El pasado martes 21 varias ambulancias llegaron a la Residencia Apart Incas, un geriátrico del barrio de Belgrano donde se registraron 19 casos de coronavirus, entre residentes y trabajadores.
El establecimiento fue allanado al día siguiente por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la Policía de la Ciudad y luego fue clausurado. El fiscal actuante está tratando de determinar las responsabilidades de las autoridades del geriátrico que dicen haber seguido los pasos indicados por el GCBA y del propio GCBA que declaró que va a iniciar acciones penales contra los dueños. Según la directora médica de la institución, las obras sociales no se quisieron hacer cargo de sus afiliados.
Los familiares denuncian que al menos desde hace una semana había personas con síntomas, que podrían ser más los infectados y que la institución reaccionó tarde, informando la situación por mail y dejando librados a su suerte a residentes y personal sanitario una vez declarados los primeros casos.
Una cadena de abandono
Pero este caso es uno más de una cadena de hechos similares en diferentes geriátricos de CABA, como el Instituto geriátrico San Lucas (Parque Avellaneda), la Residencia Libra (Monte Castro) y otro establecimiento en el barrio Vélez Sarsfield. En todos ellos, las autoridades de los geriátricos, las municipales y las obras sociales se culpan mutuamente. Pero para que la desidia de unos ocurra es necesaria la de los otros.
Esta situación no hace más que exponer una vez más la situación de indefensión en la que quedan los adultos mayores cuando ingresan a estos establecimientos que funcionan como verdaderos depósitos de personas. Cuotas altísimas en geriátricos, como el de Belgrano, con servicios totalmente deficientes. No hace falta imaginar las condiciones de alojamiento de las personas de menores recursos.
Muchas familias deben recurrir a estos establecimientos debido a la sobrecarga laboral que impide cuidar a familiares mayores que necesitan asistencia constante y especializada o porque viven en espacios reducidos debido a los precios desorbitados de los alquileres.
A los trabajadores de los geriátricos no se los considera personal de salud, sus sueldos son muy bajos, por lo que deben trabajar en varios establecimientos. Las condiciones laborales paupérrimas redundan en un peligro para sus propias familias y para los pacientes mayores que deben tratar.
El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, en su artículo "El doble filo de los geriátricos en la pandemia" plantea que esta situación de vulnerabilidad, tanto de los residentes de estas instituciones como de sus trabajadores, es extensiva a todo el país con un total de casi 150 mil personas vulnerables internadas. También denuncia que en tiempos normales los geriátricos, para achicar costos, operan con el personal mínimo indispensable. Hoy, debido a las licencias de personal por riesgo o cuidado de hijos o familiares, lo redujeron en un 30%. Sostiene que este personal, en general cuidadoras mujeres, pertenece a estratos económicamente bajos de la sociedad provenientes del conurbano donde la cuarentena se realiza de manera comunitaria (circulando dentro del barrio), que a muchos se les hace imposible cumplirla porque tienen que trabajar para subsistir. Esto, también según Semino, incrementa la circulación del virus.
Un programa para la acción
Pasan los años, pasan los gobiernos, pero siempre los viejos quedan como último orejón del tarro. Hace dos semanas asistimos a filas desbordadas por jubilados en las puertas de los bancos para cobrar jubilaciones miserables y al intento de Larreta de restringir inconstitucionalmente su circulación. Hoy, a un colapso sanitario de la red de 478 geriátricos registrados en la CABA.
Para resolver esta situación es necesario que todas las instituciones estén bajo órbita estatal controladas por el Ministerio de Salud. Deben conformarse comités de familiares y trabajadores de estos establecimientos para poder diseñar condiciones adecuadas habitacionales y de trabajo y garantizar que las mismas se cumplan.
Ana Belinco
23/04/2020
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