El nuevo DNU donde el Estado asume buena parte del salario de abril viene a confirmar que el paquete anterior fue un rotundo fracaso. El nuevo decreto ha surgido ante un potencial de conflictos descomunal porque millones de trabajadores tienen amenazado todo ingreso y sus propios puestos de trabajo. La patronal, por su parte, presionó y presiona con miles de despidos y una ola infernal de suspensiones y rebajas salariales.
El DNU constituye, bien mirado, un paquete de subsidio a los capitalistas porque se hace a ciegas, cualquiera sea el estado de las cuentas de cada empresa, aunque a diferencia de los “créditos blandos” va directamente a la nómina salarial de cada empresa. El grueso de esos fondos, unos 107 mil millones de pesos, una vez más saldrá del Anses; es decir de los bolsillos de los trabajadores activos y jubilados.
El nuevo decreto establece que el Estado asume el pago del 50% de los salarios privados, por un monto no menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos) o al salario neto de bolsillo. Pero este subsidio se suma a la exención de aportes patronales. Y, además, es aplicable aún en los casos de suspensiones con rebajas salariales que habilitó el primer decreto presidencial. A resultas de lo cual, una empresa del Smata, por ejemplo, que acordó rebajas al 70% del salario bruto, al tener subsidiada la mitad del importe que el trabajador cobró en febrero, puede terminar pagando el 20% del costo laboral habitual.
El 75% de las empresas -unas 420 mil– se inscribió para recibir la asistencia. El nuevo programa mejora sustancialmente los valores y, fundamentalmente, alcanza a todas las empresas sin distinción de tamaño. Incluso extiende el plazo para que se inscriban las que no lo hicieron antes.
El Gobierno pone la plata de los jubilados sin meterse en los balances de las empresas para discriminar las que atraviesan realmente una crisis de las que no, las que carecen de espalda para cumplir sus compromisos salariales de aquellas que deberían apelar a sus millonarias reservas acumuladas.
Esta flexibilidad contrasta con los filtros al IFE de los que no tienen ningún ingreso, todo de la misma caja exhausta del Sistema Integrado Previsional, que “pone” pero “no recibe”. La primera víctima de este doble saqueo será, previsiblemente, la movilidad jubilatoria de junio.
Suspensiones “a la baja”, subsidiadas
Para adherirse al nuevo programa las patronales deberán demostrar, entre otras alternativas, una reducción de sus ventas. El criterio es generoso porque, con la economía detenida, la caída de la facturación es casi la norma. De este modo en esa lista entran la Ford, Toyota, Arcor, Paolo Rocca o Bulgheroni a igual título que cualquier Pyme.
Todos estos pulpos acordaron con “sus burocracias” suspensiones con rebajas salariales del orden del 30% (mucho mayor en la industria petrolera), al amparo del artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que el DNU de “prohibición de despidos y suspensiones” no cuestiona. Esta misma línea siguieron las cadenas de comida rápida, de electrodomésticos, las automotrices y varias actividades más: una “suerte de ronda de paritarias orientada a pactar licenciamientos masivos”.
A la luz del reciente decreto Comercio y Textiles pasaron a un cuarto intermedio las negociaciones. Incluso el sindicato de Pasteleros, que acaba de firmar suspensiones al 70% con la cámara que agrupa a McDonald’s, Burger King, Starbucks y otras, advirtió que revisará el acuerdo. Entre los sindicatos industriales se ha destacado la actitud del Sutna que, habiendo sido declarado actividad esencial hace 8 días con dudosos fundamentos, ha resistido toda rebaja y la primera habilitación de actividades en Pirelli la ha hecho garantizando el salario integral neto de los que siguen licenciados. Una vez más la actitud del clasismo contrasta con la burocracia sindical en todos los planos.
Presión patronal y escandaloso uso de los créditos para comprar divisas
Diego Coatz, uno de los capos de la UIA, reclamó más medidas, “contundentes y universales”, y rechazó “que se basen en el endeudamiento de las empresas”, en referencia a los malogrados créditos bancarios.
El propio Alberto Fernández reconoció el fracaso de las primeras medidas. Los créditos al 24% no fueron otorgados por los bancos hasta que no aparecieron las garantías del Estado. Y, según la UIA, el 80% de los solicitantes aún no lo recibió.
La mayor parte de los 150 mil millones de pesos adjudicados fue canalizada por los bancos oficiales. Los privados desviaron los encajes liberados por el Central hacia la compra de dólares (y llevaron el blue por arriba de los 100 pesos).
El papel de los bancos en esta crisis reafirma la justeza de la nacionalización de la banca para combatir las maniobras especulativas y dirigir esos fondos a asegurar créditos baratos para la producción, la vivienda y todas las necesidades populares.
Al coro de disconformes se sumó la CGT. “O liberan la producción o tienen que dar asistencia”, declaró Héctor Daer; preocupado ante todo por el rojo de las obras sociales como resultado de la falta de aportes patronales. Los gremios están partidos por la cuarentena, de un lado los exceptuados y del otro los que se encuentran en jaque por la parálisis de la economía.
Para los Autónomos, una masa importante que quedó afuera de todo auxilio estatal, el decreto prevé una línea de créditos a tasa 0. Con una inflación del 50% puede parecer beneficioso pero eso no debe ocultar que la ayuda “se basa en un mecanismo de endeudamiento” (el que rechazó la UIA) y que además se asegura el negocio de los bancos que recibirán los intereses de manos del Gobierno, es decir bajo la forma que se pacte esa comisión, afectará las cuentas oficiales.
La otra cara del parate económico es el derrumbe de la recaudación, que entre otras cosas coloca en vilo los salarios estatales; ya que mientras antes la masa salarial representaba el 31% ahora llega al 51%.
La Cámara Argentina de Comercio informó días atrás que “apenas el 8% de las empresas del sector está funcionando” y alertó sobre una ola de cierres.
Todavía no se secó la tinta del último DNU y la UIA ya adelantó que “va a hacer falta dotar a las empresas de capital de trabajo para que retomen la actividad una vez que pase la pandemia” lo cual “va a requerir un esfuerzo mayor del Estado (del Tesoro y el BCRA)". Invocando la “revalorización de lo público" y el “Estado fuerte” avanza el rescate al Capital a cuenta de los trabajadores.
Por una salida obrera
El Estado debe garantizar el pago integral de los salarios y actualizarlos automáticamente. Hay que abrir los libros de las empresas que argumenten no poder pagar a comisiones obreras, para analizar sus balances. La asistencia debe financiarse cortando de cuajo la sangría de la deuda externa y mediante un impuesto progresivo al gran capital.
La lucha efectiva contra la pandemia y sus consecuencias sociales requiere imponer la prohibición efectiva de despidos y suspensiones. Seguro universal de 30 mil pesos. Nacionalizar la banca y los recursos estratégicos y, sobre esa base, elaborar un plan de reorganización económica y social.
¡A los rescates capitalistas opongamos una salida obrera y socialista!
Miguel Bravetti
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