sería además un factor de agravamiento de la crisis política, en medio de las tensiones con los intendentes peronistas, que buscan aceitar su línea directa con el Presidente puenteando a Kicillof.
Tanto un acuerdo cediendo ante los bonistas como un default justificarán nuevas ofensivas contra los trabajadores. Se recrudecerán los ataques al salario de los docentes y los estatales, y el saqueo de la caja del Instituto de Previsional Social que llevará a nuevos intentos de barrer con la movilidad de los jubilados bonaerenses. Por eso es tan vergonzoso el “autoaislamiento” al que se han confinado todas las burocracias de los sindicatos de los trabajadores del Estado bonaerense. Pero eso no evita que la provincia se convierta en un polvorín ante el crecimiento de la pobreza y la desocupación, como evidencia la tendencia creciente a la deliberación e intervención de los trabajadores que se expresa en el acampe y movilización del frigorífico Penta de Quilmes, la ocupación de BedTime en Tigre o las acciones de las obreras marplatenses de Textilana.
La única salida para los trabajadores es partir del desconocimiento de la deuda usurera y la ruptura con el FMI. La catástrofe sanitaria y social reclama la intervención de la clase obrera para enfrentar la ofensiva capitalista y para reorganizar a la provincia con un programa económico debatido y ejecutado por los trabajadores. La tarea de la hora es poner en pie de lucha a los sindicatos, rompiendo la parálisis de la burocracia.
Daniel Rapanelli
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