La resolución “ad referéndum” publicada el 3 de abril por el rector Alberto Barbieri puso de manifiesto los problemas de la universidad, su asfixia presupuestaria y la incapacidad de dar una salida.
En el día de ayer, el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires informó el corrimiento del calendario académico, luego de recibir la “recomendación” del Ministerio de Educación de la Nación. Así, Barbieri y compañía dispusieron que el ciclo lectivo comience el 1 de junio y finalice el 12 de marzo del 2021, con un receso entre el 19 de diciembre y el 17 de enero.
Sin embargo, la resolución deja abierto el juego para que “las actividades no presenciales de cursos y carreras aprobadas para ser dictadas a distancia”, que habían comenzado o se habían anunciado, continúen llevándose adelante de acá hasta mitad de año. Muchas facultades ya se han pronunciado para su continuidad bajo esta modalidad (Psicología, Exactas, etc.). De esta forma, Barbieri decreta un sálvese quien pueda que pone al descubierto problemas de fondo.
A confesión de parte…
La resolución del Rectorado deja en claro que la UBA no tiene las condiciones para adecuar sus cursadas a la modalidad virtual de manera integral. Esto demuestra que las autoridades universitarias no pueden dar una respuesta de conjunto frente a la pandemia, porque las condiciones de ajuste y ahogo presupuestario de los últimos años impiden reunir las condiciones para hacerlo: hoy en día la UBA funciona con el presupuesto del año pasado, que se desvalorizó un 55% por efecto de la inflación.
Esa misma asfixia presupuestaria es la que hace que hoy la mayoría de las facultades cuente con servidores precarios, que colapsan simplemente con una inscripción (Siu Guaraní). Va de suyo entonces la precariedad para que se sostengan el conjunto de las cursadas prácticas y teóricas con ese formato.
El problema no consiste solamente en la falta de equipamiento o el déficit en cuestiones técnicas. La virtualización también encontró un rechazo masivo en la docencia porque la “educación a distancia” en las condiciones en las que hoy se encuentra la universidad significa el avance en la precarización laboral y el aumento de la jornada de trabajo. En ningún momento el Rectorado ni los decanatos dieron respuesta alguna a los reclamos esgrimidos por la AGD y los docentes universitarios. Además, no están garantizadas las condiciones de igualdad e inclusión que ameritan la implementación de cursadas virtuales (computadoras, acceso a wi-fi).
El Rectorado confiesa su parte. No hace faltar relevar muchas más pruebas.
Los K y la Franja, al rescate del naufragio
La confesión del Rectorado que expresa la imposibilidad de la “salida virtual” deja en off-side también a algunas agrupaciones estudiantiles. Tanto el kirchnerismo (La Cámpora, Mella) como las agrupaciones radicales (Franja Morada, Nuevo Espacio) salieron a coro a pedir que se dicten clases virtuales, sosteniendo que el único problema era pedir la “liberación de datos” de las empresas telefónicas. Es una lavada de cara al Rectorado y las gestiones, y un desprecio por las problemáticas docentes. Prometieron a los estudiantes una realidad que no era tal.
Pero esto no quedó allí: algunas de estas agrupaciones fueron lisa y llanamente la fuerza de choque de las autoridades universitarias, y actuaron de manera represiva para salvar a las gestiones. Son los casos de La Cámpora en Exactas (Identidad) o el EDI en Psicología que apretaron e intimaron públicamente a los docentes para que dicten clases, buscando así salvar las papas de los problemas que sus gestiones no pudieron solucionar.
Desde la UJS, por el contrario, marcamos siempre esta situación posicionándonos en defensa de las condiciones laborales docentes y desplegamos un programa en consecuencia que incluye entre otros el reclamo de aumento a 10.000 pesos de la Beca Progresar para pelear contra la deserción. La independencia política es una clave de la etapa para hacer frente a las luchas que la juventud tiene por delante.
Virtualización forzosa y calendario inconsulto
Es contradictoria a su vez la resolución del Rectorado al establecer un cambio en el calendario académico pero dejando a elección de las facultades la posibilidad de continuar con la “virtualización forzosa”. Esta situación expresa que las autoridades no pueden garantizar condiciones igualitarias para todxs lxs estudiantes y docentes, y por lo tanto cada unidad académica obrará según los “recursos propios” –obtenido según el mayor o menor nivel de privatización. En estas condiciones, allí donde se opte por la virtualización forzosa será moneda corriente que muchxs estudiantes que no tengan las herramientas queden excluidos.
Esta precaria aventura virtual será a costa de la precarización laboral y la devaluación de la enseñanza. El rechazo a esto y la pelea por la garantía de las condiciones de cursada y trabajo resultan fundamentales.
A su vez, el corrimiento del calendario académico no fue discutido ni con los gremios docentes ni con las federaciones ni centros de estudiantes. Ello presenta algunas incongruencias: ¿los docentes tendrán que dar clases durante tres cuatrimestres seguidos? ¿Qué pasará con las fechas de finales previstas para mayo y junio? ¿Cómo se desarrollarán las instancias de evaluación y cómo se garantizará que nadie se quede afuera de ninguna cursada? Por ahora, estas preguntas no tienen respuesta.
Otra de las incertidumbres que se abren a partir de la resolución de Barbieri es cómo se articulará la vuelta los establecimientos educativos. Nada indica que el 1 de junio la situación en cuanto a la extensión del coronavirus haya mejorado. Por lo tanto, la defensa de las condiciones de salubridad e higiene son fundamentales.
Las facultades deben estar equipadas con jabón en todos los baños, alcohol en gel, toallas, desinfectante, etc. En términos generales, hoy los establecimientos no cuentan con tales elementos. Esto plantea redoblar la lucha por un aumento presupuestario, una pelea fundamental de estudiantes y docentes de cara a la vuelta a clases.
¿Qué proponemos?
Desde la UJS entendemos que es fundamental que estudiantes y docentes abramos una deliberación y un debate sobre cómo defender la universidad en este contexto. Las intenciones y acciones del Rectorado y de todas las gestiones han quedado claras, por lo que todas las agrupaciones que nos consideramos independientes políticamente de las autoridades y los gobiernos debemos pelear en conjunto para dar una salida.
Proponemos que el Rectorado y las gestiones convoquen a las gremiales docentes y estudiantiles para que el corrimiento del calendario académico sea consensuado y no implique el avasallamiento de los derechos de ambos.
La defensa del salario y el convenio colectivo docente, incluyendo el pago completo de la cláusula gatillo y de todas las horas (presenciales y virtuales) de trabajo. Garantía del equipamiento y los elementos necesarios para dar las clases correspondientes. Rechazo de plano a cualquier tipo de aprietes para que los lxs docentes den clases virtuales.
Garantía a su vez de las condiciones de todo tipo de cursada y sus elementos pertinentes, como computadora, acceso internet y demás. Aumento a 10.000 pesos de la beca Progresar. Garantía de las fechas de final que se vean postergadas por esta situación, y que nadie quede afuera de la regularidad en este contexto.
Aumento presupuestario; no a la extensión del Presupuesto 2019. Garantía de las condiciones de salubridad e higiene para la vuelta a clases.
Santi Nuñez
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