La “seguridad democrática” en los tiempos de la pandemia

En los años del segundo gobierno de Cristina Kirchner, se implementó la política de la “seguridad democrática”, que tuvo a Nilda Garré a la cabeza y a Horacio Verbitsky como propagandista. En nombre de la “prevención del conflicto”, la “seguridad democrática” reforzó los mecanismos de fisgoneo del Estado sobre los movimientos sociales o gremiales. Sus responsables argumentaban que, en realidad, estaban “auscultando” la vida social y sus demandas. Esa detección estaba a cargo de la Gendarmería y su Proyecto X, una base de datos sobre el activismo obrero, juvenil o barrial. Los gendarmes recolectaban su información infiltrándose en las movilizaciones, e incluso armando provocaciones, como el famoso “carancho” que fingió ser atropellado en un corte de la Panamericana. Cuando todo este escándalo estalló, Nilda Garré terminó tirándole el fardo a los gendarmes, primero, para terminar yéndose a su casa después.
Ahora, la “seguridad democrática” se ha tomado revancha, y nada menos que en los tiempos de la pandemia. La ministra Frederic, ex asesora de Garré, ha revelado la implementación de ciberpatrullajes, o sea, rastreo de redes sociales por parte de la inteligencia estatal. La razón admitida por la ministra es captar el pulso del “humor social”. Creyendo que estaba minimizando el alcance del espionaje, puso de manifiesto su propósito verdadero –por eso se arrepintió de lo que dijo.
En medio de una catástrofe sanitaria y social, la inteligencia oficial no pretende relevar las necesidades del sistema de salud, de un lado; tampoco “detecta” las maniobras capitalistas con los precios de primera necesidad o la fuga de capitales, que la pandemia no interrumpe.
La inteligencia estatal no trabaja sobre los atropellos a la salud o al derecho al trabajo, sino que se “informa” de la reacción obrera y popular frente a todos estos atropellos. El propósito del “patrullaje” se puso de manifiesto ayer en Quilmes, donde las fuerzas de Berni reprimieron a los trabajadores del frigorífico Penta.
La ministra argumenta que el ciberpatrullaje se despliega sobre datos públicos, como los que tienen lugar en Facebook, Twitter y otras redes. Pero para cualquier particular, el acceso a esas redes sólo brinda información episódica o puntual. Para “construir un caso” y una conclusión, es necesario un empeño especial y un dispositivo tecnológico sofisticado. La entrada a una casa sin llave, la apertura de un sobre que no está adherido o el fisgoneo de un correo electrónico son también datos “públicos” –pero todo esto es considerado una violación de la intimidad hasta por el código penal argentino. El empleo de algoritmos para construir vínculos en redes sociales tiene la misma estatura criminal y conspirativa. Los argumentos “sociales” para justificarlo ya fueron empleados en su momento por el stalinismo. Sus émulos contemporáneos también se dicen “progresistas”.
El fisgoneo oficial es un ataque contra el derecho a organizarse de quienes soportan todo el peso de la pandemia, y que, en sus reclamos y luchas, han defendido como nadie la salud y la vida en esta crisis.

Marcelo Ramal
10/04/2020